CE - 25000234200020190091201120230921083436

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D.C., catorce (14) de septiembre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021)

Demandantes: Luz Ángela Silva Ayube Demandada: Procuraduría General de la Nación, PGN Temas: Sanción disicplinaria de amonestación escrita por incurri r en la prohibición de inclumplir reiterada e injustificamente obligaciones civiles / Equivocación en el juicio de adecuación típica / Enfóque de género en materia disciplinaria

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Asunto

La Sala, en ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia de l 24 de febrero de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I.- Antecedentes

1.- La demanda

1.1.- Pretensiones

1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1, Luz Ángela Silva Ayube , representada judicalmente por su hijo Diego Andrés Wilches Silva2, demandó la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 28 de noviembre de 2017 expedido por la

Luz Ángela Silva Ayube , representada judicalmente por su hijo Diego Andrés Wilches Silva2, demandó la nulidad de los actos administrativos disciplinarios de primera y segunda instancia: (i) del 28 de noviembre de 2017 expedido por la Veeduría de la PGN por medio del cual fue sancionada con suspensión por el término de un mes, y (ii) del 4 de septiembre de 2018 proferido por la Sala Disciplinaria de la PGN que modificó la sanción impuesta por amonestación escrita. También demandó la resolución 753 del 13 noviembre de 2018, por la cual el procurador general de la Nación resolvió hacer efectiva la sanción de amonestación escrita con anotación a la hoja de vida.

2. Como consecuencia de lo anterior, solicitó a título de restablecimiento del derecho que se le absolviera de toda responsabilidad disciplinaria y que se ordenara la desanotación de la sanción de los registros en los que hubiese sido inscrita.

1 Consagrado en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. 2 Identificado con la cédula de ciudadanía 1.004.921.103 y con la tarjeta profesional de abogado 313.591 del Consejo Superior de la Judicatura, CSJ.Demandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) 1.2.- Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. Luz Ángela Silva Ayube labora en la PGN desde el 3 de junio de 1996 . A la

1.2.- Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

3.1. Luz Ángela Silva Ayube labora en la PGN desde el 3 de junio de 1996 . A la fecha de presentación de la demanda ocupaba el cargo de profesional universitario grado 17, adscrito a la Oficina de Selección y Carrera.

3.2. En todas las evaluaciones periódicas, desde 2012 hasta el 2018 , obtuvo buenas calificaciones , al punto que en dos periodos fue calificada como «sobresaliente», en un año como «satisfactorio» y en las demás anualidades como «excelente», como se muestra en el siguiente cuadro:

Año Puntaje Calificación final 1 2012 937.19 Satisfactorio 2 2013 840.00 Sobresaliente 3 2014 910.00 Sobresaliente 4 2015 965.00 Excelente 5 2016 985.59 Excelente 6 2017 997.12 Excelente 7 2018 997.12 Excelente

3.3. Mediante Oficio SIAF -No. 030619 de l 1 de febrero de 2013 3, el jefe de la División de Gestión Humana de la PGN, informó a la Veeduría de la entidad que Luz Ángela Silva Ayube registraba para ese momento las siguientes 15 órdenes de embargo en su contra:

3 Visible a folio 30 del expediente. Juzgado Fecha de embargo Monto Demandante 1 Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá 4 de febrero de 2005 $7.500.000 María Consuelo Vargas 2 Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá

Juzgado Fecha de embargo Monto Demandante 1 Juzgado 61 Civil Municipal de Bogotá 4 de febrero de 2005 $7.500.000 María Consuelo Vargas 2 Juzgado 27 Civil Municipal de Bogotá 20 de junio de 2006 $7.500.000 Luis Alejandro Flórez Rincón 3 Juzgado 9 Civil Municipal de Bogotá 22 de enero de 2007 $1.020.000 Aseconfi S.A. 4 Juzgado 35 Civil Municipal de Bogotá 20 de marzo de 2007 $2.250.000

