CE - 250002324000201000500011SENTENCIA20230627164344

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO AMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01

ACCIÓN: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

ACTORA: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

TESIS: SE REVOCA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA ,

POR CUANTO EL ACTO DEMANDADO NO ES SUSCEPTIBLE DE

CONTROL JUDICIAL. EN CONSECUENCIA, LA SALA SE INHIBE DE

PROFERIR SENTENCIA DE MÉRITO.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , contra la sentencia de 3 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, por la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

I.- ANTECEDENTES

La sociedad CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , actuando a través de apoderad a, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del2

I.- ANTECEDENTES

La sociedad CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , actuando a través de apoderad a, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, prevista en el artículo 85 del2

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01

Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Código Contencioso Administrativo1, presentó demanda2 ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el fin de que se declare la nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET, con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de enero de 2010 , relacionada con el registro de la orden judicial de embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá y, en consecuencia, solicita se restablezcan sus derechos.

I.1Pretensiones

La parte actora solicitó que se declare:

1. La nulidad de la Inscripción núm. 00112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de comercio La Corona Outlet, con matrícula mercantil núm. 01313519 de 22 de enero de 2010 y correspondiente al registro de la orden judicial de embargo de dicho establecimiento de comercio emitida por el Juzgado 59

Civil Municipal de Bogotá.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaraci ón, se

y correspondiente al registro de la orden judicial de embargo de dicho establecimiento de comercio emitida por el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá.

2. Que, como consecuencia de la anterior declaraci ón, se restablezca el derecho de la CÁMARA DE COMERCIO DE

1 En adelante CCA. 2 Folio 1 al 11 del cuaderno núm. 1.3

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co BOGOTÁ, en el sentido de volver la situación jurídica de dicho establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET al estado en que se encontraba antes del acto administrativo cuya nulidad se solicita.

I.2. HECHOS

Como supuestos fácticos soporte de sus pretensiones, la parte actora expuso, en síntesis, los siguientes:

1. Señaló que el 4 de octubre de 2003, se inscribió en el registro mercantil de la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ el establecimiento de comercio denominado LA CORONA OUTLET con número de matrícula mercantil 01313519.

2. Agregó que el día 21 de noviembre de 2008 la sociedad GRUPO INDUSTRIAL M ÓNACO LTDA., mediante documento registrado con el acto administrativo núm . 00172392 del Libro VIII, cedió el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET

GRUPO INDUSTRIAL M ÓNACO LTDA., mediante documento registrado con el acto administrativo núm . 00172392 del Libro VIII, cedió el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET a favor de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A.

3. Indicó que con el acto administrativo 00112211 del Libro VIII del registro mercantil, se inscribió , el 22 de enero de 2010 , el oficio núm. 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá,4

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante el cual se ordenó el embargo del establecimiento de comercio CALZADO LA CORONA OU TLET con matrícula mercantil número 01313519, siendo el demandado en ese

proceso el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

4. Expresó que en el momento de inscribir el acto administrativo mediante el cual se orden ó el embargo del establecimiento de comercio CALZADO LA CORONA OU TLET, el demandado, GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., no era propietario de dicho establecimiento de comercio, por lo que resulta necesario revocar dicho registro.

I.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante estimó que con la inscripción del acto administrativo acusado violó normas de orden legal como los

revocar dicho registro.

I.3. Normas violadas y concepto de violación

La demandante estimó que con la inscripción del acto administrativo acusado violó normas de orden legal como los artículos 66, 69 y 149 del CCA; 554 y 681, numeral 1, del Código de Procedimiento Civil3; 19, 26, 27, 28 y 78 del Código de Comercio; y el Decreto 2150 de 5 de diciembre de 19954.

Fundamentó la violación de las normas anterior mente relacionadas, formulando en contra de los actos acusados los siguientes cargos que, en síntesis, se concretan a lo siguiente:

3 En adelante C. de P.C. 4 “Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”.5

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Previamente señaló, en relación con la naturaleza de las Cámaras de Comercio, que son entidades privadas que desarrollan funciones públicas delegadas por el Estado y que por mandato legal llevan el Registro Mercantil, el Registro de Proponentes y el Registro de Entidades Sin Ánimo de Lucro.

I.3.1. Ilegalidad del acto administrativo cuestionado

Al respecto precisó que para analizar la ilegalidad o no del acto administrativo de inscripción núm. 00112211 del Libro VIII del

I.3.1. Ilegalidad del acto administrativo cuestionado

Al respecto precisó que para analizar la ilegalidad o no del acto administrativo de inscripción núm. 00112211 del Libro VIII del establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET , hay que tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 681 5 y 554 6 del Código de Procedimiento Civil.

