CE - Auto interlocutorio 11001032400020250025600 de 2026

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Detalles

Título
CE - Auto interlocutorio 11001032400020250025600 de 2026
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón Demandado: Presidencia de la República Medio de control: Nulidad Tema: Medida cautelar de la Resolución núm. 161 de 2025

Decisión: Niega medida cautelar de suspensión provisional

AUTO INTERLOCUTORIO

El despacho decide la solicitud de suspensión provisional de los efectos de la Resolución núm. 161 de 23 de mayo de 2025 expedida por el presidente de la República, «por la cual se establece una Zona de Ubicación Temporal y se dictan otras disposiciones».

I. ANTECEDENTES

1.1. El 2 de julio de 2025 1, el señor Juan Manuel Galán Pachón presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad pretendiendo que se declare la nulidad de la Resolución núm. 161 de 23 de mayo de 2025 expedida por el presidente de la República, «por la cual se establece una Zona de Ubicación Temporal y se dictan otras disposiciones».

Las pretensiones son del siguiente contenido:

PRIMERO. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 161 de 23 de mayo de 2025, expedida por la Presidencia de la República, por haber sido proferida en contravención de

Las pretensiones son del siguiente contenido:

PRIMERO. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 161 de 23 de mayo de 2025, expedida por la Presidencia de la República, por haber sido proferida en contravención de disposiciones constitucionales y legales, lo que evidencia vicios de nulidad en su expedición, por ausencia de competencia, falta de motivación, desviación de poder, extralimitación funcional y por haber generado efectos nocivos graves sobre el orden público y el interés general, como principios superiores de nuestro ordenamiento jurídico.

SEGUNDO. Que, como consecuencia de la declaratoria de nulidad, se restablezca el control judicial efectivo sobre las órdenes de captura y de extradición, garantizando que cualquier decisión relacionada con la suspensión o modificación de dichas medidas se sujete al principio de reserva judicial y a los procedimientos legalmente establecidos, en particular en relación con la necesidad de existir una ley de sometimiento una autorización judicial del levantamiento de órdenes de captura y una protección a las víctimas tal como lo condicionó la Corte Constitucional al estudiar la constitucionalidad de la norma.

TERCERO. Que se ordene la entrega, bajo supervisión judicial y con publicidad suficiente, de los anexos técnicos del acto acusado.

1 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00.2

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

000 2025 00256 00.2

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

CUARTO. Que se condene en costas a la Nación-Presidencia de la República.

En la misma fecha, en escrito separado, presentó solicitud de medida cautelar consistente en la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la norma demandada.

1.2. Por auto de 1 de septiembre de 2025, el despacho de conocimiento profirió auto admisorio de la demanda2 y, en proveído de la misma fecha, corrió traslado de la medida cautelar3.

1.3. El 29 de septiembre de 20254, mediante informe secretarial, se informó al despacho que, dentro del término de traslado de la solicitud de medida cautelar, el apoderado del presidente de la República presentó escrito de oposición a la medida cautelar.

2. Acto administrativo demandado

El contenido del acto acusado es el siguiente5:

[…] PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 161 DE 23 DE MAYO DE 2025

Por la cual se establece una Zona de Ubicación Temporal y se dictan otras disposiciones

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 22, 188 Y 189 de la Constitución Política, la Ley 2272 de 2022 que prorroga,

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas por los artículos 22, 188 Y 189 de la Constitución Política, la Ley 2272 de 2022 que prorroga, modifica y adiciona la Ley 418 de 1997, Ley 548 de 1999, Ley 782 de 2002, Ley 1106 de 2006, Ley 1421 de 2010, Ley 1738 de 2014, la Ley 1941 de 2018, y

CONSIDERANDO

[…]

RESULEVE

Artículo 1. Establecer por siete (7) meses , a partir de la vigencia de la presente resolución, una Zona de Ubicación Temporal -ZUT en área rural del municipio de Tibú del departamento de Norte de Santander, en el marco del estado avanzado del proceso de paz con el Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, que tendrá como objetivo facilitar la implementación de los acuerdos de tránsito a la paz y a la vida civil de sus integrantes. La delimitación geográfica de la misma se precisa en documento técnico anexo de carácter reservado.

