CE - 470012333000201800083011SENTENCIA20230524163902

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers

Demandado: Contraloría General de la República

Temas: Insubsistencia

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida el veinte (20) de mayo de dos mil veinte (2020), por el Tribunal Administrativo del Magdalena, Despacho 01, por medio de la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda 1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de l o Contencioso Administrativo, el señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers formuló demanda, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución N.º 81117-00002954 de 8 de septiembre de 2017, emitida por el contralor general de la República, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento como gerente

demanda, en orden a que se declare la nulidad de la Resolución N.º 81117-00002954 de 8 de septiembre de 2017, emitida por el contralor general de la República, mediante la cual se declaró insubsistente su nombramiento como gerente departamental, Nivel Departamental, Grado 01 de la Gerencia Departamental Colegiada de Magdalena.

Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) ordenar a la entidad demandada que disponga su reintegro al mismo cargo que venía desempeñando o a otro de igual o superior categoría; ii) condenar a la entidad2

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers demandada a reconocer y pagar los salarios y prestaciones sociales que dejó de devengar desde cuando fue desvinculad o hasta cuando sea efectivamente reintegrado, así como los perjuicios morales a los que se vio sometido ; iii) ordenar la actualización de las sumas que resulten de la condena, de conformidad con lo previsto en el artículo 187 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; y iv) ordenar el pago de los intereses moratorios, en atención a lo consagrado en el artículo 192 ibidem.

1.1.2. Hechos

Como hechos relevantes, la apoderada del demandante señaló los siguientes:

1. El 22 de junio de 2015, mediante la Resolución N.º 1982, expedida por el contralor general de la República, el señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers fue nombrado en el cargo de gerente departamental, dependencia 10471 , Despacho del gerente

general de la República, el señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers fue nombrado en el cargo de gerente departamental, dependencia 10471 , Despacho del gerente Departamental del Magdalena, Código 101535, Grado 01.

1. Durante su vinculación en dicha entidad, su desempeño fue excelente, pues, no recibió llamados de atención, anotaciones en su hoja de vida y tampoco se le iniciaron investigaciones disciplinarias en su contra.

1. No obstante, el 8 de septiembre de 2017, a través de Resolución N.º 81117-99902954, el contralor general de la República declaró insubsistente su nombramiento en el empleo antes referido.

1. Lo anterior obedeció a que el 29 de agosto de 2017, mediante Auto N. 299, emitido por el señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers y Alberto Mario Marín Perea, procurador provincial, se dispuso el archivo de la indagación preliminar, con radicado N.º ANT_IP-2017-00606, dentro de proceso de responsabilidad fiscal que se estaba adelantando, por no encontrar mérito para continuar con aquella.

1. Una vez ello sucedió, el contralor delegado de Infraestructura se comunicó, telefónicamente, con el señor Cabas Rodgers para informarle que estaba en to tal descuerdo con dicha decisión y que eso tendría represalias.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación3

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, y 6 de la Constitución Política; 41, literal

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers

Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, y 6 de la Constitución Política; 41, literal a) de la Ley 909 de 2004; y, 10 de la Ley 1437 de 2011; y los Decretos 268 de 2000 y 1083 de 2015.

Al desarrollar el concepto de violación, el apoderado del demandante expuso los siguientes argumentos:

1. Los actos administrativos censurados fueron expedidos con desviación de poder, en la medida que la facultad discrecional no fue utilizada con el fin de mejorar el servicio, pues no se tuvo en cuenta que cumplía los requisitos , era idóneo para el cargo y su desempeño fue excelente.

1. Aunado a ello, su desvinculación fue producto de una retaliación en su contra por el hecho de haber cerrado una indagación preliminar, por cuanto, primero, tan pronto sucedió, el contralor delegado de Infraestructura se comunicó con el señor Cabas Rodgers y le advirtió que dicha decisión generaría una consecuencia; segundo, el mismo día en que su nombramiento se declaró insubsistente, la contralora delegada para Investigaciones de la Contraloría General de la República dispuso la supervisión de la indagación preliminar con radicado N.º ANT_IP -201700606; y, tercero, se desvinculó de la entidad a los dos funcionarios que emitieron la decisión antes cuestionada.