Agregó que, según se desprende de dichas norma s, para que proceda el registro del embargo de bienes sujetos a registro, la respectiva Cámara de Comercio deberá verificar si los bienes cuyo embargo se solicita pertenecen al afectado con la medida; y que, como ya se mencionó, el establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET , con matr ícula mercantil 01313519, fue vendido por la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA. a la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A. , inscrita en el

5 Ibidem 6 Ibidem6

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co registro mercantil de dicho establecimiento el 21 de noviembre de 2008.

Advirtió que cuando el Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá , a través de oficio núm. 3772 de 19 de noviembre de 2009, solicitó el registro del embargo del establecimiento de comercio con matrícula comercial núm. 01313519 dentro del proceso

través de oficio núm. 3772 de 19 de noviembre de 2009, solicitó el registro del embargo del establecimiento de comercio con matrícula comercial núm. 01313519 dentro del proceso ejecutivo núm . 2009 -1286, promovido por INVERSIONES MARROQUÍ S.A. contra el GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., el demandado ya no era propietario de dicho establecimiento de comercio por venta que le hizo a la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A ., por lo que la Cámara de Comercio de Bogotá, al haber registrado el embargo el 22 de enero de 2010, incumplió con una obligación legal, pues , de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 681 del C . de P.C., debió abstenerse de inscribirlo en razón a que el bien había salido del dominio de la sociedad afectada con la medida cautelar.

Recordó que en el único caso en que se puede inscribir el embargo de un bien sujeto a registro, aunque el demandado no fuere su propietario, es cuando se trate de un ejecutivo con garantía real, como lo dispone el artículo 554 de l C. de P.C., y7

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co así lo precisó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad parcial de dicha norma en sentencia C-798 de 16 de septiembre de 20037.

www.consejodeestado.gov.co así lo precisó la Corte Constitucional al declarar la exequibilidad parcial de dicha norma en sentencia C-798 de 16 de septiembre de 20037.

I.3.2. Procedencia de la acción de lesividad Sobre el particular, expuso que teniendo en cuenta lo dispuesto por el inciso primero del artículo 149 del CCA, la legislación colombiana permite que las entidades públicas o las que desarrollen funciones delegadas por el Estado, puedan demandar sus propios actos, acudiendo a la figura que doctrinariamente se conoce como acción de lesividad, que permite que la administración , en un término de caducidad de dos años y sin perenci ón del proceso, pueda demandar sus propios actos y obtener el restablecimiento de derechos frente actuaciones que son contrarias al ordenamiento jurídico, en circunstancias especiales, como sucede en los casos en los que se han configurado situaciones de c arácter particular que impiden la revocatoria de los actos administrativos , según lo prevén los artículos 69 y s.s. del mismo texto, tal como lo ha expresado el Consejo de Estado en sentencias de 31 de agosto8

7 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 200 3, M.P. Jaime Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503.

8 Consejo de Estado, Sección Primera, Subsección A, sentencia de 31 de agosto de 2006. C .P. Jaime Moreno García, número único de radicación 2001-01060-02.8

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Jaime Moreno García, número único de radicación 2001-01060-02.8

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co y 12 de octubre de 20069.

I.4. Contestación de la demanda

La CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ , por conducto de apoderada, contestó la demanda 10, en el sentido de que se declare la nulidad del acto admi nistrativo de inscripción núm. 00112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de comercio LA CORONA OUTLET con matrícula merc antil núm. 01313519 de 22 de enero de 2010 , reiterando los argumentos expuestos en la demanda.

II. FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELADA

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera , Subsección “C”, en Descongestión, mediante sentencia de 16 de abril de 2012 denegó las pretensiones de la demanda , para lo cual argumentó lo siguiente:

Previo al análisis de los cargos planteados por la demandante, el Tribunal señaló que el estudio de los mismos lo realizaría de manera conjunta, por cuanto, de su lectura, podía inferirse que estos se fundaban en la transgresión de iguales normas.

9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2006. C.P. Rafael E. Ostau

manera conjunta, por cuanto, de su lectura, podía inferirse que estos se fundaban en la transgresión de iguales normas.

