CE - 250002342000201505618011SENTENCIA20230718143842

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Título
CE - 250002342000201505618011SENTENCIA20230718143842
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020)

Demandante: Luz Belén Medina Sotelo Demandado: Nación (Ministerio de Educación Nacional , Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y otro

Temas: Régimen de cesantías con retroactividad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el 27 de junio de 201 9 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A , por medio de la cual denegó las pretensiones de la demanda, en torno a la aplicación del régimen de retroactividad de cesantías.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Luz Belén Medina Sotelo, por intermedio de

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la señora Luz Belén Medina Sotelo, por intermedio de apoderado, formuló demanda en orden a que se declare la nulidad parcial de la2

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo Resolución 335 del 5 de mayo de 2015 , expedida por la Secretarí a de Educación de Girardot, por medio de la cual se reconocieron sus cesantías parciales sin aplicar el Sistema de Retroactividad, según lo previsto en la Ley 6.ª de 1945.

Como consecuencia de lo anterior, solicitó i) declarar que tiene derecho al reconocimiento, liquidación y pago de su cesantía parcial, con base en el régimen de retroactividad; ii) ordenar a la entidad demandada que pague las diferencias de su auxilio producto de la liquidación con el aludido régimen; iii) disponer el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011 ; iv) incorporar los ajustes de valor sobre las sumas que surjan con ocasión de la anterior diferencia, en los términos del artículo 187 ibidem; v) disponer el pago de intereses moratorios sobre los valores ordenados en la sentencia, al tenor de lo previsto en los artículos 19 2 y 1 95 ejusdem; y vi) condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

condenar en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, el apoderado de la demandante señaló los siguientes:

  1. La señora Luz Belén Medina Sotelo ha prestado su servicio en f orma ininterrumpida al municipio de Girardot, en su condición docente, desde el 29 de septiembre de 1995.1
  1. El 10 de febrero de 2015, solicitó, ante la Secretaría de Educación de Girardot, el pago de sus cesantías parciales, petición que fue resuelta a través de la Resolución 335 del 5 de mayo de 2015, en la que se reconoció su prestación; sin embargo, en dicho acto se aplicó el régimen de cesantías establecido en el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 y no en forma retroactiva, según lo dispuesto en la Ley 6.ª de 1945. Contra dicha resolución no se interpusieron recursos.

1 Esa información aparece en el hecho 1º de la demanda; sin embargo, no coincide con el material probatorio allegado al expediente, por lo tanto, la Sala tendrá por cierta la fecha que se demuestra con el acta de posesión respectiva, conforme se relacionará en el acápite 2.3 de esta providencia.3

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

Como tales, se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 23, 25, 29, 53, 58, 67 y 122 de la Constitución Política; 12 y 17, literal a) de la Ley 6.ª de 1945; 2, literal a) de la Ley 4.ª de 1992; 6 de la Ley 60 de 1993; 176 de la Ley 115 de 1994; 13 de la Ley 344 de 1996; 5, parágrafo, de la Ley 1071 de 2006; 1 del Decreto 2767 de 1945; 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947; 89 del Decreto 1848 de 1969; 5, 40 y 45 del Decreto 1045 d e 1978; 7 y 9 del Decreto 2563 de 1990; 5 del Decreto 196 de 1995; y 1 del Decreto 1582 de 1998.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado de la demandante expuso los siguientes argumentos:

