CE-20001-23-33-000-2021-00047-01 (AC)

CONCEPTO DE PRECEDENTE JUDICIAL / DOCTRINA PROBABLE /

ALCANCE DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE / PRINCIPIO DE RAZÓN SUFICIENTE En nuestro ordenamiento jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la extensión de la jurisprudencia. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 1896 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 9 de agosto de 2001; C-816 de 1o. de noviembre de 2011; C-179 de 13 de abril de 2016; y T-102 de 25 de febrero de 2014.(…) Así las cosas, la aplicación del precedente judicial en un caso determinado, busca asegurar la eficacia de los principios y derechos fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso efectivo a la administración de justicia. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte Constitucional, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus

decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez (precedente horizontal). (…) Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia constitucional, cuya doctrina es obligatoria, la regla del respeto del precedente no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio tendiente a resolver una situación concreta. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala, a saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico. (…) Así las cosas, y como lo ha sostenido la Sala, solo el desconocimiento injustificado de un precedente es el que da lugar a

la configuración del defecto sustantivo, como causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que encuentra sus límites en la realización de otros valores constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia constitucional. (…) De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial. No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y cuando se sustenten debidamente las razones de su posición (principio de razón suficiente).

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / SANCIÓN POR

DESACATO / INCIDENTE DE DESACATO EN ACCIÓN DE TUTELA /

IMPOSICIÓN DE SANCIÓN POR DESACATO AL FALLO DE TUTELA / CONFIGURACIÓN DE DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE - Omisión en la aplicación de sentencia de unificación de la Corte Constitucional / FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO / LEVANTAMIENTO DE SANCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE FALLO DE TUTELA En el caso concreto, el actor alega que el Juzgado incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 2018, por cuanto no resulta válido denegar el levantamiento de la sanción argumentando que la misma se encuentra en firme, máxime cuando se ha demostrado que se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela. A efectos de dilucidar la controversia planteada, la Sala considera necesario referirse a la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación relacionada con la inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato. La Jurisprudencia constitucional ha precisado que la finalidad del incidente de desacato no es la imposición de una sanción en sí misma, sino que debe considerarse como una de las formas de buscar el cumplimiento de la respectiva sentencia. Por tanto, pese a que el incidente de desacato puede concluir con la imposición de una sanción, su propósito ulterior, antes que imponerla, radica en alcanzar el cumplimiento de la orden impartida por el juez de amparo (…) Así las cosas, si hay cumplimiento íntegro a la orden impartida por el juez constitucional,

la imposición de la multa y el arresto carece de objeto, aunque haya culminado el grado jurisdiccional de consulta.(…) En la sentencia transcrita, la Corte Constitucional indicó que el incidente de desacato tiene como objeto lograr el cumplimiento efectivo de la orden de tutela pendiente de ejecutar, por lo que aun cuando la desobediencia respecto de la sentencia conlleve consecuencias como lo es la imposición de sanciones, el trámite incidental no pretende castigar al renuente, sino inducir al cumplimiento de la orden a través de una medida de reconvención. En ese orden de ideas, el Alto Tribunal Constitucional dispuso que negar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma se encuentra en firme, desconoce los pronunciamientos que reiteradamente ha emitido esa Corte, en la medida en que la finalidad de la sanción no es otra que conminar al obligado a garantizar el goce efectivo del derecho tutelado. Las razones expuestas en precedencia llevan a la Sala a considerar que la autoridad judicial accionada no acogió las pautas que la jurisprudencia constitucional ha avalado en cuanto a la finalidad del incidente de desacato, toda vez que denegó la solicitud de levantamiento de la sanción, limitándose a indicar que la misma se encontraba debidamente ejecutoriada y, por tanto, las órdenes allí impuestas eran de obligatorio cumplimiento, absteniéndose de esta forma de analizar el fondo del asunto, a fin de verificar el cumplimiento de la orden de tutela de 17 de octubre de

