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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho Número único de radicación: 250002341000 2017 00913 01

Demandante: María Clemencia Cantini Ardila

Demandado: Contraloría General de la República

Asunto: Proceso de responsabilidad fiscal: Prescripción de la acción de responsabilidad fiscal. Suspensión y reanudación de términos por manifestación de impedimento.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y demandada contra la sentencia proferida en primera instancia, el 6 de octubre de 2022 por la Subsección A de la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES

La demanda1

1. La señora María Clemencia Cantini Ardila 2, en adelante la parte demandante, presentó demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la

1 Cfr. folios 1 a 108 del Cuaderno principal núm. 1 del expediente

presentó demanda contra la Contraloría General de la República, en adelante la

1 Cfr. folios 1 a 108 del Cuaderno principal núm. 1 del expediente 2 Por intermedio de apoderado2

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parte demandada, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 18 de enero de 20113.

Pretensiones

2. La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

“[…] Con la presente solicitud pretendemos que se declaren nulos los siguientes actos:

• Primera instancia, Fallo proferido en Audiencia Pública de primera instancia, entre los días 10 de octubre y 16 de noviembre de 2016, firmado por la Contraloría Delegada Intersectorial 8 de la Unidad Especial Antico rrupción de la Contraloría General de la República frente al cual se agotó la vía gubernativa mediante los correspondientes recursos de reposición y apelación.

• Primera instancia, decisión proferida en Audiencia Pública de primera instancia, entre los días 25 de noviembre a 7 de diciembre de 2016, firmado por la Contralora Delegada Intersectorial 8 de la Unidad Especial Anticorrupción de la Contraloría General de la República mediante la cual se negó el recurso de reposición.

• Segunda instancia, Fallo de fe cha 19 y 20 de diciembre de 2016, por medio del

General de la República mediante la cual se negó el recurso de reposición.

• Segunda instancia, Fallo de fe cha 19 y 20 de diciembre de 2016, por medio del cual se confirma en su integridad el fallo de responsabilidad de primera instancia, proferido dentro del Proceso de Responsabilidad Fiscal No. 257, el cual es firmado

por la Contralora General Ad Hoc Gloria Amparo Alfonso Másmela.

Acto administrativo complejo mediante el cual, en contravía de la legalidad, se resolvió fallar con responsabilidad fiscal dentro del proceso de responsabilidad Ni. 257 de 2010, motivo por el cual se debe declarar la nulidad del ref erido fallo con responsabilidad fiscal […]”

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] Que como consecuencia de las anteriores determinaciones y a título de restablecimiento del derecho, se ordene a la Contraloría General de la República el pago de una indemnización por daños causados a la Doctora MARÍA CLEMENCIA

CANTINI ARDILA

Como consecuencia de lo anterior, solicito:

a. La condena respectiva sea indexada, y se reconozcan los intereses legales tomando como base para la liquidación la va riación del índice de precios al consumidor desde el momento de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad al Artículo 195 del Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. b. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad li quide los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 192 del C.P.A.C.A.

La contraloría General de la República, de cumplimiento a la sentencia que ponga fin

b. Si no se efectúa el pago en forma oportuna, la entidad li quide los intereses comerciales y moratorios como lo ordena el artículo 192 del C.P.A.C.A.

La contraloría General de la República, de cumplimiento a la sentencia que ponga fin a este proceso, dentro de los términos de ley. (C.P.A.C.A., art. 192) también o rdene compulsar copias de esta decisión a la Oficina del boletín de responsables fiscales,

3 “[…] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]”3

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con el objeto de excluir del mencionado boletín a la Doctora MARÍA CLEMENCIA CANTINI ARDILA, así como a la Procuraduría General de la Nación. […]”

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar

sus pretensiones4:

5. Precisó que, la parte demandante se vinculó al Instituto de Desarrollo Urbano como Directora Técnica de Gestión Contractual de la Subdirección General Jurídica, desde el 4 de mayo de 2009 a 31 de agosto de 2010.

6. Refirió que, la acción de responsabilidad fiscal tuvo como origen un hallazgo encontrado por la Contraloría de Bogotá, entidad que dio apertura a una indagación

desde el 4 de mayo de 2009 a 31 de agosto de 2010.

6. Refirió que, la acción de responsabilidad fiscal tuvo como origen un hallazgo encontrado por la Contraloría de Bogotá, entidad que dio apertura a una indagación preliminar núm. CD 000213, y en virtud que se encontraba en ejecución la cesión, el IDU adquirió unos compromisos, por lo que mediante auto núm. 498 de 18 de agosto de 2010 procedió al archivo.