1. Su retiro le ocasionó unos perjuicios materiales y morales al señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers y a su familia, por cuanto ésta dependía económicamente de él.

la decisión antes cuestionada.

1. Su retiro le ocasionó unos perjuicios materiales y morales al señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers y a su familia, por cuanto ésta dependía económicamente de él.

1.2. Contestación de la demanda

La Contraloría General de la República, por intermedio de apoderada, se opuso a la prosperidad de las pretensiones, por las razones que se expresan a continuación:1

1. En atención a la facultad discrecional y a la naturaleza del cargo desempeñado por el demandante, esto es, de libre nombramiento y remoción, el nominador de la

1 Folios 127 a 150.4

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers entidad se encuentra autorizado para nombrar en dichos empleos, personas de su entera confianza y manejo.

1. No se configuró una desviación de poder, en la medida en que no se acreditó la existencia de una retaliación o persecución en contra de la parte actora, así como tampoco problemas de índole personal, que hubieran instigado a su retiro de la

Contraloría General de la República.

1. Su buen servicio y experiencia profesional no hacían que fuera inamovible, teniendo en cuenta, como se mencionó, que desempeñaba un cargo de libre nombramiento y remoción y que en cualquier momento su nombramiento podía ser declarado insubsistente, como en efecto ocurrió.

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1950 de 1973, el acto administrativo a través del cual se declara insubsistente un nombramiento no debe

declarado insubsistente, como en efecto ocurrió.

1. De conformidad con lo establecido en el Decreto 1950 de 1973, el acto administrativo a través del cual se declara insubsistente un nombramiento no debe motivarse, razón por la cual, contrario a lo afirmado en el escrito de la demanda, no se incurrió en falsa motivación.

1.3. La sentencia apelada

El Tribunal Administrativo de l Magdalena, Despacho 01 , mediante sentencia proferida el 20 de mayo de 2020, denegó las pretensiones de la demanda. Para tal efecto, se pronunció en los siguientes términos:2

1. De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, se observa que el nombramiento del señor Cabas Rodgers en el cargo de gerente departamental, Nivel Directivo, Grado 01 en el Despacho del Gerente Departamental de Magdalena, fue de carácter ordinario, es decir, que dicho empleo t enía la naturaleza de libre nombramiento y remoción.

1. En consideración a lo anterior, su retiro se realizó con fundamento en el ejercicio de la facultad discrecional que permite que los empleados en dichos cargos puedan ser desvinculados, por razones del servicio, lo que quiere decir que no se genera ningún tipo de estabilidad y que los actos administrativos proferi dos en estas

2 Folios 441 a 460.5

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers condiciones, gozan de presunción de legalidad, a menos que se demuestre lo contrario, circunstancia que no ocurrió en este asunto.

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers condiciones, gozan de presunción de legalidad, a menos que se demuestre lo contrario, circunstancia que no ocurrió en este asunto.

1. De conformidad con las pruebas obrantes dentro del expediente, no es posible inferir que existió una desviación de poder por parte del nominador, de tal suerte que, la facultad discrecional ejercida para la declaratoria de insubsistencia del actor fue adecuadamente utilizada.

1. Demostrar la causal de de sviación de poder implica llevar al juzgador a la convicción plena de qué la intención de quién profirió el acto se alejó de la finalidad del buen servicio y se usó con fines distintos a los previstos por la norma, sin embargo, ELLO no se logró acreditar en este caso, dado que de los testimonios se colige que el señor Cabas Rodgers no tuvo ninguna presión respecto de la decisión que debía optar en torno a la indagación preliminar ya referida, pues se alegó que todo el trámite se hizo con sujeción a derecho , bajo los términos legales y no se evidencia una desmejora en el servicio.

