CE - 202300845PDFPDF 20240229152131

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas (E)

Bogotá D.C., veintiuno (21) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Número único: 11001-03-06-000-2023-00845-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información que obra en el expediente3, se exponen a continuación los antecedentes del presente conflicto:

1. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá), p or medio de providencias del 1 3 de junio y 26 de julio de 2017, ordenó compulsar copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra el secuestre, Jairo Rodrigo Vela Velasco, designado dentro del proceso ejecutivo mixto núm. 2009 -00142-00. Lo anterior, por incumplir , presuntamente, sus

Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura contra el secuestre, Jairo Rodrigo Vela Velasco, designado dentro del proceso ejecutivo mixto núm. 2009 -00142-00. Lo anterior, por incumplir , presuntamente, sus funciones de administración y custodia del vehículo automotor de placas XIB-288.

2. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura , mediante Oficio SJ -LMRC núm. 23070 de l 2 de agosto de 2017, remitió la s compulsas de copias al Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Información extraída del expediente digital 2023-00845, que reposa en el aplicativo SAMAI.Radicación 11001030600020230084500 Página 2 de 22

3. El 16 de agosto de 2017, el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare, con radicado núm. 150001102000201700696, abrió indagación preliminar en contra del referido auxiliar de la justicia y ordenó la práctica de unas pruebas.

4. El 14 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró su falta de competencia para continuar con las actuaciones disciplinarias adelantadas por el extinto Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y

4. El 14 de julio de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá declaró su falta de competencia para continuar con las actuaciones disciplinarias adelantadas por el extinto Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en contra el señor Vela Velasco. En la misma decisión ordenó remitir el expediente disciplinario a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

5. El 27 de octubre de 2022, la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo declaró su falta de competencia para continuar con las actuaciones disciplinarias adelantadas por el extinto Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en contra del señor Vela Velasco. En la misma decisión ordenó remitir el expediente disciplinario a la Corte Constitucional con el fin que dirimiera el conflicto negativo de competencias suscitado entre aquella procuraduría y la Comisión

Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá.

6. La Corte Constitucional, mediante Auto 2356 del 29 de agosto de 2023, se declaró inhibida para resolver el conflicto de competencias, por falta de competencia, y ordenó remitir las diligencias disciplinarias adelantadas contra el señor Jairo Rodrigo Vela Velasco a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. La Corte argumentó que no se trataba de un conflicto entre jurisdicciones, sino de un conflicto de competencias entre una autoridad judicial –Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá – y una autoridad administrativa –Procuraduría P rovincial de

Instrucción de Santa Rosa de Viterbo.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

de competencias entre una autoridad judicial –Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá – y una autoridad administrativa –Procuraduría P rovincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, la Secretaría de la Sala fijó el edicto 820 del 12 de diciembre de 2023, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto.

En el informe secretarial del 4 de diciembre de 2023, consta que la Secretaría de la Sala informó sobre el presente conflicto a la Corte Constitucional, al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá), a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá , a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo , y al señor Jairo Rodrigo Vela Velasco.Radicación 11001030600020230084500 Página 3 de 22 Según el informe secretarial del 19 de diciembre de 2023, dentro del término de fijación del edicto, la Procuraduría General de la Nación presentó escrito de alegatos. Las demás autoridades y el señor Jairo Rodrigo Vela Velasco guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo

alegatos. Las demás autoridades y el señor Jairo Rodrigo Vela Velasco guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo

El apoderado de dicha autoridad, mediante escrito del 13 de diciembre de 2023, afirmó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, que otorgó la competencia a la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a sus consejos seccionales para sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia, se encuentra vigente, y en consecuencia, actualmente dicha competencia se encuentra en cabeza de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales.

Argumentó que el actual Código General Disciplinario de la Ley 1952 de 20194, «(i) señala que el titular de la acción disciplinaria sobre empl eados y funcionarios judiciales, incluidos los de la Fiscalía General de la Nación, así como contra los particulares disciplinables conforme a esta ley y demás autoridades que administran justicia de manera temporal y permanente es la jurisdicción disciplinaria, (ii) atribuye el ejercicio de esa acción disciplinaria a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial, (iii) reconoce las particularidades de dicha jurisdicción al autorizar la aplicación preferente de otras normas procedimentales cuando las disposiciones del Código General Disciplinario contravengan su especial naturaleza».

Anotó que, por las anteriores razones y circunstancias, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe continuar con el trámite de la acción disciplinaria iniciada

procedimentales cuando las disposiciones del Código General Disciplinario contravengan su especial naturaleza».

Anotó que, por las anteriores razones y circunstancias, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial debe continuar con el trámite de la acción disciplinaria iniciada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Boyacá y Casanare en contra del auxiliar de la justicia Jairo Rodrigo Vela Velasco, salvo que la Procuraduría General de la Nación haga uso en forma excepcional del poder preferente otorgado a esa entidad de control en el artículo 227, numeral 6, de la Constitución Política.

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá

En vista de que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá no presentó escrito de alegatos, sus argumentos se extraen del Auto del 14 de julio de 2022, mediante el cual declaró su falta de competencia para continuar con la actuación disciplinaria en contra del auxiliar de la justicia, Jairo Rodrigo Vela Velasco.

4 Modificada por la Ley 2094 de 2021.Radicación 11001030600020230084500 Página 4 de 22 Advirtió que los artículos 2, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019 , incluyeron a los auxiliares de la justicia en el régimen de particulares establecido en el artículo 70 de la misma ley, el cuál otorgó la competencia a la Procuraduría General de la Nación para investigarlos.