7. Señaló que, la Comisión Primera de la Cámara de Representantes solicitó a la Contraloría, que mediante control excepcional avocará conocimiento de los hechos presuntamente irregulares presentados durante la construcción y adecuación de la fase III del Sistema Integrado de Transporte Masivo “Transmilenio” de la ciudad de

Bogotá D.C.

8. Indicó que, en atención a lo anterior la Contraloría Delegada para Investigaciones, Juicios Fiscales y Jurisdicción coactiva de la Contraloría General de la República, por encontrar presuntamente reunidos los presupuestos legales del artículo 40 de la Ley 610 de 2000, ordenó la apertura del proceso de responsabilidad fiscal.

9. Sostuvo que, “[…] mediante Auto No. 005-2011 la Contraloría General declaró de IMPACTO NACIONAL los hechos objeto del proceso de responsabilidad fiscal verbal No. CD 00257 […]”.

10. Refirió que, mediante auto núm. 00079 de 10 de agosto de 2012 se “[…] imputó responsabilidad fiscal contra los vinculados […]” , decisión que fue modificada a través del auto núm. 0035 de 3 de abril de 2013.

responsabilidad fiscal contra los vinculados […]” , decisión que fue modificada a través del auto núm. 0035 de 3 de abril de 2013.

4 Cfr. folios 1 a 67 del cuaderno principal núm. 1 del expediente.4

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11. Indicó que, el 9 de diciembre de 2013 se profirió Laudo, en el cual “[…] se declaró la nulidad del Contrato y se ordenó el pago al Grupo Vías de Bogotá cerca de 40 mil millones de pesos por concepto de restitución por contrato ejecutado. Laudo conformado mediante sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo contencioso administrativo Sección Tercera, Subsección B. Consejero Ponente Ramiro Pazos Guerrero del 26 de abril de 2017 en que declaró infundado el recurso de anulación interpuesto en contra del la udo arbitral. El precitado laudo expreso que las modificaciones fueron ajustadas a la ley. Radicado No. 11001032600020140001800 (49.893) […]”.

12. Señaló que, la parte demandante presentó descargos el 13 de agosto de 2014, y en audiencia de descargos del 24 y 26 de junio de 2015, se negaron las pruebas solicitadas. Contra la mencionada decisión se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Recursos que fueron resueltos negativamente.

solicitadas. Contra la mencionada decisión se presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación. Recursos que fueron resueltos negativamente.

13. Aseveró que “[…] Encontrándose el proceso en etapa probatoria y pendiente de resolver en segunda instancia los recursos de apelación interpuestos contra la decisión mediante la cual se negaron unas pruebas, mediante oficio

2015EE0096733 del 5 de agosto de 2015, el Contralor General de la República manifestó su impedimento para conocer del proceso, ante el Procurador General de la Nación, por encontrar configurada la causal de impedimento prevista en el Artículo 141, numeral 2 de la Ley 1564 de 2012, consistente en "Haber conocido del proceso o realizado cual quier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente". El mismo 5 de agosto de 2015 se suspenden términos mediante auto ORD. 180112-130-2015. Notificado por Estado e (sic) 6 de agosto de 2015 […]”

14. Mencionó que, el 3 de septiembre de 2015, el Procurador General de la Nación aceptó el impedimento propuesto por el doctor Edgardo Maya Villazón y designó como Contralor General Ad Hoc al entonces Vice -Contralor doctor J osé Antonio Soto Murgas, para que procediera a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la decisión que en primera instancia negó algunas pruebas. Decisión que fue comunicada a la Contraloría General mediante oficio núm. 149593 de 14 de septiembre de 2015 al Vicecontralor, y el mismo día mediante radicado 149589 al

Contralor General.5

comunicada a la Contraloría General mediante oficio núm. 149593 de 14 de septiembre de 2015 al Vicecontralor, y el mismo día mediante radicado 149589 al Contralor General.5

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15. Resaltó que, mediante auto de 14 de octubre de 2015, la Procuraduría General de la Nación modificó el Artículo 2 del auto del 3 de septiembre de 2015, para designar al doctor Soto Murgas en calidad de Contralor Delegado para el sector social como Contralor General Ad Hoc, lo anterior teniendo en cuenta que el señor José Antonio Soto Murgas manifestó que ya no era Vice -Contralor sino Contralor

Delegado para el Sector Social.

