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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES Bogotá D.C., primero (1°) de noviembre de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE REPETICIÓN Radicación: 50001-23-31-000-2006-00972 01 (66486) Demandante: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL Demandado: CARLOS HERNÁN BONILLA SILVA Tema: Acción de repetición. Régimen previsto en los artículos 90 de la Constitución Política de 1991 y 77 y 78 del Código Contencioso Administrativo. No se acreditó la culpa grave del agente. Principio de non reformatio in pejus. Revoca y niega pretensiones. SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA La Sala, de acuerdo con lo dispuesto en sesión de 5 de mayo de 20051, decide el recurso de apelación presentado por la parte demandada contra la sentencia del 6 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. I. SINTESIS DEL CASO Mediante sentencia del 9 de abril de 2002, el Tribunal Administrativo del Meta declaró patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de varios soldados profesionales, por lo que ordenó pagar a sus familiares perjuicios materiales e inmateriales. El 27 de febrero de 2003 los familiares de las

víctimas suscribieron una conciliación judicial con la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, en la que esta última entidad acordó pagar a los convocantes perjuicios morales y materiales por la muerte de William Morales Barrera y otros. Posteriormente, mediante auto del 24 de abril de 2003, el Consejo de Estado aprobó la referida conciliación judicial. 1 Sala Plena Sección Tercera, acta número 15 de 5 de mayo de 2005.2 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

Como la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una indemnización por concepto de la conciliación antes mencionada, en ejercicio de la acción de repetición presentó demanda en contra del teniente Carlos Hernán Bonilla Silva, pues considera que con su actuar gravemente culposo incidió en la producción del daño antijurídico por el cual debió suscribir la conciliación referida y pagar la suma allí acordada. II. ANTECEDENTES 1. Demanda El 25 de agosto de 20062, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de repetición, presentó demanda en contra de Carlos Hernán Bonilla Silva para que se le declarara patrimonialmente responsable del pago de $1.837.146.018,75 a Amancio Fernando Márquez y otros, el cual se llevó a cabo en cumplimiento de la conciliación aprobada por el Consejo de Estado mediante auto del 24 de abril de 2003. En apoyo de las pretensiones, la parte demandante indica que el 6 de septiembre de 1996, en el sitio conocido como “la carpa” en San José del Guaviare, la compañía “Amperio” del Ejército Nacional, conformada por 46 soldados profesionales y tres oficiales, fue emboscada por aproximadamente 400 miembros de las Farc, quienes causaron la muerte de 24 soldados e hirieron a los demás. Señala que, por esos hechos, los familiares de algunos soldados fallecidos presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional para que se le declarara patrimonialmente responsable por la muerte de aquellos. Manifiesta que mediante sentencia del 9 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de los soldados 2 Fl.

la muerte de aquellos. Manifiesta que mediante sentencia del 9 de abril de 2002, proferida por el Tribunal Administrativo del Meta, se declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional por la muerte de los soldados 2 Fl. 1 a 15, C. 1.3 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

William Morales Barrera, Elkin Javier León Jaraba, Amancio Fernando Márquez Oviedo, Emilio Niño Vargas, Abel Saavedra Gutiérrez, Nelson Darío Uribe Caro, Elkin de Jesús Duarte Uribe, José Ignacio Gómez, Sergio Andrés Estrada Ramírez, Jaime Garcés Loaiza, José Arley Toro, Javier Ramírez Saldarriaga y Yeraldo Alberto Vargas Castillo. De igual forma se condenó a dicha a entidad a pagar perjuicios materiales e inmateriales a los familiares de las víctimas. Destaca que el Ejército Nacional presentó recurso de apelación en contra de la anterior decisión. Refiere que el 27 de febrero de 2003 el Consejo de Estado celebró audiencia de conciliación, en la que se acordó que el Ejército Nacional pagaría la condena a los demandantes “con títulos de tesorería (TES) clase b, emitidos por el Ministerio de Hacienda. Que la entidad demandada reconocerá intereses moratorios a partir de los tres meses siguientes de presentada la cuenta de cobro ante el Ministerio de Defensa por parte del apoderado de los demandantes”. Señala que mediante auto del 24 de abril de 2003, el Consejo de Estado aprobó la conciliación celebrada entre el Ejército Nacional y Amancio Fernando Márquez y otros y declaró terminado el proceso. Atendiendo a que la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional afirma que pagó una suma de dinero por concepto de la conciliación mencionada, presentó demanda de repetición en contra del teniente Carlos Hernán Bonilla Silva, pues considera que con su actuación gravemente culposa incidió en la producción del daño

antijurídico por el cual debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo allí convenido, toda vez que “la operación (militar) en la que debió intervenir el demandado no fue planeada debidamente ni se ajustó a las medidas de seguridad pertinentes y a la táctica militar, con lo cual se expuso a sus integrantes, soldados bajo su mando, a un riesgo que excedió el normal que implica la actividad militar”.4 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

