CE - 230012333000201300423011SENTENCIA20230710115535

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinte (20) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: KATHERINE ESPERANZA BERRIO MANGONES Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE – la demanda se presentó con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1437 de 2011; por ende, es esta la ley aplicable a la controversia / DAÑO – Derivado de la imposición de la medida de suspensión del poder dispositivo y el secuestro de los bienes de propiedad del demandante/ ERROR JUDICIAL – Se niegan las pretensiones , porque no se cumplió con el requisito indispensable para que se configure el título de error judicial, cual es que las providencias en las cuales se adoptaron las decisiones que hubieran resultado desfavorables al demandante contravinieran la ley.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por las partes en contra de la sentencia proferida el 30 de julio de 2015, por la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se solicitó la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la

Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

Se solicitó la indemnización de perjuicios causados como consecuencia de la imposición de una medida cautelar sobre varios bienes inmuebles de propiedad del demandante señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, porque afirmó que no estaba obligado a soportar la medida impuesta.2

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito presentado el 20 de noviembre de 2013 (fl. 16 c.1), ante la Oficina Judicial de Montería, los señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, Erminia Mangones Romero, Katherine Esperanza Berrio Mangones, Raúl Ricardo Álvarez Mangones, Rodolfo Ricardo Álvarez Cadavia, Rodrigo Ricardo Álvarez Argumedo, Martha Cecilia Álvarez Argumedo, Sady Helena Álvarez Argumedo y Alexandra Álvarez Cavadia, mediante apoderado judicial (fls. 17-24 c.1), presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nació n-Fiscalía General de la Nación, en la cual solicitaron que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas:

1.- Que se declare a la Nación – Fiscalía General de la Nación administrativamente responsable de los perjuicios de orden material, morales y de relación causados a los actores señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, Erminia Mangones Romero, Katherine Esperanza Berrio Mangones, Raúl

administrativamente responsable de los perjuicios de orden material, morales y de relación causados a los actores señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, Erminia Mangones Romero, Katherine Esperanza Berrio Mangones, Raúl Ricardo Álvarez Mangones, Rodolfo Ricardo Álvarez Cadavia, Rodrigo Ricardo Álvarez Argumedo, Martha Cecilia Álvar ez Argumedo, Sady Helena Álvarez Argumedo y Alexandra Álvarez Cavadia, por fallas en el servicio por el defectuoso funcionamiento en la administración de justicia cometido por la Fiscalía General de la Nación, Unidad Nacional para la Extinción del Derecho del Dominio y Contra el Lavado de Activos de la ciudad de Bogotá, al proferir erróneamente resolución judicial que suspendía el poder de goce, uso y disposición que tenía los actores sobre su bien inmueble de mayor extensión y cuyos linderos y cavidades ap arecen en las escrituras públicas n. 544 del 18/09/198, 287 del 29/05/92, 267 del 29 /05/92, 333 del 09/05(95, 287 del 20/05/92, y con los folios de matrículas inmobiliarias n.° 141 -9825, 141-12121, 141-16010, 141-8711 oficina de registro de la ciudad de Ayapel.

2.- Condenar en consecuencia a la Nación-Fiscalía General de la Nación, como reparación del daño causado a pagar a los demandantes tanto los perjuicios de orden material, moral y de relación, así:

2.1.- Daños materiales. - Daños emergentes La fami lia Álvarez, como consecuencia de las fallas del servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la Nación-Fiscalía

orden material, moral y de relación, así:

2.1.- Daños materiales. - Daños emergentes La fami lia Álvarez, como consecuencia de las fallas del servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia de la Nación-Fiscalía General de la Nación, al suspenderle el uso, goce y disposición de su finca. Le causaron daños que tuvieron que asumir para la defensa dentro del mencionado proceso de extinción de dominio y recuperación de su finca posterior a su entrega con el poco patrimonio que tenía, gastaron la suma de $127362.346,oo.

Suma esta que debe ser cancelada al señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y a su familia.