2014. De ahí la importancia de que la autoridad judicial accionada se detenga a

revisar si, en efecto, la UARIV dio cabal cumplimiento al fallo de tutela, tal como lo esgrime el actor, aplicando los criterios expuestos por la jurisprudencia constitucional respecto de la finalidad perseguida con el incidente de desacato. (…) Conforme con lo expuesto en precedencia por la jurisprudencia constitucional, la Sala resalta que no resulta de tal validez denegar el levantamiento de la sanción argumentando que la misma se encuentra en firme, dado que el desacato no es un dispositivo para castigar al renuente, sino para conminarlo a dar cumplimiento efectivo al derecho tutelado mediante la sentencia de tutela, por lo que usar el incidente de desacato como un instrumento sancionador, desconocería su finalidad. Así las cosas, la Sala considera que el Juzgado incurrió en defecto sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial, al dejar de aplicar los criterios expuestos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporación, relacionados con la inaplicación de la sanción impuesta dentro del trámite del incidente de desacato, al abstenerse de analizar de fondo las solicitudes elevadas por la UARIV, bajo el argumento de que la decisión ya se encontraba debidamente ejecutoriada, por lo que al no haberse demostrado en su debida oportunidad el cumplimiento del fallo de tutela no era posible evitar la sanción impuesta.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

Radicación número: 20001-23-33-000-2021-00047-01 (AC)

Actor: ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CESAR TESIS: SE REVOCA EL FALLO IMPUGNADO QUE DENEGÓ LA PRESENTE ACCIÓN DE TUTELA Y, EN SU LUGAR, SE CONCEDIÓ EL AMPARO

SOLICITADO. LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA INCURRIÓ EN

DEFECTO SUSTANTIVO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE

JUDICIAL SOBRE FINALIDAD DEL INCIDENTE DE DESACATO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO, TUTELA JUDICIAL

EFECTIVA, BUEN NOMBRE.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La Sala decide la impugnación presentada por el actor contra la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de Cesar1, que denegó el amparo solicitado.

I. ANTECEDENTES 1 En adelante el Tribunal.

I.1.- La Solicitud El ciudadano ALAN JESÚS EDMUNDO JARA URZOLA, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al patrimonio y al buen nombre, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el Juzgado 1o. Administrativo del Circuito de Valledupar2, al proferir las providencias de 11 de agosto y 2 de octubre de 2017, y de 12 de marzo de 2021, dentro del incidente de desacato identificado con el número único

de radicación 20001-33-33-001-2014-00401-00. I.2.- Hechos Refirió que mediante fallo de 17 de octubre de 2014, el Juzgado tuteló el derecho fundamental de petición de la señora ALBA NERIS GALVÁN ARÉVALO y ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas3 expedir en un término de 48 horas siguientes a la notificación de dicha providencia, copias debidamente autenticadas de todo lo actuado con relación al presunto pago de la reparación administrativa que afirma haber realizado tal entidad, de la siguiente manera: “[…]PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental de petición de la señora

ALBA NERIS GALVÁN AREVALO.

SEGUNDO: Ordenar a la directora de la Unidad de atención a víctimas, o quien haga sus veces, si aún no lo hubiere hecho, para que en el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de esta sentencia, expida copias debidamente autenticadas de todo lo actuado con relación al presunto pago de la reparación administrativa que afirma haber realizado la entidad accionada como consta en oficio de fecha 01 de agosto de 2013, específicamente de los 2 En adelante el Juzgado. 3 En adelante UARIV. soportes de pago emitidos por la entidad bancaria que se supone hizo efectivo el pago de la reparación citada […]” Relató que la señora ALBA NERIS GALVÁN ARÉVALO promovió incidente de desacato por el presunto incumplimiento de la orden de amparo, lo que dio lugar a que el Juzgado, en proveído de 27 de julio de 2017, impusiera sanción consistente