2. Contestaciones El 24 de septiembre de 20073, el Tribunal Administrativo del Meta admitió la demanda y ordenó su notificación al demandado y al Ministerio Público. 2.1. Carlos Hernán Bonilla Silva4 se opuso a las pretensiones e indicó que no actuó con dolo y/o culpa grave, pues su proceder militar “se desarrolló dentro de las normas reglamentarias y posibilidades operacionales”, tal como lo concluyó la autoridad penal militar y disciplinaria en sendas investigaciones adelantadas por los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 1996. 3. Alegatos de conclusión en primera instancia El 14 de mayo de 20195, se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente. 3.1. Carlos Hernán Bonilla Silva6 reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Adicionalmente, sostuvo que el material probatorio recaudado en el proceso no daba cuenta de una actuación dolosa y/o gravemente culposa de su parte. 3.2. La parte demandante y el Ministerio Público guardaron silencio. 4. Sentencia de primera instancia Mediante sentencia del 6 de mayo de 20207 el Tribunal Administrativo de Arauca8 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que el teniente Carlos Hernán Bonilla Silva actuó con culpa grave en los hechos acaecidos el 6 de septiembre de 1996 en San José del Guaviare, pues no tenía control sobre la 3 Fl. 148, C. 1. 4 Fl.

150 a 178, C. 1. 5 Fl. 408, C. 1. 6 Fl. 209 a 224, C. 2. 7 Fl. 1 a 29, C. Ppal. 8 El proceso fue reasignado al Tribunal Administrativo de Arauca.5 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

compañía “Amperio” que comandaba, generando indisciplina al interior de los uniformados y facilitando el actuar del enemigo. No obstante, determinó que la participación de la actuación gravemente culposa del teniente Bonilla Silva solo fue del 10%, toda vez que hubo falta de planeación de la operación militar desde los altos mandos del Ejército Nacional a quienes también era atribuible la causación del daño. Al efecto, sostuvo: “Se determina así y con las pruebas reseñadas dentro de las que se aportaron al proceso, que el demandado Carlos Hernán Bonilla Silva en su condición de teniente, comandante de la compañía Amperio, patrulla Amperio 1, el 6 de septiembre de 1996 y sus días previos, actuó con gran irregularidad en el servicio, negligencia y omisiones de repercusiones graves, al presentar las falencias referidas varios párrafos atrás, cuando se encontraba en plena acción militar. Más cuando se operaba con la acción directa, cercana e inmediata contra fuerzas subversivas, lo cual exigía el máximo cuidado, propició que estas los atacaran con gran cantidad de armas, disparos y guerrilleros, con el saldo luctuoso de la muerte de 24 integrantes de su Compañía. Con su conducta, Bonilla Silva si bien no buscó adrede el agravio que se causó, sí para que el hecho fatal se produjera se acreditó que con una evidente e inexcusable violación e incumplimiento en gran magnitud de sus deberes, tuvo grave descuido, negligencia e imprudencia en la conducción de la tropa que se le encomendó y confió como Comandante para que la dirigiera

con diligencia, eficacia y eficiencia, no solo con el resultado buscado con la operación, sino en la protección de la vida y la integridad física de los militares a su cargo. Máxime cuando al ostentar el grado de teniente -No era un novatoy asumir el encargo de mandar, adquirió mayor responsabilidad y tenía la obligación de conocer y prever la irregularidad que encarnaban sus acciones y omisiones, por lo que no se trató de una mera equivocación, sino de un sustancial desconocimiento de las reglas que regían una operación riesgosa que requería máxima preocupación. Con ello actuó con culpa grave, no es exculpable su actuación, y como quiera que así causó la erogación patrimonial que el Ejército Nacional asumió en el proceso de reparación directa, debe reintegrarle de manera parcial la suma que la entidad pagó y se le declarará patrimonialmente responsable del daño antijurídico ocasionado al Estado. (…) Es así para la Sala, toda vez que conforme6 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

se estableció en el acápite precedente, la conducta del entonces teniente Bonilla Silva no fue la única determinante del trágico resultado, pues intervinieron para que esta se presentara, varios errores graves de los altos mandos militares, claramente resaltados incluso por el propio Ejército Nacional (…)”. En la parte resolutiva el a quo imputó 10% de responsabilidad al teniente Carlos Hernán Bonilla Silva; y, en consecuencia, en el numeral segundo de la sentencia lo condenó a pagar la suma de $348.255.826 a la entidad demandante. 5. Recurso de apelación El 19 de octubre de 20209, Carlos Hernán Bonilla Silva interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido el 18 de noviembre de 202010 y admitido el 19 de febrero de 202111. 5.1. Carlos Hernán Bonilla Silva12 reiteró los argumentos de la demanda y sostuvo que el a quo no valoró adecuadamente las pruebas aportadas al proceso, pues no tuvo en cuenta las resultas de los procesos penal y disciplinario en los que se le absolvió de responsabilidad. Además, se desconoció por el Tribunal que “los errores en la planeación y dirección del objetivo militar –fueronajenos al aquí demandado”, toda vez que, según los testimonios de los soldados, la causa de la muerte de los miembros del Ejército Nacional fue la demora en el apoyo aéreo, la poca munición que les fue suministrada a la unidad “Amperio”, la superioridad numérica del enemigo, y, en general, el mal manejo de la operación por parte de los superiores. 6. Alegatos de conclusión en segunda instancia El 19 de marzo de 202113 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

