CE - 2024137VF 0 20240624161652607

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: John Jairo Morales Alzate

Bogotá D.C., quince (15) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00

Referencia: conflicto negativo de competencias administrativas Partes: Procuraduría General de la Nación - Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar y Comisión Seccional de

Disciplina Judicial del Cesar.

Asunto: autoridad competente para conocer y adelantar una actuación disciplinaria contra un particular con funciones públicas transitorias.

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de la función prevista en los artículos 39 y 112, numeral 10, de la Ley 1437 de 2011 1, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 2021 2, procede a estudiar el presunto conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES3

1. El 29 de diciembre de 2017, mediante Resolución núm. 2017330007005, la Superintendencia de la Economía Solidaria señaló que según el objeto social de la COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR L TDA –COALCESAR-, esta es una organización de la economía solidaria que no se encuentra autorizada para ejercer la actividad financiera, razón por la cual, es competencia de esa Superintendencia la inspección, vigilancia, y control.

solidaria que no se encuentra autorizada para ejercer la actividad financiera, razón por la cual, es competencia de esa Superintendencia la inspección, vigilancia, y control.

1Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 2Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 de 2011, y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción. 3 Parte de la Información es extraida del expediente digita l del conflicto No. 110010306000202400053-00 en SAMAI, otra parte, es delRadicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 2 de 21 Así mismo, señaló que, «de acuerdo al artículo 9.1.1.1.1 del Libro 1 del Título 1, Capitulo 1, del Decreto 2555 de 20104 establece la medida de toma de posesión y las medidas preventivas adoptar por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el mismo sentido el artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero establece las causales por las que se puede tomar posesión de los bienes, haberes y negocios de una entidad vigilada y que a juicio de este Ente de Supervisión haga necesaria la medida. »(se resalta)

2. En la misma resolución resolvió:

Artículo 1. - Ordenar la Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA – COALCESAR- (…) por configurarse las

Artículo 1. - Ordenar la Toma de posesión inmediata de los bienes, haberes y negocios de la COOPERATIVA MULTIACTIVA ALGODONERA DEL DEPARTAMENTO DEL CESAR LTDA – COALCESAR- (…) por configurarse las causales de Toma de Posesión señalada en la parte motiva de la presente resolución.

(…)

ARTÍCULO 4.- Designar como Agente Especial a la doctora Mar ía Cristina Rivera Burbano identificada con cédula de ciudadanía número 59.829.165, quien deberá ser notificada y para todos los efectos será el representante legal de la intervenida. (…). (se resalta)

3. El 2 de julio de 2019, m ediante oficio con radicado núm. 201933101377315, la Superintendencia de la Economía Solidaria compulsó copias a la Procuraduría General de la Nación, con el fin de que investigara la presunta falta disciplinaria en que pudo incurrir la señora María Cristina Rivera Burbano designada como agente especial dentro de la toma de posesión adelantada contra la Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar Ltda. (COALCESAR). Lo anterior, debido a las presuntas irregularidades presentadas durante su gestión.

4. Por medi o de auto de l 2 agosto de 2023 6, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar declaró su falta de competencia para adelantar acciones disciplinarias contra la señora María Cristina Rivera Burbano, por la supuesta falta disciplinaria en la que incurri ó como agente especial. En consecuencia, remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valledupar (SIC), para que esta conociera sobre el asunto.

falta disciplinaria en la que incurri ó como agente especial. En consecuencia, remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Valledupar (SIC), para que esta conociera sobre el asunto.

