CE - 500012333000201500110011SENTENCIA20230627102315

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D.C. , veintidós (22) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho.

Radicación: 50001233300020150011001 (3048 -201 9)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Para fiscales de la

Protección Social 1

Temas: Pensión gracia . Tipo de vinculación. Naturaleza del cargo.

Carga de la prueba. Ley 1437 de 2011.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala de Subsección A resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Meta el 15 de marzo de 201 9, que negó las súplicas de la demanda .

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA 2

1.1. Pretensiones

El señor Orlando Herrera Ramírez por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,

1 En adelante UGPP .

El señor Orlando Herrera Ramírez por intermedio de apoderado , en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 3,

1 En adelante UGPP . 2 Folios 26 a 38. 3 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo . En adelante CPACA .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 2 peticionó declarar la nulidad de la s Resoluci ones PAP 033954 del 24 de enero de 2011 y 047352 del 7 de abril de 2011 , por medio de las cuales , la UGPP negó la solicitud de reconocimiento y pago de la pensión gracia y confirmó la decisión al resolver el recurso de reposición.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad demandada a (i) reconocer y pagar la pensión gracia liquidada la inclusión de todos los factores salariales devengados el año anterior al 27 de marzo de 1999 , fecha de adquisición del estatus pensional; (ii) reconocer y pagar intereses moratorios conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iii) pagar intereses corrientes durante los seis (6) primeros meses contados a partir de la ejecutoria del f allo e intereses moratorios

conforme a lo establecido en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993; (iii) pagar intereses corrientes durante los seis (6) primeros meses contados a partir de la ejecutoria del f allo e intereses moratorios después de ese tiempo sobre las condenas, sumas que deberán ajustarse tomando como base el índice de precios al consumidor; y (iv) cumplir la sentencia de acuerdo con lo establecido en los artículos 189 y 195 del CPACA .

1.2. Hechos que fundamentan la demanda

El s eñor Orlando Herrera Ramírez indicó que nació el 27 de marzo de 1949 y «prestó sus servicios al MUNICIPIO DE ARMENIA durante el año 1971 hasta el año 1981, y al servicio de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL GUAVIARE desd e el año 1985 hasta el año 1994» así:

El 5 de noviembre de 2008 , e l demandante solicitó ante la UGPP, el reconocimiento y pago de la pensión gracia .

Mediante la Resoluci ón PAP 033954 del 24 de enero de 2011 leNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 3 fue negado el derecho por considera que el periodo comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981 fue como profesor del Centro de Capacitación de Menores EMJ, por lo que no

3 fue negado el derecho por considera que el periodo comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981 fue como profesor del Centro de Capacitación de Menores EMJ, por lo que no podía computarse en la medi da en que se trató de un cargo administrativo.

El accionante recurrió la decisión, y fue resuelta a través de la Resolución 047352 del 7 de abril de 2011 , que confirmó la decisión con base en la certificación del 6 de enero de 1999 y del 25 de agosto de 2008 expedidas por la Alcaldía de Armenia , en la s que se establece que el Centro de Capacitación de Menores corresponde a una correccional de menores , y en ese orden, no hace parte del grupo de instituciones de educación formal certificadas por el Ministerio de Educación Nacional.

Adicionalmente, adujo que en el mencionado documento se indicó que el peticionario, además de cumplir funciones de profesor , era también vigilante , siendo este un cargo administrativo, por lo cual , no es posible computarlo para la pensión gracia .

1.3 Fundamentos de derecho y concepto de violación

El actor a rgumentó que cumplió los requisitos para ser beneficiario de la pensión gracia pues se vinculó como docente al magisterio oficial y laboró por más de 20 años como docente en primaria .

