CE - 250002336000201500124021SENTENCIA20231107143020

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, once (11) de septiembre de dos mil veintitrés (2023). Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Radicación: 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Demandante: CECILIA QUIROGA SILVA Demandado: FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - PÉRDIDA DE OPORTUNIDAD - DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Síntesis del caso: la señora Cecilia Quiroga Silva presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación a través de una de sus delegadas, puso de presente que en el marco de un proceso ejecutivo iniciado en su contra le embargaron, secuestraron y remataron el 50% de un inmueble con fundamento en un título valor falso. La actora considera que como consecuencia de una indebida investigación perdió la oportunidad de reestablecer su derecho como víctima del delito y, por ende, no se le pagó el valor del bien. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda. Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fls. 190 a 199 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2017 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 174 a 185 cdno.

parte actora (fls. 190 a 199 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 1° de noviembre de 2017 por la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca (fls. 174 a 185 cdno. apelación) que dispuso: “PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas a la parte actora por las razones señaladas en la presente sentencia. Se fija por concepto de agencias en derecho a favor de la parte demandada, la suma equivalente al seis (6%) de las pretensiones de la demanda (…).” (fl. 184 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original). I. ANTECEDENTES 1. La demanda 1) Mediante escrito radicado el 13 de enero de 2015 (fl. 28 cdno. 1), la señora Cecilia Quiroga Silva, por intermedio de apoderado judicial promovió demanda de reparación directa consagrada en el artículo 140 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPACA en contra de la Fiscalía General de la Nación (fls. 2 a 28 cdno. 1) con las siguientes súplicas:Expediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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“PRIMERO: Que se DECLARE AL ESTADO COLOMBIANO - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, RESPONSABLE PATRIMONIALMENTE por los consecuenciales consumados y materializados, REALES y CIERTOS DAÑOS ANTIJURÍDICOS irrogados a la parte demandante CECILIA QUIROGA SILVA, quien en efecto tiene derecho de obtener reparación directa integral que da cuenta los hechos y pruebas de la demanda. SEGUNDO: Que en consecuencia se CONDENE A LA NACIÓN COLOMBIANA - Fiscalía General de la Nación - Seccional de Leticia Amazonas al PAGO EFECTIVO por la suma de $661.000.000 que integran los conceptos materia de indemnización consecuencial, debidamente comprendidas en siete partidas determinadas en la cuantía razonada que trae la demanda, por el manifiesto enorme detrimento patrimonial económico, que pesa sobre cuota parte del 50% del edificio perdido arbitrariamente, inmueble situado en Leticia Amazonas, ubicado en la carrera 6ª n° 10 89, MI 400-8953, conforme avalúo objetivo, real y comercial, debidamente expedido por experto calificado en la materia. TERCERO: Que se CONDENE A LA NACIÓN COLOMBIANA, Fiscalía General - Seccional de Leticia, al PAGO DEL DAÑO MORAL padecido por la injuriada afectada lesionada víctima a su fuero interno subjetivo, en razón jurídica a que se infieren o deducen haberlos sufrido, da cuenta los hechos y pruebas de la demanda, hecho 13 en particular, se estiman hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes que determinará su autoridad competente. CUARTO: Que se CONDENE A LA NACIÓN COLOMBIANA - Fiscalía General de la Nación, al PAGO de los perjuicios SUFRIDOS como consecuencia del DAÑO ANTIJURÍDICO de sus actuales DERECHOS MORALES INTELECTUALES

autoridad competente. CUARTO: Que se CONDENE A LA NACIÓN COLOMBIANA - Fiscalía General de la Nación, al PAGO de los perjuicios SUFRIDOS como consecuencia del DAÑO ANTIJURÍDICO de sus actuales DERECHOS MORALES INTELECTUALES económicos patrimoniales que pesan sobre el inmueble afectado, materia de infracción a la garantía y protección constitucional y legal, desde ya se estiman en la suma de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, se deducen causados, que su despacho reconocerá y determinará, de acuerdo a los hechos ciertos debidamente probados. QUINTO: Que se condene a la NACIÓN COLOMBIANA - Fiscalía General de la Nación, al PAGO de la suma de $25.000.000 por concepto de AGENCIAS EN DERECHO, honorarios profesionales devengados por la profesional de derecho MARÍA MERY HERNÁNDEZ ORTIZ, en el trámite, trabajo intelectual y material realizado para obtener diligencia de conciliación ante autoridad competente, como requisito de procedibilidad legal, que resultó fracasada (…).” (fl. 3 cdno. 1 - mayúsculas fijas del texto original). 2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda se consignó lo siguiente: “La cuantía de los daños antijurídicos irrogados a la lesionada gobernada víctima, comprende, el capital perdido por varios conceptos trascendentales, el pago de honorarios profesionales devengados por la parte civil, el pago de honorarios profesionales por el trámite, trabajo jurídico y material devengado en razón de la diligencia de conciliación, enumerados a continuación, más los intereses legales en potencia, la corrección monetaria IPC y demás valores que resulten justificados, se enumeran a continuación: PARTIDA NÚMERO UNO $500.000.000 CAPITAL PERDIDO, aproximado, cuota parte