4 Mediante la Resolución núm. 2017330007005 , la cual es un acto administrativo en firme, la Superintendencia de la Economía Solidaria determino que la toma de posesión se iba a adel antar bajo el Estatuto Financiero y el Decreto 2555 de 2010. 5 La Información es extraida tanto del expediente digital del conflicto No. 11001030600020240005300 en SA MAI, expediente que fue individualizado y del que surge el presente expediente No. 110010306000202400137-00. 6 Información extraída del expediente digital del conflicto No. 110010306000202400053 -00, en SAMAI.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 3 de 21

5. Mediante auto de octubre 2 de 2023 7, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar rechazó la competencia para adelantar el proceso disciplinario y promovió conflicto negativo de competencias ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 257 -A de la Constitución Política y en los artículos 70 y 92 de la Ley 1952 de 2019.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

Por medio de Auto del 21 de marzo de 2024, emitido dentro del expediente 1100103-06-000-2024-00053-00, el consejero ponente ordenó conformar expedientes independientes y asignar número de radicación a los conflictos relacionados con

Por medio de Auto del 21 de marzo de 2024, emitido dentro del expediente 1100103-06-000-2024-00053-00, el consejero ponente ordenó conformar expedientes independientes y asignar número de radicación a los conflictos relacionados con José de Jesús Ramos Barrios y con María Cristina Rivera Burbano. En cumplimiento de lo anterior, por Secretaría se asignó el radicado 11001-03-06-000-2023-0013700 al conflicto relacionado con la señora María Cristina Rivera Burbano en su calidad de agente dentro del proceso de toma de posesión adelantado contra la Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar Ltda.

(COALCESAR).

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021), el 12 de abril de 2024 se fijó edicto8 en la Secretaría de esta Sala, por el término de 5 días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones.

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la señora María Cristina Rivera Burbano.

Según informe secretarial del 19 de agosto de 20249, durante el término de fijación del edicto las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, mediante informe secretarial del 29 abril de 2024, se

Según informe secretarial del 19 de agosto de 20249, durante el término de fijación del edicto las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio. Posteriormente, mediante informe secretarial del 29 abril de 2024, se

7 Expediente digital No. 110010306000202400137 -00 Samai, indice 1, archivo 110010306000202400137-00. 8 Fijación por edicto núm. 133, documento « 11_POREDICTO_09OFICIOEDICTOPDF_20240410154034», expediente digital. 9 Documento «13_ALDESPACHOPOR_INFORMESECRETARIALRA_20240419121948», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 4 de 21 informó que la Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar Ltda. (COALCESAR) allegó información.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

1. Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar10

Mediante escrito del 15 de febrero de 2024, la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar manifestó que, teniendo en cuenta la naturaleza de las funciones desempeñadas por los auxiliares de justicia y conforme a lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política y los artículos 2, 70, 91 239 y 240 de la Ley 1952 de 2019, no era la entidad competente para conocer del proceso disciplinario objeto del presente conflicto.

Al respecto señaló que, el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 le otorgó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales la titularidad para ejercer la

objeto del presente conflicto.

Al respecto señaló que, el artículo 2 de la Ley 1952 de 2019 le otorgó a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a sus seccionales la titularidad para ejercer la acción disciplinaria contra los particulares disciplinables. Facultad que afirmó, puede ser ejercida contra los auxiliares de justicia, ya que estos últimos, en aplicación del artículo 70 de la misma ley , son considerados como particulares disciplinables sujetos al cumplimiento de dicha normativa.

En sus alegatos el ente de control resaltó que el Código General Disciplinario instituyó un título especial denominado régimen disciplinario de los funcionari os de la rama judicial. En ese título se señala que la acción jurisdiccional disciplinaria contra funcionarios y empleados de la Rama Judicial se ejerce por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y por las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial.

Respecto de los auxiliares de la justicia , señaló que en virtud de lo establecido en los artículos 47 y siguientes de la Ley 1564 de 2012, son particulares que ejercen de manera transitoria funciones públicas, y por ende, la competencia para investigarlos disciplinariamente debe recaer en cabeza de la respectiva Comisión Seccional de Disciplina Judicial.

Finalmente, advierte que, de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código General del Proceso y lo expuesto por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en providencia del 22 de junio de 2023, esta última es la llamada a resolver el presente conflicto de competencias administrativas.

10 Estos alegatos se presentaron para el conflicto No. 110010306000202400053 -00, cuándo el

Judicial en providencia del 22 de junio de 2023, esta última es la llamada a resolver el presente conflicto de competencias administrativas.