• Lucro cesante3

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Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

Este lucro está comprendido por los dineros que dejaron de entrar al patrimonio de mi poderdante, teniendo en cuenta la actividad comercial que desarrollaba y los valores de su patrimonio e ingresos netos al momento del acto antijurídico de la Fiscalía Gen eral de la Nación los cuales los valoramos razonadamente así:

Por concepto del activo fijo corriente al 31 de diciembre de 2002, el señor Álvarez, poseía 196 semovientes con valor comercial de $116418.984,oo.

Proyectado al año 18 de enero de 2012, es decir 108 meses y 27 días, da como lucro cesante la suma de $4.433214.275,89.

Proyectado al año 18 de enero de 2012, es decir 108 meses y 27 días, da como lucro cesante la suma de $4.433214.275,89.

Que deben ser pagados al señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera.

Arriendo de pastizales de 609 machos de levante a un precio mensual de $18.000 y 50 vacas paridas a valor de $36. 000 mensual de pasto da como $4.606440.959,84.

Que deben ser pagados al señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera.

Actividad lechera a fecha de 19 de diciembre de 2002, venta mensual durante este periodo la suma de $2108.089,59 con promedio de 3.372 litros mensuales.

Para una proyección de 108 meses y 27 días, es decir al 18 de enero del 2012 de la suma de $1735.803,38.

Que deben ser pagados al señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera.

Para un gran total liquidado por lucro cesante la suma de $10.775548.916,21.

2.2.- Perjuicios morales

Estos perjuicios morales los valoramos razonadamente teniendo en cuenta el grado de aflicción, dolor que le produjo el acto antijurídico a mis poderdantes así:

Para el señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

A la señora Erminia Mangones Romero, la suma de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para cada uno de los hijos Katherine Esperanza Berrio Mangones, Raúl Ricardo Álvarez Mangones, Rodolfo Ricardo Álvarez Cavadia, Rodrigo Ricardo Álvarez

legales mensuales vigentes.

Para cada uno de los hijos Katherine Esperanza Berrio Mangones, Raúl Ricardo Álvarez Mangones, Rodolfo Ricardo Álvarez Cavadia, Rodrigo Ricardo Álvarez Argumedo, Martha Cecilia Álvarez Argumedo, Sady Helena Álvarez Argumedo, Alexandra Álvarez Cavadia, la s uma de cincuenta salarios mínimos legales vigentes para cada uno de ellos.

2.3.- Perjuicios de relación

La actividad antijurídica causó en los señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y Ermina Mangones Romero, un alejamiento con sus amistades, la satisfacción de sus actividades comerciales de ganadero y otras las cuales las valoramos razonablemente en la suma de $100000.000,oo.4

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

3.- La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del Código Contencioso Administrativo, aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice del precio al consumidor IPC, desde la fecha de la ocur rencia de los hechos hasta la ejecutoria del correspondiente fallo administrativo.

4.- La parte demandada dará cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 y 177 del Código Contencioso Administrativo.

Las anteriores pretensiones se fundam entaron en los hechos que se relatan a continuación:

Mediante informe del 24 de septiembre de 2002, el área especializada de investigaciones financieras del extinto DAS dio cuenta de un posible testaferrato y

continuación:

Mediante informe del 24 de septiembre de 2002, el área especializada de investigaciones financieras del extinto DAS dio cuenta de un posible testaferrato y enriquecimiento ilícito del ahora demandante s eñor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, “ supuestamente obtenido por su relación con el fallecido cabecilla e integrante del EPL” señor Isidro Martínez Pastrana, alias el viejo Rafa.

Con la resolución 673 de octubre de 2002, le fue asignado el trámite de la acción de extinción de dominio a la Fiscalía 17 Especializada.

Mediante resolución del 19 de diciembre de 2002, la Fiscalía 2 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, ordenó la suspensión de la disposición, uso y goce que tenía el ahora demandante sobre la finca de su propiedad ubicada en el corregimiento de Pica Pica del municipio de Montelíbano, así como el embargo y secuestro del mismo bien y pasó la administración a la Dirección Nacional de Estupefacientes, el 21 de diciembre de 2002.