Para sustent ar su solicitud, invocó y transcribió sentencias proferidas por la Corte Constitucional tales como la T -174/2005, que señaló que la pensión gracia hace parte de un régimen especial por lo que no le son aplicables las normas contenidas en las Leyes

proferidas por la Corte Constitucional tales como la T -174/2005, que señaló que la pensión gracia hace parte de un régimen especial por lo que no le son aplicables las normas contenidas en las Leyes 33 y 62 de 1985; la SU -640 /98 que impone que las sentencias que resulten de demandas de inconstitucionalidad tienen efecto erga omnes por lo que debe dar aplicación a la sentencia del 24 de enero de 2008 emanada del Consejo de Estado , radicado 25000 -23 -25000 -2004 -90767 -01 (1275 -06) , en la cual se analiza el contenidoNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 4 del Decreto 88 de 1976 y el Decreto 2277 de 1979 en relación con el Sistema Educativo Nacional y que analizó el carácter de docentes de los educadores del Colegio de Empleados de la Contraloría General de la República .

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 4

La UGPP se op uso a la prosperidad de las pretensiones de la demanda por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos, toda vez que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, como son los certificados del 6 de enero de 1999 y del 25 de agosto de 2008, expedidos por el alcalde de Armenia, Quindío , se observ a

que, de la documentación obrante en el expediente administrativo, como son los certificados del 6 de enero de 1999 y del 25 de agosto de 2008, expedidos por el alcalde de Armenia, Quindío , se observ a que el demandante laboró como profesor del CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MENORES E . M.J., desde el 2 de julio de 1971 hasta el 26 de octubre de 1981 .

Indicó que, de acuerdo con la certificación del 6 de enero antes referida, se establece que la i nstitución a la que se hace referencia es una correccional de menores, y que el accionante , además de cumplir las funciones de profesor, también se desempeñó como vigilante .

Al respecto, señaló que la correccional relacionada no se e ncuentra dentro de las instituciones de educación formal certificadas por el Ministerio de Educación y a las cuales deben estar vinculados los docentes que pretendan acreditar su calidad como educador nacionalizado para reclamar la pensión gracia.

Añadió que el cargo ocupado de profesor –vigilante, no tiene carácter de docente .

En ese orden, expuso que el accionante no cuenta con los 20 años de docencia oficial de carácter departamental, distrital, municipal o

4 Folios 114 a 121.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

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w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 5 nacionalizado, dado que no es posible computar tiempos de servicio desempeñados en cargos de carácter administrativo , tal y como ocurre en el presente caso .

En consecuencia, no cumple con el requisito de haberse vinculado como docente antes del 31 de diciembre de 1980 .

Propuso las siguientes excepciones , (i) ausencia de vicios en el acto administrativo demandado ; (ii) inexistencia de la obligación de reconocer la pensión ; (iii) cobro de lo no debido ; (iv) prescripción ; e (v) imposibilidad de condena en costas.

3. AUDIENCIA INICIAL 5

El 15 de marzo de 2019 , e l Tribunal Administrativo de l Meta , e n acatamiento al artículo 180 del CPACA, llevó a cabo audiencia inicial concentrada , oportunidad en la que fij ó el problema jurídico en los siguientes términos:

«[…] si se encuentra satisfecho el requisito de la vinculación como docente territorial antes del 31 de diciemb re de 1980, con el tiempo laborado en el CENTRO DE CAPACITACIÓN DE MENORES en del MUNICIPIO DE ARMENIA, por el periodo comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981, para lograr la pensión gracia. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En desarrollo de la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo del

julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981, para lograr la pensión gracia. »

4. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

En desarrollo de la audiencia inicial, el Tribunal Administrativo del Meta dictó sentencia para lo cual , negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas al demandante.

La autoridad judicial advirtió respecto del periodo comprendido entre el 2 de julio de 1971 y el 26 de octubre de 1981 , que éste no podía ser tenido en cuenta toda vez que de acuerdo con el certificado expedido por el Departamento Administrativo de

5 Folios 98 a 109. CD allegado a folio 110.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 6 Fortalecimiento Institucional – Fondo Territorial de Pensiones del 11 de julio de 2011 , el actor laboró en el municipio de Armenia en el cargo de profesor del Centro de Capacitación de Menores .

Advirtió que en el expediente administrativ o reposa un certificado emitido por el coordinador del Archivo Municipal de la Secretaría General –Sección Archivo – del municipio de Armenia del 6 de enero de 199 9, el cual hace constar que en el accionante se desempeñó en ese periodo, en calidad de «PROFE SOR VIGILANTE » de la Correccional de Menores E. M. J. de ese ente territorial.

de 199 9, el cual hace constar que en el accionante se desempeñó en ese periodo, en calidad de «PROFE SOR VIGILANTE » de la Correccional de Menores E. M. J. de ese ente territorial.

