CE - 230012333000201300186011SENTENCIA20230505162733

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

Actor: Sinuagro Ltda.

Demandado: Municipio de Cereté y otro Referencia: Acción de reparación directa

Temas: FALLA DEL SERVICIO POR OMISIÓN – responsabilidad por daños padecidos por la omisión en la prestación del servicio de bomberos – INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS – Se impone la confirmación de la sentencia apelada dada la ausencia de prueba sobre los perjuicios reclamados

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Córdoba, a través de la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Se demanda por una falla en la prestación del servicio de bomberos que impidió detener la conflagración ocurrida en un establecimiento de comercio y conllevó a su pérdida total.

I. SENTENCIA APELADA

1. Corresponde a la sentencia del 29 de julio de 2016, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Córdoba decidió la demanda de reparación directa presentada el 11 de marzo de 2013 1, por la sociedad Sinuagro Ltda., en contra

Tribunal Administrativo de Córdoba decidió la demanda de reparación directa presentada el 11 de marzo de 2013 1, por la sociedad Sinuagro Ltda., en contra del municipio de Cereté, con el fin de que se le declare patrimonialmente responsable por los perjuicios sufridos por la indebida prestación del servicio de bomberos.

2. En consecuencia, la demandante solicitó una indemnización por con cepto de perjuicios morales y materiales.

3. Como fundamento fáctico de las pretensiones se narró, en síntesis, que a las 5:30 p.m. del 19 de enero de 2011, en las instalaciones donde funcionaba la

sociedad Sinu agro Ltda. -calle 14 No. 10 -49 del municipio de Cereté-, se presentó una conflagración que terminó en la pérdida total de ese inmueble.

1 Folio 9 del cuaderno 1.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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4. Se indicó que al lugar de los hechos no acudió el Cuerpo de Bomberos Oficial del municipio de Cereté, porque -según lo dicho por un efectivo de ese cuerpo bomberilpara ese momento el carro extintor se encontraba en reparación en el taller, razón por la cual al sitio arribaron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Montería, lo que ocurrió cuando los vecinos del lugar ya habían controlado las llamas y el fuego había consumido la totalidad de las instalaciones

taller, razón por la cual al sitio arribaron los miembros del Cuerpo de Bomberos del municipio de Montería, lo que ocurrió cuando los vecinos del lugar ya habían controlado las llamas y el fuego había consumido la totalidad de las instalaciones de Sin uagro Ltda., así como enseres, computadores, papelería, facturas, libros contables, programas contables, títulos valores e insumos agrícolas.

5. Según la demanda, se incurrió en una falla d el servicio de la demandada, dado que no contó con la prestación oportuna del servicio público esencial de bomberos, a pesar de que dicho servicio se financiaba con el pago del impuesto predial que pagaba el inmueble donde funcionaba esa sociedad2.

La defensa

6. El municipio de Cereté se limitó a manifestar que no le constan los hechos de la demanda y debían acreditarse las imputaciones en su contra3.

7. El Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté fue v inculado como demandado de forma oficiosa, mediante auto del 26 de agosto de 2014 por el Tribunal a quo4.

8. En su contestación, el referido Cuerpo de Bomberos manifestó que al encontrarse en proceso de liquidación, no podía imponerse condena alguna en su co ntra y que, en todo caso, se oponía a las súplicas de la demanda, pues partió d e afirmar que a pesar de que la maquina extintora se encontraba en reparación el día de la conflagración en cuestión, lo cierto era que una vez se recibió el llamado de emergencia, se procedió a pedir ayuda al cuerpo de bomberos del municipio de Montería, los cuales llegaron al sitio de manera

reparación el día de la conflagración en cuestión, lo cierto era que una vez se recibió el llamado de emergencia, se procedió a pedir ayuda al cuerpo de bomberos del municipio de Montería, los cuales llegaron al sitio de manera inmediata. Agregó que las circunstancias de la conflagración eran desconocidas, pues era muy probable que el incendio hubiera sido determinado por un hecho imputable a la víctima, tanto por fallas en el servicio de energía o por las inadecuadas instalaciones eléctricas en el lugar5.

