CE - 2023848AMCHGSAMAI 20240319163537

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: Ana María Charry Gaitán

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá Asunto: autoridad competente para investigar disciplinariamente a un auxiliar de la justicia – secuestre.

Reiteración

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10 º., de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2 y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a resolver el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 4 de septiembre de 20 18, el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha

(Boyacá) emitió providencia por la cual ordenó remitir copias para que se investigara la conducta del auxiliar de la justicia, señor Felipe Alberto Brijaldo, «en cuanto a la presunta administración negligente de los bienes » dentro del proceso radicado bajo núm. 2009-00146-00 y, con fecha 11 del mismo mes y año , mediante oficio No.493, fueron remitidas las diligencias al Consejo Seccional de la Judicatura de Tunjanúm. 2009-00146-00 y, con fecha 11 del mismo mes y año , mediante oficio No.493, fueron remitidas las diligencias al Consejo Seccional de la Judicatura de TunjaBoyacá3.

2. El 4 de octubre de 20 18 ingresaron las diligencias radicadas con número 201800935-AJa la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la

Judicatura de Boyacá4.

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Samaiantecedentes 20SJD-2022-5055932015001110200020180093500.pdf folio 3incluye copia de cuaderno de medidas cautelares en 245 folios y copia cuaderno de trámite incidental rendición de cuentas en 10 folios y un CD. 4 Samaiantecedentes pdf. Folio 6Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 2 de 23

3. El 14 de julio de 20 22, se expidió por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, constancia de suspensión de términos5, del estado del despacho y del ingreso del expediente al despacho de la magistrada de conocimiento6. En esta misma fecha, la Sala decidió remitir por competencia , las diligencias radicadas bajo el núm. 15000110200020180093500, a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de

misma fecha, la Sala decidió remitir por competencia , las diligencias radicadas bajo el núm. 15000110200020180093500, a la Procuraduría Provincial de Santa Rosa de Viterbo y a su vez, propuso Colisión Negativa de Competencia, en el evento que no se compartiera la motivación de la decisión7.

4. El 31 de agosto de 2022, mediante Oficio núm. CSJBSD201800935 TVOB-AJ, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, remitió las diligencias a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo , conforme a lo ordenado en Auto de fecha 14 de julio de 2022 y las mismas fueron radicadas en ese despacho, bajo núm. E-2022-505593 / IUC-D-2022-2570118.

5. El 31 de octubre de 2022, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo profirió Auto por el cual dispuso «Remitir por competencia las presentes diligencias del radicado E-2022-505593 / IUC-D-2022-257011, con destino a la Sala Plena de la Corte Constitucional, con el fin de que dirima el conflicto de jurisdicciones negativo de competencias planteado por esta Procuraduría Provincial de Instrucción y la Comisión Seccional d Disciplina de Boyacá y Casanare»9.

6. El 23 de agosto de 2023, la Corte Constitucional, a través del Auto 1961de 2023, se declara «INHIBIDA, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa

2023, se declara «INHIBIDA, por falta de competencia, para pronunciarse sobre la controversia suscitada entre la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, Boyacá, y la por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, referido a la investigación disciplinaria adelantada en contra de Felipe Alberto Brijaldo, como auxiliar de la justicia» y, dispone remitir el expediente CJU-3563 a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado10.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3º de la Ley 2080 de 2021, se fijó el edicto núm. 823 del 12 de diciembre de 2023 en la Secretaría de la Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades

5 Suspensiones decretadas por el Consejo Superior de la Judicatura, con base en Acuerdos expedidos en diferentes fechas debido a la emergencia del Covid-19. 6 Samai, antecedentes pdf. Folios 8-9 7 Samai, antecedentes pdf. Folios 10-16 Auto Remisión por Competencia. Magistrada Tatiana Victoria Orozco Becerra. 8 Samai, antecedentes pdf. Folio18 - Deja constancia de entrega de proceso en forma física en secretaría. 9 Samai, antecedentes pdf. Folios 20-26 10 Samai, archivo 04 CJU-3563 Auto201961.pdf. Folios 1-6Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 3 de 23

involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto11.

involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos o consideraciones en el trámite del conflicto11.

Consta que la Secretaría comunicó el presente conflicto12, a la Corte Constitucional, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, al Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha (Boyacá) y al señor Felipe Alberto Brijaldo13.

En informe secretarial del 19 de diciembre de 2023 , se precis ó que, dentro del término de fijación14 el señor Procurador Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, presentó consideraciones . Las demás autoridades involucradas y los particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá15

Esta Corporación no presentó consideraciones dentro del trámite de l conflicto de competencias. Sin embargo, los argumentos en los que basa su posición pueden extraerse del Auto del 14 de julio 2022, mediante el cual, considera que:

«[e]stablece el artículo 257ª de la Constitución Política de Colombia que “ La Comisión Nacional de Disciplina Judicial ejercerá la función jurisdiccional disciplinaria sobre los funcionarios y empleados de la Rema Judicial … La Comisión Nacional de Disciplina Judicial será la encargada de examinar y sancionar las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esa función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados » […] negrilla y subrayas de texto.

las faltas de los abogados en ejercicio de su profesión, en la instancia que señale la ley, salvo que esa función se atribuya por la ley a un Colegio de Abogados » […] negrilla y subrayas de texto.