Se manifestó en la demanda que en el expediente obraba la copia de la indagatoria rendida el 10 de agosto de 2006 por el señor Nelson Elías Célis Giraldo, en la que dio cuenta de la manera cómo los fiscales 2 y 17 Especializados de la Unidad Nacional de Extinción del derecho de Dominio “conspiraban con supuestos excombatientes del EPL para señalar a ganaderos y comerciantes de la región cordobesa como testaferros de dicha organización al margen de la ley”.5

Nacional de Extinción del derecho de Dominio “conspiraban con supuestos excombatientes del EPL para señalar a ganaderos y comerciantes de la región cordobesa como testaferros de dicha organización al margen de la ley”.5

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

Mediante resolución del 22 de julio de 2009, la Fiscalía 34 Especializada de la Unidad Nacional de Extinción de Derecho de Dominio declaró la improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio sobre los bienes del señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera.

El 28 de julio de 2011, el Juzgado 14 Penal del Circuito ratificó la improcedencia de la acción de extinción del derecho de dominio, providencia que fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá el 9 de septiembre de 2011.

Los bienes incautados fueron devueltos al ahora demandante el 18 de enero de 2012, acta en la cual se dejó constancia del mal estado en que se encontraba la finca, después de más de 9 años de habérsele privado de su uso y goce.

Se dice que la suspensión del dominio y la materialización del embargo y secuestro de los bienes del señor Álvarez Herrera, le produjo a los ahora demandantes perjuicios materiales, morales y de relación, dado que no pudieron continuar ejerciendo sus actividades agrícolas y ganaderas; además, porque el señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera fue rechazado y señalado como testaferro, razón por la

perjuicios materiales, morales y de relación, dado que no pudieron continuar ejerciendo sus actividades agrícolas y ganaderas; además, porque el señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera fue rechazado y señalado como testaferro, razón por la cual no pudo continuar ejerciendo la actividad comercial que desarrollaba y también “se le afectó su moral y hones tidad, el buen nombre, el cual era altamente reconocido en su comunidad”.

En la demanda se resalta que lo que se pretende demostrar es que “los funcionarios de la Fiscalía, que dieron inicio a este proceso de extinción de dominio sobre los bienes de mis poderdantes, incurrieron en graves errores y faltas que van en contra del orden legal, al permitir junto a esos testigos mendaces, falsos y mentirosos, que por más de 9 años se les suspendiera el dominio, uso y goce de su finca, por conductas que jamás cometió”.

2. Trámite de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Córdoba, mediante proveído de 29 de enero de 2014, inadmitió la demanda (fl. 127 c. 1). La parte demandante dentro del término legal la corrigió en el sentido de allegar las copias de la demanda y sus anexos faltantes y6

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

adicionar como demandante a la señora Erika Patricia Álvarez Argumedo (fl. 128 c. 1). El 17 de marzo siguiente, el a quo admitió la demanda, decisión que fue

Referencia: Acción De Reparación Directa

adicionar como demandante a la señora Erika Patricia Álvarez Argumedo (fl. 128 c. 1). El 17 de marzo siguiente, el a quo admitió la demanda, decisión que fue legalmente notificada (fls. 130-131, 135 c.1).

La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda, de forma oportuna (fls. 140146 c. 1). Señaló que los supuestos esenciales del libelo demandatorio no permiten estructurar responsabilidad patrimonial e indemnizatoria en cabeza de la demandada, dado que no existe nex o de causalidad entre el hecho dañoso y los perjuicios que se manifiesta sufrieron los demandantes (fls. 140-146 c. 1).

2.1. Audiencia inicial

El 29 de septiembre de 2014, se fijó fecha para la celebración de la audiencia inicial prevista en el artículo 180 del CPACA (fl. 167 c. 1).

La diligencia en mención se realizó el 22 de octubre de 2014, oportunidad en la cual se llevaron a cabo las etapas previstas en la disposición normativa en comento, esto es, saneamiento, decisión de excepciones previas, fijación del litigio, conciliación y decreto de pruebas (fls. 171-176 c. 1).

Los sujetos procesales no advirtieron vicios que requirieran la adopción de medidas de saneamiento.

