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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., 8 de mayo de 2024

Número único: 11001-03-06-000-2023-00882-00.

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Provincial de

Instrucción de Bucaramanga y Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander.

Asunto: autoridad competente para conocer de proceso disciplinario contra auxiliar de la justicia. Reiteración.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112 numeral 10 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2° y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES2

1. El 21 de febrero de 2020, el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga compulsó copias a la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, para que investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir el señor Javier Giovani Rodríguez Rueda, designado como auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso identificado bajo radicado 2008-0381, por su actuar «negligente y anómala respecto del bien que le fue encomendado y las cuentas que debía presentar sobre el mismo».

identificado bajo radicado 2008-0381, por su actuar «negligente y anómala respecto del bien que le fue encomendado y las cuentas que debía presentar sobre el mismo».

2. El 1° de julio de 2020, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander abrió investigación disciplinaria en contra del señor Rodríguez Rueda.

3. El 23 de mayo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander declaró su falta de competencia para continuar conociendo del asunto, y lo remitió a la Procuraduría Provincial de Bucaramanga al considerar que los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, y, por lo tanto, según lo establecido en los artículos 2 ° y 92 del Código General Disciplinario, son sujetos disciplinables por la Procuraduría General de la Nación.

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción». 2 La información que se relata en este acápite fue extraída de los documentos allegados al expediente del conflicto número 11001030600020230088200 que reposa en SAMAI.Radicación 11001030600020230088200 Página 2 de 21

4. El 27 de febrero de 2023, la Procuraduría Provincial de Bucaramanga negó competencia para investigar disciplinariamente al señor Rodríguez Rueda y propuso «conflicto negativo de jurisdicción» ante la Corte Constitucional.

competencia para investigar disciplinariamente al señor Rodríguez Rueda y propuso «conflicto negativo de jurisdicción» ante la Corte Constitucional.

5. Mediante Auto núm. 2176 del 13 de septiembre de 2023, la Corte Constitucional se declaró inhibida para conocer el conflicto propuesto por la Procuraduría Provincial de Bucaramanga, por cuanto el mismo no corresponde a un conflicto de jurisdicciones. Así, mediante oficio del 9 de octubre de ese mismo año, la Corte remitió el asunto a la Sala de Consulta y Servicio Civil para su resolución.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

La Secretaría de la Sala fijó el edicto número 857 por el término de cinco días para la presentación de alegatos o consideraciones por parte de las autoridades involucradas y las personas interesadas en el trámite del conflicto. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado en su inciso 3° por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021.

En informe secretarial del 11 de diciembre de 2023 se dejó constancia de que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Corte Constitucional, al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Santander, a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander, al Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga y al señor Javier Giovani Rodríguez Rueda.

Según inform ó la Secretaría de la Sala el 19 de diciembre de 2023, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Javier Giovani Rodríguez Rueda.

Según inform ó la Secretaría de la Sala el 19 de diciembre de 2023, las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

Mediante Auto del 4 de marzo de 2024, la consejera ponente ordenó vincular a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander al presente asunto, debido que no se le había comunicado la existencia del conflicto. Consta en informe secretarial del 14 de marzo de 2024, que dicha autoridad guardó silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

a. Comisión Seccional de Disciplina de Santander

No presentó consideraciones, por lo que sus argumentos se extraen del Auto del 23 de mayo de 2022 en el cual declaró su falta de competencia para conocer del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Javier Giovani Rodríguez Rueda.

Considera que carece de competencia , por cuanto los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, razón por la cual, según loRadicación 11001030600020230088200 Página 3 de 21

establecido en los artículos 2 ° y 92 del Código General Disciplinario, son sujetos disciplinables por parte de la Procuraduría General de la Nación.

b. Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander

Tampoco presentó consideraciones. No obstante, de los documentos que obran en el expediente se advierte que niega competencia para investigar disciplinariamente al señor Javier Giovani Rodríguez Rueda, bajo el argumento de que, el artículo 41 de la

Tampoco presentó consideraciones. No obstante, de los documentos que obran en el expediente se advierte que niega competencia para investigar disciplinariamente al señor Javier Giovani Rodríguez Rueda, bajo el argumento de que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 fijó la competencia para disciplinar a los auxiliares de la justicia en el Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales , autoridad es que fue ron reemplazadas, respectivamente, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por las comisiones seccionales.

IV. CONSIDERACIONES

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios. Reiteración3

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de las instancias se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 20194, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de Competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander, no tienen un superior común.