10 Estos alegatos se presentaron para el conflicto No. 110010306000202400053 -00, cuándo el mismo no había sido individualizado. Sin embargo, los alegatos se refirieron ex presamente a la competencia para disciplinar a la señora María Cristina Rivera Burbano.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 5 de 21

2. Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Cesar no presentó alegatos. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 2 de octubre de 2022. En dicha oportunidad manifestó que, la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia no puede recaer sobre la comisión, ya que los artículos 70, 91 y 92 de la Ley 1952 de 2019, en concordancia con el artículo 257A de la Constitución Política establecen dicha competencia en cabeza de la Procuraduría General de la Nación.

Al respecto señalo que, el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011 le otorgaba a la extinta Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra auxil iares de la justicia. Sin embargo, dicha función fue derogada con la entrada en vigencia del artículo 265 de la Ley 1952 de 2019. Por lo que según la Comisión Seccional no puede entenderse que dicha competencia siga en cabeza de esta, aún más cuando la autoridad sobra la cual recaía inicialmente dejo de existir.

de la Ley 1952 de 2019. Por lo que según la Comisión Seccional no puede entenderse que dicha competencia siga en cabeza de esta, aún más cuando la autoridad sobra la cual recaía inicialmente dejo de existir.

En línea con lo anterior, manifestó que los auxiliares de la justicia, en concordancia con lo establecido en el artículo 70 de la Ley 1952 de 2019, son particulares que en razón de las funciones p úblicas que desempeñan, están sujetos al régimen disciplinario previsto en la mencionada ley. Así mismo indicó que, según lo establecido en el artículo 92 de dicha normativa, los auxiliares de la justicia eran particulares disciplinables por la Procuradurí a General de la Nación y las personerías.

Indicó que, la función jurisdiccional disciplinaria, según lo establecido en el artículo 239 de la Ley 1952 de 2019, solo podía ser ejercida para adelantar procesos disciplinarios contra funcionarios y empleados judiciales, así como contra particulares que administran justicia. Sin embargo, en el caso de los auxiliares de la justicia, no pueden ser considerados como sujetos disciplinables por la Comisión, ya que no están facultados para administrar justicia.

Finalmente, concluyó que el nuevo código disciplinario, en concordancia con lo establecido en el artículo 257A de la Constitución Política no le otorga a la Comisión Nacional y a sus seccionales, la competencia para adelantar procesos disciplinarios contra auxiliares de la justicia. Por lo que le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar conocer sobre las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra la señora María Cristina Rivera Burbano y contra el señor José de

contra auxiliares de la justicia. Por lo que le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar conocer sobre las actuaciones disciplinarias que se adelanten contra la señora María Cristina Rivera Burbano y contra el señor José de Jesús Ramos Ba rrios, designados como gestora y liquidador respectivamente, de la Cooperativa COALCESAR.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 6 de 21

3. Cooperativa Multiactiva Algodonera del Departamento del Cesar Ltda. En Liquidación. (COALCESAR).

La Cooperativa presentó consideraciones el 29 de abril de 2024, en estas hace un recuento fáctico en donde se centró en enunciar los distintos liquidadores y gestores que ha tenido COALCESAR desde el 29 de diciembre de 2017. Se señaló que la Superintendencia de la Economía Solidaria en el marco de sus funciones de Inspección, Vigilancia y Control a través de la Resolución núm. 2017330007005 del 29 de diciembre de 2017 orde nó la toma de posesión inmediata de los bienes, activos y actividades comerciales de COALCESAR y qué en dicho acto administrativo nombró a la señora María Cristina Rivera Burbano c omo agente especial.

Señaló que dentro del del período de ejecución de la medida de diagnóstico de la situación real de la organización, la Agente Especial María Cristina Rivera Burbano, emitió la Resolución núm. 2018330001925 del 9 de marzo de 2018, por medio de la cual prorrogó por dos (2) meses el término de la medida de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de COALCESAR. Finalmente, la Superintendencia

cual prorrogó por dos (2) meses el término de la medida de toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de COALCESAR. Finalmente, la Superintendencia de la Economía solidaria, el 14 de mayo de 2018, ordenó la toma de posesión para administrar los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa, por el término de un año y nombró a la señora María Inés Fonseca Quiroga cómo agente especial también por el término de un año.