El Tribunal Administrativo de Córdoba dejó constancia de que no se presentaron excepciones previas y que tampoco encontró configuradas las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa ni prescripción

El Tribunal Administrativo de Córdoba dejó constancia de que no se presentaron excepciones previas y que tampoco encontró configuradas las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta de legitimación en la causa ni prescripción extintiva y procedió a fijar el litigio en los siguientes términos:

Se contrae a establecer si la Fiscalía General de la Nación es administrativamente responsable por los daños materiales, morales y de relación ocasionados a los demandantes con ocasión de la acción de extinción de dominio en la finca de su propiedad, por configurarse una falla del servicio por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, durante el trámite de dicha acción y por lo tanto si se configuran cada uno de los elementos requeridos para que se configure una responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación.7

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

La fijación del litigio fue puesta en consideración de las partes, quienes manifestaron expresamente su aceptación. Además, se declaró fallida la audiencia de conciliación porque la entidad demandada afirmó carecer de ánimo conciliatorio.

Posteriormente, se decretaron las pruebas documentales aportadas con la demanda y la contestación, se ordenó oficiar: i) a la Fiscalía 34 delegada UNCLA para que remitiera copia del expediente con radicado n.° 1636, ll) a la oficina de registro de instrumentos públicos de Ayapel Córdo ba para que remitiera copia de

para que remitiera copia del expediente con radicado n.° 1636, ll) a la oficina de registro de instrumentos públicos de Ayapel Córdo ba para que remitiera copia de las escrituras 544 del 18 de septiembre de 1989, 228 del 29 de mayo de 1992, 267 del 29 de mayo de 1992, 333 del 9 de mayo de 1995 y 287 del 29 de mayo de 1992, decretó algunos testimonios y tuvo como prueba el dictamen peric ial aportado por la parte demandante.

2.3. Audiencia de pruebas

El 25 de noviembre de 2014, se inició la audiencia de pruebas, en la que se practicaron los testimonios decretados, se suspendió y fue reanudada el 3 de diciembre siguiente, fecha en la que se debatió el dictamen pericial decretado (fls. 197-199, 207-209 c. 1).

Agotado el objeto de la audiencia, el Tribunal en cumplimiento de lo dispuesto en el inciso final del artículo 181 del CPACA, prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y otorgó a las partes el término de 10 días para que presentaran, por escrito, sus alegatos de conclusión.

2.4. Alegatos de conclusión

La Fiscalía General de la Nación reiteró lo manifestado en su contestación y aseveró que el actuar de los agentes de las Fiscalías 17 y 2 Especializadas de la Unidad para la Extinción del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos al decretar la medida cautelar sobre los predios de propiedad del demandante, fueron acordes con las normas procedimentales y con las pruebas obtenidas (fls. 221-223 c. 1).

la medida cautelar sobre los predios de propiedad del demandante, fueron acordes con las normas procedimentales y con las pruebas obtenidas (fls. 221-223 c. 1).

La parte demandante reiteró que el da ño se concretó cuando los demandantes fueron privados del uso, goce y disposición de los inmuebles, lo que produjo los perjuicios por los que ahora se demanda (fls. 224-232 c. 1).8

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

El Ministerio Público guardó silencio.

3. Sentencia de primera instancia

Mediante providencia del 30 de julio de 2015, el Tribunal Administrativo de Córdoba accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Como sustento de la decisión, expuso que el daño antijurídico que sufrió la parte demandante es imputable a la Fisc alía, “por ser un daño especial como consecuencia de haber iniciado un proceso de extinción de dominio y decretado el secuestro de varios bienes inmuebles, suspendiendo el uso goce y disfrute de dichos inmuebles, para después de una larga investigación con cluyera la improcedencia de la extinción de dominio de los bienes, razón por la cual el Juzgado Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá, declaró judicialmente que no había lugar a la extinción de los bienes de propiedad del hoy demandante”.

Agregó que la imposición de la medida trajo como consecuencia la ocupación y

Catorce Penal del Circuito Especializado de Bogotá, declaró judicialmente que no había lugar a la extinción de los bienes de propiedad del hoy demandante”.

