CE - 250002326000200500450011SENTENCIA20230419143250

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236)

Actor: CATALINA ARANGO SALAZAR

Demandado: NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / ATENTADO TERRORISTA / RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR ACTOS VIOLENTOS PERPETRADOS POR TERCEROS – Reiteración de jurisprudencia de la Sala Plena de la Sección Tercera sobre regímenes aplicables / DAÑO - Muerte de ciudadano como consecuencia de la explosión de un carro -bomba en las instalacione s del club El Nogal, el 7 de febrero de 2003, en Bogotá / JUICIO DE ATRIBUCIÓN – No se acreditó la configuración de una falla del servicio por acción u omisión en cabeza de las demandadas, ni que su responsabilidad se hubiera visto comprometida bajo alguno de los títulos de imputación objetivos de riesgo excepcional o daño especial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia del 1 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

demandante, contra la sentencia del 1 de agosto de 2013, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

El 7 de febrero de 2003, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARCdetonaron en uno de los parqueaderos de las instalaciones de la “Corporación Club El Nogal” de Bogotá un artefacto explosivo acondicionado en un vehículo. El atentado, además de daños materiales, causó la muerte de 36 personas, entre ellas, el señor Jorge Andrés Arango Garavito, y dejó heridas a otras 158.2

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

La parte actora pretende que se le reparen los daños causados por la muerte del señor Arango Garavito, pues, según la demanda, en casos como el presente, puede imputársele responsabilidad al Estado bajo la teoría de la falla del servicio, riesgo excepcional o daño especial. Las entidades accionadas alegan la configuración del eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

ANTECEDENTES

1. La demanda

1.1. Mediante escrito presentado el 4 de febrero de 2005 (f. 2 -105 c-1), la señora Catalina Arango Salazar, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Camila Arango Arango, por intermedio de apoderado judicial (f.

Catalina Arango Salazar, quien actúa en nombre propio y en representación de su hija menor de edad Camila Arango Arango, por intermedio de apoderado judicial (f. 1 c-1), presentó demanda de reparación directa en contra de la Nación -Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el Departamento Administrativo de Seguridad -DAS-, con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito, ocurrida el 7 de febrero de 2003, como consecuencia de la explosión de un carro-bomba en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá.

1.2. En concreto, las demandantes solicitaron que se hicieran las sigu ientes declaraciones y condenas:

PRIMERA: Declárese administrativa y solidariamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y la Fiscalía General de la Nación, por los daños y perjuicios causados a Catalina Arango Salazar y Camila Arango Arango, generados estos como efecto de la pérdida de su esposo y padre, el señor Jorge Andrés Arango Garavito, sucedida el 7 de febrero de 2003, durante el atentado terrorista perpetrado por las FARC contra el Club El Nogal.

SEGUNDA: Condénese (…) [a las demandadas] a indemnizar y pagar solidariamente a Catalina Arango Salazar y Camila Arango Arango, la totalidad de los daños y perjuicios materiales, incluidos daño emergente y lucro cesante, causados por la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito, en la suma de mil millones moneda corriente, o la que se demuestre

totalidad de los daños y perjuicios materiales, incluidos daño emergente y lucro cesante, causados por la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito, en la suma de mil millones moneda corriente, o la que se demuestre en el proceso (…).

TERCERA: Condénese (…) [a las demandadas] a pagar solidariamente a cada una de las demandantes, a título de daños morales, el equivalente en pesos colombianos a no menos de 100 SMLMV, o en su defecto, los que en suma superior resultaren probados en el proceso.3

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

CUARTA: Condénese (…) [a las demandadas] a pagar solidariamente a cada una de las demandantes, el valor de los daños y perjuicios causados a su vida de relación y a sus condici ones materiales de existencia, en la cuantía (…) el equivalente en pesos, a la fecha de ejecutoria de la sentencia, de lo que valgan 100 salarios mínimos mensuales.