16. A través del auto núm. ORD -80112-0297-2016 de 20 de abril de 2016, el Contralor Ad Hoc confirmó en segunda instancia la decisión por la cual se negaron las pruebas.

17. Señaló que, en la audiencia de descargos celebrada los días 4, 10, 11 y 17 de mayo de 2016, varios vinculados presentaron solicitud de nulidad, las cuales fueron negadas en audiencia de 20 de mayo de 2016, interponiendo los apoderados en la oportunidad legal el correspondiente recurso de reposición y en subsidio apelación.

Y en audiencia de 27 de mayo de 2016, no repuso la decisión, y concedió el

negadas en audiencia de 20 de mayo de 2016, interponiendo los apoderados en la oportunidad legal el correspondiente recurso de reposición y en subsidio apelación. Y en audiencia de 27 de mayo de 2016, no repuso la decisión, y concedió el correspondiente recurso de apelación.

18. Indicó que, a través del oficio núm. 2016IE0048218 de 1.° de junio de 2016, se remitió el proceso al Contralor General de la República par a que resolviera los recursos de apelación interpuestos contra el auto que negó las solicitudes de nulidad; funcionario que a su vez, mediante oficio núm. 2016EE0070777 de 2 de junio de 2016, reiteró su impedimento ante el Procurador General de la Nación y en razón de ello, por auto núm. ORD -80112-323-2016 de 3 de junio de 2016, el Contralor General de la República ordenó la suspensión de términos en el proceso.

19. Mencionó que, en atención al impedimento presentado, mediante auto de 15 de junio de 2016, el Procurador General de la Nación fue aceptado y designó a la Contralora Delegada para investigaciones y juicios fiscales doctora Soraya Vargas Pulido, quien a su vez también presentó manifestación de impedimento, y fue aceptado a través del auto de 11 de julio de 2016, designando a la Vicecontralora Amparo Alonso Masmela y mediante Oficio núm. 2016ER0075886 de 28 de julio de 2016 le fue comunicada su designación para el proceso.6

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2016 le fue comunicada su designación para el proceso.6

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20. Refirió que, a través del auto núm. 0358 de 4 de agosto de 2016, avocó conocimiento y con retroactividad se reanudaron términos desde el 2 de agosto de 2016; resaltó igualmente que, en auto núm. 380 de 17 de agosto de 2016, se suspendieron los términos entre el 19 y 23 de agosto de 2016, y en ese sentido, por auto núm. 391 de 24 de agosto de 2016, se reanudaron los términos a partir del 24 de agosto de 2016.

21. Aseveró que, los alegatos de conclusión fueron presentados entre los días 12 al 14 de octubre de 2016, y en Audiencia Pública adelantada entre el 10 de octubre a

16 de noviembre de 2016, la Contraloría Delegada Intersectorial No. 8 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción realizó la lectura del fallo de primera instancia, “[…] excluyendo a mi cliente únicamente por el ítem de mayores costos de interventoría […]”.

22. Manifestó que, se presentaron los correspondientes recursos de reposición y en subsidio apelación; y entre el 19 y 20 de diciembre de 2016, se realizó la lectura del fallo de segunda instancia.

23. Finalmente, refirió que el reproche del proceso de responsabilidad fiscal se basó

subsidio apelación; y entre el 19 y 20 de diciembre de 2016, se realizó la lectura del fallo de segunda instancia.

23. Finalmente, refirió que el reproche del proceso de responsabilidad fiscal se basó en que en su condición de Directora Técnica de Gestión Contractual de la Subdirección General Jurídica del IDU, avaluó y aprobó la cesión del contrato núm. 137 de 2007.

Normas violadas

24. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículo 29 de la Constitución Política. • Artículos 2, 5, 9, 13, 16, 33, 34, 35, 53, 54 de la Ley 610 de 20005. • Artículo 12 de la Ley 1437 de 2011.

Concepto de violación

25. La parte demandante formuló los siguientes cargos:

5 "[…] Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías […]"7

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25.1. “[…] Decisión judicial – laudo arbitral respecto a los hechos generadores del daño por parte de la Contraloría General de la República – Incompetencia de la Contraloría […]”.

25.2. “[…] Prescripción proceso responsabilidad fiscal – Incompetencia de la Contraloría General de la República […]”.

daño por parte de la Contraloría General de la República – Incompetencia de la Contraloría […]”.

25.2. “[…] Prescripción proceso responsabilidad fiscal – Incompetencia de la Contraloría General de la República […]”.