9. Luego de surtirse el debate probatorio 6, en la oportunidad para alegar, el municipio de Cereté manifestó que no se demostró que ese hecho le fuera

2 Folios 1 a 9 del cuaderno 1. 3 Folios 79 a 80 del cuaderno 1. 4 Folio 126 del cuaderno 1. 5 Folios 133 a 139 del cuaderno 1. 6 Mediante auto del 25 de mayo de 2013 se abrió el período probatorio, dentro del cual se decretaron los siguientes medios de prueba: • Denuncia del 20 de enero de 2011 ante la Inspección Central de Policía de Cereté, sobre el incendio acaecido en el establecimiento comercial Sinuagro Ltda. • Informe Técnico suscrito por el señor Juan Otero Coneo, oficial encargado escuadra 1 del Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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imputable, ni mucho menos fueron probados los perjuicios reclamados en el libelo introductorio7.

10. La parte demandante y el Cuerpo de Bomberos Ofici al de Cereté presentaron sus alegatos de manera extemporánea, mientras que el Ministerio Público guardó silencio8.

La sentencia recurrida

11. Mediante sentencia proferida el 29 de julio de 2016, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda en los siguientes términos (se transcribe literal):

• Oficio de la empresa Sinuagro Ltda. dirigido a la DIAN solicitando plazo para presentar la información exógena de la empresa, por la pérdida de la información debido al incendio. • Presupuesto de obra civil. • Recibo de egreso del 17 de febrero de 2001. • Recibos de pago por compras de elementos de sistemas, eléctricos y para mampostería. • Fotografías • Listado de cartera a 31 de diciembre de 2010 • Oficio 0003746 del 14 de diciembre de 2012 suscrito por el alcalde del municipio de Cereté, dando respuesta a una reclamación administrativa hecha por Sinuagro Ltda. y sus socios. • Certificado de existencia y representación legal de Sinuagro Ltda. • Formato 110 de Declaración de Renta del año 2010, con número de formulario 1101601472854 de la

sociedad Sinuagro Ltda.

• Certificado de existencia y representación legal de Sinuagro Ltda. • Formato 110 de Declaración de Renta del año 2010, con número de formulario 1101601472854 de la sociedad Sinuagro Ltda. • Formato 110 de Declaración de Renta del año 2011, con número de formulario 1102601909247 de la sociedad Sinuagro Ltda. • Acta 001 del 06 de julio de 2012. • Decreto 078 del 4 de julio de 2012. • Resolución 0001 del 29 de junio de 2012. • Copia autentica del Acuerdo 03 del 7 de marzo de 2012 por medio del cual se ordena la disolución y liquidación del Cuerpo de Bomberos Oficial del municipio de Cereté, se adoptan normas para su liquidación y se dictan otras disposiciones. • Acta de posesi ón del 9 de septiembre de 2014 de la doctora María Cecilia Vega Chaar, en el cargo de Gerente Liquidador del Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté. • Formulario del Registro Único Tributario 001 de 2013 del Cuerpo de Bomberos Oficial del municipio de Cereté en Liquidación, con número de formulario 14314312981 • Balance general a 31 de diciembre de 2009. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2009. • Balance general a 31 de diciembre de 2010. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2010. • Balance general a 31 de diciembre de 2011. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2011 • Balance general a 31 de diciembre de 2012. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012.

• Balance general a 31 de diciembre de 2011. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2011 • Balance general a 31 de diciembre de 2012. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2012. • Balance general a 31 de diciembre de 2013. • Estado de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2013 • Declaración de Renta y Complementarios o de Ingresos y patrimonios para Personas Jurídicas y Asimiladas, Personas Naturales y Asimiladas Obligadas a llevar Contabilidad de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013 • Copia del informe técnico sobre el relato de los hechos y circunstancias en que se desarrolló el incendio. • Dictamen pericial rendido por el Perito Néstor calderón Reyes. • Testimoniales de los señores José Arturo Pol o González, Juan Hernando Otero Coneo y Jairo Armando Pomares Herrera 7 Folios 260 a 262 del cuaderno 1. 8 Folio 293 del cuaderno 1.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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“PRIMERO: DECLÁRENSE no probadas las excepciones denominadas ‘liquidación y disolución de la demandada’ y ‘abuso del derecho’, propuesta por la parte demandada, por lo dicho en las consideraciones.

SEGUNDO: CONDÉNESE al Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté en Liquidación, o a quien lo haya sucedido procesalmente, a pagar a favor de

por la parte demandada, por lo dicho en las consideraciones.

SEGUNDO: CONDÉNESE al Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté en Liquidación, o a quien lo haya sucedido procesalmente, a pagar a favor de la sociedad actora, SINUAGRO LTDA, la suma de TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS M/cte. $3.425.370, por concepto de daño emergente de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de este provisto.