Dentro de la duración de la ZUT, se contará con un plazo inicial de cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir de la entrada en vigencia de la presente resolución, para el traslado de los miembros del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magd alena Medio

2 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00.

2 Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00. 3 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00. 4 Visto en el índice 23 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00. 5 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00.3

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

Comandante Gentil Duarte y la adecuación de la zona. Para ello, se adelantarán todas las acciones en los niveles nacional, departamental, municipal y local necesarias.

Las entidades de la rama ejecutiva, en sus distintos niveles, deberán concurrir en el desarrollo del objeto de la zona de ubicación temporal, de manera articulada, para atender los programas y proyectos que la intervención integral en la ZUT requiera, con garantías de dignidad y seguridad humana.

Los protocolos y acuerdos que determinen el funcionamiento de la ZUT y el desarrollo de sus condiciones definirán la participación de entidades territoriales, nacionales e internacionales en la misma.

Durante el término de funcionamiento de la ZUT, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad necesaria a los miembros del Frente 33 del

internacionales en la misma.

Durante el término de funcionamiento de la ZUT, el Gobierno Nacional adoptará las medidas necesarias y eficaces para brindar la seguridad necesaria a los miembros del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte y a quiene s se encuentren en la misma, así como garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de conformidad con su mandato constitucional.

Parágrafo 1. En la ZUT se mantendrá en todo momento y lugar la vigencia del Estado Social de Derecho. Las autoridades civiles continuarán ejerciendo sus funciones y atribuciones constitucionales, legales y reglamentarias, sin ninguna excepción.

Parágrafo 2. En aplicación de lo establecido en el parágrafo 3 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, modificado por el artículo 5 de la Ley 2272 de 2022, dentro de la ZUT queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura, incluidas las órdenes de captura con fines de extradición, contra los miembros del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, al igual que durante el transcurso del desplazamiento hacia la misma, previo listado entregado por los miembros representantes, que deberá ser aceptado y acreditado por el Consejero Comisionado de Paz.

Artículo 2. La ZUT se regirá por las siguientes condiciones y compromisos : (i) fijar, mediante un acuerdo, las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte; (ii ) elaborar y ejecutar un plan de acción para la atención

mediante un acuerdo, las condiciones, responsabilidades y modalidades para la disposición del material de guerra del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte; (ii ) elaborar y ejecutar un plan de acción para la atención integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que garantice su no vinculación, separación y desvinculación de las actividades armadas, la garantía efectiva y el restablecimiento de sus derechos; (iii) establecer garantías de seguridad jurídica de los miembros del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte dentro del componente de justicia, orientadas a su protección y en su tránsito a un estado de ciudadanía plena en el marco del Estado Social de Derecho; (iv ) implementar un plan de transformaciones territoriales para la paz que facilite y brinde garantías para la sustitución de las economías de uso ilícito y el aumento de la producción alimentaria; (v) desarrollar, con las coordinaciones institucionales necesarias, el proceso de tránsito del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte hacia un estado de ciudadanía plena, en compromiso con la construcción de la paz y el fortalecimiento de la soberanía; (vi) aportar en la elabo ración del plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas; (vii) ejecutar acciones de satisfacción de los derechos de las victimas; y (viii) contribuir en programas de desminado humanitario o el que se acuerde, para proteger la vida de la población civil, de la fuerza pública y de los miembros del Frente 33 del Estado Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte.

Parágrafo 1. La ZUT no podrá ubicarse en áreas que se definan como Región de Paz.

Mayor del Bloque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte.

Parágrafo 1. La ZUT no podrá ubicarse en áreas que se definan como Región de Paz.

Parágrafo 2 . Las condiciones operativas de seguridad de la ZUT se encuentran en documento técnico anexo, de carácter reservado.