  1. Según las competencias fijadas en los artículos 3 de la Ley 91 de 1989 y 56 de la Ley 962 de 2005, al secretario de educación de la entidad terri torial le corresponde tr amitar el reconocimiento de las prestaciones sociales de los docentes, entre ellas, lo relativo a las cesantías parciales y definitivas.
  1. La Ley 6.ª de 1945, en sus artículos 12 y 17 creó el auxilio de cesantías y, en el artículo 1 ibidem, hizo extensiva la aplicación de sus previsiones a los asalariados
  1. La Ley 6.ª de 1945, en sus artículos 12 y 17 creó el auxilio de cesantías y, en el artículo 1 ibidem, hizo extensiva la aplicación de sus previsiones a los asalariados de cualquiera de las ramas del poder público, disposición que también está contenida en el artículo 1 del Decreto 2767 de 1945, que la reglamentó , y que fue ratificada en los artículos 1, 2, 5 y 6 del Decreto 1160 de 1947.
  1. En el caso de los docentes nacionales, comenzaron a recibir sus cesantías anuales por virtud de lo dispuesto en el Decreto 3118 de 1968, pero los territoriales se mantuvieron con el sistema de retroactividad fijado en la Ley 6.ª de

1945. Además, el artícu lo 2 de la Ley 4.ª de 1992 garantizó el respeto de los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales.4

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo iv) Bajo las anteriores condiciones se expidió la Ley 60 de 1993, la cual no modificó el sistema de liquidación de cesantías de los docentes y, por el contrario, en su artículo 6 estableció que se les respetaría el régimen prestacional vigente de la entidad territorial; en similares términos, en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994 se definió que los salarios y prestaciones de los docentes no se podrían desmejorar.

  1. En apli cación de lo previsto en el D ecreto 196 de 1995, las entidades

1994 se definió que los salarios y prestaciones de los docentes no se podrían desmejorar.

  1. En apli cación de lo previsto en el D ecreto 196 de 1995, las entidades territoriales afiliaron a los docentes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, con lo cual se radicó en este fondo la obligación de pagar las cesantías a aquellos, pero tal circunstancia no implica que se hubiera generado un cambio en torno al régimen de liquidación de ese auxilio, pues solo a partir de la Ley 344 de 1996 se originó un cambio en el régimen para calcular esa prestación, respecto de los empleados del orden territorial.
  1. Los anteriores antecedentes permiten concluir que la administración ha tenido un criterio errado para aplicar el sistema de liquidación anual, co n base en lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 para los docentes vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia, lo que ocurrió en el caso que se analiza, respecto de la liquidación de las cesantías parciales de la demandante.

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. El municipio de Girardot

La entidad territorial demandada contestó la demanda 2 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Como sustento de su exposición refirió los siguientes argumentos:

  1. El acto acusado fue expedido con base en la situación fáctica aplicable a la demandante y, en él, no se desconoció ningún derecho; por el contrario la

2 Folios 60 a 65.5

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020)

Demandante: Luz Belén Medina Sotelo

2 Folios 60 a 65.5

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo liquidación de las cesantías en los términos que allí se definieron obedeció a la fecha de su vinculación laboral y a la aplicación de la Ley 91 de 1989.

  1. En las anteriores condiciones, debe prosperar la excepción de ineptitud de la demanda, en cuanto la jurisdicción de lo contencioso administrativo no es competente para conocer sobre la indexación de sumas o conceptos que se aducen como ad eudados, ni los intereses moratorios que pudieran surgir de la nulidad perseguida.

1.2.2. La Nación (Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y la Fiduprevisora

Las entidades, actuaron por conducto de apo derado,3 quien contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de sus pretensiones. Para tal efecto, se sustentó en los siguientes argumentos:

  1. El cuanto a la Fiduprevisora, debe prosperar la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva porque no fue la que expidió el acto administrativo que reconoció el auxilio de cesantías a la demandante; inexistencia de la obligación, pues el ré gimen de liquidación de las cesantías de los docentes se rige por la Ley 91 de 1989, por lo que mal haría en aplicarse las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006; 5 y prescripción , respecto de los derechos que no fueron reclamados dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad.

1995 y 1071 de 2006; 5 y prescripción , respecto de los derechos que no fueron reclamados dentro de los 3 años siguientes a su exigibilidad.

  1. En todo caso, se precisa que la competencia de la Fiduciaria se reduce a administrar los recursos del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y actuar como vocera del patrimonio autónomo de este.