Agregó que la imposición de la medida trajo como consecuencia la ocupación y suspensión del poder adquisitivo de los bienes por un periodo considerable, daño que la parte demandante no se encontraba en el deber de soportar. Declaró la responsabilidad patrimonial de la entidad demandada solo hasta el 22 de julio de 2008, fecha en la que se terminó el trámite del proceso , cuyo conocimiento pasó luego al juez penal.

Todo lo anterior para concluir que “aunque la actuación de la Fiscalía General de la Nación estuvo amparada por disposiciones constitucionales y por tanto es legítima, no existe duda alguna sobre la existencia del daño antijurídico infringido a la demandante, el cual no estaba en la obligación de soportar, pues el proceso de extinción implicó una separación de la disposición de los bienes de su propiedad y una disminución patrimonial que generó un rompimiento de la igualdad frente a la asunción de las cargas públicas, pues, mientras que el actor soporta un detrimento en su patrimonio, el Estado y los demás conciudadanos se beneficiaron al buscar el esclarecimiento de la procedencia ilícita o no de los bienes de propiedad del accionante, daño que se acentúa aún más al no demostrarse la procedencia ilegal de los bienes”.9

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

No apreció el dictamen pericial allegado al proceso, por considerar que no cumplía con los requerimientos del artículo 226 del CGP. Negó el reconocimiento del daño emergente, dado que no fue probado en el plenario.

Dejó claro que con la medida impuesta solo se vio afectado el patrimonio del señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, razón por la cual el reconocimiento económico solo benefició a este demandante.

En relación con el lucro cesante, tuvo por probada la actividad lechera realizada por el señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y reconoció el valor dejado de percibir por el término en que el proceso estuvo ante la Fiscalía General de la Nación, por la venta del líquido a Colanta.

Negó el reconocimiento de perjuicios morales y los de la vida de relación (Fls. 297318 c. 2).

4. Recurso de apelación

La parte demandante dirigió su recurso al reconocimiento de los perjuicios. En relación con el perjuicio material en la modalidad de lucro cesante adujo que se debía extender la indemnización por el periodo comprendido entre junio de 2008 y 18 de enero de 2012, fecha en la cual le fue devuelto el bien. Además, que con la prueba que reposaba en el plenario se encontraba suficientemente probada la actividad ganadera que desarrollaba , razón por la cual se debía adicionar dicho rubro a la indemnización.

prueba que reposaba en el plenario se encontraba suficientemente probada la actividad ganadera que desarrollaba , razón por la cual se debía adicionar dicho rubro a la indemnización.

En lo que tiene que ver con el perjuicio moral, insistió en que debía ser reconocido, dado que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha evolucionado hacia el reconocimiento de este rubro por la pérdida de bienes materiales; agregó que “los testigos fueron diáfanos, concordantes y convergentes en señalar la aflicción, el dolor y sufrimiento que el despojo por más de nueve años se les hizo a los demandantes, también el señalamiento que le hizo la Fiscalía, lo que conllevó a que la comunidad y los amigos cercanos, se alejaran rompiendo de esta manera la amistad de mucho tiempo” (fls. 327-331 c. 2).10

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

La Fiscalía General de la Nación solicitó la revocatoria de la sentencia, porque el decreto de la medida cautelar de embargo y secuestro sobre los predios de propiedad de la parte demandante estuvo acorde con lo dispuesto en la norma vigente para el momento de los hechos. Agregó, que había actuado en cumplimiento de un deber legal ; las providencias dictadas durante el trámite se expidieron en debida forma, gozando de legalidad, razón por la cual no e ra dable concluir la existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad (fls. 323-326 c. 1).

5. Trámite de segunda instancia

debida forma, gozando de legalidad, razón por la cual no e ra dable concluir la existencia de un daño antijurídico imputable a la entidad (fls. 323-326 c. 1).

5. Trámite de segunda instancia

Esta Corporación, mediante providencia del 23 de junio de 2016, admitió el recurso de apelación (fl. 356 -357 c. 2) y, el 19 de agosto siguiente, corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión y al Ministerio Público para que presentara concepto, si lo consideraba pertinente (fl. 359 c. 2). Durante dicho término se guardó silencio.