Además del recuento factico que realizó la Cooperativa, no expuso nada respecto de la competencia para disciplinar a la señora María Cristina Rivera Burbano.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Razones por las cuales la Comisión Nacional de Disciplina judicial no es competente para dirimir el conflicto. Reiteración.11

Para comenzar, es importante mencionar que las reglas del inciso 5º del artículo 139 del Código General del Proceso, no le son en principio aplicables a la situación objeto de análisis (conflictos entre una Comisión Seccional y la Procuraduría General de la Nación), por las razones que a continuación, se explican:

11 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 21 de junio de 2023. Exp.1100103-06-000-2022-00289-00 y Consejo de Estado, Sala de Consulta y Ser vicio Civil. Decisión del 14 de junio de 2022. Exp.11001-03-06-000-2022-00021-00.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 7 de 21

Una de las autoridades en conflicto, en este caso, es la Procuraduría General de la Nación, quien actualmente, no opera como una autoridad administrativa que ejerce funciones jurisdiccionales, en virtud de la sentencia C-030 de 2023, sino que se trata de una entidad que profiere decisiones eminentemente administrativas.

En este sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso regula el trámite y la competencia para resolver, los conflictos negativos de competencia judicial que puedan presentarse, en relación con procesos de la misma naturaleza, entre un juez y una autoridad administrativa que cumpla funciones judiciales , o incluso entre dos autoridades administrativas que desempeñen tales funciones.

Al respecto, la norma correspondiente reza lo siguiente:

Artículo 139. Trámite. Siempre que el juez declare su incompetencia para conocer de un proceso ordenará remitirlo al que estime competente. Cuando el juez que reciba el expediente se declare a su vez incompetente solicitará que el conflicto se decida por el funcionario judicial que sea superior funcional común a ambos , al que enviará la actuación. Estas decisiones no admiten recurso.

El juez no podrá declarar su incompetencia cuando la competencia haya sido prorrogada por el silencio de las partes, salvo por los factores subjetivo y funcional.

El juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales.

El juez o tribunal al que corresponda, resolverá de plano el conflicto y en el mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades

mismo auto ordenará remitir el expediente al juez que deba tramitar el proceso. Dicho auto no admite recursos.

Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales , o entre una de estas y un juez , deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada.

La declaración de incompetencia no afecta la validez de la actuación cumplida hasta entonces. [Se subraya].

Del texto de la norma, se evidencia que ésta va dirigida al juez o a quien haga sus veces y que se trata de una disposición que contribuye a dirimir conflictos de competencia, entre quienes ejercen funciones de esa naturaleza.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 8 de 21 De hecho, al revisar la finalidad del artículo 139 CGP, debe tenerse en cuenta que el mismo, forma parte de la Ley 1564 de 2012, cuyo objeto es precisamente regular: «[…] la actividad procesal en los asuntos civiles, comerciales, de familia y agrarios. Se aplica, además, a todos los asuntos de cualquier jurisdicción o especialidad y a las actuaciones de particulares o autoridades administrativas cuando ejerzan funciones jurisdiccionales, en cuanto no estén re gulados expresamente en otras leyes»12 .

En ese sentido, el artículo 139 del Código General del Proceso forma parte del Libro Segundo, Sección II, Título V del citado estatuto, que regula los conflictos de competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

competencia (Capítulo V), los impedimentos y recusaciones, la acumulación de los procesos, el amparo de pobreza, la interrupción y la suspensión del proceso, refiriéndose en todos los casos, básicamente al proceso judicial.

De lo que se contrae, que el objetivo de la disposición enunciada es el de dirimir conflictos de naturaleza claramente judicial, -y no administrativa-, entre autoridades judiciales o con funciones judiciales, que tengan un superior común.

Una finalidad que se ratifica con la lectura del artículo 24 del CGP en el que se regula también el «ejercicio de funciones jurisdiccion ales por autoridades administrativas», en los casos en que el legislador las haya asignado o las asigne excepcionalmente, con fundamento en la habilitación que para tales efectos le otorga el artículo 116 de la Constitución Política.