Ameb Abasolo Urresta 5 Juzgado 15 Civil Municipal de Bogotá 16 de febrero de 2007 $2.200.000 Ana Gladys Palacio Rodríguez 6 Juzgado 26 Civil Municipal de Bogotá 11 de mayo de 2007 $1.500.000 Ana Gladys Palacio Rodríguez 7 Juzgado 5 Civil Municipal de Bogotá 22 de marzo de 2007 $2.400.000 Ana Gladys Palacio Rodríguez 8 Juzgado 3 Civil Municipal de Bogotá 8 de junio de 2007 $825.000 Servicio LG 9 Juzgado 67 Civil Municipal de Bogotá 29 de mayo de 2008 $6.245.000 Asocuan 10 Juzgado 36 Civil Municipal de Bogotá 19 de agosto de 2009 $1.140.000

Jaime Sanín Calderón 11 Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá 15 de junio de 2010 $1.000.000 Carolina Orrego Peña. 12 Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá

Jaime Sanín Calderón 11 Juzgado 32 Civil Municipal de Bogotá 15 de junio de 2010 $1.000.000 Carolina Orrego Peña. 12 Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá 31 de agosto de 2010 $3.510.000 Simón Kennedy Bolívar Méndez 13 Juzgado 1 Civil Municipal de Bogotá 28 de agosto de 2012 $12.600.000 Gema Enid Rodríguez Erazo 14 Juzgado 60 Civil Municipal de Bogotá 12 de septiembre de 2012 $3.978.500 Rodríguez Amador y Navarrete Ltda 15 Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá 29 de septiembre de 2012 $2.000.000 John Jairo Pulgarín ChaverraDemandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) 3.4. Luego de requerir a los diferentes juzgados civiles para que informaran sobre el estado de esos procesos, la Veeduría de la PGN dispuso iniciar indagación preliminar en contra de la demandante , a través de auto del 16 de abril de 2013, por el presunto desconocimiento de la prohibición señalada en el artículo 35.11 de la Ley 734 de 2002, que alude al incumplimiento reiterado e injustificado de obligaciones de carácter civil, impuestas en decisiones judiciales.

3.5. A través de auto del 16 de diciembre de 20134, la Veeduría de la PGN ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de la demandante , para lo cual argumentó que aunque había cancelado la mayoría de las deudas señaladas

3.5. A través de auto del 16 de diciembre de 20134, la Veeduría de la PGN ordenó la apertura de una investigación disciplinaria en contra de la demandante , para lo cual argumentó que aunque había cancelado la mayoría de las deudas señaladas en el punto 3.3 de esta providencia, para ese momento aún persistían las órdenes de embargo que los Juzgados 5, 14 y 27 civiles municipales de Bogotá , habían proferido en su contra.

3.6. Por auto del 14 de junio de 2016 5, la Veeduría de la PGN formuló pliego de cargos en contra de Luz Ángela Silva Ayube, porque presuntamente desconoció la prohibición señalada en el artículo 35 .11 de la Ley 734 de 2002 que prevé que a todo servidor le está vedado incumplir de manera reiterada e injustificada obligaciones civiles impuestas en decisiones judiciales. La conducta endilgada a la servidora implicada se calific ó provisionalmente como grave «por la trascendencia social» de la falta, acorde con lo señalado en l os artículos 43.5 y 50 de la Ley 734 de 2002. En cuanto a la modalidad de la conducta, la autoridad disciplinaria consideró que la demandante obró con inobservancia del cuidado necesario que cualquier persona del común imprime a sus actuaciones, por lo que provisionalmente la evaluó a título de culpa grave.

3.7. La demandante alegó en su defensa lo siguiente: (i) es madre cabeza de familia de 4 hijos, uno de los cuales es menor de edad, (ii) el padre de sus hijos la abandonó desde hacía 16 años, posteriormente falleció sin dejarles ningún tipo de