El 3 de febrero de 2023, la Sala, mediante prueba de oficio, ordenó oficiar al Juzgado Primero Penal del Circuito de Montería Córdoba, para que remitiera en forma digital las decisiones que pus ieron fin a la investigación penal iniciada por los delitos de falso testimonio en concurso con soborno, radicado con el número 2008 -00404 (64314), petición que se cumplió el 11 de mayo de 2023 (índice 30, samai). El 18 de mayo siguiente la secretaría corrió traslado a las partes, de los documentos allegados (índice 31, samai)

CONSIDERACIONES

1. Los presupuestos procesales de la acción

Previo a analizar el fondo del presente asunto, resulta pertinente pronunciarse sobre la competencia de esta Corporación, la procedencia de la acción, la legitimación en la causa y la caducidad.11

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

la causa y la caducidad.11

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

1.1. Competencia de la Sala

El artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, de “las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación”.

Por su parte, el numeral 6 del artículo 152 del CPACA dispone que los tribunales administrativos conocerán en primera instancia, entre otros asuntos, “ de los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

En el caso bajo estudio se advierte que la pretensión mayor superó la cuantía señalada en la mencionada disposición normativa 1, razón por la cual se concluy e que esta Corporación es competente para conocer del recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo de Córdoba el 30 de julio de 2015.

1.2. Legitimación en la causa

Los señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y Erminia Mangones Romero están legitimados en la causa, toda vez que fueron vinculados al proceso de extinción del derecho de dominio, en el que fue suspendido el poder dispositivo, y se ordenó el

Los señores Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y Erminia Mangones Romero están legitimados en la causa, toda vez que fueron vinculados al proceso de extinción del derecho de dominio, en el que fue suspendido el poder dispositivo, y se ordenó el secuestro de los bi enes inmuebles de propiedad del primero de los nombrados, distinguidos con las matrículas inmobiliarias n.° 141 -9825, 141-12120, 141-12121, 141-16010 y 141-8711.

Los señores Katherin Esperanza Berrio Mangones, Raúl Ricardo Álvarez Mangones, Rodolfo Ricardo Álvarez Cadavia, Rodrigo Ricardo Álvarez Argumedo, Martha Cecilia Álvarez Argumedo, Sady Helena Álvarez Argumedo y Alexandra Álvarez Cadavia, quienes acuden al proceso en calidad de hijos de los señores

1 La pretensión mayor, por concepto de lucro cesante ascendió a la suma de $10.775548.916,21 y para la fecha de presentación de la demanda -20 noviembre 2013 - 500 smlmv equivalían a $294’750.000.12

Radicación número: 23001-23-33-000-2013-00423-01 (56780)

Actor: Katherine Berrio Mangones y otros

Demandado: Nación – Fiscalía General De La Nación

Referencia: Acción De Reparación Directa

Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera y Erminia Mangones Romero carecen de legitimación en la causa por activa, dado que no fueron vinculados al proceso de extinción del derecho de dominio, en el que se impuso la medida cautelar que alegan les produjo el perjuicio por el que ahora reclaman.

La Nación-Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por

extinción del derecho de dominio, en el que se impuso la medida cautelar que alegan les produjo el perjuicio por el que ahora reclaman.

La Nación-Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, por haber sido la entidad que inició el trámite del proceso de extinción del derecho de dominio y ordenó el embargo y secuestro de los inmuebles de propiedad del señor Rodrigo Ricardo Álvarez Herrera, actuación por la que ahora se está solicitando la indemnización de los perjuicios que se habrían ocasionado.

1.3. La demanda en tiempo

De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

La parte demandante reclama la indemnización de los perjuicios derivados de la imposición de la medida cautelar de suspensión del poder dispositivo y secuestro de los bienes inmuebles de propiedad del señor Álvarez Herrera, identificados con matrículas inmobiliarias números 141 -9825, 141-12120, 141-12121, 141-16010 y 141-8711, proferida en la acción de extinción del derecho de dominio ini