3 El que actuó en su doble condición de apoderado de la Nación (Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio) y de la Fiduprevisora. 4 Folios 66 a 71 y 80 a 86. 5 Se precisa que en ello se sustentó su argumento, pese a que en la demanda no se solicita la aplicación de ninguna de tales disposiciones.6

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo iii) En lo que atañe al Ministerio de Educación, respecto de él también se predica la falta de legitimidad por pasiva, pues el reconocimiento de las prestaciones económicas está en cabeza de las secretarí as de educación de las entidades territoriales. Además, en el caso bajo análisis se debe vincular a la Fiduciaria La Previsora S.A., según lo dispuesto en el contrato de fiducia mercantil suscrito entre ella y el Ministerio.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segun da, Subsección A, mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2019,6 denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segun da, Subsección A, mediante sentencia proferida el 27 de junio de 2019,6 denegó las pretensiones de la demanda, con base en los siguientes argumentos:

  1. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989 es claro que el personal docente nacional, nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1.º de enero de 1990 se debe someter al sistema de liquidación anual para el reconocimiento de sus cesantías.
  1. En aplicación de tal normativa y como en el expediente se demostró que la demandante se vinculó al servicio docente con posterioridad a la entrada en vigencia de tal disposición, es evidente que está bajo el amparo del sistema de liquidación anual para el reconocimiento de su prestación social y, por ende, no es viable que esta se liquide con el régimen de retroactividad deprecado.

1.4. El recurso de apelación

La demandante, actuando por conducto de apoderad o, interpuso recurso de apelación,7 que sustentó así:

  1. Antes de la expedición de la Ley 115 de 1994 los docentes territoriales eran

6 Folios 113 a 119. 7 Folios 131 a 140.7

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo nombrados por el alcalde o gobernador, situación que se volvió insostenible por el alto costo de las nóminas; por ello, al observar que las cesantías de lo s docentes no se pagaban o se presentaban irregularidades en esa materia, se expidió la Ley

nombrados por el alcalde o gobernador, situación que se volvió insostenible por el alto costo de las nóminas; por ello, al observar que las cesantías de lo s docentes no se pagaban o se presentaban irregularidades en esa materia, se expidió la Ley 91 de 1989 con el objeto de que este asumiera el pago de sus prestaciones sociales.

  1. Sin embargo, dada la naturaleza nacional del fondo y que, en un principio, los docentes territoriales no estaban afiliados a él , ante tal olvido del legislador, se expidió la Ley 60 de 1993 para regularizar las cesantías de estos últimos, de manera que, en su artículo 6, se dispuso la afiliación de aquellos al fondo ; sin embargo, fue solo hasta la Ley 344 de 1996 y su Decreto Reglamentario 1582 de 1998 que se determinó que a los docentes territoriales que se vincularan a partir del «31 de 1996» 8 se les aplicaría la Ley 50 de 1990, pero se dejó claro que aquellos que se hubieran vinculado laboralmente con antelación a esa fecha continuarían sometidos a la Ley 6.ª de 1945 para la liquidación de sus cesantías.
  1. En ese orden de ideas, en el caso que se examina no es aplicable la Ley 91 de 1989, pues esta n o regía la situación particular y concreta de la demandante, máxime cuando toda la normativa sobre la materia —se citan los artículos 2 de la Ley 4ª de 1992, 6 de la Ley 60 de 1993; 115 de la Ley 115 de 1996 y 5 del Decreto 196 de 1995— garantiza el respeto del régimen prestacional anterior.
  1. La interpretación que está contenida en la sentencia de primera instancia

Decreto 196 de 1995— garantiza el respeto del régimen prestacional anterior.