9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 12 de octubre de 2006. C.P. Rafael E. Ostau Lafont Pianeta, núm. único de radicación 2001-04207-01. 10 Folios 46 a 47 del cuaderno núm. 1.9

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co El Tribunal advirtió inicialmente que los embargos son medidas decretadas por las autoridades judiciales o administrativas, que afectan el derecho de dominio y limitan la propiedad de los bienes, las cuales pueden adoptarse mientras se adelanta un proceso.

Agregó que el embargo tiene como fi nalidad separar del comercio el bien, despojando temporalmente de la facultad de disposición que tiene el titular sobre los que son objeto de la medida; y que con el embargo el demandante adquiere el derecho de perseguir el pago de la obligación por parte del deudor, mediante la venta obligada del bien.

Explicó que los efectos de tal medida , entre otros, son los siguientes: i) que las propiedades embargadas quedan fuera del comercio; ii) si se embarga el interés social o las cuotas de un socio en una sociedad por personas, no se podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés o reformar

siguientes: i) que las propiedades embargadas quedan fuera del comercio; ii) si se embarga el interés social o las cuotas de un socio en una sociedad por personas, no se podrá registrar ninguna transferencia o gravamen de dicho interés o reformar la liquidación parcial de la sociedad que implique la exclusión del socio o disminución de sus derechos ; y iii) al embargar el establecimiento de comercio no se puede registrar ningún otro documento que implique la transferencia de la propiedad o la cancelación de su matrícula.10

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Seguidamente, consideró necesario revisar en el caso sub lite la actuación surtida para llevar a cabo el registro impugnado y determinar si el registrador de la Cámara de Comercio tenía la obligación de abstenerse de efectuarlo, procediendo a describir los elementos de juicio que obran como pruebas dentro del expediente.

Recalcó que según el acervo probatorio el acto de registro acusado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo que resultaba menester proceder a su inscripción como efectivamente se hizo.

Al respecto, consideró conveniente traer a colación el artículo 554 del C. de P.C., en el cual se establece un imperativo para el funcionario encargado del registro, aunque el demandado haya dejado de ser el propietario del bien . Dicha norma es del siguiente tenor:

554 del C. de P.C., en el cual se establece un imperativo para el funcionario encargado del registro, aunque el demandado haya dejado de ser el propietario del bien . Dicha norma es del siguiente tenor:

“[…] PARÁGRAFO. <Aparte subrayado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE> El registrador deberá inscribir el embargo, aunque el demandado haya dejado de ser propietar io del bien. Acreditado el embargo, si el bien ya no pertenece al demandado, el juez de oficio tendrá como sustituto al actual propietario a quien se le notificará el mandamiento de pago […]”.11

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En sustento de sus consideraciones, trajo a colación la sentencia C-798 de 200311 de la Corte Constitucional.

De cara al mencionado pronunciamiento descartó que el acto de la administración fuera ilegal, pese a que el establecimiento de comercio “LA CORONA OUTLET” haya pasado a ser propiedad de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A. , pues dicha inscripción se realizó en cumplimiento de un deber legal ordenado en una decisión judicial.

Concluyó que tal circunstancia hace que la respectiva medida cautelar surta efectos frente a terceros solo a partir de la fecha en que se inscribe, lo cual significa que si esto último no se realiza la misma no vincula a terceros y, por ende, no se sacarían

cautelar surta efectos frente a terceros solo a partir de la fecha en que se inscribe, lo cual significa que si esto último no se realiza la misma no vincula a terceros y, por ende, no se sacarían los bienes del comercio, esto por cuanto solo al efectuarse el registro se cambia el certificado de Cáma ra de Comercio acreditándose las modificaciones correspondientes.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

La parte demandante , dentro del término legal, interpuso recurso de apelación 12 contra la sentencia de 3 de septiembre de 2012, proferida por el Tribunal Administrativo de

11 Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia C-798 de 16 de septiembre de 2003, M.P. Jaime Córdoba Triviño, expedientes acumulados D-4496 y D-4503. 12 Folio 100 a 106 del cuaderno núm. 1.12

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Cundinamarca, Sección Primera, Subsección “C”, en Descongestión, por la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera instancia, la parte actora alegó, en síntesis, lo siguiente:

Cuestionó específicamente lo considerado por el Tribunal en el sentido de que el acto de inscripción realizado por la CÁMARA

En sustentó de su inconformidad con la sentencia de primera instancia, la parte actora alegó, en síntesis, lo siguiente:

Cuestionó específicamente lo considerado por el Tribunal en el sentido de que el acto de inscripción realizado por la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ no era ilegal, pese a que el establecimiento de comercio “LA CORONA OUTLET” habría pasado a ser propiedad de la sociedad DINAMARCA LA CORONA S.A. , y de que dicha inscripción se realizó en cumplimiento de un deber lega l ordenado en una decisión judicial.