25.3. “[…] Ausencia de probar los elementos de la Responsabilidad Fiscal […]”.

25.4. “[…] Omisión en cumplir con las normar de desarchivo del proceso […]”.

25.5. “[…] Incumplimiento del principio de imparcialidad en el proceso de responsabilidad fiscal […]”.

25.6. “[…] Parcialización probatoria […]”.

25.7. “[…] Incongruencia entre el auto de imputación de responsabilidad fiscal No. 0079 del 12 de agosto de 2012 y el fallo de primera instancia […]”.

25.8. “[…] Incongruencia del fallo respecto a calidad del cargo de la doctora Cantini […]”.

25.9. “[…] Imparcialidad de los funcionarios […]”.

25.10. “[…] Prejuzgamiento […]”.

26. Atendiendo a que el fallo de primera instancia centró su estudio respecto al cargo de la prescripción de la acción de responsabilidad fiscal, y el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada ataca únicamente estos argumentos, esta Sala analizará el cargo de prescripción , y al re specto la parte demandante para

fundamentar su violación, indicó:

Cargo: Prescripción del proceso de responsabilidad fiscal

27. Afirmó que, son varios supuestos procesales que permiten establecer la8

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27. Afirmó que, son varios supuestos procesales que permiten establecer la8

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prescripción del proceso de responsabilidad fiscal “[…] por lo que al momento que se lee el fallo definitivo, el 20 de diciembre de 2016, el órgano de control fiscal ya no tenía competencia para proferir un fallo en el trámite del proceso […]”.

28. Sostuvo que, conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 610 de 2000 “[…] establece un término de caducidad de 5 años “contados a partir del auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal” […]”, e indicó que “[…] bajo circunstancias normales de trámite, es decir sin suspensión de términos, al haberse aperturado el proceso el 17 de diciembre de 2010, mediante Auto No. 000912, existía un término inicial de prescripción hasta el 17 de diciembre de 2015 […]”.

29. Refirió que “[…] La Contraloría General aduciendo suspensiones injustificadas y ajenas a la ley incrementó el término de prescripción a 438 días calendario […]”, y en razón de ello, procedió a analizar las suspensiones presentadas en el proceso de responsabilidad fiscal.

30. Mencionó que, hubo una recusación contra la Contralora Sandra Morelli, la cual suspendió el proceso desde el 9 de abril a l 8 de mayo de 2012, es decir, 30 días,

de responsabilidad fiscal.

30. Mencionó que, hubo una recusación contra la Contralora Sandra Morelli, la cual suspendió el proceso desde el 9 de abril a l 8 de mayo de 2012, es decir, 30 días, sin embargo, afirmó que “[…] Esta suspensión se tramitó dentro del término legal establecido en el Artículo 12 de la Ley 1474 de 2011, es decir 18 días hábiles […]”.

31. Señaló que, debido a una fumigación realizada en las oficinas de la parte demandada, se suspendieron los términos entre el 13 al 16 de febrero de 2014, es decir, 4 días, no obstante, refirió que “[…] El término real es de 2 días en cuanto se están contando dos días inhábiles, un sábado y un domingo […]”.

32. Indicó que, mediante Resolución reglamentaria núm. 010 de 31 de diciembre de 2014, se suspendieron los términos por 20 días, desde el 1.° al 20 de enero de 2015, que obedeció al cambio de sede de la Contraloría General de la República , pero “[…] Este término no cumple el mandato del Artículo 12 de la Ley 1474 de 2011 en cuanto no constituye una causal de irresistibilidad e imprevisibilidad de la fuerza mayor y el caso fortuito […]”.

33. Frente a los distintos trámites de impedimento del Contralor General de la República indicó que:9

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“[…] En el trámite de la Audiencia de Descargos el Contralor General de la República se declaró impedido, el 5 de agosto de 2015, para conocer del trámite de apelación del recurso de apelación interpuesto por los apoderados contra el Auto que negó la práctica de pruebas.

El Contralor General de la República manifestó su impedimento para conocer del proceso, ante el Procurador General de la Nación, por encontrar configurada la causal de impedimento prevista en el Artículo 141, numeral 2 de la Ley 1564 de 2012 […]. El mismo 5 de agosto de 2015 se suspenden términos mediante auto ORD. 180112130-2015. Notificado por Estado e(sic) 6 de agosto de 2015-

[…] mediante Auto del 3 de septiembre de 2015 aceptó el impedimento, designando al Vice Contralor como Contralor Ad hoc para el proceso.