  1. La interpretación que está contenida en la sentencia de primera instancia desconoce la previsión de la Ley 344 de 1996, según la cual sus disposiciones regían para los docentes territoriales, solo respecto de aque llos que se vincularan a partir de su publicación, es decir que a quienes fueron afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio entre el 1.º de enero de 1990, cuando entró a regir la Ley 91 de 1989, y el «31 de 1996», 9 fecha de entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, se les debe mantener la aplicación de sistema de retroactividad para la liquidación de sus cesantías.

8 En el memorial no se señala el mes. 9 Así se indicó en el memorial.8

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020)

Demandante: Luz Belén Medina Sotelo

  1. Así las cosas, como la demandante fue nombrad a por la Secretaría de Educación de Bogotá 10 con recursos propios el «8 de febrero de 1993, mediante Resolución 202 del 01 de febrero de 1993, 11 al no haber sido nombrado por la Nación o con su autorización, tiene derecho a que se le aplique la Ley 6 de 1945, régimen de retroactividad de cesantías y así se debe liquidar».

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El municipio de Girardot, a través de apoderado, descorrió el término para alegar 12 y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, en cuanto el reconocimiento y

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El municipio de Girardot, a través de apoderado, descorrió el término para alegar 12 y solicitó denegar las pretensiones de la demanda, en cuanto el reconocimiento y pago de la prest ación solicitada no está a cargo de esa entidad territorial, pues le compete al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. El demandante no hizo pronunciamiento en esta etapa.13

1.6. El Ministerio Público

El agente del Ministerio Público no rindió concepto14.

La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

10 Así se indica en el recurso, aunque tal consideración no es correcta, tal como se demostró con las pruebas allegadas y que se relacionarán en el acápite 2.3. de esta providencia. 11 Dicha información no corresponde a la vinculación de la demandante, tal co mo se hará notar con el material probatorio allegado al expediente , que se relacionará en el acápite 2.3. de esta providencia. 12 Memorial que obra en el índice 13 de la plataforma Samai. 13 Folio 149. En todo caso se precisa que en el informe secretarial, por un lado se señala que no hubo pronunciamiento de la parte demandante durante el término de traslado y, por otro lado, se alude a un memorial allegado por esa parte, que aparece en el índice 19 de la plataforma Samai, pero al revisar dicho aplicativo se verifica que respecto del proceso de la referencia solo figuran 14 registros, último de los cuales da cuenta del paso al despacho para fallo, lo que quiere decir que se acoge la información según la cual no se presentó memorial, por la activa, en dicha etapa procesal.

registros, último de los cuales da cuenta del paso al despacho para fallo, lo que quiere decir que se acoge la información según la cual no se presentó memorial, por la activa, en dicha etapa procesal. 14 Folio 149.9

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020)

Demandante: Luz Belén Medina Sotelo

Se circunscribe a establecer si es viable disponer la reliquidación de las cesantías parciales de la señora Luz Belén Medina Sotelo , de acuerdo con el régimen de retroactividad de cesantías que pretende.

2.2. Marco normativo

La Ley 6 de 1945 «por la cual se dictan algunas disposiciones sobre convenciones de trabajo, asociaciones profesionales, conflictos colectivos y jurisdicción especial de trabajo », en el a rtículo 12, literal f), estableció, a favor de los trabajadores oficiales, el derecho al auxilio de cesantías a razón de un mes de sueldo por cada año de servicio y, proporcionalmente, por fracciones de año, y el artículo 17, l iteral a), ibidem, consagró que ese auxilio se reconocería a todos los empleados y obreros nacionales de carácter permanente.

El Decreto 1160 de 1947 «sobre auxilio de cesantías» , en su artículo 6, señaló que para liquidar las cesantías se toma como base el último sueldo o jornal, salvo que hubiera sufrido modificaciones en los 3 últimos meses, caso en el cual se toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 d e 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro

toma el promedio de lo devengado en los últimos 12 meses o en todo el tiempo servido, si fuere menor a ese lapso.