de la diligencia de conciliación, enumerados a continuación, más los intereses legales en potencia, la corrección monetaria IPC y demás valores que resulten justificados, se enumeran a continuación: PARTIDA NÚMERO UNO $500.000.000 CAPITAL PERDIDO, aproximado, cuota parte del 50% de uno de los dos EDIFICIOS, por REMATE ILÍCITO, permitido por la Fiscalía quien OMITEExpediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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proteger o REESTABLECER EL DERECHO existente, debidamente establecido conforme avalúo objetivo, real y comercial del año 2003, emitido reajuste comercial del terreno al valor actual. PARTIDA NÚMERO DOS $88.150.000 Por el daño emergente y lucro cesante, comprende los frutos civiles dejados de percibir desde abril 1°/11, por concepto de 889 habitaciones arrendadas mensualmente, que traía explotando a razón de $300.000 son $36.900.000 más $51.250.000 por otras cinco habitaciones a razón de $250.000 cada una, mientras terminaba el macro proyecto turístico macro empresarial. PARTIDA NÚMERO TRES $24.600.000 Por ingreso mensual de dos locales comerciales en explotación mensual a razón de $350.000 cada uno causados desde abril 1°/11. PARTIDA NÚMERO CUATRO $6.250.000 Por razón de gastos generales de transporte aéreo desde Bogotá a Leticia Amazonas, sufragados por la lesionada víctima con el objeto de atender la actividad desarrollada por LA PARTE CIVIL, en 7 ocasiones, febrero 4, marzo 8 del año 2008; abril 28/09; en el año 2010, abril 4, y desde julio 26 y agosto 22; junio 18/11, a razón de $400.000; cada viaje ida y regreso, más los gastos de representación y estadía de la apoderada judicial por ocho días del año 2008, abril 4 al 28/09, en el año 2010, y desde julio 26 al mes de septiembre, en el año 2011 15 días, comprenden 67 días a razón de $50.000 y los últimos dos años a razón de $60.000 de modo económico. PARTIDA NÚMERO CINCO $25.000 En razón de pagar el crédito pendiente, de cubrir los honorarios profesionales devengados por el desempeño profesional realizado por