familia de 4 hijos, uno de los cuales es menor de edad, (ii) el padre de sus hijos la abandonó desde hacía 16 años, posteriormente falleció sin dejarles ningún tipo de ayuda, herencia o auxilio económico, (iii) las deudas en que incurrió se debieron a dos situaciones que tuvo que afrontar, para las cuales no tenía ahorros, que fueron: (a) el ingreso a la universidad de tres de sus hijos y (b) que a uno de ellos le diagn osticaron c áncer y algunos tratamientos, exámenes y medicamentos los ha tenido que costear ella, porque no los cubre el plan obligatorio de salud, POS, de la entidad promotora de salud, EPS, a la que está afiliada , (iv) prueba de sus afirmaciones lo constituye el hecho de que sus cesantías las retiró para pagar la educación de sus hijos, (v) ella ha venido pagando sus deudas de manera progresiva al punto que para ese momento sólo tenía tres créditos pendiente por pagar, y (vi) su desempeño laboral ha sido calificado con altas puntuaciones , de manera que su difícil situación económica no alteró ni perturbó la marcha institucional, ni el cumplimiento de sus funciones.

3.8. Mediante acto administrativo disciplinario de primera instancia del 28 de noviembre de 2017, la Veeduría 6 de la PGN resolvió «declarar disciplinariamente responsable del cargo único formulado el 14 de junio de 2016 a […] Luz Ángela Silva Ayube [..],» e imponerle «como sanción disciplinaria […] suspensión en el ejercicio del cargo por el término de un mes », porque: (i) luego de efectuar la valoración

4 Visible a folio 167 del expediente. 5 Visible a folio 227 del expediente.

cargo por el término de un mes », porque: (i) luego de efectuar la valoración

4 Visible a folio 167 del expediente. 5 Visible a folio 227 del expediente. 6 El veedor de ese entonces era Gonzalo Eduardo Reyes Torres.Demandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) probatoria, se determinó que subsisten sin pago las tres obligaciones referidas en el auto de formulación de cargos: la primera contraída con Ana Gladys Palacio Rodríguez, la segunda con Jaime Sanín Calderón, y por último la de Simón Kennedy Bolívar Méndez, (ii) el comportamiento de la disciplinada significó el incumplimiento de los siguientes principios elem entales de la función públic a: buena fe, moralidad, honradez, lealtad, responsabilidad y transparencia, los cuales deben observar quienes prestan sus servicios a la administración , y cuyo incumplimiento reiterado implica , en este caso, la afectación al buen nombre e imagen institucional de la PGN, (iii) no obstante su condición de madre cabeza de familia y las circunstancias familiares expuestas, su comportamiento fue imprudente y descuidado ya que ella no debió adquirir más deudas de las que podía costear, y (iv) si bien la demandante pagó de manera progresiva la mayoría de sus obligaciones financieras, ello no fue motu proprio, sino que lo hizo obligada por las sentencias judiciales de embargo . Para la graduación de la sanción, la Veeduría de la PGN tuvo en cuenta (a) que la servidora no registr aba sanciones en su contra de manera previa, (b) su eficiencia y diligencia en el desempeño del

Veeduría de la PGN tuvo en cuenta (a) que la servidora no registr aba sanciones en su contra de manera previa, (b) su eficiencia y diligencia en el desempeño del cargo, (c) que en últimas incumplió solo 3 obligaciones civiles, y (d) el hecho de haberle pagado a la codeudora, el valor de las cuotas que le descontaron a la misma por concepto del crédito que avaló con Jaime Sanín Calderón.

3.9. La demandante interpuso recurso de apelación contra el acto administrativo sancionatorio disciplinario de primera instancia, el cual fue concedido por auto del 16 de enero de 2018 ante la Sala Disciplinaria de la PGN. En su recurso , reiteró los argumentos de defensa expuestos en el punto 3.4 de esta providencia y agregó que: (i) nunca usó el nombre de la PGN, ni su imagen, así como tampoco invocó su condición de servidora del ente de control para la adquisición de los créditos, sino que siempre lo hizo a título personal, (ii) es una funcionaria de bajo rango en la entidad, que no representa la imagen institucional de la PGN, que no tiene facultades decisorias en la entidad, por lo que su difícil situación económica no va a afectar el nombre del ente de control , y (iii) no ha cometido la falta endilgada porque ha venido pagando sus deudas de manera progresiva, al punto que para la fecha de expedición de la sanción en primera instancia, sólo quedaba un crédito pendiente por saldar.