Ahora bien, el Decreto 3118 d e 1968 creó el Fondo Nacional de Ahorro, y dentro de los objetivos que estableció para la administración de sus recursos, fijó los siguientes: «pagar oportunamente el auxilio de cesantía a empleados públicos y trabajadores oficiales» 15, y «proteger dicho au xilio contra depreciación monetaria»16; con tales finalidades, el artículo 3 ibidem determinó que las cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales al servicio de los Ministerios, Departamentos Administrativos, Superintendencias, Establecimie ntos Públicos y Empresas Industriales y Comerciales del Estado debían ser liquidadas y entregadas al Fondo; asimismo, en su artículo 22 ordenó a la Caja Nacional de

15 Artículo 2 literal a) del Decreto 3118 de 1968. 16 Artículo 2 literal b) del Decreto 3118 de 1968.10

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo Previsión Social realizar, con corte a 31 de diciembre de 1968, la liquidación de cesantías de los empleados públicos y trabajadores oficiales afiliados a ella.

Con lo previsto en los artículos 27, 28 y 33 ibidem empezó el llamado «desmonte del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación par a los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el

del régimen de retroactividad de cesantías», pues se dispuso la liquidación anual de esta prestación par a los empleados y trabajadores de las entidades aludidas previamente, y la liquidación definitiva por la porción de tiempo laborada durante el año del retiro, así como el reconocimiento de intereses anuales del 9%, a ser liquidados el 31 de diciembre de ca da año, sobre el saldo que figure a favor de cada empleado.

El Decreto 432 de 1998 «por el cual se reorganiza el Fondo Nacional de Ahorro, se transforma su naturaleza jurídica y se dictan otras disposiciones », mantuvo el objetivo de administrar, de manera eficiente, las cesantías 17, y, dentro de sus funciones, las de recaudo y pago de ese auxilio a los afiliados, al igual que la protección contra la pérdida de su valor adquisitivo 18. Además, en los artículos 6 y 7 ibidem, fijó un monto por concepto de intereses, con el propósito de evitar la pérdida del poder adquisitivo del auxilio de cesantías depositado, y un porcentaje a título de intereses sobre las cesantías.

Ahora bien, la Ley 344 de 1996 «por la cual se dictan normas tendientes a la racionalización del gasto público, se conceden unas facultades extraordinarias y se expiden otras disposiciones», dio un paso adicional encaminado a generalizar el sistema de liquidación anual del auxilio de cesantías para los servidores públicos, al consagrar, en su artículo 13, lo siguiente:

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley , las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen

Artículo 13.- Sin perjuicio de los derechos convencionales, y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley , las personas que se vinculen a los Órganos y Entidades del Estado tendrán el siguiente régimen de cesantías:

17 Artículo 2 del Decreto 432 de 1998. 18 Artículo 3, literales a), b) y c) del Decreto 432 de 1998.11

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo a) El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantías por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación de la relación laboral;

b) Les serán aplicables las demás normas legales vigentes sobre cesantías, correspondientes al órgano o entidad al cual se vinculen que no sean contrarias a lo dispuesto en el literal a) del presente artículo; (negrilla de la Sala).

La norma vigente a la fecha de expedición de la ley previamente citada, que estableció el régimen anual de cesantías, era la Ley 50 de 1990, en cuyo artículo 99 consagró:

Artículo 99.- El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía, tendrá las siguientes características:

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

1. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía, por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o en la fracción que se liquide definitivamente.

3. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo.

4. Si al término de la relación laboral existieren saldos de cesantía a favor del trabajador que no hayan sido entregados al Fondo, el empleador se los pagará directamente con los intereses legales respectivos. (Negrilla de la Sala).

El Decreto 1582 de 1998 reglamentó los artículos 13 de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, y precisó que la norma a la que se debía remitir a efecto de la liquidación anual del auxilio de cesantías de quienes se afilien a fondos privados es la Ley 50 de 1990, en sus artículos 99, 102 y 104, y para liquidar las cesantías de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados qu e venían con una vinculación anterior al

de los afiliados al Fondo Nacional de Ahorro, es la Ley 432 de 1998, artículo 5 y siguientes.