Artículo 3. Comunicar por intermedio de la Oficina del Consejero Comisionado de Paz la presente resolución a las autoridades judiciales y administrativas competentes.4

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

Artículo 4. La presente resolución rige a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial […]

3. La solicitud de suspensión provisional6

En escrito separado al de la demanda, la parte actora solicitó que : (i) se decretara la suspensión provisional de los efectos jurídicos de la Resolución núm. 161 de 23 de mayo de 2025 y que (ii) «[…] se ordene que, como medida provisional, se abstengan las autoridades nacionales, departamentales y municipales competentes de ejecutar, implementar o desarrollar cualquier acción relacionada con la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) creada por medio de la re solución núm. 161 de 2025, hasta tanto se decida de fondo la legalidad del acto acusado».

Alegó que el acto demand ado fue expedido con manifiesta infracción de normas constitucionales y legales, al desconocer los límites de competencia del ejecutivo, omitir el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Corte Constitucional en la sentencia

Alegó que el acto demand ado fue expedido con manifiesta infracción de normas constitucionales y legales, al desconocer los límites de competencia del ejecutivo, omitir el cumplimiento de las condiciones exigidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-525 de 2023, carecer de motivación suficiente y generar efectos graves sobre el orden público, los derechos de las víctimas y los compromisos internacionales del Estado.

«A. Infracción de las normas en que debía fundarse»

Adujo que el acto demandado desconoció el principio de legalidad (art. 6 CP), el derecho al debido proceso (art. 29 CP), la reserva judicial y legal en materia penal, la separación de poderes, la prohibición de extralimitación funcional del ejecutivo (art. 189 CP), el deber de respeto por la cooperación judicial internacional (art. 9 CP), el derecho de acceso a la justicia (art. 229 CP) y la prevalencia de tratados internacionales de derechos humanos (art. 93 CP).

Agregó que el act o se expidió sin observar los condicionamientos establecidos en la sentencia C525 de 2023 «[…] cuyo cumplimiento dada la naturaleza del órgano que la expide, era obligatorio para la validez constitucional de medidas como la suspensión de órdenes de captura o la delimitación de la ZUT, por lo cual, su desconocimiento constituye una violación directa del marco jurídico legal y constitucional aplicable».

«B. Desviación de poder de la autoridad que lo expidió»

Argumentó que el acto demandado se profirió sin «[…] ley de sometimiento por parte del legislador como lo exige la Corte Constitucional y sin definir mecanismos de verificación,

«B. Desviación de poder de la autoridad que lo expidió»

Argumentó que el acto demandado se profirió sin «[…] ley de sometimiento por parte del legislador como lo exige la Corte Constitucional y sin definir mecanismos de verificación, seguridad, delimitación geográfica o rendición de cuentas», a lo que agregó que, es una situación que se agrava si se tiene en cuenta que se adoptaron medidas excepcionales como la suspensión de órdenes de captura y de extradición, sin control judicial como lo exige el marco jurídico, sin motivación técnica, ni garantías para la población civil, lo que evidenciaba un uso arbitrario de la figura de la zona de ubicación temporal con fines distintos a los autorizados constitucional y legalmente.

Acotó que el acto acusado «[…] pareciera que otorga beneficios a un grupo al margen de la ley sin sujeción a condiciones de desarme, concentración, verificación ni sujeción jurídica, lo cual claramente configura una desviación de poder, al utilizarse un instrumento jurídico con una finalidad política, no jurídica, desnaturalizando por completo su función en el marco del ordenamiento constitucional».

6 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00.5

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

«C. Expedición irregular por no cumplirse las condiciones precedentes establecidas por la Corte Constitucional»

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

«C. Expedición irregular por no cumplirse las condiciones precedentes establecidas por la Corte Constitucional»

Señaló que «[…] la resolución fue adoptada sin que se hubieran satisfecho los requisitos habilitantes exigidos por la Corte Constitucional, en particular, en relación con la expedición de una ley de sometimiento y de la autorización judicial para suspender las ordenes de extradición, conforme lo dispuso en sentencia C-525 de 2023».