3 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 30 de junio de 2022 radica ción 11-001-0306-000-202200080 y Decisión del 2 de junio de 2022 radicación 11-001-0306-000-2022-00055. 4 «Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario».Radicación 11001030600020230088200 Página 4 de 21

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso

dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de los conflictos de competencia administrativa

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 están reguladas en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 20216, conforme al cual:

Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá i nmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del ord en departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden

artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código». 6 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación 11001030600020230088200 Página 5 de 21

conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

En este caso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

En este caso, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander han negado tener competencia para continuar el trámite del proceso disciplinario que cursa en contra del señor Javier Giovani Rodríguez Rueda.

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente asunto, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional, a saber: la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, a través de la seccional de Santander, y la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa de manera particular frente a la competencia para continuar el trámite del proceso disciplinario que cursa en contra del señor Javier Giovani Rodríguez Rueda, designado secuestre dentro del proceso judicial radicado bajo el número 2008-0381, por las presuntas faltas en las que habría incurrido en tal calidad.

Sobre la naturaleza del asunto, es de advertir que el conflicto negativo de competencias en estudio involucra una autoridad que, de ser declarada competente, ejercería función jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander), mientras que la otra, en el mismo evento, ejercería función administrativa 7 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga).

jurisdiccional (Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander), mientras que la otra, en el mismo evento, ejercería función administrativa 7 (Procuraduría Provincial de Instrucción de Bucaramanga).

7 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Constitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas.Radicación 11001030600020230088200 Página 6 de 21

Sobre los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función jurisdiccional y otras que cumplen función administrativa, la Sala ha manifestado las siguientes consideraciones8:

• De una parte, ha precisado que un conflicto de tal naturaleza no es un conflicto entre jurisdicciones , ni un conflicto de competencias entre autoridades que ejerzan (todas) función judicial, caso en el cual sería la Corte Constitucional la autoridad competente, en ejercicio de la función prevista en el artículo 241 numeral 11, de la Constitución Política 9, modificado por el artículo 14 del Acto Legislativo 2 de 2015.

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala 10 que una de las garantías del debido

• En atención a lo anterior, y pese a las funciones jurisdiccionales de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial conferidas por el artículo 257A de la Constitución Política, también ha señalado la Sala 10 que una de las garantías del debido proceso es que la autoridad que adelanta la actuación sea competente. En el presente caso las autoridades en conflicto han negado simultáneamente su competencia para adelantar la actuación disciplinaria, por lo que resu lta imprescindible que la Sala decida dicho conflicto negativo, pues la indefinición de la autoridad competente o la duda sobre la misma afecta los derechos fundamentales constitucionales del quejoso, y en general, de cualquier sujeto sometido al jus puniendi estatal, máximo cuando la acción disciplinaria constituye una forma de reparación frente a los posibles daños o lesiones causados a quienes hayan sido afectados por la conducta sancionable.

En consecuencia, resulta un imperativo constitucional y legal que la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelva el conflicto negativo de competencias planteado, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019.

Visto lo anterior, la Sala ha considerado11 que, en ejercicio de su función legal, mantiene la competencia para resolver este tipo de controversias. Lo anterior, en la medida en que, primero, por disposición del artículo 3º de la Ley 1437 de 2011, «las autoridades

8 Decisión del 25 de enero de 2023 radica ción 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras.

8 Decisión del 25 de enero de 2023 radica ción 2022-211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 9 Artículo 241. A la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: […]

11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones. […] [Resalta la Sala]

10Decisión del 25 de enero de 2023 radicación 2022 -211; Decisión del 20 de septiembre de 20 22 radicación 2022-00130; entre otras. 11 Decisión del 18 de septiembre de 2014 radicación 2014 -00168; Decisión del 16 de mayo de 2018 radicación 2017-00200; Decisión del 18 de junio de 2019 radicación 2019-00063, entre otras.Radicación 11001030600020230088200 Página 7 de 21

buscarán que los procedimientos logren su finalidad y, para el efecto, […] evitarán decisiones inhibitorias […]», y, segundo, en este tipo de casos, para identificar la autoridad que sea competente, debe agotarse el respectivo análisis de fondo.

Así las cosas, se reitera, la Sala en el marco de sus funciones, está llamada y es su deber constitucional y legal, estudiar de fondo el asunto, con el fin de decidir cuál es la autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

autoridad competente para continuar la actuación disciplinaria, lo que implica realizar el análisis del marco jurídico pertinente.

3. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»12.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en ca usal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

4. Aclaración Previa

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011 otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede

El artículo 39 del CPACA, modificado por la Ley 2080 de 2011 otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se haga a los aspectos jurídicos o fácticos propios del caso concreto serán exclusivamente las necesarias para establecer las reglas de

12La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 º de la Ley Estatutaria 1755 de 2015.Radicación 11001030600020230088200 Página 8 de 21

competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, si así corresponde, verificar los fundamentos de hecho y de derecho de la petición o del asunto de que se trate, así como las pruebas que obren en el respectivo expedient e administrativo, para adoptar la decisión de fondo que sea procedente.