Se refiere igualmente a los artículos 70, 91 y 92 del Código General Disciplinario, respecto de la calidad del sujeto disciplinable, para colegir que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera transitoria y por ello la Ley 1952 de 2019 los incluyó en el régimen de particulares contenido en el Título I, capítulo I.

11 Samai, archivo 12_poredicto20231207175750.pdf. Folio. 12 Oficio del 16 de noviembre de 2023, 13 Samai, archivo pdf. 010 repartoyradicación_110010306000202300848001100103. Pdf. Folio 1 14 Samai, archivo 1 Expediente Digitalizado.20231006111850 pdf. folio 1 15 Samai, antecedentes, DLa15924.37519/E-2022-5055932015001110200020180093500. pdf. Folios 9-16.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 4 de 23

Hace alusión al artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 para precisar que, si bien otorgaba competencia a esa colegiatura para investigar y juzgar a los auxiliares de la justicia, fue derogado por el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019, a partir del 29 de marzo del 2022.

Luego, en su entender, esa magistratura carece de competencia para sustanciar y pronunciarse sobre las diligencias disciplinarias en contra del señor Felipe Alberto

2022.

Luego, en su entender, esa magistratura carece de competencia para sustanciar y pronunciarse sobre las diligencias disciplinarias en contra del señor Felipe Alberto Brijaldo, en su calidad de auxiliar de la justicia – secuestre-, siendo así que, la Procuraduría General de la Nación, a través de sus delegadas, es la competente para actuar y por ello se abstiene de avocar conocimiento de las diligencias.

2. Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo16

En sus alegaciones aduce el despacho 17, que, a partir de la normativa vigente, Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2011, en sus artículos 2, 70 y 92, se hizo precisión sobre los sujetos disciplinables y la competencia para investigar disciplinariamente, atribuyendo a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a la s comisiones seccionales, tal competencia respecto de los particulares disciplinables, incluidos los auxiliares de la justicia que cumplen transitoriamente funciones públicas.

Señaló q ue, las personerías y la Procurad uría General de la Nación, s ólo son competentes para investigar y sancionar a particulares disciplinables con sujeción al artículo 257 A del mandato superior, a partir del 29 de marzo de 2022 y, en el caso concreto el auto por el cual se ordena la compulsa es del 4 de septiembre de 2018 antes de la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial (13 de enero de 2021), luego, con base en la recién citada norma superior, los procesos disciplinarios adelantados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales, continuarán siendo conocidos por la Comisión

(13 de enero de 2021), luego, con base en la recién citada norma superior, los procesos disciplinarios adelantados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales, continuarán siendo conocidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

De manera que, por virtud de lo anterior, solicita al despacho, reconocer competencia a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá y Casanare, de conformidad con el parágrafo transitorio 1 del artículo 257 A de la Constitución Política.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado

1.1 Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios, según la Ley 1952 de 2019

16 Samai, 12_110010306000202300848003 MemorialWeb20231218152044.pdf. Folios 1 -6 17 Oficio de fecha 15 de diciembre de 2023.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 5 de 23

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias, se regulan, actualmente, por el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias . El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el

remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

[…] [Subrayas añadidas]

En el presente asunto, sin embargo, no es posible aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, carecen de un superior común.

Así, ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Regla general de competencia para resolver los conflictos de competencia administrativa

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»18 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de

se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá

18 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 6 de 23

inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

[…]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, los cuales se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza ad ministrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en el proceso disciplinario al que hubiera lugar en contra del señor Felipe Alberto Brijaldo, mientras se desempeñó como auxiliar de la justicia -secuestreen el proceso número 2009-00146-00, adelantado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha (Boyacá), conforme a la compulsa dispuesta por el precitado despacho mediante Auto del 4 de septiembre de 2018 , para que se investigara la conducta, «en cuanto a la presunta administración negligente de los bienes».

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante

del 4 de septiembre de 2018 , para que se investigara la conducta, «en cuanto a la presunta administración negligente de los bienes».

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 7 de 23

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 202319, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre dos autoridades que cumplen función administrativa (la P rocuraduría General de la Nación) y otra que cumple función jurisdiccional (la C omisión Nacional de Disciplina Judicial) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los

la Sala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Así lo ratificó, además, la Corte Constitucional, en este caso concreto, al remitir el conflicto de competencias a la Sala, mediante Auto 1961 de 2023.