3.10. Mediante acto administrativo sancionatorio de segunda instancia del 4 de septiembre de 2018, la Sala Disciplinaria de la PGN7 resolvió «modificar […] la parte

un crédito pendiente por saldar.

3.10. Mediante acto administrativo sancionatorio de segunda instancia del 4 de septiembre de 2018, la Sala Disciplinaria de la PGN7 resolvió «modificar […] la parte resolutiva del fallo impugnado […], y en su lugar, sancionarla con amonestación escrita, como consecuencia de haberse calificado la falta como leve culposa », ya que la demandante acreditó que de los tres créditos en saldo rojo que tenía en su contra, logró pagar dos, por lo que le quedaba pendiente uno a la fecha, que corresponde al siguiente:

7 Conformada por Jaime Mejía Ossman y Alfonso Cajíao Cabrera. Juzgado Fecha de embargo Monto Demandante Juzgado 14 Civil Municipal de Bogotá 31 de agosto de 2010 $3.510.000 Simón Kennedy Bolívar MéndezDemandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) 3.11. Finalmente, m ediante resolución 753 del 13 de noviembre de 2018, el procurador general de la Nación resolvió hacer efectiva la sanción de amonestación escrita con anotación a la hoja de vida.

1.3.- Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales se señalaron los artículos 29 de la Constitución y 5, 141 y 129 de la Ley 734 de 2002.

4.1. La demandante alegó en primer lugar, que la entidad desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque no valoró ni se pronunció sobre la totalidad de los argumentos de defensa presentados por la disciplinada, en especial aquel

4.1. La demandante alegó en primer lugar, que la entidad desconoció el derecho fundamental al debido proceso porque no valoró ni se pronunció sobre la totalidad de los argumentos de defensa presentados por la disciplinada, en especial aquel encaminado a señalar que en su actuar no hubo afectación al deber funcional respecto del cargo de profesional universitario grado 17 que ocupaba , lo cual se demostró con las certificaciones expedidas por la jefe de la Sección de Carrera de la entidad, en las que se hace constar su excelente desempeño.

4.2. En segundo lugar, aludió a que l os actos acusados son violatorios de los derechos a la honra, dignidad y buen nombre , en tanto ha estado vinculada al servicio oficial por más de 23 años, y se ha desempeñado con excelencia y probidad.

4.3. Puntualmente señal ó en tercer lugar, que l a conducta que se le endilga no alcanza a establecerse como falta disciplinaria típica y antijurídica, por no haber actuado de manera injustificada ni haberse afectado deber funcional alguno y carecer del elemento de antijuridicidad , ya que n o basta con la adecuación típica de la conducta, sino que debe existir el elemento de ilicitud sustancial para que pueda hablarse de la configuración de la falta disciplinaria que conlleve a una sanción de esa índole.

4.4. En cuarto lugar alegó la violación al principio de legalidad debido a que no se respetaron las formas propias de cada juicio y se desconoció arbitrariamente lo previsto en el artículo 5 de la ley 734 de 2002, bajo el mismo argumento estim ó que los actos acusados transgredieron los principios de la buena fe, imparcialidad

respetaron las formas propias de cada juicio y se desconoció arbitrariamente lo previsto en el artículo 5 de la ley 734 de 2002, bajo el mismo argumento estim ó que los actos acusados transgredieron los principios de la buena fe, imparcialidad y transparencia , pero en la demanda no se desarrolló este último aspecto del reparo.

4.5. Por último, argumentó que en su caso la potestad sancionadora de la PGN se encontraba prescrita, porque la sanción disciplinaria fue proferida después de 5 años de haberse decretado los embargos en su contra.

2.- Contestación de la demanda

5. La PGN contestó la demanda para oponerse a sus pretensiones y argumentos,

con base en las siguientes razones:

5.1. Los actos administrativos fueron expedidos conforme a derecho, debido a que en ellos se describió con precisión la conducta consistente en el incumplimiento reiterado de las obligaciones civiles por parte de la demandante , que leDemandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) ocasionaron el decreto de embargos en su contra dentro de varios procesos ejecutivos.