En ese orden , concluyó que en efecto , de acuerdo con los certificados y las razones expuestas por la UGPP en los actos demandados, el actor debía acreditar las funciones que cu mplió en la correccional de menores para establecer si la labor se equipara con el ejercicio de la docencia o si se trat ó de un cargo administrativo .

Adicionalmente, afirmó que la institución en la que laboró – Correccional de Menores – en principio no corresponde a una autorizada por el Ministerio de Educación Nacional, lo que tampoco demostró el accionante.

En conclusión , el a quo , señaló que el demandante no demostró su condición de docente en el tiempo laborado para el municipio de Arme nia , ni la naturaleza de la institución , siendo ello de su cargo pues , le correspondía dar plena certeza y claridad de esos elementos por ser precisamente esos los punto s de discusión con la entidad demandada .

Con base en lo anterior indicó que el actor no cumpl ió con los requisitos de vinculación que exige el Decreto 2277 de 1 979 y la Ley 114 de 1 913 con antelación al 31 de diciembre de 1980 .Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o

Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 7 Condenó en costas al demandante por haber sido vencido en el proceso, atendiendo lo establecido en el numeral 1.º del artículo 365 del Código General del Proceso –CGP –.

La parte demandante interpuso en audiencia recurso de apelación la cual sustentó con posterioridad.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN 6

La parte demandante presentó escrito con el fin de argumentar las razones del recurso interpuesto en audiencia oral celebrada del 15 de marzo de 2019.

Al efecto, manifestó que se ratifica en lo enunciado «[c]onforme a los hechos de la demanda, a las pretens iones formuladas, las declaraciones y condenas solicitadas, a las pruebas allegadas al expediente, la fundamentación normativa tanto de orden constitucional, legal como jurisprudencial, expuesta en la parte que represento».

Seguidamente solicitó al «al Despacho ad quo, dictar sentencia de primer grado, de acuerdo a la controversia a decidir en el presente asunto […]».

Para el efecto realizó un breve recuento normativo y finalmente indicó que, «[…] teniendo en cuenta que mi representado, se vinculó como docente al Magisterio Oficial y laboró por espacio de más de 20 años, es incuestionable que la PENSION GRACIA debe reconocerse a partir del momento en que reunió los requisitos

vinculó como docente al Magisterio Oficial y laboró por espacio de más de 20 años, es incuestionable que la PENSION GRACIA debe reconocerse a partir del momento en que reunió los requisitos señalados en las Leyes que regulan la materia, y citadas en estos alegatos.» (s ic)

6. ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

6 Folios 114 y 115.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 8 6.1 La parte demandante 7 reiteró los mismos argumentos del recurso de apelación y agregó que los tiempos servidos al municipio de Armenia deben tenerse en cuenta, pues , aunque no existieron cotizaciones al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio –FOMAG –, la norma que dio origen a la pensión gracia (Ley 114 de 1913) no estableció tal requisito, tan solo que hubiese demostrado su vinculación como docente na cionalizado antes de 1981 y 20 años de servicio.

6.2 La entidad demandada 8 solicitó desatender las pretensiones de la parte demandante y exonerar a la demandada por encontrarse de acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal.

La Agencia Nacion al de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 155 .

II. CONSIDERACIONES

acuerdo con los argumentos expuestos por el tribunal.

La Agencia Nacion al de Defensa Jurídica del Estado y el Ministerio Público guardaron silencio según el informe secretarial obrante a folio 155 .

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación de acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 9.

De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del Código General del Proceso 10, la competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos expuestos por

7 Folios 152 a 154. 8 Folios 148 a 151. 9 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]». 10 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.»Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 9 el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte

Bogotá D.C. – Colombia 9 el apelante .

2.2. Problema jurídico

De acuerdo con el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante , le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:

¿El señor Orlando Herrera Ramírez , tiene derecho al reconocimiento de la pensión gracia en aplicación del régimen consagrado en la Ley 114 de 1913 y demás normas que regulan dicha prestación?