5. Síntesis del conflicto y problema jurídico

La Sala debe establecer cuál es la autoridad competente para continuar el trámite del proceso disciplinario iniciado en contra del señor Javier Giovani Rodríguez Rueda, en su condición de auxiliar de la justicia (secuestre) dentro del proceso número 2018-0381 adelantado por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, por su presunto actuar «negligente y anómala respecto del bien que le fue encomendado y las cuentas y las cuentas que debía presentar sobre el mismo».

adelantado por el Juzgado Octavo de Familia de Bucaramanga, por su presunto actuar «negligente y anómala respecto del bien que le fue encomendado y las cuentas y las cuentas que debía presentar sobre el mismo».

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander ha manifestado carecer de competencia, en razón a que los auxiliares de la justicia son particulares que administran justicia de manera transitoria, y, por lo tanto, según lo establecido por los artículos 2 ° y 92 del Código General Disciplinario, son sujetos disciplinables por la Procuraduría General de la Nación.

Por su parte, la Procuraduría Provincial de Instrucción de Santander ha expresado que, de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, la competencia para disciplinar a los auxiliares de la justicia correspond e a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al ser la autoridad que reemplazó a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Para resolver el problema jurídico la Sala analizará: i) La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración; ii) Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración; iii) Competencia de la extinta Sala Jurisdiccional del Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración; iv) Funciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia - régimen de transición de orden constitucional. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración ; vi) Conclusiones sobre

constitucional. Reiteración; v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración ; vi) Conclusiones sobre régimen jurídico aplicable. Reiteración; vii) El caso concreto.

6. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

6.1. La potestad disciplinaria del Estado. Reiteración13

13 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021, radicación 2021025, entre otras.Radicación 11001030600020230088200 Página 9 de 21

El ius puniendi del Estado implica ejercer la actividad sancionadora para establecer la responsabilidad de los servidores públicos o de los particulares que ejerzan funciones públicas de manera temporal. Este poder punitivo que se reconoce al Estado se encuentra fundamentado en los principios contenidos en la Constitución Política y en la ley.

En particular, la potestad disciplinaria está justificada en la necesidad de garantizar que los servidores públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o funciones cumplan con los principios de moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia. Así mismo, para que se respeten las prohibiciones y el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas

inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes.

Cuando los servidores públicos o los particulares que ejercen funciones públicas quebrantan estos principios o incurren en cualquier omisión o en extralimitación en el ejercicio de funciones, prohibiciones, o en violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, se hace necesario que el Estado intervenga con su actividad disciplinaria.

El Consejo de Estado ha señalado lo siguiente respecto de dicha función:

Si los presupuestos de una correcta administración pública son la diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores del Estado, la consecuencia jurídica no puede ser otra que la necesidad de la sanción de las conductas que atenten contra los deberes que le asisten. Por ello, la finalidad de la ley disciplinaria es la prevención y buena marcha de la gestión pú blica, al igual que la garantía del cumplimiento de los fines y funciones del Estado en relación con las conductas de los servidores que los afecten o pongan en peligro14.

Puede señalarse entonces que el ejercicio de la facultad disciplinaria tiene por propósito el adecuado cumplimiento de la función pública en beneficio de la comunidad y como protección de los derechos y libertades de los administrados15.

La Corte Constitucional, sobre el objetivo del ejercicio de la potestad disciplinaria, ha indicado lo siguiente:

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la

[…] tiene como objetivo fundamental prevenir y sancionar aquellas conductas que atenten contra el estricto cumplimiento de los deberes que se imponen a los servidores públicos u obstaculicen el adecuado funcionamiento de la administración pública […] la

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Decisión del 23 de septiembre de 2015, radicación 11001-03-25-000-2010-00162-00(1200-10. 15 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto 2046.Radicación 11001030600020230088200 Página 10 de 21

potestad disciplinaria corrige a quienes en el desempeño de la función pública contraríen los principios de eficiencia, moralidad, economía y transparencia […]16.

En el referido pronunciamiento, la Corte también recordó que la función pública es la razón de ser de la existencia del Estado en cuanto tiene como finalidad primordial la garantía y protección de los derechos fundamentales. Destacó, que la regulación disciplinaria permite proteger la organización de la administración y sus recursos, y hacer un seguimiento del cumplimiento de los deberes públicos.

6.2. Naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia. Reiteración17

El ejercicio y la naturaleza de la función de los auxiliares de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 201218, que prevé:

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y

Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o acti vidad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso. […] [Resalta la Sala].

La Corte Constitucional 19, ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de imp