CE - 20240152701SONIAESTH 0 20240722105318952

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticuatro (2024)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2024-01527-01

Referencia: Acción de tutela

Actores: SONIA ESTHER GONZÁLEZ ALARCÓN Y OTRO.

TESIS: SE CONFIRMA LA PROVIDENCIA IMPUGNADA QUE DECLARÓ

IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO, TODA VEZ QUE NO SE

CUMPLE CON EL REQUISITO GENERAL DE LA RELEVANCIA

CONSTITUCIONAL. LOS ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE

AMPARO FUERON OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR PARTE DE

LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de 20 de mayo de 2024, proferida en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL CONSEJO DE ESTADO1 que declaró improcedente la solicitud de amparo.

1 En adelante la Sección Tercera.2

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1 En adelante la Sección Tercera.2

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I.– ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

La señora SONIA ESTHER GONZÁLEZ ALARCÓN actuando en nombre propio y en representación de su hijo FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit aron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , lo s cuales estiman vulnerados por la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A” - del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA2 al haber proferido la sentencia de 22 de febrero de 2024, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-43-062-2019-00285-01.

I.2.- Hechos

Señalaron que el 1o. de noviembre de 2017, el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ ingresó al EJÉRCITO NACIONAL con

2 En adelante el Tribunal.3

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2 En adelante el Tribunal.3

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el fin de prestar el servicio militar como soldado regular en el Batallón de Infantería núm. 41 “General Rafael Reyes Prieto” con sede en CimitarraSantander.

Indicaron que el 26 de agosto de 20 18 el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁL EZ presentó fuertes dolores de cabeza acompañados de dolor abdominal, diarrea y náuseas , razón por la que fue atendido en el dispensario médico del Batallón de Infantería núm. 41, lugar en el que le fue dada el alta médica el 29 de agosto de 2018.

Aseguraron que el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ se traslad ó a su residencia ubicada en el Municipio de Tuchin – Córdoba y estando allí los síntomas empeoraron , por lo que fue trasladado al centro de salud MANEXKA IPS y, posteriormente, fue remitido al Centro Hospitalario de Sucre en donde le fue diagnosticada una “[…] lesión cortico subcortical frontal derecha características inespecíficas […]”.

Señalaron que el 14 de septiembre de 2018 el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ fue remitido al HOSPITAL MILITAR CENTRAL lugar en el que le fue diagnosticada “[…] tuberculosis4

Señalaron que el 14 de septiembre de 2018 el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ fue remitido al HOSPITAL MILITAR CENTRAL lugar en el que le fue diagnosticada “[…] tuberculosis4

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meníngea […]”, que le ocasionó secuelas neurológicas irreversibles.

Aseguraron que el 18 de octubre de 2019 , la DIRECCIÓN DE SANIDAD MILITAR les notificó los resultados del acta de junta médico laboral núm. 111064 en la que se dictaminó al señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ una disminución de la capacidad laboral del 100%.

Manifestaron que, junto con los señores MARTHA MILENA, JAIDER RAMIRO y SONIA ESTHER RAMOS GONZÁLEZ, DERLY MILENA, JOSÉ MANUEL y LUCRECIA MARÍA GONZÁLEZ ALARCÓN presentaron demanda de reparación directa contra la NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSAEJÉRCITO NACIONAL, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios de orden moral y material causados al señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ, por la presunta falla en la atención médica.

Señalaron que la anterior demanda fue identificada con el número

material causados al señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ, por la presunta falla en la atención médica.

Señalaron que la anterior demanda fue identificada con el número único de radicación 11001-33-43-062-2019-00285-00 y le correspondió por reparto en primera instancia al JUZGADO 62 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ que, mediante sentencia de 30 de junio de 202 2, denegó las pretensiones de la5

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demanda.

Aseveraron que inconformes con la anterior formularon recurso de apelación ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 22 de febrero de 2024, confirmó la providencia proferida por el a quo.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Afirmaron que al proferi r la sentencia cuestionada la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto fáctico, toda vez que se valoró inadecuadamente el testimonio del enfermero del pelotón, ya que de dicha declaración se lograría establecer que al señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ no se le brindó una atención médica oportuna desde el inicio de los síntomas, pues el batallón no contaba con personal médico idóneo y debidamente capacitado para atender ese tipo de sintomatología.

atención médica oportuna desde el inicio de los síntomas, pues el batallón no contaba con personal médico idóneo y debidamente capacitado para atender ese tipo de sintomatología.