5.2. Desde el pliego de cargos se indicó que la conducta de la demandante afectó el buen nombre de la PGN y el interés de la entidad en generar una relación de cercanía y confianza con la ciudadanía, al igual que los principios de moralidad y responsabilidad que rigen el cumplimiento de los fines del Estado.

5.3. Se refirió a los elementos de la conducta disciplinable con el fin de señalar

cercanía y confianza con la ciudadanía, al igual que los principios de moralidad y responsabilidad que rigen el cumplimiento de los fines del Estado.

5.3. Se refirió a los elementos de la conducta disciplinable con el fin de señalar que la falta endilgada a la accionante es típica, antijurídica y culpable, y en consecuencia la sanción impuesta se ajust ó al ordenamiento legal. En cuanto a la antijuridicidad de la conducta insistió que dentro de las consideraciones de los actos acusados se expuso como parte de la ilicitud sustancial la afectación a los principios de la moralidad administrativa y la responsabilidad que estructuran el cumplimiento de los fines del Estado.

5.4. Invocó la sentencia C-728 de 2000 en la cual la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 41.13 de la Ley 200 de 1995, que señalaba como falta disciplinaria el reiterado incumplimiento de las obligaciones civiles, laborales, comerciales y de familia, conducta también descrita en el artículo 35.11 de la Ley 734 de 2002, con el fin de señalar que en estos casos la exigencia se limita a que el incumplimiento de las obligaciones legales esté determinado en sentencias proferidas por las jurisdicciones respectivas. Aclaró que en dicha providencia se hizo un análisis sobre la finalidad de la norma que no es otra que la de garantizar que los servidores públicos respondan al modelo del ciudadano cumplidor de sus obligaciones legales, que no lesionen la imagen pública del Estado y no se amparen en su condición de servidores públicos para cometer defraudaciones.

5.5. Explicó que e n el caso concreto, se evidencia el elemento de la ilicitud

obligaciones legales, que no lesionen la imagen pública del Estado y no se amparen en su condición de servidores públicos para cometer defraudaciones.

5.5. Explicó que e n el caso concreto, se evidencia el elemento de la ilicitud sustancial porque a la servidora se le exige que sea un modelo de conducta en la observancia de sus obligaciones y por ello el legislador quiso sancionar la conducta reiterada e injustificada del servidor que no satisface sus obligaciones cumplidamente, y que s i bien es cierto, la accionante con su conducta no quebrantó directamente las funciones propias de su cargo, también lo es que transgredió los principios de la función pública y frente a ello se hizo el reproche. No obró con decoro, respeto y seriedad al desconocer sus obligaciones civiles. Además, inobservó por completo el deber de mantener la confianza de la sociedad en las instituciones, y se mostró indiferente e irresponsable ante los perjuicios causados a los particulares a quienes les incumplió los compromisos económicos.

5.6. Alegó que aunque la demandante intentó justificar su conducta demostrando que su ejercicio del cargo fue excelente y por ende no hubo falta al deber funcional, para lo cual aportó las calificaciones de desempeño que arrojan un promedio de 937 puntos, el buen desempeño y excelencia en el cumplimiento de las funciones es un deber de todo servidor público, por lo tanto, dicho argumento no es una justificación válida que desvirtúe la ilicitud de la conducta.

5.7. Por último, señaló que aunque la demandante es ma dre cabeza de hogar, a cargo de tres hijos universitarios cuyos gastos tiene que sufragar con su propio

no es una justificación válida que desvirtúe la ilicitud de la conducta.

5.7. Por último, señaló que aunque la demandante es ma dre cabeza de hogar, a cargo de tres hijos universitarios cuyos gastos tiene que sufragar con su propio esfuerzo, ese hecho por sí solo tampoco explica la conducta de la funcionaria queDemandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) desconoció los principios de moralidad administrativa entre otros y puso en duda la imagen de la entidad.

3.- Alegatos de conclusión en la primera instancia

3.1.- Parte demandante

6. En sus alegatos,8 la parte demandante reiteró los argumentos que presentó en sede administrativa ante la PGN a lo largo del proceso disciplinario y los que expuso en el concepto de violación de la demanda.