en multa de cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, confirmada por el Tribunal, en sede de consulta, mediante auto de 1o. de agosto de la misma anualidad. Puso de presente que en dos oportunidades solicitó la inaplicación de la sanción impuesta por el Juzgado, lo que le fue denegado en los autos de 11 de agosto y 2 de octubre de 2017; igualmente, anotó que con memorial radicado el 26 de mayo de 2020 insistió en la solicitud de levantamiento de la sanción, para lo cual aportó los soportes de cumplimiento de la sentencia, sin embargo, el Juzgado, en proveído de 12 de marzo de 2021, resolvió denegar la solicitud, alegando que “la providencia mediante la cual se sancionó al DR. ALAN JARA URZOLA, en su condición de director general de la entonces accionada, se encuentra debidamente ejecutoriada y por tanto las órdenes allí impartidas son de obligatorio cumplimiento (…) y (…) además, no se trata de un capricho del juez la imposición de las sanciones a aquellos funcionarios que no logren demostrar el cumplimiento efectivo de las órdenes de tutela […]”. I.3. Fundamentos de derecho A juicio del actor, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de unificación SU-034 de 3 de mayo de 20184, toda vez que no resulta válido denegar el levantamiento de la 4 Corte Constitucional. M.P. Alberto Rojas Ríos. sanción argumentando que la misma se encuentra en firme, máxime cuando se ha

demostrado que se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela. Añadió que el Juzgado, además, incurrió en defecto fáctico al realizar una valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, por cuanto analizó de forma arbitraria, irracional y caprichosa los escritos emitidos por la UARIV, que daban cuenta del cabal cumplimiento del fallo de tutela de 17 de octubre de 2014. Finalmente, sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente constitucional5 dispuesto para el asunto, en virtud del cual se ha inaplicado la sanción por haberse acreditado el cumplimiento del fallo de tutela, tal como ocurrió en el caso concreto. I.4.- Pretensiones El actor solicitó la protección de sus derechos fundamentales invocados y, en consecuencia: “[…] SEGUNDO: En consecuencia, Ordenar al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar dar por cumplido el fallo de tutela del 20 de octubre de 2014 y a su vez DEJAR SIN EFECTOS las providencias de fechas 11 de agosto de 201702 de octubre de 2017 y 12 de marzo de 2021, por medio de las cuales no se accedió a la solicitud de inaplicación de la sanción de multa impuesta en mi contra, y ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de 5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: María Elizabeth García González. Identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-201500542-01. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P: Hugo Fernando

Bastidas Bárcenas. Identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2016-0129501. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, C.P: Stella Jeannette Carvajal Basto, sentencia de 18 de julio de 2018. Identificada con número único de radicación 11001-03-15-000-2017-02621-01. Valledupar emitir nuevo pronunciamiento teniendo en cuenta las consideraciones realizadas, inaplicando la sanción pecuniaria.

TERCERO: ORDENAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, que comunique a la autoridad encargada de la ejecución de la sanción de multa que esta se ha levantado con ocasión al cumplimiento de la orden judicial de tutela.

CUARTO: CONMINAR al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Valledupar, a que acate y aplique los precedentes jurisprudenciales frente a la procedencia del levantamiento de la sanción, previa acreditación del cumplimiento de la orden y, con base en la naturaleza persuasiva del incidente de desacato […]”.

I.5.- Defensa I.5.1.- El Juzgado, pese a ser notificado en debida forma, guardó silencio.

II. FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO El Tribunal, mediante sentencia de 15 de abril de 2021, denegó el amparo solicitado, habida consideración que la orden de amparo se concretaba con la expedición por parte del director de la UARIV de copias debidamente autenticadas de la actuación referida al pago de la indemnización administrativa, en favor de la

señora ALBA NERIS GALVÁN ARÉVALO, específicamente, de los soportes de pago de la entidad bancaria que hizo efectiva la cancelación de la respectiva cancelación, actuación que se echa de menos en el expediente digital del proceso que cursa en el Juzgado, ni tampoco lo demuestra el actor dentro de sus pruebas aportadas al trámite de la presente acción constitucional. En ese orden de ideas, sostuvo que mal podría entonces entenderse cumplida la orden de tutela en los términos señalados por el Juzgado, sin existir prueba alguna que acredite que en realidad a la señora GALVÁN ARÉVALO le fueron expedidas las copias ordenadas por el juez constitucional.

III. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN El actor presentó escrito de impugnación, el cual sustentó en los siguientes términos: Arguyó que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, toda vez que denegó su acceso a la administración de justicia bajo argumentos formales que impidieron la eficacia del derecho sustancial.