1.3. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

El 7 de febrero de 2003, aproximadamente a las 8:05 de la noche, miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARCdetonaron en uno de los parqueaderos de las instalaciones de la Corporación Club El Nogal de Bogotá un carro-bomba. El atentado, adem ás de daños materiales, dejó como resultado la muerte de 36 personas, entre ellas, el señor Jorge Andrés Arango Garavito, y dejó

carro-bomba. El atentado, adem ás de daños materiales, dejó como resultado la muerte de 36 personas, entre ellas, el señor Jorge Andrés Arango Garavito, y dejó heridas a otras 158.

Según la demanda, el atentado terrorista le era previsible y resistible a las accionadas, pues existían serios indicios que les permitían frustrar el ataque, tales como los comunicados de las FARC en los que se amenazaba a los “ clubes del norte de Bogotá” , así como la grave situación de orden público que atravesaba la ciudad, la cual venía siendo objeto de arremetidas similares. Asimismo, se explicó que era de público conocimiento que, para esa época, tanto el Presidente de la República como sus funciona rios de confianza eran considerados como objetivo militar, y que los entonces ministros del interior y de defensa utilizaban las instalaciones del club El Nogal para realizar reuniones, lo que puso en peligro a la corporación, sus socios e invitados. Finalmente, se adujo que la muerte del señor Arango Garavito le generó a las demandantes múltiples perjuicios de orden material, además de las afecciones de índole inmaterial.

3. El trámite en primera instancia

2.1. La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 16 de marzo de 2005 (f. 108 c-1), decisión que fue notificada a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y al DAS.

2.2. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora

Defensa-Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y al DAS.

2.2. La Fiscalía General de la Nación contestó la demanda dentro de la respectiva oportunidad procesal y se opuso a las pretensiones formuladas por la parte actora (f. 132-134 c-1). Manifestó que el atentado por el cual se demandó no ocurrió por4

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

causa de una falla del servi cio que le fuera atribuible. Agregó que el deber de seguridad y protección de las personas que asistían al club se encontraba en cabeza de la corporación como empresa privada, por lo que no era dable imputarle las falencias en sus controles al Estado. Por último, explicó que en el presente caso se encontraba acreditado que el ataque fue perpetrado por miembros de las FARC y, por ello, se configuraba el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero.

2.2. La Nación -Ministerio de Defensa también contes tó la demanda (f. 136 -158 c1). Indicó que la fuerza pública cumplió con su deber de protección y vigilancia, pues, para la época, tanto la Policía como el Ejército realizaban patrullajes, operativos e inteligencia con el fin de frustrar atentados, sin que pueda aceptarse que el Estado tiene la obligación absoluta de prever la totalidad de estos eventos. Por lo anterior, formuló la excepción del hecho exclusivo de un tercero, comoquiera que el daño endilgado fue producto de un ataque terrorista, ajeno a la administración.

que el Estado tiene la obligación absoluta de prever la totalidad de estos eventos. Por lo anterior, formuló la excepción del hecho exclusivo de un tercero, comoquiera que el daño endilgado fue producto de un ataque terrorista, ajeno a la administración.

2.3. El DAS se opuso a las pretensiones formuladas en la demanda (f. 164-177 c1). Explicó que, si bien en este caso se demandó por la omisión en el deber de seguridad y protección del Estado, lo cierto era que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 218 del 2000, la entidad no tenía “como funciones las de mantener, controlar o preservar el orden público, tampoco la de realizar labores de policía preventiva, ni mucho menos la protección de inmuebles o la de todas las personas”. Propuso como causal eximente de responsabilidad el hecho exclusivo de un tercero, para lo cual indicó que las circunstancias en las que resultó muerto el señor Jorge Andrés Arango Garavito solo podían ser atribuibles a la actuación de un socio del club, en complicidad con las FARC.