No obstante, para aquellos empleados qu e venían con una vinculación anterior al 31 de diciembre de 1996, cuando entró a regir la citada Ley 344 de 1996, se les12

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo continuaría respetando el régimen de liquidación del auxilio de cesantías consagrado en normas anteriores19.

En todo caso, se abrió la posibilidad de que tales servidores públicos 20 se acogieran al régimen anualizado de liquidación de cesantías y para este efecto debían proceder en la forma descrita en el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, que es la siguiente:

Artículo 3º. - En el caso de servidores públicos vinculados con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad, que decidan acogerse al régimen de cesantía de dicha ley , se procederá de la siguiente forma:

a) La entidad pública realizará la liquidación definitiva de las cesantías a la fecha de la solicitud de traslado;

b) La entidad pública entregará el valor de la liquidación a la administradora seleccionada por el trabajador;

c) En lugar de entregar dicha suma de dinero, las entidades territoriales podrán emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites

emitir a favor de cada uno de los servidores públicos que se acojan a este régimen, un título de deuda pública por el valor de la liquidación de las cesantías, con las características que se señalan más adelante, previo el cumplimiento de los trámites legales necesarios para su expedición (se resalta).

Además, a aquellos servidores cobijados por el régimen de liquidación retroactiva de cesantías se les continúa respetando est e, por virtud de lo dispuesto en los artículos 221 del Decreto 1252 de 2000 y 322 del Decreto 1919 de 2002.

Ahora bien, en lo que respecta al personal docente , se debe indicar que el artículo 3 de la Ley 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio como « una cuenta especial de la Nación, con independencia

19 Es decir, el sistema de liquidación retroactiva, consagrado en Ley 6 de 1945, el Decreto 2767 de 1945, la Ley 65 de 1946 y el Decreto 1160 de 1947. 20 Aquellos que tuviera vinculación laboral anterior a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996. 21 «Artículo 2. - Los servidores públicos que a 25 de mayo de 2000, disfrutaban del régimen de cesantías retroactivas continuarán en dicho régimen hasta la terminación de la vinculación laboral en el organismo o entidad en la que se aplica dicha modalidad prestacional.» 22 «Artículo 3.- Los empleados públicos a quienes se les esté aplicando el régimen de retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»13

retroactividad de cesantías continuarán disfrutando del mismo, en los términos previstos en la Ley 344 de 1996 y el Decreto 1252 de 2000.»13

Radicado: 25000 23 42 000 2015 05618 01 (1499-2020) Demandante: Luz Belén Medina Sotelo patrimonial, contable y estadística, sin personería jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado teng a más del 90% del capital» que estaría a cargo del pago de las prestaciones sociales23 que se causaran a favor del personal docente nacional y nacionalizado, a partir de la promulgación de esa ley.

La aludida ley, en su artículo 1, numeral 3, precisó que los docentes territoriales son aquellos «vinculados por nombramiento de entidad territorial, a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975» y en el artículo 2 ibidem consagró lo relativo al reconocimiento de las prestaciones por parte del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, en los siguientes términos:

Artículo 2º.- De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975, la Nación y las entidades territoriales, según el caso, asumirán sus obligaciones prestacionales con el personal docente, de la siguiente manera:

[…] 5.- Las prestaciones sociales del personal nacional y nacionalizado que se causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley , son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión

causen a partir del momento de la promulgación de la presente Ley , son de cargo de la Nación y serán pagadas por el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio; pero las entidades territoriales, la Caja Nacional de Previsión Social, el Fondo Nacional de Ahorro o las entidades que hicieren sus veces, pagarán a l Fondo las sumas que resulten adeudar hasta la fecha de promulgación de la presente Ley a dicho personal , por concepto de las prestaciones sociales no causadas o no exigibles.

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