Explicó que en el proceso disciplinario que se adelanta contra el auxiliar de la justicia, Jairo Rodrigo Vela Velasco, no se ha proferido pliego de cargos, por lo tanto, era pertinente, de conformidad con el artículo 263 transitorio de la Ley 1952 de 2019,

justicia, Jairo Rodrigo Vela Velasco, no se ha proferido pliego de cargos, por lo tanto, era pertinente, de conformidad con el artículo 263 transitorio de la Ley 1952 de 2019, remitir, por el factor territorial, el expediente disciplinario a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar la citada disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir losRadicación 11001030600020230084500 Página 5 de 22 conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o

inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, que se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

5 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en

5 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación 11001030600020230084500 Página 6 de 22 i) Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en la actuación disciplinaria, derivada de la s compulsas de copias que realizó el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá) en contra del señor Jairo Rodrigo Vela Velasco , por el presunto incumplimiento de sus funciones como auxiliar de la justicia.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una

ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerzan, todas, función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Finalmente, es importante destacar que la Corte Constitucional, consideró que e l presente asunto debía ser resuelto por la Sala de Consulta y Servicio Civil. Lo anterior, al momento de remitir por competencia el conflicto de competencias a la Sala, mediante Auto 2356 del 29 de agosto de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación o el asunto

Las dos autoridades involucradas en el conflicto, la Procuraduría General de la Nación a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá rechazaron la competencia para adelantar la actuación disciplinaria.Radicación 11001030600020230084500 Página 7 de 22 iii) Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo , y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de la seccional de Boyacá.

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas todas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»6.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido

ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado, en su inciso 3, por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede

6 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230084500 Página 8 de 22 pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente

de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe definir cuál es la autoridad competente para continuar con la actuación disciplinaria, derivada de las compulsas de copias realizadas el 13 de junio y 26 de julio de 2017 , por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Duitama (Boyacá) en contra del señor Jairo Rodrigo Vela Velasco, por el presunto incumplimiento de sus funciones como secuestre.

Al respecto , l a Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá rechazó su competencia por considerar que, por disposición de lo establecido en los artículos 2, 70, 92 y 265 de la Ley 1952 de 2019, la Procuraduría General de la Nación es la competente para conocer de los procesos contra los auxiliares de la Justicia.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo , por su parte, señaló que la competencia para sancionar las faltas de los auxiliares de la justicia atribuida en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 , a la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y a sus consejos seccionales, le corresponde ahora ejercerla a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus comisiones seccionales.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

corresponde ahora ejercerla a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus comisiones seccionales.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración, yRadicación 11001030600020230084500 Página 9 de 22 vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración7

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia están regulados en el artículo 47 de la Ley 1564 de 20128, que señala:

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se

Artículo 47. Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

[…] [Subrayas fuera del texto original].

Ahora bien, la Corte Constitucional9 ha señalado que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas, de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas , sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. [Se destaca].

En el mismo sentido, la Sala ha precisado10 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

En el mismo sentido, la Sala ha precisado10 que los auxiliares de la justicia prestan servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

7 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Decisión del 24 de enero de 2024, expediente 11001-03-06-000-2023-00712-00. 8 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras d isposiciones. 9 Corte Constitucional, Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 10 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001 -03-06-000-2019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-00200-00(C).Radicación 11001030600020230084500 Página 10 de 22 5.2. Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Reiteración11

El artículo 256 de la Constitución Política consagró, entre las atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura, las siguientes:

[…]

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

[…]

7. Las demás que señale la ley. [Negrillas fuera del texto original].

En desarrollo de lo dispuesto en el numeral 7 de la norma citada, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 adicionó una función a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, para que examinara y sancionara las faltas de los auxiliares de la justicia12, así:

Artículo 41 . Funciones disciplinarias de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. Además de lo previsto en la Constitución Política la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales según el caso, examinará la conducta y sancionará las faltas de los auxiliares de la Justicia.

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-03-06-000-2021-00025-00(C), entre otras. 12 La Sala de Consulta y Servicio Civil, en Decisión del 18 de septiembre de 2014 (rad. núm. 1100103-06-000-2014-00168-00), al evaluar si la asignación de competencias a la Jurisdicción Disciplinaria debía realizarse únicamente por la Constitución Política y la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional

Justicia, o si era posible hacerlo mediante una ley ordinaria, como la Ley 1474 de 2011, precisó que «[…] la asignación hecha por el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los Consejos Seccionales para examinar la conducta de los auxiliares de la justicia no está supeditada a la cláusula de reserva de ley estatutaria, porque la mencionada norma no afecta de ninguna manera la estructura general y esencial de la administración de justica. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también es clara en afirmar que cuando no se afecta el núcleo de la organización y funcionamiento de la administración de justicia la regulación está atada al trámite de una ley ordinaria y fue precisamente por medio de una ley ordinaria (Ley 1474 de 2011 artículo 41) que se asignó la competencia disciplinaria objeto de análisisRadicación 11001030600020230084500 Página 11 de 22 En vigencia de las normas citadas, la Sala de Consulta y Servicio Civil sostuvo que los procesos disciplinarios en contra de los auxiliares de justicia correspondían al Consejo Superior de la Judicatura y a los consejos seccionales13.

Mediante la reforma constitucional introducida por