2.4. La Policía Nacional también se defendió (f. 233-237 c-1). Manifestó, en síntesis, que se trató de un hecho que le fue imprevisible, pues la entidad no contaba “ con información precisa sobre el atentado dirigido en contra del cl ub El Nogal”. Agregó que aquel día ejerció labores de control y vigilancia en toda la ciudad, sin que hubiera sido posible evitar el atentado. Destacó que en asuntos como el presente se debía considerar la relatividad de la falla, pues la administración no estaba obligada a lo imposible. Finalmente, indicó que en este caso el daño alegado le

hubiera sido posible evitar el atentado. Destacó que en asuntos como el presente se debía considerar la relatividad de la falla, pues la administración no estaba obligada a lo imposible. Finalmente, indicó que en este caso el daño alegado le resultaba atribuible, por una parte, al club privado por la negligencia en sus deberes, y, por la otra, a las FARC, como autores materiales del delito.5

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

2.5. Mediante memorial del 26 de mayo de 2005, la parte actora corrigió y adicionó la demanda, con el fin de discriminar lo pretendido por lucro cesante 1 y solicitar el decreto de otras pruebas (f. 202-232 c-1). Por auto del 27 de julio de 2005, el tribunal a quo admitió la solicitud en cuestión, decisión que se notificó a las demandadas y al Ministerio Público (f. 263 c -1). La Fiscalía General de la Nación (f. 282 c -2), la Nación-Ministerio de Defensa (f. 291 -292) y el DAS (f. 293 c -1) ratificaron su posición inicial. La Policía Nacional guardó silencio.

2.6. Por auto del 8 de marzo de 2006 (f. 356 c -2), el Tribunal Administrativo de Cundinamarca abrió el proceso a pruebas y, mediante proveído del 17 de abril de 20132 (f. 260 c-3), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

20132 (f. 260 c-3), ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto de fondo.

2.7. La Nación -Ministerio de Defensa (f. 336 -347 c-3), la Policía Nacional (f. 283287 c-3), la Fiscalía General de la Nación (f. 295-300 c-3) y el DAS (f. 316-329 c-3) insistieron en la configuración del eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero, pues, en su criterio, el atentado perpetrado en las instalaciones del club El Nogal les fue imprevisible, irresistible y externo.

2.8. La parte actora indicó que con las pruebas allegadas al plenario logró demostrar los supuestos de hecho y de derecho expuestos en la demanda, por lo que solicitó que se declarara la responsabilidad del Estado por la falla en el servicio por omisión o, en su defecto, por riesgo excepcional o daño especial. Explicó que las entidades accionadas no cumplieron con sus deberes constitucionales y legales de protección a la población, ante un ataque que les era previsible. Agregó que en casos como el presente no era necesario que mediara una solicitud previa, pues a las demandadas les correspondía velar por la seguridad e integridad de los asociados de manera continua y permanente; además, se trataba de un club donde “solían permanecer personajes importantes del gobierno de un alto perfil político y militar, cuestión que por sí sola abre paso a la responsabilidad del Estado” (f. 367-429 c-2).

El Ministerio Público guardó silencio.

personajes importantes del gobierno de un alto perfil político y militar, cuestión que por sí sola abre paso a la responsabilidad del Estado” (f. 367-429 c-2).

El Ministerio Público guardó silencio.

1 Se explicó que para la señora Catalina Arango Salazar se pedía un total de $963’420.639, y para la menor Camila Arango Arango $450’292.822,6. 2 El periodo probatorio se prolongó, porque durante ese tiempo se intentó de manera reiterada la práctica de un dictamen pericial, así como el recaudo de la totalidad de las pruebas pedidas por las partes.6

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

3. La sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante providencia del 1 de agosto de 2013, negó las pretensiones de la demanda (f. 434-445 c-ppal).

Explicó el a quo que el daño alegado en la demanda se encontraba plenamente acreditado, pues con la diligen cia de necropsia y el registro civil de defunción se demostró que el señor Jorge Andrés Arango Garavito falleció el 7 de febrero de 2003, como consecuencia de la explosión de un carro -bomba en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá.