Sostuvo que le fueron vulnerados sus derechos fundamentales invocados al negar la solicitud de levantamiento de la sanción, toda vez que demostró plenamente el cumplimiento del fallo de tutela de 17 de octubre de 2014, para lo cual aportó los documentos que sustentan tal afirmación. Finalmente, reiteró que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial aplicable al asunto, esto es, la sentencia SU-034 de 2018, al negarse a analizar la solicitud de inaplicación

de la sanción. IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA Competencia La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones. La acción de tutela contra providencias judiciales Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial, cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos

que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01). En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así: “[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección

alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que

esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos. f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas. … Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican. a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo

probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales [10 ] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h . Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto) De la procedencia de la acción de tutela contra decisiones dictadas dentro del trámite incidental La jurisprudencia constitucional ha señalado que la acción de tutela contra providencias que resuelven incidentes de desacato o solicitudes de cumplimiento es procedente únicamente de manera excepcional, “siempre que se cumplan los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y,

por tanto, se constate una vulneración o una amenaza a los derechos fundamentales del sancionado”6. 6 Cfr. Sentencia T-325 de 2015. Sobre este asunto, la Corte Constitucional ha establecido algunos requisitos formales y materiales que se deben tener presentes al momento de hacer el examen de procedibilidad. Así, en sentencia SU034 de 20187, esa Corporación señaló: «[…] [P]ara enervar mediante acción de tutela la providencia que resuelve un incidente de desacato, es preciso que se reúnan los siguientes requisitos: i) La decisión dictada en el trámite de desacato se encuentre ejecutoriada; es decir que la acción de tutela es improcedente si se interpone antes de finalizado el trámite –incluido el grado jurisdiccional de consulta, si es del caso–. ii) Se acrediten los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y se sustente, por lo menos, la configuración una de las causales específicas (defectos). iii) Los argumentos del promotor de la acción de tutela deben ser consistentes con lo planteado por él en el trámite del incidente de desacato, de manera que a) no debe traer a colación alegaciones nuevas, que dejó de expresar en el incidente de desacato, y b) no puede solicitar nuevas pruebas que no fueron pedidas en un principio dentro del desacato y que el juez no tenía que practicar de oficio […]». Caso concreto En el presente asunto, la Sala advierte que el actor pretende que se dejen sin efecto las providencias de 11 de agosto, 2 de octubre de 2017 y 12 de marzo

de 2021, proferidas por el Juzgado, dentro del incidente de desacato identificado con el número único de radicación 20001-33-33-001-2014-00401-00. A los citados proveídos atribuye la vulneración de sus derechos al debido proceso, a la tutela judicial efectiva, al patrimonio y al buen nombre, por estimar que se configuraron los siguientes defectos: i) sustantivo, por desconocimiento del precedente judicial de la sentencia de unificación SU-034 de 2018, debido a que 7 M.P. Alberto Rojas Ríos. no resulta válido denegar el levantamiento de la sanción, argumentando que la misma se encuentra en firme, máxime cuando se ha demostrado que se dio cabal cumplimiento al fallo de tutela; ii) fáctico, al realizar una valoración defectuosa del material probatorio allegado al proceso, toda vez que analizó de forma arbitraria, irracional y caprichosa los escritos emitidos por la UARIV, que daban cuenta del acatamiento de la orden contenida en el fallo de tutela de 17 de octubre de 2014; y iii) desconocimiento del precedente judicial8 que, en casos similares, ha procedido a inaplicar la sanción por haberse acreditado el cumplimiento del fallo de tutela. La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el Tribunal que, mediante sentencia de 15 de abril de 2021, denegó la solicitud de amparo, al considerar que no se incurrió en el defecto sustantivo alegado por el actor, toda vez que la UARIV no ha dado cabal cumplimiento a la orden de tutela de 17 de octubre de 2014, por lo que el Juzgado, acertadamente, denegó la solicitud de

inaplicación de la sanción impuesta. Inconforme con lo anterior, el actor impugnó la decisión del a quo, al estimar que el Tribunal incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, al denegarle el acceso a la administración de justicia bajo argumentos formales que impidieron la eficacia del derecho sustancial. Finalmente, reiteró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al negar la solicitud de levantamiento de la sanción, puesto que 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P: María Elizabeth García González. Identificada con núm