Indicó que el acto demandado incumplió el principio de legalidad porque no tenía habilitación legal para crear una zona de ubicación temporal, lo que se fundamenta en las sentencias C – 036 de 2025 y C525 de 2023 en las que se sostuvo que la validez de esta figura exige el desarrollo previo de una ley de sometimiento.

Expuso que el acto censurado infringió el principio de reserva legal penal y extralimitación del ejecutivo , ya que se adopt aron «[…] medidas con efectos penales, como la suspensión de órdenes de captura y extradición, sin fundamento legal suficiente y sin control judicial respectivo […], particular actuación que constituye una clara extralimitación de funciones, al invadir un ámbito no rmativo que corresponde exclusivamente a otras ramas del poder».

Sostuvo que el acto también vulnera el principio de separación de poderes , dado que, por un lado, «[…] adopta medidas con efectos sustanciales en materia penal, como la suspensión de órdenes de captura y extradición, sin ley de sometimiento que las regule, usurpando la competencia normativa exclusiva del legislador », y, por el otro, «[…]

suspensión de órdenes de captura y extradición, sin ley de sometimiento que las regule, usurpando la competencia normativa exclusiva del legislador », y, por el otro, «[…] prescinde totalmente de la intervención de la autoridad judicial en la suspensión de decisiones jurisdiccionales».

«D. Expedición irregular del acto administrativo por falsa motivación»

Explicó que el acto acusado no expuso de manera clara ni con fundamentos técnicos las razones que justificaban la delimitación de una zona de ubicación temporal, ni la suspensión de órdenes de captura y extradición . Agregó que tampoco se acreditó el cumplimiento de los requisitos y condiciones exigidos por la Corte Constitucional en la sentencia C – 525 de 2023 «[…] tales como el estado avanzado del proceso, la existencia de una ley de sometimiento, el control judicial de los levantamientos de las órdenes de captura, la protección de los derechos de las víctimas y la adopción de mecanismos verificables de control y supervisión».

«E. Efectos nocivos graves sobre el orden público»

Manifestó que el acto acusado «[…] ha generado consecuencias graves en el Catatumbo, tales como desplazamiento forzado, homicidios y expansión territorial de grupos armados, conforme lo ha reportado la Defensoría del Pueblo».

Por último, se refi rió al perjuicio irremediable y alegó que la existencia de una zona de ubicación temporal (ZUT) en una región como la del Catatumbo, sin verificación institucional, sin ley de sometimiento, sin control judicial sobre las órdenes de captura suspendidas, supondría la consolidación de espacios sin control del Estado ; el aumento

ubicación temporal (ZUT) en una región como la del Catatumbo, sin verificación institucional, sin ley de sometimiento, sin control judicial sobre las órdenes de captura suspendidas, supondría la consolidación de espacios sin control del Estado ; el aumento de la criminalidad ; l a interrupción de la acción penal sin control judicial ; l imitación al acceso a la justicia por parte de las víctimas; despeje de una zona del territorio sin ley de sometimiento expedida por el legislativo ; la ejecución de recursos públicos sin respaldo legal ni control institucional ; e l deterioro de la cooperación judicial internacional, especialmente frente a procesos de extradición en curso.6

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

4. Traslado de la solicitud

4.1. Mediante auto de 1 de septiembre de 2025, el despacho corrió traslado de la solicitud de suspensión provisional a la parte demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 233 del CPACA7.

4.2. El apoderado del presidente de la República descorrió el traslado de la medida cautelar en el que solicitó que fuera rechazada de plano con fundamento en lo siguiente8.

Señaló que el demandante «[…] considera que la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025 carece de legalidad porque para su expedición se requería de la existencia de una ley de sometimiento de acuerdo con el numeral sexto del resuelve de la sentencia C525 de 2023».

Sin embargo, señaló que, «[…] en esa interpretación, el demandante omite las diferencias

ley de sometimiento de acuerdo con el numeral sexto del resuelve de la sentencia C525 de 2023».