Al abordar el j uicio de imputación, el tribunal de primera instancia explicó que la muerte del referido señor no le resultaba atribuible a ninguna de las demandadas, dado que “no se probó que hubieran sido informadas o alertadas sobre la posibilidad

Al abordar el j uicio de imputación, el tribunal de primera instancia explicó que la muerte del referido señor no le resultaba atribuible a ninguna de las demandadas, dado que “no se probó que hubieran sido informadas o alertadas sobre la posibilidad de un atentado terror ista en el club El Nogal el día de los hechos”. Agregó que tampoco se demostró que el ataque “hubiera estado dirigido en contra de altos funcionarios del Estado, ni que el día de los hechos estos hubieran visitado las instalaciones del club o se encontraran en el mismo”.

Como consecuencia de lo anterior, concluyó que “en el presente asunto se configuró el eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, pues la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito obedeció a una acción deliberada de tercera s personas que dirigieron el ataque contra el club El Nogal, por lo que no es dable declarar la responsabilidad de las demandadas” .

4. El recurso de apelación

La parte demandante interpuso recurso de apelación y solicitó que se declarara la responsabilidad de las demandadas por la falla en el servicio por omisión o, en su defecto, por riesgo excepcional o daño especial (f. 454-523 c-ppal).

Frente al primer título de imputación, explicó que la explosión del 7 de febrero de 2003 en las instalaciones del club El Nogal le era previsible a las accionadas, quienes estaban en la capacidad real de frustrar el hecho. En ese sentido, afirmó que por la inactividad de las autoridades el grupo armado logró “perpetrar el atentado”, lo que dejó en evidencia el incum plimiento del deber de “ protección y

quienes estaban en la capacidad real de frustrar el hecho. En ese sentido, afirmó que por la inactividad de las autoridades el grupo armado logró “perpetrar el atentado”, lo que dejó en evidencia el incum plimiento del deber de “ protección y vigilancia por parte de las instituciones públicas llamadas a ello”.7

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

Ratificó que en estos casos el deber de seguridad del Estado era absoluto y, por ello, no era necesario que mediara una solicitud previa, pues le co rrespondía, a través de las demandadas, velar por la seguridad e integridad de los asociados de manera continua y permanente; además, se trataba de un club donde solían permanecer personajes importantes del gobierno de un alto perfil político y militar.

En cuanto a la previsibilidad del hecho, expuso que para esa época las FARC venían perpetrando de manera sistemática atentados similares y que el mismo grupo había proferido a través de su portal web “amenazas” en contra de los clubes sociales del norte de Bogotá. Agregó que con el testimonio de la señora Helena Zorrilla Praga, investigadora analista del CTI de la Fiscalía, se demostró que esta entidad conocía de la posibilidad de la realización de un atentado de gran magnitud en la ciudad de Bogotá, sin qu e se hubiera desplegado acción alguna tendiente a evitar el hecho.

Como pruebas de la falla del servicio, destacó: (i) el testimonio de la señora Luke Pujana Angorita, gerente del Club el Nogal, quien manifestó que la corporación no

evitar el hecho.

Como pruebas de la falla del servicio, destacó: (i) el testimonio de la señora Luke Pujana Angorita, gerente del Club el Nogal, quien manifestó que la corporación no recibió por parte de las autoridades advertencia alguna; (ii) la sentencia penal del 28 de noviembre de 2008, proferida por el Juzgado 8 del Circuito Especializado de Bogotá, en la que se explicaron con detalle las acciones previas y preparatorias del atentado; y (iii) los inf ormes técnicos rendidos por el DAS y la Fiscalía, los cuales dejaron en evidencia su negligencia e inactividad.

En relación con el segundo título de imputación, esto es, el de riesgo excepcional, manifestó que el mismo también resultaba procedente, pues era un hecho notorio que las “ FARC buscaban atentar contra las altas personalidades del Estado Colombiano”, lo cual fue ratificado el 16 de octubre de 2010 por el entonces Presidente de la República Juan Manuel Santos Calderón en las “ Jornadas de los Acuerdos para la Prosperidad” . En igual sentido, expuso que en estos asuntos no era requisito para la configuración de la responsabilidad que “altos funcionarios del Estado” resultaran muertos o heridos con el atentado, pues solo bastaba “ que el móvil del mismo fueran estos, como sucedió en el caso de autos”.