Es menester entonces, afirmar que de la lectura detallada del artículo 139 del CGP se desprende a su vez, que éste no aplica en el conflicto de la referencia, puesto que, como se dijo previamente: a) la Procuraduría no es ya, una autoridad administrativa que desempeñe funciones jurisdiccionales, sino que sus atribuciones son administrativas, y b) no existe una autoridad judicial desplazada en el caso concreto, ya que la Procuraduría es una entidad que cumple funciones administrativas, por lo que no puede desplazar ni s ustituir a ninguna autoridad judicial.

Así mismo, teniendo en cuenta que el proceso disciplinario que ocupa a la Sala en esta oportunidad, se rige por la Ley 1952 de 2019, como se explicará más adelante (en razón a que no se ha emitido pliego de cargos), es pertinente citar la regla

esta oportunidad, se rige por la Ley 1952 de 2019, como se explicará más adelante (en razón a que no se ha emitido pliego de cargos), es pertinente citar la regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según lo dispuesto en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, así:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo

12 7 artículo 1º de la Ley 1564 de 2012.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 9 de 21 remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la com petencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato , con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. […] [Subrayas añadidas].

Como se trata de una norma especial, ella debe aplicarse con preferencia sobre otras disposiciones que regulan el procedimiento y la atribución para resolver conflictos de competencia en esta materia (disciplinaria), conforme al conocido principio de que la ley especial prevalece sobre la general (artículo 5, numeral 1°, de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

Sin embargo, tal y como ya se mencionó, al aplicar esta disposición en el caso concreto, resulta que la Comisión Secc ional de Procuraduría Regional de

de la Ley 57 de 1887, y artículo 3 de la Ley 153 de 1887).

Sin embargo, tal y como ya se mencionó, al aplicar esta disposición en el caso concreto, resulta que la Comisión Secc ional de Procuraduría Regional de Instrucción del Cesar y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar , carecen de un superior común inmediato.

Estas razones, por lo tanto, dan cuenta de la imposibilidad de aplicar en este caso, tanto el artícu lo 99 del CGD (norma especial), como el artículo 139 del CGP (relacionado exclusivamente con funciones judiciales); circunstancia que impide concluir que la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sea la autoridad habilitada para solucionar esta clase de disputas competenciales, ya que no existe disposición constitucional o legal alguna, que le otorgue tal atribución a dicha corporación.

Por todo lo anterior, ante la imposibilidad de aplicar normas especiales en este contexto que resuelvan este tipo de c onflicto desde el punto de vista disciplinario, verificar la falta de competencia de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial para dirimir estas situaciones que involucran funciones que no son de naturaleza judicial, y ratificar que la competencia en estos casos le corresponde, a la Sala de Consulta y Servicio Civil en atención a sus funciones constitucionales y legales en materia administrativa, junto con la jurisprudencia constitucional y la doctrina de la Sala que así lo han definido, resulta entonces necesario acudir, como se verá a continuación, a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en la Ley 1437 de 2011, el cual integra el procedimiento ordinario para dirimir los conflictos de competencia administrativa que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de EstadoRadicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 10 de 21 La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»13 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en rel ación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. […]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas transcritas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia admi nistrativa, que se analizan a continuación, en relación con el caso concreto:

1. Que se trate de una actuación o asunto de naturaleza administrativa, particular y concreta

El presente conflicto recae sobre una actuación particular y concreta, que consiste en continuar con el proceso disciplinario iniciado contra la señora María Cristina Rivera Burbano , designada como agente especial por la Resolución núm.

13 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administr ativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en

13 Artículo 34. Procedimiento administrativo común y principal . Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administr ativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código.Radicación: 11001-03-06-000-2024-00137-00 Página 11 de 21 20177330007005 del 29 de diciembre de 2017 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

En relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que, de acuerdo con lo previsto en la L ey 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030-23, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Cesar, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución.

En consecuencia, la Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumple función administrativa (la Procuraduría Regio