9 Fl. 35 a 39, C. Ppal. 10 Fl. 42 a 43, C. Ppal. 11 Fl. 49, C. Ppal. 12 Fl. 35 a 39, C. Ppal. 13 Fl. 51, C. Ppal.7 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

6.1. La Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional14 reiteró los argumentos expuestos en la demanda. 6.2. El Ministerio Público15 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, pues no se demostró la conducta gravemente culposa de Carlos Hernán Bonilla Silva. De hecho, textualmente sostuvo: “Conforme a las anteriores declaraciones, a juicio de esta delegada, las pruebas al interior del expediente no otorgan los elementos suficientes de convicción para calificar como gravemente culposas, las supuestas faltas cometidas por el Teniente Bonilla. En efecto, de las declaraciones y las decisiones obrantes en el plenario, no se logra individualizar con precisión y certeza las conductas que hubieran podido configurar una falta al deber objetivo de cuidado de tal gravedad, como para endilgarle una responsabilidad personal al teniente Bonilla Silva por el resultado del 6 de septiembre de 1996. Por consiguiente, se considera que en el caso concreto no se reúnen los presupuestos para declarar la responsabilidad personal del señor Carlos Hernán Bonilla Silva”. 6.3. Carlos Hernán Bonilla Silva guardó silencio. III. CONSIDERACIONES 1. Jurisdicción y competencia La jurisdicción de lo contencioso administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce de las demandas que promuevan las entidades públicas cuando resulten condenadas al pago de perjuicios causados como consecuencia de una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores, ex servidores públicos o particulares que desempeñen funciones públicas, con el fin de obtener el reembolso o reintegro de los dineros pagados. Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA16, 14 Samai, expediente digital, índice 13. 15 Samai, expediente digital, índice 16. 16 “El Consejo de Estado,

Este tipo de debates se encuentran adscritos a esta jurisdicción, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA16, 14 Samai, expediente digital, índice 13. 15 Samai, expediente digital, índice 16. 16 “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos8 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

modificado por el artículo 37 de la Ley 446 de 1998 y el artículo 7 de la Ley 678 de 200117. En conclusión, el Consejo de Estado es competente para conocer de este asunto, porque se trata de una apelación interpuesta en contra de una sentencia proferida, en primera instancia, por un Tribunal Administrativo dentro de un proceso de repetición. 2. Acción procedente De conformidad con la definición del artículo 2º de la Ley 678 de 200118, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política19, la acción de repetición es una acción de carácter patrimonial que se ejerce contra el servidor, ex servidor público o particular investido de una función pública que haya dado lugar, en forma dolosa o gravemente culposa, a un reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. En este caso la acción procedente es la de repetición, porque se solicita declarar a Carlos Hernán Bonilla Silva patrimonialmente responsable del pago de

de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. El grado jurisdiccional de consulta se surtirá en los eventos de que trata el artículo 184 de este código.” 17 “Artículo 7. Jurisdicción y competencia. La jurisdicción de lo contencioso administrativo conocerá de la acción de repetición. Será competente el juez o tribunal ante el que se tramite o se haya tramitado el proceso de responsabilidad patrimonial contra el Estado de acuerdo con las reglas de competencia señaladas en el Código Contencioso Administrativo. Cuando la reparación patrimonial a cargo del Estado se haya originado en una conciliación o cualquier otra forma permitida por la ley para solucionar un conflicto con el Estado, será competente el juez o tribunal que haya aprobado el acuerdo o que ejerza jurisdicción territorial en el lugar en que se haya resuelto el conflicto (…)”. 18 “Artículo 2o. Acción de repetición. La acción de repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado reconocimiento indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial […]”. 19 La Constitución de 1991 en su artículo 90 elevó a rango constitucional

la acción de repetición, al disponer que “[e]n el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.9 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