La decisión le fue comunicada a la Contraloría mediante Oficio 149593 del 14 de septiembre de 2015, sin embargo, éste manifestó que ya no ocupa ba el cargo de Vicecontralor por lo que no podía aceptar el nombramiento. El Auto también se le notifica al Contralor General mediante radicado 149589 del mismo día.

[…] mediante radicado 169309 del 15 de octubre de 2015 le notifica el Auto del 14 de octubre de 2015, en el que se establece que se delega al señor JOSÉ ANTONIO SOTO MURGAS como Contralor Ad Hoc sin importar que actualmente se encuentre

octubre de 2015, en el que se establece que se delega al señor JOSÉ ANTONIO SOTO MURGAS como Contralor Ad Hoc sin importar que actualmente se encuentre ocupando el cargo de Contralor Delegado para el Sector Social.

Solo hasta el 18 de abril de 2016, mediante Auto 289, casi 7 meses después de comunicarle la decisión de la Contraloría, el Contralor Ad Hoc procedió a reanudar los términos procesales:

"Mediante Oficio dirigido al Contralor General de la República y recibido en su despacho el día 15 de abril de 2016, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios comunica el Auto de 14 de octubre de 2015, mediante el cual el Procurador General de la Nación dispuso modificar el Artículo segundo de los autos del 3 de septiembre de 2015 proferidos dentro de lo s registros SIAF-2015262151 y SIAF-2015-272148, así como el artículo el auto de fecha 27 de noviembre de 2014 proferido en el radicado IUS -2014-362480, con los cuales son los (sic) aceptados los impedimentos interpuestos por el señor Contralor General de la República, (...)"

De conformidad a lo manifestado por el Contralor Ad hoc pareciera que es hasta el 15 de abril de 2016 que la Procuraduría tardíamente informa sobre el Auto del 14 de octubre de 2015, es decir que el órgano de control disciplinario se demoró 6 meses en notificar su providencia, sin embargo, como procederemos a exponerlo esto no es ajustado a la realidad, y va en contra de la lealtad y buena fe contractual que se engañe a las partes del proceso en una grosera desinformación de la realidad.

en notificar su providencia, sin embargo, como procederemos a exponerlo esto no es ajustado a la realidad, y va en contra de la lealtad y buena fe contractual que se engañe a las partes del proceso en una grosera desinformación de la realidad.

[…] se observa que desde que se resolvió hasta que se reanudaron términos transcurrió un término de 6 meses, tiempo dentro del cual no se efectuó ninguna diligencia o se adelantó alguna actuación que justificara la suspensión de términos. Por lo anteri or, nos permitimos manejar los siguientes escenarios de términos suspendidos:

21 DÍAS - Acatamiento al precedente jurisprudencial, al CPACA y a la Ley 610 del 2000: El proceso se suspendió el día 5 de agosto de 2015 por lo tanto inicialmente existen los 3 días para enviarlo al superior que transcurrieron entre el días 6, 10, y 11 de agosto; a los que se siguen los 10 días para resolver el impedimento que transcurrían entre los días del 6 al 26 de agosto, con reanudación de términos el 27 de agosto de 2015.

Sin desconocer el precedente y la norma, y con ánimo de discusión si se obedece el10

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término dentro del cual se efectuaron actuaciones del trámite de recusación se tendría:

• 71 DÍAS - Tiempo que se tomó el Procurador General: El proceso se suspendió

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término dentro del cual se efectuaron actuaciones del trámite de recusación se tendría:

• 71 DÍAS - Tiempo que se tomó el Procurador General: El proceso se suspendió el día 5 de agosto de 2015 y el Auto que resolvió el impedimento final fue notificado el día 15 de octubre de 2015, por lo tanto debió reanudarse el día 16 de octubre de 2015, pero se le reitera a su Señoría que sin ninguna justificación alguna y sin cumplirse ninguna de las causales establecidas en el artículo 13 de la Ley 610 de 2000 como es la fuerza mayor o caso fortuito, o por la tramitación de una declaración de impedimento o recusación, la Contraloría mantuvo la suspensión del proceso irregularmente.

TRASLADO UNIDAD DE INVESTIGACIONES ESPECIALES CONTRA LA CORRUPCIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA: Mediante Resolución 019 del 12 de agosto de 2014 se procede al traslado de la sede de la Unidad al nuevo Edificio Paralelo 26, con una suspensión de 5 días del 19 de agosto de 2016 al 23 de agosto del mismo año.