Al respecto, señaló que las Cámaras de Comercio no pueden registrar libros, actos o documentos sin el lleno de los requisitos señalados en la ley para su inscripción, pues estaría n poniendo en riesgo la confianza de los administrados y la seguridad jurídica en materia registral.13

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Agregó que e l registro de embargos ante las Cámaras de Comercio debe observar lo previsto en el artículo 681 del C. de P.C.; y que cuando se trate de ejecutivos con garantía real , lo dispuesto en el parágrafo del artículo 554 ibidem, el cual hace referencia a los procesos ejecutivos con garantía real o mixtos . Que, en los primeros, se persiguen exclusivamente los bienes gravados con prenda o hipoteca y, en los segundos, se persiguen

referencia a los procesos ejecutivos con garantía real o mixtos . Que, en los primeros, se persiguen exclusivamente los bienes gravados con prenda o hipoteca y, en los segundos, se persiguen bienes adicionales a los gravados con prenda o hipoteca.

Precisó que la regla general para los embargos que deben inscribirse en un registro público es la contenida en el numeral primero del artículo 681 del C . de P.C., consistente en que el registrador se abstendrá de inscribir los embargos que se decreten sobre bienes que no pertenezcan al demandado y la excepción es la prevista para el proceso ejecutivo con garantía real, contenida en el artículo 554 ibidem.

Indicó que la posibilidad de inscribir un embargo , cuando el demandado no sea el propietario actual , solo existe cuando el embargo se refiere a los bienes gravados con derecho real, que para el caso de las Cámaras de Comercio será n siempre prendarios, dado que no se lleva en estas entidades el registro de bienes susceptibles de ser hipotecados y el estab lecimiento14

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co de comercio LA CORONA OUTLET no había sido gravado con prenda para garantizar alguna deuda adquirida por su anterior propietario GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

Afirmó que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ al realizar

prenda para garantizar alguna deuda adquirida por su anterior propietario GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA.

Afirmó que la CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ al realizar la inscripción del oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogotá, con núm. 00112211 del Libro VIII del registro mercantil de 22 de enero de 2010, incumplió con la obligación legal contenida en el artículo 681 del C . de P.C., toda vez que debió abstenerse de inscribir el embargo, pues el bien en esa fecha ya no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., afectada con la medida.

Anotó que la sentencia recurrida señaló que el acto de registro referenciado se realizó en virtud de una orden judicial, por lo que era un deber proceder a su inscripción , y fundamentó su decisión en el artículo 544 del C . de P.C., que establece un imperativo para el funcionario encargado del registro, aunque el demandado haya dejado de ser el propietario del bien.

Aclaró que la norma con la que el a quo fundamentó la sentencia recurrida, artículo 544 del C . de P.C., que regulaba la “Realización especial de la garantía real”, fue modificada15

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201013,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante el artículo 37 de la Ley 1395 de 12 de julio de 201013, disposición que actualmente se encuentra derogada por el artículo 626 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 14, Código General del Proceso.

Concluyó que la sentencia recurrida se fundamentó en una norma derogada, por lo que, conforme con los argumentos planteados en el recurso, procedía la revocatoria de la sentencia de 3 de septiembre de 2012, para dictar, en su lugar, la que en derecho debía reemplazarla.

IV.- ALEGATOS DE CONCLUSION

IV.1.- Vencido el plazo para alegar , la parte actora solicitó revocar la sentencia apelada, para lo cual reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada , en el sentido de que la Cámara de Comercio de Bogotá cuando realizó la inscripción del oficio 3772 del Juzgado 59 Civil Municipal de Bogot á, con núm. 00112211 del Libro VIII del registro mercantil de 22 de enero de 2010 , correspondiente al embargo del establecimiento de comercio CALZADO LA CORONA OUTLET con matrícula mercantil núm. 01313519, incumplió con la obligación legal prevista en el artículo 681, numeral 1, del C. de P.C., pues debió

13 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. 14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.16

prevista en el artículo 681, numeral 1, del C. de P.C., pues debió

13 “Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial”. 14 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”.16

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co abstenerse de inscribir el embargo , dado que el bien para esa fecha no pertenecía a la sociedad GRUPO INDUSTRIAL MÓNACO LTDA., afectada con la medida.