$1.837.146.018,75 realizado en cumplimiento de la conciliación aprobada mediante auto del 24 de abril de 2003, proferido por el Consejo de Estado. 3. Vigencia de la acción Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal20. Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución. El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, 20 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “es necesario entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses

colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y por disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acción, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252. 21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente

se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia.”10 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción22, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos. Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente. La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más 22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Rad.: 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de

caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos 23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano

debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.11 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar. El artículo 11 de la Ley 678 de 2001 señala que la acción de repetición caducará dos años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago total de la condena o conciliación efectuado por la entidad o a más tardar desde el vencimiento del plazo de 18 meses de que trata el inciso 4° del artículo 177 del Código Contencioso Administrativo25. En el caso sub examine, se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el auto del 24 de abril de 200326, mediante el cual el Consejo de Estado aprobó el acuerdo conciliatorio celebrado entre las partes de la acción de reparación directa, quedó ejecutoriado el 5 de mayo de 2003, según da cuenta la constancia de ejecutoria expedida por la referida corporación27; ii) que el 3 de septiembre de 2004, la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional realizó el último pago por concepto de la conciliación del 24 de abril de 2003, el cual correspondió a la suma de $97.875.618, según da cuenta el certificado de tesorería de la entidad28, el cual está signado por Luz Esmeralda Manrique Díaz, en calidad de “tesorera principal Mindefensa”; iii) que los 18 meses de que trata el artículo 177 del CCA, vencieron el 5 de noviembre de 2004; iv) que lo primero que ocurrió fue el pago de la conciliación; y, v) que la demanda se presentó el 25 de agosto de 200629,

25 Mediante sentencia C-832 de 2001 la Corte Constitucional se pronunció frente al contenido normativo del numeral 9 del artículo 136 del CCA, cuyo texto es idéntico al primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001. En la mencionada providencia, esa Corporación declaró la constitucionalidad condicionada de la norma bajo una interpretación armónica con el inciso 4º del artículo 177 del CCA, el cual establece que el pago de las condenas judiciales proferidas contra las entidades públicas podrá ser ejecutable 18 meses después de ejecutoriada la sentencia. Así, la Corte indicó que en el evento en que la entidad pública no hubiere realizado el pago dentro de dicho término, la caducidad deberá contarse entonces a partir del vencimiento de los 18 meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia condenatoria o del auto aprobatorio de la conciliación. Cabe resaltar que con posterioridad, en Sentencia C-394 de 2002, la Corte Constitucional también estudió la exequibilidad del primer inciso del artículo 11 de la Ley 678 de 2001 y dispuso que su constitucionalidad estaría sometida a la misma interpretación realizada en la Sentencia C-832 de 2001, de manera que, "el término de caducidad de la acción empieza a correr, a partir de la fecha en que efectivamente se realice el pago, o, a más tardar, desde el vencimiento del plazo de 18 meses previsto en el artículo 177 inciso 4 del Código Contencioso Administrativo." 26 Fl. 14 a 17, C. 1. 27 Fl. 86-anverso, C. 1. 28 Fl. 113 y 114, C. 1. 29 Fl. 1 a 15, C. 1.12

4 del Código Contencioso Administrativo." 26 Fl. 14 a 17, C. 1. 27 Fl. 86-anverso, C. 1. 28 Fl. 113 y 114, C. 1. 29 Fl. 1 a 15, C. 1.12 Radicado: 500012331000200600972 01 (66486) Demandante: Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

esto es, dentro de los dos años que otorga el artículo 11 de la Ley 678 de 2001 para presentarla de forma oportuna. 4. Legitimación en la causa Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis30. 4.1. La Nación se encuentra legitimada en la causa por activa y está debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, pues fue la entidad que celebró el acuerdo conciliatorio aprobado por el Consejo de Estado mediante auto del 24 de abril de 2003. 4.2. Carlos Hernán Bonilla Silva está legitimado en la causa por pasiva, pues presuntamente fue el agente estatal que con su conducta gravemente culposa causó el daño antijurídico por el cual la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional debió suscribir el acuerdo conciliatorio y pagar lo allí acordado. De hecho, en la demanda se señaló que aquel era miembro del Ejército Nacional, sin embargo, observa la Sala que la parte demandante no allegó certificación o copia de la hoja de vida militar que diera cuenta que el demandado era miembro de la institución castrense. No obstante, tanto de la contestación de la demanda31, como de la copia de la providencia No. 202-131674-5543 del 26 de julio de 1999, proferida por “la sala de apelación” de la justicia penal militar, por medio de la cual se “absolvió al teniente Carlos Hernán Bonilla Silva, por el delito de desobediencia” por los hechos ocurridos el 6 de septiembre de 199632, se deduce que Carlos Hernán Bonilla Silva 30 Frente al tema, esta Corporación ha manifestado lo siguiente: “la legitimación en la causa corresponde a un presupuesto procesal de la acción (y no de la pretensión) y, por lo tanto, debe analizarse de oficio y de manera previa

se deduce que Carlos Hernán Bonilla Silva 30 Frente al tema, esta Co