1. Además, aún cuando el recurrente alega que el demandante tenía un desempeño excelente al interior de la entidad, ello no es determinante para que fuera inamovible de su cargo, por cuanto es obligación de todo servidor público prestar sus servicios en forma óptima y eficiente, en cuanto ello contribuye a la consecución de los fines esenciales del Estado y garantiz a los ciudadanos el goce de sus derechos y el acceso a los distintos beneficios previstos para el adecuado desarrollo social, por tanto, la buena conducta y la excelencia del actor en el ejercicio de su cargo no presupone su estabilidad.

acceso a los distintos beneficios previstos para el adecuado desarrollo social, por tanto, la buena conducta y la excelencia del actor en el ejercicio de su cargo no presupone su estabilidad.

1.4. El recurso de apelación

El señor Carlos Eduardo Cabas Rodgers , por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación3 y lo sustentó así:

1. El tribunal de primera instancia no realizó un juicio análisis del material probatorio obrante dentro del expediente, con el que se da cuenta que la entidad demandada incurrió en desviación de poder al expedir el acto adminis trativo ahora acusado y

3 Folios 488 a 500.6

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers que la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento obedeció a una retaliación en su contra.

1. Al respecto, no se tuvieron en cuenta las declaraciones de los testimonios que refieren que el motivo de dicha decisión , fue el archivo y el cierre de indagación preliminar que el actor emitió en su momento.

1. Lo cual se corrobora , primero, con las fechas en que sucedieron los hechos, pues, por un lado, la decisión de cierre de indagación se produjo el 25 de agosto de 2017 y la declaratoria de insubsistencia de su nombramiento, fue el 8 de septiembre del mismo año; segundo, con la desvinculación de 2 de los 3 miembros que integraban el cuerpo colegiado departamental que emitieron la referida decisión, esto es, Carlos Eduardo Cabas Rodgers y Alberto Mario Marín Perea; tercero, con

del mismo año; segundo, con la desvinculación de 2 de los 3 miembros que integraban el cuerpo colegiado departamental que emitieron la referida decisión, esto es, Carlos Eduardo Cabas Rodgers y Alberto Mario Marín Perea; tercero, con la continuidad de la vinculación del señor José Antonio Lafaurie Alberricci, en su calidad de contralor provincial, quien fue la persona que no participó en la decisió n anterior; cuarto, con la supervisión que se ordenó ejercer en la investigación en la que se emitió el auto de cierre de indagación; y, quinto, con el inicio de un proceso disciplinario en contra del actor.

1. Tampoco se tuvo en cuenta la llamada telefónica que recibió el señor Cabas Rodgers por parte del contralor delegado de Infraestructura, el señor Julián Polanía, al día siguiente de emitirse el auto referido, en la cual le advirtió al demandante que su decisión tendría consecuencias.

1. La facultad discrecional a la que hace referencia el tribunal, no fue ejercida bajo los parámetros legales, ya que su desvinculación produjo un desmejoramiento del servicio, como lo afirman los testigos, en la medida en que el funcionario que lo reemplazó tenía poca experiencia en temas de responsabilidad fiscal y se omitió analizar el buen desempeño del actor, su idoneidad y honestidad.

1.5. Alegatos de conclusión en segunda instancia

1.5.1. La demandante

Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte interesada no expuso argumento alguno.7

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Pese a que el Despacho corrió traslado para alegar de conclusión, la parte interesada no expuso argumento alguno.7

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers

1.5.2. La demandada

La entidad demandada insistió en los argumentos expuestos en la contestación de la demanda.

1.6. El Ministerio Público

La procuradora tercera delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó confirmar la sentencia de primera instancia, por las razones que a continuación se indican:4

1. Las declaraciones rendidas en este proceso narraron imprecisiones personales indirectas sobre los hechos, pues si bien se encontraban en compañía del afectado o se escuchaban comentarios sobre el tema, en ningún caso los declarantes dijeron conocer directamente lo s hechos que llevaron el nominador a tomar la determinación de declarar la insubsistencia del nombramiento del actor.

1. Ahora, que el contralor provincial que se declaró impedido se hubiera mantenido en el servicio, no necesariamente es un indicio de desviación de poder, toda vez que dicha determinación pudo obedecer a mantener la continuidad en el funcionamiento de la institución local.