Asimismo, aseguraron que el TRIBUNAL efectuó una indebida apreciación del dictamen pericial rendido por el médico forense , el doctor ANÍBAL ISRAEL NAVARRO quien concluyó que “[…] hay una relación de causalidad entre la inadecuada atención médica en el dispensario médico del ejército nacional como también de la6

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dilatación sin justificación en la realización de la tomografía axial computarizada de cráneo en el Centro Hospitalario de Sucre y la enfermedad que se pudo haber diagnosticado días antes de su descompensación en salud que sufrió, lo cual hubiera hecho que la paciente tuviera mejores probabilidades de mejorar en su salud y no terminar en un estado de postración […]”.

Arguyeron que la acción de tutela resulta procedente, por cuanto “[…] ya no contamos con más medios de defensa, acudimos a nombre mío y de mi hijo ante el Honorable Consejo de Estado para que tutele nuestros derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, examinando el material probatorio que se aportó al proceso a la luz del derecho constitucional y haciendo una justa valoración probatoria […]”.

I.4.- Pretensiones

acceso a la administración de justicia, examinando el material probatorio que se aportó al proceso a la luz del derecho constitucional y haciendo una justa valoración probatoria […]”.

I.4.- Pretensiones

Los actores solicitaron que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia: “[…] Honorables Magistrados del Consejo de Estado, solicito se me tutele el Derecho al Debido Proceso y a la Administración de Justicia, en consecuencia, se ordene al HONORABLE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCION TERCERA – SUBSECCIÓN “A” , proferir nuevamente la sentencia de7

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segunda instancia proferida dentro del proceso radicado bajo el No. 11001-33-43-062-2019-00285-01, mediante la cual se CONFIRMO la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 62 Administrativo del Circuito de Bogotá y consecuentemente se ordene al accionado que en el fallo que remplace la sentencia cuya revocatoria se solicita, se valore en debida forma tanto la prueba testimonial rendida por el joven Daison Estiven Regino Noriega, quien fungía como enfermero de combate en el momento de los hechos, así como mi declaración de parte, y las otras pruebas documentales obrantes, pues tanto el ad quo, como el ad quem realizaron una incorrecta valoración probatoria de las diferentes

quien fungía como enfermero de combate en el momento de los hechos, así como mi declaración de parte, y las otras pruebas documentales obrantes, pues tanto el ad quo, como el ad quem realizaron una incorrecta valoración probatoria de las diferentes pruebas, principalmente del dictamen pericial realizado por el Dr. Aníbal Israel Navarro, también hacen una valoración errónea respecto de la prueba documental denominada boleta de salida No.1189, pues infieren sin prueba alguna que mi hijo la solicito, cuando fue la misma Entidad la que emitió la boleta de salida, sin tener en cuenta que estaba en un pésimo estado de salud, sometiéndolo a una jornada entera trasportándose en un bus intermunicipal, con lo cual creo que estaban tratando de evadir la responsabilidad que el Ejercito tenía respecto de la salud de mi hijo Francisco. Como consecuencia de esta errónea valoración probatoria se configura el denominado por la Jurisprudencia Defecto Factico por indebida valoración probatoria, el cual hizo que los falladores encontraran una ruptura en el nexo causal, situación que expondré a detalle en el acápite de “FUNDAMENTOS DE DERECHO” y lo cual motivo la negación de las pretensiones de la demanda […]”. (Negrilla pertenece al texto).

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó oposición a los cargos formulados en la acción de tutela , al considerar que valoró en debida forma las pruebas aportadas al plenario y a partir de dich o análisis, logró concluir que los síntomas que presentó la víctima no permitieron demostrar con exactitud el diagnóstico final, pues los síntomas primarios no representaron un signo con el que se llegara a inferir8

concluir que los síntomas que presentó la víctima no permitieron demostrar con exactitud el diagnóstico final, pues los síntomas primarios no representaron un signo con el que se llegara a inferir8

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las consecuencias que se causaron con posterioridad.

Finalmente, i ndicó que la acción de tutela no con cumple con el requisito general de relevancia la constitucional, pues el debate planteado por los actores se circunscribe a cuestionar el análisis jurídico y promover una instancia judicial adicional al proceso ordinario.

I.6.- Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO, se limitó a remitir el expediente digital del medio de control de reparación directa objeto de análisis, sin realizar pronunciamiento alguno frente al objeto de la acción de tutela.