TERCERO: ABSTENERSE de imponer condena en costas, según se argumentó en la parte considerativa de este proveído.

CUARTO: EXONERESE de responsabilidad al Municipio de Cereté –

Córdoba”.

12. Al resolver el conflicto, el Tribunal a quo sólo analizó la responsabilidad patrimonial frente al Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté. Para ello, sostuvo que, aun cuando mediante Acuerdo 03 del 2012 se ordenó la liquidación de dicho cuerpo de bomberos, lo cierto era que el mismo había sido creado por medio de Acuerdo 010 de 2002, con patrimonio propio e independiente y personería jurídica.

13. Adujo que se probó que el 19 de enero de 2011 ocurrió un incendio en el inmueble donde funcionaba la empresa Sinuagro Ltda., y que para ese día el carro extintor del cuerpo de bomberos demandado se encontraba en reparación, lo cual configuraba una falla en el servicio, dada la desprotección de los ciudadanos respecto de ese servicio público esencial. Agregó que al margen de que no se hubiera probado la causa de la conflagración, lo cierto era que si al

lo cual configuraba una falla en el servicio, dada la desprotección de los ciudadanos respecto de ese servicio público esencial. Agregó que al margen de que no se hubiera probado la causa de la conflagración, lo cierto era que si al lugar de los hechos hubieran arrimado los efectivos del mentado cuerpo de bomberos en el carro extintor, seguramente el incendio y sus consecuencias hubieran sido mucho menores.

14. Indicó que se debía reducir la condena en un 50%, en atención a la configuración de una concurrencia de culpas entre la parte demandante y el cuerpo de bomberos demandado, puesto que el inmueble en cuestión estaba desprovisto de los mecanismos de prevención de incendios, según el testimonio rendido al interior de este proceso por un miembro del cuerpo de bomberos demandado.

15. En cuanto al reconocimiento de los perjuicios, manifestó que no se probó el daño moral -objetivo ni subjetivo -, así como tampoco el lucro cesante. En relación con el daño emergente, sostuvo que fueron allegados unos comprobantes de egreso y unas facturas por compra de programas contables,Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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computadores, reguladores de voltaje, aire acondicionado, materiales de construcción, teléfono panatel, abanico KDK y candados, lo cual ascendía al valor de $6’850.740, suma que reducida a la mitad por la concurrencia de culpas,

computadores, reguladores de voltaje, aire acondicionado, materiales de construcción, teléfono panatel, abanico KDK y candados, lo cual ascendía al valor de $6’850.740, suma que reducida a la mitad por la concurrencia de culpas, arrojaba un valor de $3’425.370, que sería el reconocido a la parte actora.

16. Finalmente, negó el valor de lo pedido por concepto de arriendo, celador, jornaleros, insumos agrícolas, entre otros tantos, por no existir prueba de tales gastos9.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

Síntesis del recurso de apelación

17. En su apelación, la parte actora cuestionó que se hubiera condenado únicamente al Cuerpo de Bomberos Oficial y no al municipio demandado, pues según el artículo 2 de la Ley 332 de 1996, el ente territorial tiene a cargo la prestación el servicio público es encial de bomberos, ya sea a través de cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos para tal fin, lo que indica que se ha debido condenar al municipio de Cereté, entidad que también tiene la responsabilidad de la supervisión y vigil ancia para la buena, eficaz y eficiente prestación del servicio bomberil; por tanto, solicitó se condenara al municipio de Cereté.

18. De otro lado, cuestionó la concausa declarada y solicitó que se exonerara de responsabilidad a la sociedad com ercial Sinuagro Ltda., dado que contaba con un extintor al interior del inmueble, tal como lo regula la ley y como podía ser corroborado con los testimonios rendidos al interior del proceso por empleados del establecimiento de comercio, solo que para el momento de la conflagraciónun extintor al interior del inmueble, tal como lo regula la ley y como podía ser corroborado con los testimonios rendidos al interior del proceso por empleados del establecimiento de comercio, solo que para el momento de la conflagración5:50 pmen las instalaciones de la empresa no había nadie, porque el horario de los trabajadores en la tarde era de 2:00 pm a 5:00 pm, por lo que fue imposible hacer uso de tal extintor.