1. En relación con la supuesta llamada telefónica al actor por parte del contralor delegado de infraestructura, no existe una prueba contundente que acredite cuál fue el contenido de dicha comunicación.

1. No se probó que la facultad discrecional fuera usada indebidamente por el nominador, por cuanto el reabrir la indagación e investigar a quienes participaron en

el contenido de dicha comunicación.

1. No se probó que la facultad discrecional fuera usada indebidamente por el nominador, por cuanto el reabrir la indagación e investigar a quienes participaron en el archivo, esto es, entre ellos, al actor, no implica la configuración de una desviación de poder sino una preocupación legítima por restablecer la orientación en el ejercicio del control fiscal más allá de toda duda razonable y en recuperación de la imagen institucional hacia los asociados.

4 Índice 29 de Samai.8

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers La Sala decide, previas las siguientes

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

Se circunscribe a determinar si con la expedición del acto administrativo acusado, la entidad demandada incurrió en (I) desviación de poder, en tanto que la facultad discrecional no fue ejercida conforme a los parámetros legales y jurisprudenciales; y (II) falsa motivación, en la medida en que la desvinculación de l demandante no fue producto del mejoramiento del servicio.

2.2. Marco normativo

2.2.1. De la declaratoria de insubsistencia de los empleos de libre nombramiento y remoción.

El artículo 125 de la Constitución Política dispone lo siguiente:

Artículo 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la

exceptúan los de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.

Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por concurso público. (…) Parágrafo (adicionado por el artículo 6 del acto legislativo Nº 1 de 2003). Los períodos establecidos en la Constitución Política o en la ley para cargos de elección tienen el carácter de institucionales. Quienes sean designados o elegidos para ocupar tales cargos, en reemplazo por falta absoluta de su titular, lo harán por el resto del período para el cual este fue elegido.

A su turno el artículo 1.º de la Ley 909 de 2004 clasifica los empleos públicos de la siguiente forma:

Artículo 1.º. Objeto de la ley. (…) De acuerdo con lo previsto en la Constitución Política y la ley, hacen parte de la función pública los siguientes empleos públicos:

a) Empleos públicos de carrera; b) Empleos públicos de libre nombramiento y remoción; c) Empleos de período fijo; d) Empleos temporales”. (Negrillas fuera del texto).9

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021)

Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers

Y el artículo 5.° ibidem, preceptúa:

Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

Y el artículo 5.° ibidem, preceptúa:

Artículo 5.º. Clasificación de los empleos. Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera administrativa, con excepción de:

1. Los de elección popular, los de período fijo, conforme a la Constitución Política y la ley, los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación.

2. Los de libre nombramiento y remoción que correspondan a uno de los siguientes

criterios:

a) Los de dirección, conducción y orientación institucionales, cuyo ejercicio implica la adopción de políticas o directrices así:

En la Administración Central del Nivel Nacional:

Ministro; Director de Departamento Administrativo; Viceministro; Subdirector de Departamento Administrativo; Consejero Comercial; Contador General de la Nación; Subcontador General de la Nación; Superintendente, Superintendente Delegado e Intendente; Director y Subdirector de Unidad Administrativa Especial; Secretario General y Subsecret ario General; Director de Superintendencia; Director de Academia Diplomática; Director de Protocolo; Agregado Comercial; Director Administrativo, Financiero, Administrativo y Financiero, Técnico u Operativo; Subdirector Administrativo, Financiero, Administ rativo y Financiero, Técnico u Operativo, Director de Gestión; (…); Jefe de Oficina, Jefes de Oficinas Asesoras de Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

Como puede observarse, la regla general en el ejercicio de la función administrativa

Jurídica, Planeación, Prensa o de Comunicaciones; Negociador Internacional; Interventor de Petróleos, y Capitán de Puerto.

Como puede observarse, la regla general en el ejercicio de la función administrativa lo constituye el ingreso mediante el sistema de la carrera administrativa; no obstante, hay eventos en los que la administración requiere cierta libertad para seleccionar y retirar a sus empleados en atención a la trascendencia de las funciones que desempeñan y el grado de confianza que se exige para ello.