7. Por su rel evancia, a continuación la Sala trascribe las siguientes líneas esbozadas por el apoderado judicial de Luz Ángela Silva Ayube:

«… mi representada Luz Ángela Silva Ayube, es mi madre y me siento orgulloso de ello. Las deudas que mi mamá adquirió al ser abandonada por mi padre y por las que se le atribuye falta disciplinaria en este proceso, las utilizó en sacar adelante a sus 4 hijos a los que nos dio estudio para bien de la sociedad, ahora, si bien en algunas oportunidades se demoró en su pago, las canceló, pero, lo trascendental e importante es el establecer si con la Entidad con que labora, que es la Procuraduría General de la Nación, siempre cumplió de manera cuidadosa y con dedicación el desempeño de sus funciones y en ningún momento causó

trascendental e importante es el establecer si con la Entidad con que labora, que es la Procuraduría General de la Nación, siempre cumplió de manera cuidadosa y con dedicación el desempeño de sus funciones y en ningún momento causó perjuicios a la Entidad, ello se demuestra con las calificaciones, por lo que sin temor a equívocos me llevan a predicar que jamás tales irregularidades existieron.

… el artículo 42 y siguientes de la Constitución Política de Colombia, establece protección especial a la familia como núcleo social, y dentro de esa integración conformada por padres e hijos se tiene que para los últimos existen especial protección por el Estado y obligaciones especiales de igual forma de los padres para con aquellos, es decir, que el destino de las obligaciones adquiridas por mi madre no fueron otras que el bienestar de sus hijos menores en aquel entonces como era la educación y por esto doy gracias a Dios y de manera especial a mi madre, porque todos mis hermanos y el suscrito apoderado somos profesionales con mucho sacrificio, el primero, el mayor, es ingeniero electrónico y de telecomunicaciones, la segunda es ingeniera de sonido y nosotros, los gemelos Diego Alberto Wilches Silva, abogado, y Diego Mauricio Wilches Silva, músico, en la actualidad retribuimos a nuestra señora madre sus grandes esfuerzos como madre ideal, como amiga, lo que haría cualquier mujer en las mismas circunstancias de mi señora madre».

3.2.- Parte demandada

8. En sus alegatos, 9 la parte demandada reiteró los argumentos formulados en la contestación de la demanda.

4.- La sentencia apelada10

9. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca11 en sentencia de primera instancia

8. En sus alegatos, 9 la parte demandada reiteró los argumentos formulados en la contestación de la demanda.

4.- La sentencia apelada10

9. El Tribunal Administrativo del Cundinamarca11 en sentencia de primera instancia de 24 de febrero de 2021 negó las pretensiones de la demanda con base en los

siguientes argumentos:

8 Folios 429 a 439 del expediente. 9 Folios 440 a 444 del expediente. 10 Visible a folio 449 del expediente. 11 Con ponenica del magistrado Samuel José Ramírez Poveda.Demandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021) 9.1. La Sala inicialmente se pronunció respecto de la prescripción de la acción disciplinaria, aspecto en el que señaló que t anto a la fecha de abrirse la investigación disciplinaria, como al momento de proferirse el fallo de primera instancia, la accionante se encontraba pendiente de efectuar el pago total de tres de las obligaciones por las cuales la jurisdicción ordinaria le dictó sentencia con orden de seguir adelante la ejecución, razón por la cual el incumplimiento reprochado como falta persistía y por ende el término prescriptivo no corrió en contra de la autoridad disciplinaria. Por lo tanto, no operó la prescripción de la acción disciplinaria.

9.2. Frente la supuesta ausencia de afectación del deber funcional por que no se alteró su desempeño laboral , el Tribunal argument ó que es claro que la falta endilgada trasciende de la esfera privada de la funcionaria pública y por ende la sanción por su comportamiento no vela únicamente por los intereses particulares

alteró su desempeño laboral , el Tribunal argument ó que es claro que la falta endilgada trasciende de la esfera privada de la funcionaria pública y por ende la sanción por su comportamiento no vela únicamente por los intereses particulares sino por la afectación que se da a la función pública que ve desconocidos los principios que la rigen, entre ellos la responsabilidad y moralidad que deben observar quienes prestan sus servicios en la administración. Por ende, acoge el argumento que no es una justificación válida para desvirtuar la ilicitud sustancial, que hubiere mantenido una excelente calificación en el desempeño del cargo.