67 días a razón de $50.000 y los últimos dos años a razón de $60.000 de modo económico. PARTIDA NÚMERO CINCO $25.000 En razón de pagar el crédito pendiente, de cubrir los honorarios profesionales devengados por el desempeño profesional realizado por la parte civil a favor de María Mery Hernández Ortiz. PARTIDA NÚMERO SEIS $12.000.000 Por causa de honorarios profesionales causados por el trámite, trabajo jurídico y realización material desarrollado en razón de la conciliación, como requisito de procedibilidad. PARTIDA NÚMERO SIETE $5.000.000 En razón de los varios gastos personales egresados, con el fin de atender la propia salud física alterada y atrofiada, por causa de los sufrimientos padecidos, realmente experimentados, por la sometida víctima, se justifican haberlos padecido, en la humanidad de la víctima. PARTIDA ÚNICA DE CARÁCTER EXTRAPATRIMONIAL Por cierto y efectivo daño o perjuicio moral que da cuenta los hechos de la demanda, estimados hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalentes, de lógica jurídica, se infieren haberlos sufrido y la jurisprudencia los autoriza.” (fls. 24 a 26 cdno. 1 - mayúsculas del texto original). 2. Hechos 1) En relación con los fundamentos fácticos de las pretensiones de la demanda se advierte que estos no son claros ni precisos, no obstante, de la lectura y examen integrales del relato expuesto se infiere lo siguiente: a) La señora Cecilia Quiroga Silva presentó una denuncia ante la Fiscalía GeneralExpediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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de la Nación a través de una de sus Delegadas en contra de los señores María del Consuelo Herrera Osorio, José Antonio Salazar Ramírez y Melquisedec Marín López por los delitos de fraude procesal y estafa, por ser propietaria del 50% de un bien inmueble que fue objeto de remate en un proceso civil ejecutivo adelantado en su contra con fundamento en un título valor falso. b) El 18 de noviembre de 2011, la Fiscalía Cuarta de Leticia (Amazonas) precluyó la investigación penal iniciada en contra de las personas denunciadas, decisión que fue confirmada el 20 de junio de 2012 por la Fiscalía Catorce de Bogotá. c) Para la demandante, la resolución del 20 de junio de 2012 fue expedida en contra del ordenamiento jurídico porque i) no se apreciaron las pruebas que daban cuenta de la responsabilidad penal de los procesados, ii) se vulneró el principio de imparcialidad y, iii) no se ajustó a la realidad material. d) El ente acusador tampoco realizó una investigación diligente de los hechos punibles que fueron puestos en conocimiento, toda vez que no atendió los elementos materiales probatorios que fueron solicitados durante el trámite del proceso. e) La actuación negligente de la entidad demandada trajo como consecuencia el no restablecimiento del derecho de la señora Cecilia Quiroga Silva como víctima del delito y, por ende, perdió el 50% de un inmueble de su propiedad que fue rematado en el marco del proceso ejecutivo propuesto en su contra (fls. 1 a 28 cdno. 1). 2) El 16 de febrero de 2015, el

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B inadmitió la demanda y otorgó a la parte demandante el término de diez (10) días para que precisara con claridad el título de imputación que pretendía atribuir a la entidad accionada, así como también le solicitó que utilizara expresiones claras al momento de describir las circunstancias de tiempo, modo y lugar de ocurrencia de los hechos base de la demanda (fl. 31 a 32 cdno. 1). 3) A través de memorial presentado el 15 de mayo de 2015, la actora procedió a subsanar la demanda en los siguientes términos: “(…) el título de imputación que predica los autos, se concreta en la objetividad del daño antijurídico irrogado a la víctima consistente en que causó enorme detrimento patrimonial excedido (…). El ente fiscal permitió evidentemente y no evitó que el juez civil ejecutara sentencia ilegal con fraude y engaño a la justicia al rematar y entregar cuota parte de unExpediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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edificio afectado con derechos autorales (…) encuentra su causa en la flagrante y notoria acción defectuosa irregular o bien por la enorme omisión generada al ejecutar o realizar la actividad investigativa penal que da razón los hechos expuestos en la demanda (…) la autoridad demandada definitivamente mediante decisión judicial de junio 20 del año 2012 concluyó o le dio el punto final al proceso penal, que de cara a la víctima en realidad de verdad no recibió correcta impartición de la justicia material, debo aclarar para precisar, que como acto final de la autoridad pública se produjo a raíz de una serie de actividad procesal sustancial de investigación a medias, de manera esquiva (… ) el concierto para delinquir no se investigó adecuadamente partiendo que no existe en el plenario penal auto de apertura de instrucción. Adicionalmente, enumero las falencias procesales cometidas por la entidad demandada, así: 1. Se omite abrir etapa preliminar investigativa siendo que la ley lo exige y es regla. 2. Se omite y distrae llamar a la denunciante simultáneamente inmediatamente posterior a la denuncia formulada contra personas determinadas. 3. Primero se muere el principal promotor de la falsedad y el fraude porque no se vincula en un tiempo aceptable. 4. Se omite vincular a Medardo de Jesús Cortés Pastrán otro de los sospechosos de modo claro y evidente, es más nunca sucedió y fuero (sic) de proceso la segunda instancia ordena su vinculación con absurdo proceder. 5. Tardíamente se abre investigación, pero sobre unos delitos omitiendo la falsedad que no había prescrito y otros evidentes delitos cometidos no se investigan. 6. Tardíamente se vincula a los cesionarios señalados, pero las averiguaciones o preguntas inanes y fuera de contexto, inadecuado e impertinente relación, con todos defectos e irregularidades narradas en los hechos de la demanda de reparación. 7. Con notoria