En estos casos ha sido prevista una excepción al sistema de la carrera administrativa para quienes sin haber superado las distintas etapas de un proceso de selección por méritos ingresan al servicio público a desempeñar empleos con funciones de conducción u orientación institucional, toda vez que, se repite, el factor determinante en la provisión de estos cargos es la co nfianza que se predica directamente del ejercicio de las funciones de dirección u orientación institucional.10

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers Sobre este particular, vale la pena señalar, que al nominador le está permitido respecto de estos empleos disponer libremente su provisión y retiro, incluso sin que sea necesario expresar los motivos que lo llevan adoptar una u otra decisión. En otras palabras, es claro que los actos de desvinculación de los funcionarios de libre nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

nombramiento y remoción no necesitan de motivación, en la medida en que la selección de este tipo de personal supone la escogencia de quien va a ocupar el cargo por motivos estrictamente personales o de confianza.

Bajo tal entendimiento, el artículo 41 de la Ley 909 de 2004, literal a) y parágrafo 2.º, establece la facultad discrecional de remover libremente a los empleados que ocupen un cargo de libre nombramiento y remoción en los siguientes términos:

Artículo 41. Causales de retiro del servicio. El retiro del servicio de quienes estén desempeñando empleos de libre nombramiento y remoción y de carrera administrativa se produce en los siguientes casos: a) Por declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de libre nombramiento y remoción; (…) PARÁGRAFO 2o. Es reglada la competencia para el retiro de los empleos de carrera de conformidad con las causales consagradas por la Constitución Política y la ley y deberá efectuarse mediante acto motivado. La competencia para efectuar la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y se efectuará mediante acto no motivado.

Aunque, de acuerdo con la norma, la remoción en empleos de libre nombramiento y remoción es discrecional y no requiere motivación, c abe precisar que la regla y medida de la discrecionalidad de un instrumento como la declaratoria de insubsistencia es la razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita conforme a derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir debe

insubsistencia es la razonabilidad; en otras palabras, la discrecionalidad es un poder que se ejercita conforme a derecho, y que implica el ejercicio de atributos dentro de límites justos y ponderados. El poder jurídico de la competencia para decidir debe enmarcarse dentro de la satisfacción del interés general y, por ende, a partir de la observación de los elementos fácticos se mueve la adopción de la decisión que mejor convenga a la comunidad5.

En armonía con el anterior planteamiento, la jurisprudencia constitucional ha

5 Así lo expresó la Sala, entre otras, en la sentencia de 20 de agosto de 2015, Expediente Número 250002325000201000254-01, N o. interno: 1847 -2012. Consejero ponente: Gerardo Arenas Monsalve.11

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers indicado que la discrecionalidad debe ser ejercida siempre dentro de parámetros de racionalidad, proporcionalidad y razonabilidad. En tal sentido, ha identificado6 como límites para el ejercicio de dicha facultad, los siguientes: a) debe existir una norma de rango constitucional o legal que contemple la discrecionalidad expresamente; b) su ejercicio debe ser adecuado a los fines de la norma que la autoriza; y c) la decisión debe ser proporcional a los hechos que le sirven de causa.

A su turno, el artículo 36 del CCA –hoy en día artículo 44 del CPACAestablece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y

A su turno, el artículo 36 del CCA –hoy en día artículo 44 del CPACAestablece que, en la medida en que el contenido de una decisión de carácter general o particular sea discrecional, debe ser «adecuada» a los fines de la norma que la autoriza y «proporcional» a los hechos que le sirven de causa; lo anterior supone que debe existir una razón para adoptar la decisión, fundada en normas jurídicas y en hechos reales y ciertos, lo cual hace que la discrecionalidad tenga como medida la «razonabilidad», y ello, de suyo, comporta un límite a la facultad discrecional de libre nombramiento y remoción.