19. En relación con la denegatoria de los p erjuicios, adujo que el daño moral no exige prueba específica y surge por el solo hecho de la acción antijurídica, por ende, debió ser reconocido; sobre el lucro cesante manifestó que le exigieron a la parte actora documentos contables que no tiene porque fueron consumidos por las llamas, tales como los títulos valores en los que se soporta la cartera por cobrar a favor de Sinaugro y, en todo caso, que algunos fueron allegados al acervo probatorio, y si resultaron insuficientes para probar tal perjuicio, en tonces, se debió condenar en abstracto. Finalmente, en lo referente al daño emergente, sostuvo que se probó con el informe del Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté y el dictamen pericial rendido al interior de este proceso, en los que se hizo la

9 Folios 290 a 303 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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relación de los daños causados a la empresa con la conflagración, como lo era la

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relación de los daños causados a la empresa con la conflagración, como lo era la pérdida de semillas y otros insumos que se encontraban al interior de la bodega. Manifestó que se debe condenar en abstracto frente a los gastos de arriendo, jornaleros, celador y de más que fueron detallados en la demanda, en caso que no sea posible calcular su valor o probarlo10.

20. Al alegar de conclusión, la parte actora insistió en los argumentos esbozados a lo largo del proceso 11, mientras que las demandadas y el Ministerio Público guardaron silencio12.

III. CONSIDERACIONES

21. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia, procede la Sala a resolver el recurso de apelación.

El objeto del recurso de apelación

22. Como se ha reseñado, el objeto de la apelación se circunscribe a verificar si el municipio demandado también está llamado a responder por el daño reclamado, al tiempo que se deberá establecer si se configuró una concausa en la producción del daño. Establec ido lo anterior, se analizará lo correspondiente a la acreditación y liquidación de los perjuicios inmateriales y materiales en los términos referidos en la apelación formulada.

Sobre la configuración de la concausa en el presente caso

23. La Sala advierte que se confirmará la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de la concausa en la producción del daño establecida por el tribunal,

Sobre la configuración de la concausa en el presente caso

23. La Sala advierte que se confirmará la sentencia apelada en cuanto a la declaratoria de la concausa en la producción del daño establecida por el tribunal, pero reducirá el porcentaje de participación de la víctima en un 3 0%, de acuerdo con el razonamiento que pasa a exponerse.

24. El legislador a través de la Ley 322 de 1996 13, le otorgó la categoría de servicio público esencial a la prevención y control de incendios y demás calamidades conexas a cargo de las instituciones bomberiles. Además, estableció la obligación a cargo de los distritos, municipios y entidades territoriales indígenas de prestar ese servicio a través de los cuerpos de bomberos oficiales o mediante la celebración de contratos con los cuerpos de bomberos voluntarios, bajo la coordinación, complementariedad, intermediación y cofinanciación de proyectos por part e de los departamentos y la adopción de políticas generales por parte de la Nación.

10 Folios 306 a 327 del cuaderno del Consejo de Estado. 11 Folios 347 a 352 del cuaderno del Consejo de Estado. 12 Folio 353 del cuaderno del Consejo de Estado. 13 “Por la cual se crea el Sistema Nacional de Bomberos de Colombia y se dictan otras disposiciones”.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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25. La anterior definición está acompañada de una serie de menciones al propio sistema que hace presumir el cumplimiento y desarrollo de un cúmulo de

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25. La anterior definición está acompañada de una serie de menciones al propio sistema que hace presumir el cumplimiento y desarrollo de un cúmulo de actividades administrati vas, presupuestales, contractuales, de ordenación y, en general, de planeación propias para la implementación y desarrollo del citado servicio.

26. Como se ha referido, la normatividad prevé que el servicio público esencial de bomberos es una obligación de l os distritos, municipios y entidades territoriales indígenas para lo cual podrán constituir Cuerpos de Bomberos Oficiales o celebrar contratos con los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, es decir, si bien es cierto que la prestación eficiente del servicio púb lico de prevención y atención de incendios y demás calamidades conexas está a cargo de entes territoriales, también lo es que la generación del mismo -del serviciose puede trasladar a cuerpos de bomberos oficiales y voluntarios.

27. La Sala encuentra que e l ente territorial demandado, amparado en las precitadas normas legales, mediante Acuerdo 010 de 2002 14 creó el Cuerpo de Bomberos Oficial de Cereté, como una entidad autónoma descentralizada y lo dotó con patrimonio independiente y personería jurídica, p or tanto, al tener capacidad para ser parte en los procesos judiciales, se tiene que es dicho cuerpo bomberil el único llamado a responder por las condenas que se deriven de la prestación del servicio público a él encomendado.