Finalmente, frente al daño especial, adujo que la obligación de indemnizar surgía por el “deber del Estado de garantizar la vida, integridad y bienes de las personas que no intervienen en el conflicto armado interno”, y que en casos como el presente no operaba el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de un tercero,8

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236)

que no intervienen en el conflicto armado interno”, y que en casos como el presente no operaba el eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de un tercero,8

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

cuando se prueba “ que la autoridad pública ha procedido con negligencia o temeridad”.

5 El trámite de segunda instancia

5.1. El recurso de apelación fue concedido por el tribunal de primera instancia el 31 de agosto de 2013 (f. 525 c -ppal), y admitido por esta Corporaci ón el 7 de febrero de 2014 (f. 535-536 c-ppal). Posteriormente, por auto del 16 de mayo siguiente, se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera su concepto (f. 543 c-ppal).

5.2. La Nación -Ministerio de Defensa (f. 575 -581 c -1), la Fiscalía General de la Nación (f.544-548 c-ppal), la Policía Nacional (f. 555 -559 c-ppal) y el DAS (f. 567574 c -ppal) pidieron que se confirmara la sentencia de primera instancia. En similares términos, explicaron que el daño alegado en la demanda no les resultaba atribuible bajo ningún título de imputación, por la configuración del eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

5.3. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada (582atribuible bajo ningún título de imputación, por la configuración del eximente de responsabilidad del hecho exclusivo y determinante de un tercero.

5.3. La parte actora reiteró los argumentos expuestos en el recurso de alzada (582510 c-ppal). Insistió en que la responsabilidad de las demandadas se encontraba comprometida a título de cualquiera de los regímenes de imputación aceptados por la jurisprudencia, pues se demostró, por una parte, que el atentado terrorista les era previsible y resistible y, por la otra, que el mismo estuvo dirigido con el fin de atentar contra altos funcionarios del gobierno.

5.4. El Ministerio Público guardó silencio

6. Sucesión procesal del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS6.1. El 4 de diciembre de 2014, se tuvo como sucesor procesal del DAS a la Fiscalía General de la Nación (f. 695-702 c-ppal). Luego, mediante providencia del 7 de julio de 2017, el Despacho dejó sin efectos la anterior decisión, para tener como sucesor de la extinta entidad a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en atención a lo dispuesto por la Sala Plena de la Sección Tercera de esta Corporación el 22 de octubre de 201 5 y el Decreto 108 del 22 de enero de 2016 (f. 821 -823 cppal). Posteriormente, el 18 de enero de 2019, se ordenó vincular al Patrimonio

Autónomo “ PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento9

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236)

Actor: Catalina Arango Salazar

Autónomo “ PAP Fiduprevisora S.A. Defensa Jurídica Extinto Departamento9

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

Administrativo de Seguridad -DASy su Fondo Rot atorio”, cuya vocera es la Fiduciaria La Previsora S.A.3.

CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del presente asunto, por tratarse de un proceso de doble instancia en razón de la cuantía, según lo dispuesto en el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil, dado que la pretensión mayor 4 excede los $51’ 730.000, suma exigida al momento de la presentación de la demanda5 para definir si el asunto debía tramitarse en dos instancias.

2. Ejercicio oportuno de la acción

De conformidad con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo 6, modificado por el artículo 44 de la Ley 446 de 1998, la acción de reparación directa deberá instaurarse dentro de los dos años contados a partir del día siguiente al acaecimiento del hecho, omisión, operación administrativa u ocupación permanente o temporal de inmueble por causa de trabajos públicos.

En el caso concreto, la responsabilidad administrativa que se impetra en la demanda se originó en el daño que alega haber sufrido la parte actora como consecuencia de la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito, ocurrida el 7 de febrero de 2003, como consecuencia de la explosión de un carro-bomba en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá.

la muerte del señor Jorge Andrés Arango Garavito, ocurrida el 7 de febrero de 2003, como consecuencia de la explosión de un carro-bomba en las instalaciones del club El Nogal de Bogotá.