Por su parte, el artículo 26 del Decreto 2400 de 1968,7 establece:

Artículo 26. El nombramiento hecho a una persona para ocupar un empleo del servicio civil, que no pertenezca a una carrera, puede ser declarado insubsistente libremente por la autoridad nominadora, sin motivar la providencia . Sin embargo, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que lo ocasionaron en la respectiva hoja de vida. Los nombramientos de empleados de carrera sólo podrán ser declarados insubsistentes por los motivos y mediante los procedimientos establecidos en la ley o reglamento que regule la respectiva carrera. La declaración de insubsistencia conlleva la pérdida de los derechos del funcionario de carrera. (Negrilla nuestra).

Este artículo fue objeto de control por parte de la Corte Constitucional, corporación que al ocuparse del c argo de violación erigido sobre la expresión normativa «sin motivar la providencia», lo encontró exequible sin condicionamiento alguno en la sentencia C-734 de 2000, al considerar que:

que al ocuparse del c argo de violación erigido sobre la expresión normativa «sin motivar la providencia», lo encontró exequible sin condicionamiento alguno en la sentencia C-734 de 2000, al considerar que:

7. En relación con la garantía de estabilidad laboral que también cobi ja a quienes ocupan cargos de libre nombramiento y remoción, la Corte, con fundamento en la Constitución, ha decantado jurisprudencia que indica que la posibilidad de desvincular libremente en cualquier momento a esta clase de servidores, no contraría la C arta,

6 Sentencia T-372 de 2012. 7 Por el cual se modifican las normas que regulan la administración del personal civil y se dictan otras disposiciones.12

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00083-01 (1420-2021) Demandante: Carlos Eduardo Cabas Rodgers pues su estabilidad es precaria en atención a la naturaleza de las labores que cumplen, ya que requieren siempre de la plena confianza del nominador.

(…)

9. El artículo 26 del Decreto Ley 2400 de 1968, leído íntegramente indica que en la respectiva hoja de vida del funcionario desvinculado, deberá dejarse constancia del hecho y de las causas que ocasionaron su retiro. Esta prescripción aleja a la facultad discrecional que se contiene en la norma, de la posibilidad de ejercerse en forma caprichosa o arbitraria, al ordenar dejar constancia posterior, aunque sumaria, de la motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de tal

motivación que condujo a la decisión de declarar insubsistente al funcionario. Por ello, el sentido completo del artículo 26 consiste en indicar que la providencia que ordena la desvinculación no tiene que expresar dentro de su propio texto la motivación de tal decisión, no obstante lo cual debe dejarse constancia de ella en la hoja de vida del servidor público. Así, el funcionario desvinculado puede conocer las razones que llevaron a declarar la insubsistencia de su designación, y si estima que ellas configuran una arbitrariedad, un abuso o una desviación de poder, ejercer los medios de defensa judicial a su alcance. (…)

10. De esta manera, la lectura completa de la dispos ición acusada, lleva a concluir sobre su exequibilidad. No sólo la falta de motivación de los actos administrativos de funcionarios de libre nombramiento y remoción, como se vio, no se opone a la Constitución, sino que en el caso presente, la exigencia de motivación posterior excluye la posibilidad de que la desvinculación así efectuada se erija en un acto arbitrario y caprichoso contra el cual no exista la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, como lo aduce la demanda. No hay en este caso, excepció n al principio de publicidad de los actos administrativos, pues el interesado puede conocer la motivación que originó su retiro. En virtud de lo anterior, la Corte declarará la exequibilidad de la proposición jurídica completa conformada por el artículo 2 6 del Decreto Ley 2400 de 1968, toda vez que la expresión parcialmente acusada, no puede ser considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del texto de la norma.

Como puede observarse la Corte, sin condición alguna, declaró la exequibilidad de

puede ser considerada en sus efectos jurídicos independientemente del resto del texto de la norma.

Como puede observarse la Corte, sin condición alguna, declaró la exequibilidad de la norma acusada y reafirmó que el establecimiento de la facultad discrecional dentro del Estado de derecho no desconoce las garantías del servidor retirado.

En lo que toca con la anotación en la hoja de vida de las ca