28. Por otra parte, en el recurso de apelación, se sostuvo que no ha debido atribuírsele participación alguna en la concreción del daño a la parte actora y, en

prestación del servicio público a él encomendado.

28. Por otra parte, en el recurso de apelación, se sostuvo que no ha debido atribuírsele participación alguna en la concreción del daño a la parte actora y, en consecuencia, reducirse la condena en un 50%, por cuanto la empresa Sin uagro Ltda. contaba con un extintor al interior del inmueble donde se presentó la conflagración, tal como lo establece la ley. Sobre el particular, se observa que según lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 322 de 1996, la prevención de incendios es responsabilidad de todas las autoridades y de los habi tantes del territorio colombiano.

29. A su vez, la Ley 9 de 1979 15 señala que en todo lugar de trabajo y frente a toda clase de trabajo, cualquiera que sea la forma jurídica de su organización o prestaciones16, se deben adoptar las medidas de higiene y segurid ad necesarias para prevenir17, entre otras cosas, la ocurrencia de incendios 18, las cuales están contenidas en la Resolución 2400 de 1979 19 o Estatuto de Seguridad Industrial,

14 Folio 120 del cuaderno 1. 15 Por medio de la cual se dictan medidas sanitarias. 16 Artículo 82 de la Ley 9 de 1979. 17 Artículo 98 de la Ley 9 de 1979. 18 Artículo 114 de la Ley 9 de 1979. 19 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del referido estatuto: Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de

18 Artículo 114 de la Ley 9 de 1979. 19 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° del referido estatuto: Las disposiciones sobre vivienda, higiene y seguridad reglamentadas en la presente Resolución, se aplican a todos los establecimientos de trabajo, sin perjuicio de las reglamentaciones especiales que se dicten para cada centro de trabajo enRadicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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en cuyo Título VI se establece que, para evitar ese tipo de riesgos en todos los establecimientos de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, “ya sea por emplearse elementos combustibles o explosivos o por cualquier otra circunstancia”, se debe disponer “de suficiente número de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques d e depósito de reserva o aparatos extintores, con personal debidamente entrenado en extinción de incendios” 20; además, deben colocarse puertas de entrada y ‘salidas de emergencias’ suficientes y convenientemente distribuidas. Estas puertas, como las ventanas , deberán abrirse hacia el exterior y estarán libres de obstáculos21.

30. Para su extinción, en el referido estatuto se establece que todo establecimiento de trabajo debe contar con extintores de incendio adecuados para la actividad desarrollada22, cuyo número no será inferior a uno por cada 200 metros cuadrados de local o fracción, los cuales deben colocarse en las proximidades de los lugares con mayor riesgo o peligro y en sitios donde se encuentren libres de todo obstáculo y que permitan actuar rápidamente y sin

metros cuadrados de local o fracción, los cuales deben colocarse en las proximidades de los lugares con mayor riesgo o peligro y en sitios donde se encuentren libres de todo obstáculo y que permitan actuar rápidamente y sin dificultad23; además, si se trata de lugares de trabajo que ofrezcan peligro de incendio, “deberán tomarse las medidas necesarias para que todo incendio en sus comienzos, pueda ser rápidamente combatido, para salvar el personal y los bienes materiales»24.

31. Lo expuesto permite afirmar que la prevención de incendios no solo le compete a las autoridades, sino que a los particulares también les corresponde adoptar medidas de seguridad en sus lugares de trabajo tendientes a evitar o mitigar los efectos de la concreción de ese tipo de riesgos, m áxime si se trata de establecimientos que ofrecen peligro de incendio, todo ello porque se pretende que las personas desarrollen sus actividades en condiciones de seguridad y, asimismo, proteger sus bienes.