6. Tardíamente se vincula a los cesionarios señalados, pero las averiguaciones o preguntas inanes y fuera de contexto, inadecuado e impertinente relación, con todos defectos e irregularidades narradas en los hechos de la demanda de reparación. 7. Con notoria tardanza se llama a la denunciante a ratificar su denuncia y bajo preguntas sugestivas se enreda en la pita. 8. Las peticiones de la parte civil no se atiende adecuada y diligentemente. 9. Mucho menos se toman medidas cautelares solicitadas ni se trae al proceso penal la prueba reina material de los ilícitos. 10. Se omite absolutamente obtener la prueba expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil de las personas, y no se observa su acreditación en el proceso civil.” (fls. 55 a 61 cdno. 1). 3. Contestación de la demandada Por auto del 9 de junio de 2015, la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y ordenó la notificación personal del representante legal de la entidad demandada (fls. 63 a 65 cdno. 3).Expediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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Mediante escrito radicado el 31 de agosto de 2015, la Fiscalía General de la Nación se opuso a las pretensiones de la demanda por considerar que no existen fundamentos fácticos ni jurídicos que respalden un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, además, que sus actuaciones estuvieron ajustadas al ordenamiento jurídico (fls. 87 a 100 cdno. 1). 4. Sentencia de primera instancia El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección B en providencia del 1° de noviembre de 2017 negó las pretensiones de la demanda; (fls. 174 a 185 cdno. apelación) como argumentos de la decisión el a quo expuso lo siguiente: 1) Aunque la demanda y su subsanación son confusas, se entiende que la parte actora acciona por dos títulos de imputación, por un lado, por la existencia de un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y, por otra parte, por la existencia de un error judicial contenido en la resolución del 20 de junio de 2012. 2) En ese sentido, no se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en el marco de la investigación penal iniciada en contra de los señores María del Consuelo Herrera Osorio, José Antonio Salazar Ramírez y Melquisedec Marín López por los delitos de fraude procesal y estafa, dado que el ente investigador decretó y practicó diversas pruebas que consideró eran necesarias y suficientes para calificar la instrucción. 3) Tampoco se comprobó que se incurrió en un error jurisdiccional en la resolución

del 20 de junio de 2012 proferida por la Fiscalía Catorce de Bogotá puesto que i) el ente investigador no estaba en la obligación de valorar el delito de falsedad en documento privado porque previamente se había declarado la prescripción; ii) no se puede pasar por alto que la señora Cecilia Quiroga Silva a pesar de haber sido notificada del auto admisorio de la demanda ejecutiva iniciada en su contra, no ejerció ningún acto de defensa para poner de presente alguna irregularidad en relación con el título valor que, según su criterio, era falso, aspecto que fue determinante para que se rematara el predio de su propiedad; iii) “se pone de presente que en contra de la señora Cecilia Quiroga Silva, no solo se promovió la ejecución del cheque por valor de $3.000.000 sino que debe recordarse que en contra de la misma se adelantaban más de tres procesos ejecutivos, los que en todo caso, permitían el embargo, circunstancia que implica por sí sola, la inexistencia deExpediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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una relación causal entre el hecho y el daño que se demanda”. 5. Recurso de apelación El 22 de noviembre de 2017 la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 193 a 194 cdno. apelación), las razones de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así: 1) El a quo se apartó de los hechos y pretensiones expuestos en la demanda y, en su lugar, las sustituyó por unas que no corresponden a la causa, pues, se orientó a “criticar” a la señora Cecilia Quiroga Silva con el fin de eludir la responsabilidad patrimonial extracontractual en que incurrió la Fiscalía General de la Nación, quien omitió investigar de manera adecuada los delitos denunciados. 2) Hay lugar a proferir una condena en contra de la entidad demandada porque esta se abstuvo de ejercer sus funciones de acuerdo con el ordenamiento jurídico, en la medida que i) no realizó una “indagación completa” respecto de los procesados; ii) denegó el acceso a la administración de justicia por el hecho de declarar la prescripción del delito de falsedad en documento privado y, iii) no llamó oportunamente a los denunciados ni “se preocupó por abrir auto cabeza de investigación penal”. 3) En la presente demanda de reparación directa no se alegó ningún error judicial, de modo que no es posible modificar o desnaturalizar lo pretendido a través del medio de control: “en ningún aparte de la demanda no se correlaciona la voz error judicial, en relación directa con la investigación completa omitida por el agente fiscal (…). Como el carácter general de la ley se funda en mandar, prohibir