I.6.2.- La NACIÓNMINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL y los señores MARTHA MILENA, JAIDER RAMIRO y

SONIA ESTHER RAMOS GONZÁLEZ , DERLY MILENA , JOSÉ MANUEL y LUCRECIA MARÍA GONZÁLEZ ALARCÓN , vinculados en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.9

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en calidad de terceros con interés directo en las resultas del proceso, pese a ser notificados en debida forma, guardaron silencio.9

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II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

La SECCIÓN TERCERA de esta Corporación, mediante sentencia de 20 de mayo de 2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Señaló que los accionantes pretenden reabrir un debate que fue zanjando razonablemente en sede ordinaria por el juez natural de la causa, quien en uso de la autonomía judicial resolvió el asunto a su cargo sin que se advirtiera una actuación ilegitima o arbitraria.

Recalcó que la acción de tutela no puede ser implementada como una instancia adicional, con el objeto de que se atienda favorablemente la tesis planteada por el interesado, pues tal circunstancia desconocería la naturaleza excepcional del mecanismo constitucional.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

Los actores impugnaron la decisión proferida en primera instancia, reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito10

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reiterando los fundamentos jurídicos plasmados en el escrito10

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introductorio.

Igualmente, c uestionaron la providencia de primera instancia, al señalar que hace uso de la acción de tutela en aplicación de la sentencia SU129 de 2021 con la finalidad de exigir la protección de sus garantías constitucionales las cuales fueron trasgredidas por la autoridad judicial accionada que no tuvo en cuenta que el señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ es un sujeto de especial protección.

Recalcaron que el TRIBUNAL no valoró adecuadamente el material probatorio que daba cuenta de las circunstancias en las que se causó el daño antijuridico y la responsabilidad del Estado frente a la deficiente atención médica respecto de la enfermedad que adquirió la víctima mientras prestaba el servicio militar , privándolo s del derecho a ser indemnizados.

Finalmente, recalcaron que se dio cumplimiento a los requisitos de procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, por lo que el a quo debió estudiar de fondo el asunto.11

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por lo que el a quo debió estudiar de fondo el asunto.11

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IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 2021 y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de negocios entre las secciones.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la12

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unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la12

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que

tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asunt os que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma13

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expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde

tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una ab soluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad , la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos

de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor14

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en vir tud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales

decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente15

fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente15

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en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela pr ocede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el presente asunto, la Sala advierte que los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 22 de febrero de 2024 , proferida por el TRIBUNAL que confirmó la decisión del JUZGADO de denegar las pretensiones dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-43-062-2019-00285-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

11001-33-43-062-2019-00285-01.

A la citada providencia se le atribuye la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

Los disensos de los actores subyacen del hecho de que la autoridad judicial incurrió en el defecto fáctico, por la indebida apreciación de las pruebas aportadas y practicadas en el marco del medio de control de reparación directa , mediante las cuales se logaría establecer el16

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nexo de causalidad entre el daño antijuridico causado al señor FRANCISCO MIGUEL RAMOS GONZÁLEZ y la falla en el servicio médico por parte del Ejercito Nacional, en tanto no prestó una atención médica oportuna desde el inicio de la enfermedad y, además, no contaba con personal médico idóneo y debidamente capacitado para atender ese tipo de sintomatología.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la SECCIÓN TERCERA que, mediante sentencia de 20 de mayo de 2024, declaró improcedente el amparo al considerar que no se encontró satisfecho el requisito general de relevancia constitucional.

Inconformes con lo anterior los actores formularon recurso de impugnación frente a la decisión proferida en primera instancia, en el que reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial y,

Inconformes con lo anterior los actores formularon recurso de impugnación frente a la decisión proferida en primera instancia, en el que reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial y, además, señalaron que el TRIBUNAL no valoró adecuadamente el material probatorio que daba cuenta de las circunstancias en las que se causó el daño antijuridico y la responsabilidad del Estado frente a la deficiente atención médica respecto de la enfermedad que adquirió la víctima mientras prestaba el servicio militar, privándolos del derecho a ser indemnizados.17

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Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico que debe resolver consiste en establecer si en el presente caso se debe confirmar, modificar o revocar la decisión de primer grado, para lo cual, en primer lugar, se debe determinar si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos fundamentales deprecados.

En ese orden de ideas , la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario18

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que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional3, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».4

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación5, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

Sala