IV.2.- Por su parte, el Ministerio Público , dentro de la oportunidad concedida para alegar, guardó silencio.

V. CONSIDERACIONES

El acto administrativo del cual se pretende su nulidad es la “inscripción número 0 0112211 del Libro VIII a nombre del establecimiento de Comercio LA CORONA OUTLET con matrícula mercantil núm. 01313519 de fecha 22 de enero de 2010 y correspondiente al registro de la orden judicial de embargo de dicho establecimiento de comercio dada por el Juzgado Cincuenta y Nueve Civil Municipal de Bogotá”.

Previo a entrar a resolver el recurso de apelación interpuesto por la actora contra el fallo de primer grado, la Sala precisa lo siguiente:

De los actos administrativos susceptibles de control judicial17

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01

por la actora contra el fallo de primer grado, la Sala precisa lo siguiente:

De los actos administrativos susceptibles de control judicial17

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01

Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Los actos administrativos objeto de control de legalidad por la vía jurisdiccional son aquellos que ponen término a un procedimiento administrativo. En ese sentido, el artículo 50 del CCA señala que son actos definitivos los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación, es decir, aquellos que producen efectos jurídicos al crear, reconocer, modificar o extinguir situaciones jurídicas.

Por su parte, los actos de trámite o preparatorios son aquellos que dicta la administración para decidir posteriormente el fondo del asunto, los cu ales, en principio, no son objeto de control judicial, salvo que hagan imposible la continuación del procedimiento administrativo.

Ahora, el artículo 82 del CCA prevé: “[…] ARTICULO 82. OBJETO DE LA JURISDICCION DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La jurisdicción de lo contencioso administrativo está instituida para juzgar las controversias y litigios originados en la actividad de las entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de

entidades públicas incluidas las sociedades de economía mixta con capital público superior al 50% y de las personas privadas que desempeñen funciones propias de los distintos órganos del Estado. Se ejerce por el Consejo de Estado, lo s tribunales administrativos y los juzgados administrativos de conformidad con la Constitución y la ley. Esta jurisdicción podrá juzgar, inclusive, las controversias que se originen en actos políticos o de Gobierno. La jurisdicción de lo contencioso admini strativo no juzga las decisiones proferidas en juicios de policía regulados especialmente por la ley. Las decisiones jurisdiccionales18

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co adoptadas por las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura y de los Consejos Seccionales de la Judicatura, no tendrán control jurisdiccional […]”.

El último inciso de la disposición transcrita incorpora, en parte, uno de los más importantes derroteros de la jurisdicción contencioso administrativo, cual es el relacionado con el hecho de que la misma no controla las decisiones jurisdiccionales a cargo de las autoridades allí indicadas ni la de los demás jueces de la república, sino exclusivamente la concerniente a la función administrativa que excep cionalmente ejercen, tal y como también se desprende del artículo 83, ibidem, el cual establece:

de la república, sino exclusivamente la concerniente a la función administrativa que excep cionalmente ejercen, tal y como también se desprende del artículo 83, ibidem, el cual establece:

“[…] ARTICULO 83. EXTENSION DEL CONTROL. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo juzga los actos administrativos, los hechos, las omisiones, las operaciones administrativas y los contratos administrativos y privados con cláusula de caducidad de las entidades públicas y de las personas privadas que ejerzan funciones administrativas, de conformidad con este estatuto […]”.

A su turno, el artículo 84, ibidem, dispone que: “[…] ARTICULO 84. ACCION DE NULIDAD. Toda persona podrá solicitar por sí o por medio de representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos. Procederá no sólo cuando los actos administrativos infrinjan las normas en que deberían fundarse, sino también cuando hayan sido expedidos por funcionarios u organismos incompetentes, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de audiencias y defensa, o19

Número único de radicación: 25000 23 24 000 2010 00500 01

Actora: CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”.

mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones propias del funcionario o corporación que los profirió. También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos de certificación y registro […]”.

En lo que guarda relación con los denominados actos de ejecución, que son aquellos que se limitan a dar cumplimiento a una decisión judicial o administrativa, sin que pueda afirmarse que de ellos surjan situaciones jurídicas diferentes a las de la sentencia o acto ejecutado , es importante señalar que la jurisprudencia ha precisado que es procedente el estudio de los mismos de forma excepcional cuando: i) la decisión de la administración va más allá de lo ordenado por el juez y ii) crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica entre el Estado y el particular que no fue objeto de debate j