1. Que, simultánea o sucesivamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación o el asunto en particular

Las dos autoridades involucradas en el conflicto - la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá - rechazaron la competencia para asumir la actuación disciplinaria.

1. Que al menos una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que , si se trata de autoridades del nivel territorial, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo

Este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo , y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá, que forma parte de la Rama Judicial.

19 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General

Disciplina Judicial de Boyacá, que forma parte de la Rama Judicial.

19 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 8 de 23

De conformidad con lo anterior, la Sala encuentra reunidas las exigencias que la habilitan para resolver de fondo el conflicto negativo de competencias planteado.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»20.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada, para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6.º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el

sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6.º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa sobre el alcance de la decisión

El artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado la función de definir la autoridad competente para iniciar o continuar un trámite administrativo en concreto, decisión que adopta la Sala con fundamento en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente del conflicto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verific ar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del

caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente verific ar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expediente administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

20La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 9 de 23

4. Problema jurídico y síntesis del conflicto

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para conocer y continuar el proceso disciplinario promovido en conra del señor Felipe Alberto Grijaldo, mientras se desempeñó como auxiliar de la justici a -secuestreen el proceso número 200900146-00 adelantado ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Socha (Boyacá), conforme a la compulsa dispuesta por el precitado despacho mediante Auto del 4 de septiembre de 2018, para que se investigara la conducta , «en cuanto a la presunta administración negligente de los bienes».

El proceso disciplinario no ha iniciado , puesto que ninguna de las autoridades que ahora se encuentran inmersas en el conflicto negativo de competencias ha avocado conocimiento de las diligencias; las mismas autoridades han expuesto, a través de sus actuaciones, las razones que las llevan a abstenerse de conocer de la actuación disciplinaria y, negar competencia.

Es de precisar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá21, ampara

través de sus actuaciones, las razones que las llevan a abstenerse de conocer de la actuación disciplinaria y, negar competencia.

Es de precisar que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Boyacá21, ampara su falta de competencia en las previsiones de orden constitucional y legal, contenidas en el artículo 257 A de la Constitución Política de Colombia, los artículos 2, 70, 91, 92 239 y 265 de la Ley 1952 de 2019 y el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, normas que en aplicación , según su entender, conducen a otorgar competencia a la Procuraduría General de la Nación a través de la dependencia competente, en la medida que se trata de particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas de manera transitoria, así que, sin asumir conocimiento dispone remitir las diligencias a la Corte Constitucional.

Por su parte , la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Rosa de Viterbo 22, consideró que a partir de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2011, en sus artículos 2, 70 y 9223 y el parágrafo transitorio 1º del art ículo 257 A de la

21 Samai, antecedentes pdf. Folios 20-25 22Samai, memorial web20231218152044.pdf. Folios 1-6 23 Que los particulares a que hace mención el artículo 92 del Código General Disciplinario – CGD, son aquellos que cumplen funciones públicas de manera permanente o transitoria en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; así como de entidades privadas que

aquellos que cumplen funciones públicas de manera permanente o transitoria en las entidades públicas del orden nacional, departamental y municipal que administren recursos públicos; que cumplan labores de interventoría o supervisión en los contratos estatales; así como de entidades privadas que desempeñen funciones públicas o administren recursos públicos, como es el caso de los representantes legales, gerentes o su equivalente de las empresas de servicios públicos domiciliarios, Cajas de Compensación Familiar, revisores fiscales, miembros o integrantes de las juntas directivas de las cámaras de comercio y demás, los cuales son de competencia de la Procuradurí a General de la Nación. Mientras que, para otros particulares, el legislador ha dispuesto regímenes especiales, como es el caso de los notarios y de los funcionarios y empleados judiciales, así como de los particulares disciplinables, como es el caso que n os ocupa. Que es de competencia de los Consejos Seccionales de la Judicatura realizar la convocatoria y conformar la lista de los auxiliares de la justicia para cada uno de los distritos de su jurisdicción, por lo tanto, en virtud de lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), los auxiliares de justicia sonRadicación: 11001-03-06-000-2023-00848-00 Página 10 de 23

Constitución, se fija competencia en la Comisión Nacional de Disciplina Judicial , respecto de los particulares disciplinables, incluidos los auxiliares de la justic ia por cuanto las Personerías y la Procuraduría General de la Nación, solo son competentes para investigar y sancionarlos a partir del 29 de marzo de 2022 y, en el caso concreto

cuanto las Personerías y la Procuraduría General de la Nación, solo son competentes para investigar y sancionarlos a partir del 29 de marzo de 2022 y, en el caso concreto el auto por el cual se ordena la compulsa es del 4 de septiembre de 201824, es anterior a tal fecha , de manera que los procesos disciplinarios adelantados por la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o sus seccionales, continuarán siendo conocidos por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración; ii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para conocer de los procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y d e las comisiones seccionales, frente a los auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial .

Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración; vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración; vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración25

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración25

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia están regulados en el artíc