9.3. Para el Tribunal la conducta de la demandante es reiterada, pues, se trata de un incumplimiento en repetidas ocasiones en las que se ha visto como ejecutada en la jurisdicción civil, lo que descarta que la situación investigada se haya dado de manera intempestiva por razones de su situación económica.

9.4. El a quo argumentó que en el presente caso no se sanciona la perturbación al deber funcional sino la actitud de un funcionario que transgrede «metódicamente» el ordenamiento.

9.5. Que aunque la accionante invocó la calidad de mujer madre cabeza de familia, lo cual la convierte en sujeto especial de protección constitucional y merecedora de un tratamiento especial en su beneficio, ello no es una causal que justifique automáticamente el incumplimiento de las obligaciones civiles y comerciales que hubiere contraído, porque (i) percibe un salario por los servicios que presta al Estado, con base en el cual puede presupuestar gastos , (ii) aunque su hijo lamentablemente padece una delicada enfermedad, en caso de que su EPS no cubra los gastos requeridos puede acudir a la vía de la tutela para

que presta al Estado, con base en el cual puede presupuestar gastos , (ii) aunque su hijo lamentablemente padece una delicada enfermedad, en caso de que su EPS no cubra los gastos requeridos puede acudir a la vía de la tutela para reclamar su reconocimi ento, y (iii) ella nunca explicó el porqu é no demandó al padre de sus hijos para que cumpliera con sus obligaciones legales.

9.6. Finalmente, señaló que únicamente las decisiones que ponen término al proceso disciplinario son pasibles del control de legalidad, no así los actos los actos preparatorios, de trámite y de ejecución que, como tales, se limitan a preparar, impulsar la actuación administrativa, o dar cumplimiento a la decisión, por cuanto de ellos no surgen situaciones jurídicas diferentes a las contenidas en el acto que ejecutan.

4.1.- Salvamento de voto12

12 Visible a folio 470 del expediente.Demandante: Luz Ángela Silva Ayube Radicado: 25000-23-42-000-2019-00912-01 (2576-2021)

10. La magistrada Amparo Oviedo Pinto salv ó su voto con los siguientes

argumentos:

10.1. La conducta endilgada no se tipifica como falta, debido a que no se encuentra acreditado el reiterado e injustificado incumplimiento de orden judicial que imponga obligaciones civiles provenientes de sentencias judiciales, imputable a la demandante, puesto que pese a los distintos embargos, no hay prueba de que la accionante se haya negado a cumplir la orden judicial, que su conducta sea deliberada en ese propósito.

10.2. El proceso disciplinario se adelantó sin existir falta disciplinaria, porque se

la accionante se haya negado a cumplir la orden judicial, que su conducta sea deliberada en ese propósito.

10.2. El proceso disciplinario se adelantó sin existir falta disciplinaria, porque se partió del hecho de la conducta reiterada a la fecha en que se dictó el pliego de cargos, que fue estructurada por el hecho de 6 providencias con orden de seguir adelante la ejecución proferidas en igual número de procesos ejecutivos. Pero el expediente muestra que al momento de proferir el fallo disciplinario de primera instancia solo 3 obligaciones quedaban sin pagar y de estas, dos fueron pagadas al momento de proferir el fallo de segunda instancia.

10.3. No ha existido incumplimiento a la orden judicial de pago, que es cuando se estructura la falta. La disciplinada, viene cumpliendo conforme con sus posibilidades económicas , que por cierto era reducida según muestra el acervo probatorio y se reconoce en los mismos fallos disciplinarios.

10.4. Las providencias disciplinarias demandadas se limitaron a señalar que la conducta de adquirir deudas fue reiterada e impenitente, sin hacer un examen detenido y minucioso sobre las causas o circunstancias de tiempo, modo y lugar que llevaron a la funcionaria a incumplir con sus obligaciones civiles, en aras de establecer