Así las cosas, se tiene que la demanda podía ser presentada hasta el 8 de febrero

3 Decreto 108 del 22 de enero de 2016 . “Artículo 1. Asignación de procesos. Asignase a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de que sean atendidos y pagados con cargo al patrimonio autónomo cuya creación fue autorizada por el artículo 238 de la Ley 1753 de 2015, los procesos judiciales entregados a la Fiscalía General de la Nación como sucesor procesal del extinto Departamento Administrativo de seguridad (DAS) o su Fondo Rotatorio, en los casos en que la Fiscalía sea excluida como parte procesal por decisión del juez de conocimiento”. 4 La pretensión mayor contenida en la demanda es de $963’420.639, por concepto de perjuicios materiales solicitados a favor de la señora Catalina Arango Salazar. 5 De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, mod ificado por el artículo 624 del Código General del Proceso, la competencia se determina según la norma vigente al momento de la presentación de la demanda. 6 Normativa aplicable al presente caso, de conformidad con lo señalado en el artículo 308 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y

Administrativo, en los siguientes términos: “Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.10

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

de 2005 y, como ello ocurri ó el 4 de ese mes y año, resulta evidente que se hizo oportunamente, esto es, sin que operara el fenómeno jurídico procesal de caducidad de la acción (f. 105 c-1).

Ahora bien, mediante escrito radicado el 26 de mayo de 2005, la parte demandante reformó la demanda y, entre otras cosas, modificó las sumas pretendidas por lucro cesante. En principio, podría entenderse que las nuevas pretensiones estarían caducadas, dado que la reforma se presentó cuando ya habían transcurrido más de los 2 años previstos en la ley para ejercer la acción de reparación directa, de conformidad con la posición unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera7.

Sin embargo, la Sala observa que las pretensiones siguen siendo las mismas, y que el cambio en cuestión se realizó con el fin de discriminar de manera puntual lo pedido por este rubro. Por tanto, como los pedimentos relacionados en la reforma de la demanda son, en esencia, los mismos que se indicaron en el escrito inicial, la Sala, en caso de una eventual condena, tendrá en c uenta los montos que se relacionaron en la modificación.

3. Legitimación en la causa

Sala, en caso de una eventual condena, tendrá en c uenta los montos que se relacionaron en la modificación.

3. Legitimación en la causa

3.1. Las demandantes Catalina Arango Salazar y Camila Arango Arango están legitimadas para actuar como extremo activo dentro del proceso de la referencia, porque con las copias de los registros civiles de matrimonio y nacimiento allegados al plenario, acre ditaron la relación marital y el vínculo de parentesco que, respectivamente, tienen con el señor Jorge Andrés Arango Garavito y, por tanto, les asiste interés para solicitar la indemnización por los perjuicios causados (f. 2 y 4 cpruebas No. 2).

3.2. Sobre la legitimación en la causa por pasiva. La Sala advierte que la demanda se presentó en contra de la Nación -Ministerio de Defensa -Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y el DAS, pues, a juicio de la parte actora, su responsabilidad se encue ntra comprometida a título de falla del servicio por las omisiones en las que incurrieron al no evitar un atentado que les era previsible. También se les atribuyó el daño desde una óptica objetiva, por el riesgo creado por el Estado al usar las instalaciones del club El Nogal como lugar de reuniones, o por

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera, auto de unificación del 25 de mayo de 2016, expediente 40.077, M.P. Danilo Rojas Betancourth.11

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236)

Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros

Radicación número: 25000-23-26-000-2005-00450 (49236) Actor: Catalina Arango Salazar Demandado: Nación-Ministerio de Defensa y otros Referencia: Acción de reparación directa

el deber de indemnizar a las víctimas del conflicto armado, ante el rompimiento del principio de igualdad ante las cargas públicas.

Así pues, como en el presente asunto la parte actora efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta en contra de las referidas entidades, les asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

4. Validez de las pruebas que obran en el proceso

4.1. Se valorarán las copias simples aportadas por las partes, de acuerdo con la jurisprudencia unificada de esta Sección8, en aplicación del principio constitucional de buena fe, toda vez que no fueron tachadas de falsas por la entidad demandada y, porque frente a ellas se surtió y garantizó el pri