32. En ese s entido, estima la Sala que, Sin uagro Ltda. estaba en el deber de adoptar ese tipo de medidas para evitar la propagación de incendios y, concretamente, le correspondía asumir la carga de probar la adopción de las medidas para contrarrestar incendios; no obstante, no lo hizo, pues , aun cuando no se soslaya que en su testimonio el señor José Arturo Polo González, quien era empleado de Sin uagro Ltda-. manifestó que en la empresa se contaba con un extintor25, lo cierto es que, más allá de la discusión de la credibilidad de su dicho, da do el vínculo laboral, ese único elemento resulta insuficiente para

un extintor25, lo cierto es que, más allá de la discusión de la credibilidad de su dicho, da do el vínculo laboral, ese único elemento resulta insuficiente para

particular, con el fin de preservar y mantener la salud física y mental, prevenir accidentes y enfermedades profesionales, para lograr las mejores condiciones de higiene y bienestar de los trabajadores en sus diferentes actividades (se destaca). 20 Artículo 205 del Estatuto de Seguridad Industrial. 21 Artículo 207 del Estatuto de Seguridad Industrial. 22 Artículo 220 del Estatuto de Seguridad Industrial. 23 Artículo 221 del Estatuto de Seguridad Industrial. 24 Artículo 222 del Estatuto de Seguridad Industrial. 25 CD obrante a folio 258 del cuaderno 1.Radicación: 23001-23-33-000-2013-00186-01 (58.337)

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contrarrestar conflagraciones, amén de que la referida normativa establece otros tantos para tal fin, como un número significa tivo de tomas de agua con sus correspondientes mangueras, tanques de depósito de reserva y personal debidamente entrenado en extinción de incendios, nada de lo cual se demostró que tuviera la empresa demandante para el momento del incendio.

33. Se recuerda que, tal como lo ha señalado la doctrina y la jurisprudencia, ante la ocurrencia de un daño, la víctima adquiere la carga 26 fundada en el principio de buena de fe 27 de mitigar el daño, la cual consiste en adoptar todas las

la ocurrencia de un daño, la víctima adquiere la carga 26 fundada en el principio de buena de fe 27 de mitigar el daño, la cual consiste en adoptar todas las medidas razonables para evitar o aminorar los efectos del resultado lesivo, cuya no realización puede dar lugar a que se reduzca la indemnización en proporción a la incidencia de su omisión28, de allí que, si aquella pretende la reparación total de los perjuicios causados, debe demostrar que aun utilizando las medidas que le eran razonablemente exigibles no pudo contener su agravación29.

34. Esta Subsección ha precisado que está en manos del interesado evitar el daño, pues de lo contrario incurre en una actitud negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la obtención de una ventaja o pr ovecho económico, con cargo al patrimonio de aquélla, pues tal comportamiento no sólo resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se deben regir todas las relaciones entre el Estado y los administrados, sino

26 «Si bien hemos hablado de deber es necesario dejar en claro que el empleo de esta palabra se ha hecho en el sentido lato de ella, pues, en estricto rigor, la naturaleza jurídica del comportamiento exigido a cada ciudadano es la de carga. No cabe habl ar de deber, toda vez que no existe la posibilidad de forzar su cumplimiento. Se trata de una carga de diligencia consigo mismo (…). De esa manera también se explica por qué la carga de diligencia no opera solo en el ámbito contractual sino también en el e xtracontractual, pues la víctima que pretenda el resarcimiento total de su daño deberá

también se explica por qué la carga de diligencia no opera solo en el ámbito contractual sino también en el e xtracontractual, pues la víctima que pretenda el resarcimiento total de su daño deberá demostrar que ella se encuentra exenta de toda negligencia o imprudencia, en caso contrario deberá soportar una parte del daño . Por lo demás, la carga subsiste incluso c uando ya se ha verificado la acción lesiva del tercero, surgiendo entonces el deber de evitar o mitigar el daño o, en todo caso, la diligente gestión» (negrilla por fuera del original). SAN

MARTÍN NEIRA, Lilian C. La carga del perjudicado de evitar o mitigar el daño. Estudio histórico comparado, Bogotá: Universidad Externado de Colombia, 2012. 29 «De esta manera se tiene entonces que el incumplimiento de la obligación de mitigación del daño por parte de la víctima, entendida como el deber de utilizar todos los medios que razonablemente tenga a su alcance para evitar la onda expansiva del daño se ex tienda o se agrave se pueda encuadrar como una de las manifestaciones de la causal denominada de forma genérica como hecho de la víctima y, en ese sentido, podrá verse disminuida la apreciación del daño para retomar los términos del artículo 2357 del Códig o Civil Colombiano. La víctima podrá utilizar todos los medios probatorios para demostrar que aun utilizando las medidas que le eran razonablemente exigibles, no pudo contener la agravación del daño , evento en el cual no se podrá exonerar al demandado» (se destaca). PATIÑO, Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual. En: revist