Para resolver el asunto, se desarrol lará el siguiente orden metodológico: (i) la pensión gracia y (ii) el análisis del caso concreto.

2.3. Marco normativo y jurisprudencia aplicable al asunt o

2.3.1. La pensión gracia .

La pensión gracia fue consagrada mediante el artículo 1.º de la Ley 114 de 1913 en favor de los maestros de las escuelas primarias oficiales que hayan servido en el magisterio por un término no menor de 20 años.

En ese sentido, respecto de los condicionantes para acceder a la pensión gracia, la Ley 114 de 1913 exige a los docentes que aspiran a su reconocimiento, además de los 20 años de servicio, lo siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra

siguiente: i) haberse desempeñado en los empleos con honradez, consagración y buena conducta; ii) no haber recibido o recibir otra pensión o recompensa de carácter nacional; y iii) cump lir 50 años de edad. Por su parte, se reitera, la Ley 91 de 1989 exige que el docente se haya vinculado al servicio oficial con anterioridad al 1.º de enero de 1981.Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 10 Posteriormente, el artículo 6.º de la Ley 116 de 1928 extendió el beneficio de la pensión gracia a los empleados y profesores de las escuelas normales, junto a los inspectores de instrucción pública. De manera que autorizó la suma de los servicios prestados en diversas épocas al computar los años en la enseñ anza primaria, la normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

normalista y la inspección, con el fin de completar el tiempo requerido para acceder a la pensión.

Más adelante, con la Ley 37 de 1933 , el beneficio gratuito de la pensión gracia se hizo extensivo a los maestros de escuela que hubieren completado el tiempo de servicios señalado por la ley en establecimientos de enseñanza secundaria.

Luego, se expidió la Ley 91 de 1989 , en cuyo artículo 1.º, distinguió entre los conceptos de docente «nacional» y «nacionalizado», así:

«Artículo 1. Para los efectos de la presente Ley, los siguientes términos tendrán el alcance indicado a continuación de cada uno de ellos: Personal nacional. Son los docentes vinculados por nombramiento del Gobierno Nacional . Personal nacionalizado. Son los docentes vi nculados por nombramiento de entidad territorial antes del 1 de enero de 1976 y los vinculados a partir de esta fecha, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 43 de 1975. Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad terr itorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10

Personal territorial . Son los docentes vinculados por nombramiento de entidad terr itorial , a partir del 1 de enero de 1976, sin el cumplimiento del requisito establecido en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975.» [Negrillas fuera de texto].

El numeral 2º del artículo 15 de la mencionada ley limitó el reconocimiento de la pensión gracia para los docentes al establecer:

«Artículo 15 . A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1. de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: […]Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 11

A. Los docentes vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 que por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen

por mandato de las Leyes 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y demás normas que las hubieran desarrollado o modificado, tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia, se les reconocerá siempre y cuando cumplan con la totalidad de los requisitos . Esta pensión seguirá reconociéndose por la Caja Nacional de previsión Social conforme al Decreto 081 de 1976 y será compatible con la pensión ordinaria de jubilación, aún en el evento de estar ésta a cargo total o parcial de la nación. […]»

De las diferentes normas enunciadas, esta Corporación ha advertido que la pensión gracia no es un derecho para todo docente que cumpla con los requisitos citados, sino que, en virtud de sus condicionantes, esta solo está prevista para los de carácter territorial y nacionalizado, es decir, con exclusión de los docentes nacionales. Sobre el particular, la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia S-699 del 26 de agosto de 1997 11 señaló:

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente,

«[…] dentro del grupo de beneficiarios de la pensión gracia no quedan incluidos los docentes nacionales sino, exclusivamente, los nacionalizados que, como dice la Ley 91 de 1989, además de haber estado vinculados hasta el 31 de diciembre de 1980 “tuviesen o llegaren a tener derecho a la pensión de gracia (…) siempre y cuando cumplan con la totalidad de requ isitos”. Y por último, que sin la Ley 91 de 1989, en especial la norma contenida en el literal A, numeral 2, de su artículo 15, dichos servidores no podrían beneficiarse del reconocimiento de tal pensión, pues habiéndose nacionalizado la educación primaria y secundaria oficiales, dicha prestación, en realidad, no tendría el carácter de graciosa que inicialmente le asignó la ley. […].»