y permitir, como atributo de soberanía, el juez natural de la causa no puede apartarse de los mandatos legales y superiores, o le está vedado transgredir las previsiones es el caso razón por la cual no le es permitido modificar, alterar o desnaturalizar la causa puesta a su composición judicial de reparación directa de responsabilidad del ente demandado, como en efecto se ha modificado o invalidado, hechos, pruebas y pretensiones de la demanda”. 4) No es cierto que la señora Cecilia Quiroga Silva no informó sobre las irregularidades contenidas en el título valor, debido a que tan pronto tuvo conocimiento que este fue objeto de falsificación lo denunció ante la autoridad competente.Expediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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1. El tribunal no realizó ningún pronunciamiento sobre el perjuicio moral (fls. 190 a 199 cdno. apelación). 6. Actuación surtida en segunda instancia Por auto del 21 de marzo de 2018 (fl. 207 cdno. apelación) se admitió el recurso de apelación, el 31 de mayo de 2018 (fl. 211 cdno. apelación) se corrió traslado a las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto. En dicha oportunidad procesal, la parte actora y la Fiscalía General de la Nación insistieron en los argumentos expuestos durante el trámite del proceso (fls. 210, 213 a 218 cdno. apelación), mientras que el Ministerio Público guardó silencio. II. CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, 3) conclusión y, 4) condena en costas. 1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar si en el presente caso la Fiscalía General de la Nación es patrimonial y extracontractualmente responsable por la supuesta indebida investigación de los delitos denunciados por la señora Cecilia

Quiroga Silva que finalizó con resolución de preclusión en favor de los allí procesados. 1 En casos como el presente, la caducidad debe contabilizarse desde el momento en el que la parte demandante tuvo o debió tener conocimiento del hecho dañoso. En el presente asunto, se invoca un supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por parte de la Fiscalía General de la Nación por la omisión al investigar de manera adecuada los delitos denunciados por la señora Cecilia Quiroga Silva, que trajo como consecuencia la pérdida del 50% de un inmueble de su propiedad, situación que se hizo evidente con la resolución proferida el 20 de junio de 2012 por la Fiscalía Catorce de Bogotá que precluyó la causa y que fue notificada personalmente a la aquí demandante el 24 de julio de 2012 (fl. 57 cdno, 5); la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 27 de junio de 2014 y se declaró fallida el 25 de septiembre de 2014 (fl. 1 cdno. 4), mientras que la demanda se formuló el 13 de enero de 2015 (fl. 323 cdno. 1). Se advierte que entre el 9 de octubre de 2014 al 13 de enero de 2015 no hubo atención al público en las instalaciones judiciales con ocasión de un paro judicial, de modo que el presente medio de control se interpuso en tiempo de conformidad con el literal i) numeral 2 del artículo 164 del CPACA.Expediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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En ese sentido, se confirmará la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda porque no se demostró el daño alegado por la demandante, entendido como la pérdida de oportunidad a que se le restableciera su derecho como víctima de unos punibles, esto es, que se le pagara el valor del 50% de un inmueble de su propiedad que, según se anunció en la pretensión número dos de la demanda, se ubica en la carrera 6A # 10-89 en Leticia (Amazonas) y se identifica con la matrícula inmobiliaria número 400-8953. De otro lado, se abstendrá de analizar el error judicial contenido supuestamente en la resolución del 20 de junio de 2012 expedida por la Fiscalía Catorce de Bogotá toda vez que, si bien en la demanda se anunció “en consecuencia se declare responsable patrimonialmente al estado, a efecto jurídico a que se repare los daños antijurídicos irrogados a la víctima, son ciertos y actuales, realmente generados, constitutivos de grave injuriosa lesión integral a la persona y a la propiedad patrimonial económica, son realmente sufridos, padecidos y experimentados, por la parte demandante, imputados a la autoridad fiscal, a partir de hechos antijurídicos consumados mediante resolución judicial de junio 20 del año 2012” (fl. 2 cdno.1), lo cierto es que la parte actora en el recurso de apelación aclaró que no pretendía obtener la declaración de responsabilidad patrimonial extracontractual derivada de dicho título de imputación. 2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado 2.1 El daño 1) Según se anuncia en la demanda, la señora Cecilia Quiroga Silva perdió la oportunidad de que se le restableciera su derecho como víctima de unos delitos, pues, como consecuencia de una indebida investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación

El daño 1) Según se anuncia en la demanda, la señora Cecilia Quiroga Silva perdió la oportunidad de que se le restableciera su derecho como víctima de unos delitos, pues, como consecuencia de una indebida investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación no se le pagó el valor correspondiente al 50% de un inmueble que era de su propiedad ubicado en la carrera 6A # 10-89 en Leticia (Amazonas) e identificado con la matrícula inmobiliaria número 400-8953, el cual fue rematado en el marco de un proceso ejecutivo adelantado en su contra con fundamento en un título valor que era falso -cheque número 0365907-. 2) Por consiguiente, se verificará lo concerniente a la acreditación del daño como primer elemento de la responsabilidad patrimonial extracontractual, pues, en casosExpediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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como estos, la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado2 ha establecido que lo que se suscita como daño, como concepto diferente del perjuicio, es lo que se ha denominado pérdida de oportunidad la cual no puede reducirse por el simple hecho de la incertidumbre sobre la decisión penal definitiva, sino que, deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde con sus intereses y que esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se reclama debe ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse como daño indemnizable3. 3) La oportunidad frustrada debe estar dotada de una cierta relevancia jurídica que permita calificarla como valiosa o real que justifique el interés legítimo del demandante. Aunque para acreditar la pérdida de oportunidad basta con la aleatoriedad del eventual resultado favorable, debe existir certeza sobre la existencia de la oportunidad entendida como la expectativa real, seria y relevante que, en ausencia del hecho dañoso, la víctima habría mantenido intacta la expectativa de obtener un provecho o de evitar un perjuicio, de manera que la oportunidad se extinguió de forma irreversible para la víctima pues, de lo contrario, el daño sería eventual y por tanto no susceptible de indemnización. 4) En esa perspectiva, los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad han sido tratados por la jurisprudencia4, como se explica a continuación: a) El primero, referido a la aleatoriedad del resultado, es la incertidumbre acerca de si el beneficio se iba

a conseguir o si el perjuicio se iba a evitar, lo cual constituye un mero interés legítimo de la frustración de una expectativa sin que ello se oponga al carácter cierto del daño, pues, la certeza en este caso debe analizarse respecto de la oportunidad perdida y no del resultado. b) El segundo, relacionado con la certeza de la oportunidad propiamente dicha, impone la obligación de probar que el afectado realmente se hallaba en una 2 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente 25.327; Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 10 de agosto de 2017, expediente 42.334, todas con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, entre otras. 3 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 30 de marzo de 2020, expediente 45.530, MP Ramiro Pazos Guerrero. 4 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 8 de febrero de 2017, expediente 41.073, MP Hernán Andrade Rincón, reiterada por la misma Subsección en sentencias del 24 de mayo de 2018, expediente 44.861, del 14 de marzo de 2019, expediente 45.890 y del 11 de abril de 2019, expediente 50.569, todas con ponencia de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico.Expediente 25000-23-36-000-2015-00124-02 (60.745) Actor: Cecilia Quiroga Silva Reparación directa Apelación sentencia

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situación tanto fáctica como jurídicamente idónea para alcanzar el resultado esperado. c) El tercero, exige demostrar que la oportunidad de obtener la reparación se extinguió definitivamente, vale decir, que se trató de una pérdida definitiva de la oportunidad puesto que, si dicha reparación aún puede ser lograda la oportunidad no estaría perdida o frustrada. 5) En este asunto en particular, la Sala observa que no se cumplen los presupuestos necesarios para probar la ocurrencia de un daño por pérdida de oportunidad, como se explica en el acápite siguiente. 2.2 Estudio del caso concreto 1) En el proceso de la referencia obran copias de algunas actuaciones judiciales surtidas en dos procesos diferentes, por un lado, el proceso ejecutivo seguido en contra de la señora Cecilia Quiroga Silva y, por otra parte, la investigación penal que se adelantó en contra de los señores José Antonio Salazar Ramírez, María del Consuelo Herrera Osorio y Melquisedec Marín López. 2) Para una debida comprensión, la Sala se referirá de manera separada a cada uno de estos procesos y, en ese sentido, de conformidad con las pruebas v