SUSPENSIÓN DE TÉRMINOS DEL CONTRALOR A PESAR DE QUE SE HABÍA DECLARADO IMPEDIDO: El doctor Edgardo Maya procedió a suspender términos mediante Auto No. ORD80112323 del 3 de junio de 2016 y reanudó el 4 de agosto de 2016 mediante Auto No. ORD 801120358, es decir por 61 días, a pesar que desde el 5 de agosto de 2015 se había declarado impedido para conocer el trámite procesal.

de agosto de 2016 mediante Auto No. ORD 801120358, es decir por 61 días, a pesar que desde el 5 de agosto de 2015 se había declarado impedido para conocer el trámite procesal.

A pesar de que se presentó nulidad frente a esta decisión, como era costumbre del Despacho de no motivar sus decisiones únicamente se limitó a decir "El Despacho se abstendrá de pronunciarse sobre estos puntos, como quiera que los mismos fueron analizados a fondo y resueltos tanto por la primera como por esta instancia en el auto ORD80112-0406-2016 del 13 de septiembre de 2016."

Como lo puede verificar este Despacho en la totalidad del expediente fiscal, la nulidad propuesta era diferente a la resuelta mediante el Auto del 13 de septiembre de 2016, ésta última referida a las actuaciones del Contralor previas a su declaratoria de impedimento, y la segunda sobre su actuación de suspender los términos del proceso a pesar que ya el Procurador General había encontrado procedente apartarlo del proceso por un probado conflicto d e intereses. Es decir que la primera nulidad se propone por las irregularidades anteriores al pronunciamiento del Procurador General, y la nuestra, la no contestada, sobre las posteriores a dicha manifestación.

Por lo anterior, se corrobora que el Contralor Edgardo Maya actuó estando impedido, por lo que esta suspensión de términos tampoco es válida.

POR LO TANTO, Y COMO CONCLUSIÓN, SE TIENE QUE ACATANDO LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL PRECEDENTE JUDICIAL, EL PROCESO PRESCRIBIÓ EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2016. […]” (Negrillas del texto original)

Contestación de la demanda6

NORMATIVIDAD VIGENTE Y EL PRECEDENTE JUDICIAL, EL PROCESO PRESCRIBIÓ EL DÍA 15 DE FEBRERO DE 2016. […]” (Negrillas del texto original)

Contestación de la demanda6

34. La Contraloría General de la República 7 contestó la demanda , oponiéndose a las pretensiones de la parte demandante y argumentando que la demanda carece de fundamentos jurídicos y probatorios.

6 Cfr. Folios 128 a 155 del Cuaderno principal. 7 Por intermedio de apoderado.11

Núm. único de radicación: 250002341000 2017-00913 01

Demandante: María Clemencia Cantini Ardila

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

35. Frente al cargo de prescripción propuesto por la parte demandante señaló que, en atención al cómputo de los términos, se debe tener como punto de partida la fecha de apertura del proceso de responsabilidad fiscal, es decir, el 17 de diciembre de 2010, por lo cual, en principio el término de que trata el artículo 9 de la Ley 610 de 2000, vencía el 18 de diciembre de 2015.

36. Refirió que, durante el trámite del proceso acaecieron varias situaciones constitutivas de fuerza mayor y de caso fortuito, como también se surtieron tramites de impedimentos y recusaciones que implicaron la suspensión de los términos.

37. Y en ese sentido, señaló la suspensión de términos de la siguiente manera:

“[…] Evento que da lugar a la

de impedimentos y recusaciones que implicaron la suspensión de los términos.

37. Y en ese sentido, señaló la suspensión de términos de la siguiente manera:

“[…] Evento que da lugar a la suspensión de términos ( art. 13 Ley 610 de 2000) Inicio suspensión Levantamiento suspensión Días suspendidos Recusación contra la Contraloría General de la República, Sandra Morelli Rico 9 de abril de 2012 8 de mayo de 2012 30 días calendario Resolución reglamentaria No. 269 del 13 de febrero de 2014 (Fumigación de la sede de la Contraloría General de la República) 13 de febrero de 2014 16 de febrero de 2014 4 días calendario Resolución reglamentaría No. 010 del 31 de diciembre de 2014 (Traslado de sede 1 de enero de 2015 20 de enero de 2015 20 días calendario12

Núm. único de radicación: 250002341000 2017-00913 01

Demandante: María Clemencia Cantini Ardila

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de la Contraloría General de la República) Impedimento del Contralor de la República 5 de agosto de 2015 19 de abril de 2016 259 días calendario Resolución reglamentaria