Ahora bien, con el fin de determinar el carácter o naturaleza del docente (nacional, nacionalizado o territorial), la Sala Plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia de unificación CE -SUJ2 -011 -18 del 21 de junio de 2018 12 previó las siguientes pautas jurisprudenciales:

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sente ncia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201311 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sente ncia núm. S -699 de 26 de agosto de 1997. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000 -23 -42 -000 -201304683 -01 (3805 -2014).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 12 «i) Los recursos del situado fiscal que otrora transfería o cedía la Nación a las entidades territoriales, en vigencia de la Carta de 1886 y hasta cuando permanecieron en vigor en la Constitución de 1991, no obstante su origen o fuente nacional, una vez se incorporaban a los presupuestos locales pasaban a ser de propiedad exclusiva de los referidos entes en calidad de rentas exógenas . ii) Los entes territoriales son los titulares directos o propietarios de los recursos que les gira la Nación, provenientes del sistema general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos

general de participaciones , por asignación directa del artículo 356 de la Carta Política de 1991. iii) La financiación de los gastos que generaban los fondos educativos regionales no solo dependía de los recursos que giraba la Nación a las entidades territoriales por concepto del situado fiscal , sino que tamb ién correspondía a los entes locales destinar parte de su presupuesto para atender al sostenimiento de los referidos fondos educativos (artículos 29 del Decreto 3157 de 1968; y 60, inciso 2.º, de la Ley 24 de 1988). iv) Así como los fondos educativos regio nales atendían los gastos que generaban los servicios educativos de los docentes nacionales y nacionalizados, resulta factible colegir de manera razonada que lo propio acontecía con algunas de las erogaciones salariales originadas por el servicio que prest aban los educadores territoriales, ya que los recursos destinados para tal fin provenían tanto de la Nación —situado fiscal — como de las entidades territoriales, y además, en uno y otro caso, el universo de esos recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas

recursos le pertenecía de forma exclusiva a los entes locales dado que ingresaban a sus presupuestos en calidad de rentas exógenas y endógenas . v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene, además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo fondo educativo regional , así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación. vi) Prueba de calidad de docente territorial . Se requiere copia de los actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la respecti va certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se

respecti va certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente oficial es de carácter territorial. vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora . Lo esencialmente re levante, frente al reconocimiento de la pensiónNulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

w w w . c o n s e j o d e e s t a d o . g o v . c o Calle 12 No. 7 –65 – Tel: (601) 350 -6700 Bogotá D.C. – Colombia 13 gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la Sala en esta providencia, en lo que respecta a los ed ucadores territoriales, el pago de sus acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —situado fiscal — cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos educativos regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de

regionales ; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal , hoy sistema general de participaciones .» (Resaltado del texto original)

Por último, en reciente sentencia de unificación SUJ -030 -CE -S22022 del 11 de agosto de 2022 13 la Sección Segunda, incorporó adicionalmente como regla jurisprudencial sobre la interpretación del artículo 15, numeral 2.º , literal a, de la Ley 91 de 1989, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia, que :

«Los docentes pueden acceder a la pe nsión gracia antes y después del 29 de diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento».

Las anteriores providencias de unificación jurisprudencial definieron que las mismas tendrían efectos retrospectivos, razón por la cual son de obligatoria aplicación para aquellos casos pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que

pendientes de resolución tanto en sede administrativa como judicial.

Así las cosas y según las preceptivas expuestas, queda claro que para acceder al reconocimiento de la pensión gracia se debe acreditar la labor docente durante 20 años en establecimientos oficiales, departamentales o municipales, en primaria o en secundaria o como normalista o inspector de instrucción pública, o en calidad de docente nacionalizado, con alguna posibilidad de adicionar tiempos en uno y otro cargo, siempre y cuando se demuestre que se ostentó dicha vinculación con anterioridad al

13 Consejo de Estado, Sección Segunda , r adica ción 15001 -23 -33 -000 -201600278 -01 (3018 -2017).Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado : 50001233300020150011001 (3048 -2019)

Demandante: Orlando Herrera Ramírez

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