Sin embargo, señaló que, «[…] en esa interpretación, el demandante omite las diferencias que establece la Ley 2272 de 2022 entre diálogos o negociaciones de paz con GAOML y procesos de acercamiento y sometimiento con GAO y EAOCAI. En particular, omite que la ZUT creada a través de la Resolución 161 de 2025 se da en un proceso de paz con el Frente 33 de las disidencias de las F ARC, autodenominadas Estado Mayor del Boque Magdalena Medio Comandante Gentil Duarte, que constituye un GAOML».

Explicó que «[…] la Corte Constitucional condicionó la aplicación de ciertas medidas en el marco de procesos de sometimiento, pero nunca exigió que, en ausencia de una ley de sometimiento, se suspendiera la aplicación de medidas como la creación de zonas de ubicación temporal en procesos de paz con GAOML».

Afirmó que «[…] el demandante le presenta a la autoridad judicial un argumento falso, que carece de fundamento y que sugiere un precedente constitucional inexistente aplicable a los procesos de paz con GAOML, confundiendo tales procesos con acercamientos y conversaciones con EAOCAI ». Añadió que el «[…] error del actor es asumir que la expedición de una ZUT, frente a cualquier tipo de proceso y actor armado, exige siempre la existencia de una ley de sometimiento, lo cual no tiene soporte legal o jurisprudencial».

Hizo referencia a que «[…] el accionante también considera ilegal la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025 porque, a su juicio, en su expedición el Presidente de la República

jurisprudencial».

Hizo referencia a que «[…] el accionante también considera ilegal la Resolución 161 del 23 de mayo de 2025 porque, a su juicio, en su expedición el Presidente de la República “excedió sus competencias constitucionales y legales al suspender órdenes de captura con fines de extradición” […]».

En cuanto a este punto, afirmó que también se trataba de una interpretación errada de la parte actora porque «[…] la suspensión de órdenes de captura es un efecto del funcionamiento de la ZUT, no de su creación, y opera por mandato legal y no por disposición presidencial», para lo cual citó el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022.

Precisó que «[…] la suspensión de órdenes de captura, incluyendo aquellas con fines de extradición, no es una decisión discrecional del Presidente o un exceso en sus competencias legales y constitucionales. Al contrario, esta se da por mandato legal vigente que atribuye esta consecuencia al funcionamiento de la ZUT para un GAOML y que aplica para aquellas personas que hacen tránsito a la zona o permanecen en esta».

7 Visto en el índice 12 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00. 8 Visto en el índice 20 y 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado 11001 0324 000 2025 00256 00.7

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

0324 000 2025 00256 00.7

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

Sostuvo que la Corte Constitucional no estableció un condicionamiento sobre el parágrafo 3 del artículo 5 de la Ley 2272 de 2022 relacionado con la suspensión de órdenes de captura y que sobre este tema se limitó «[…] a condicionar la aplicación del parágrafo 2 relativo a la suspensión de órdenes de captura derivada del reconocimiento de miembros representantes y no a aquella derivada de la constitución de una zona de ubicación temporal».

Con fundamento en lo anterior, concluyó que la parte actora no logró demostrar que exista una vulneración manifiesta del orden constitucional o legal. Por el contrario, alegó que el planteamiento de la solicitud de medida cautelar parte de una interpretación restrictiva y equivocada que desnaturaliza la Ley 2272 de 2022, atribuye un sentido inexistente a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C -525 de 2023 y que, de acogerse en esta etapa procesal, supondría anticipar un juicio de fondo impropio en sede cautelar.

Argumentó que l a parte actora no acredit ó cómo el acto acusado genera un riesgo concreto y actual para los derechos fundamentales, el interés general o el orden público. Añadió que las dinámicas de seguridad en la región del Catatumbo obedecen a factores estructurales del conflicto armado y las economías ilícitas, no a la expedición de la resolución demandada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

estructurales del conflicto armado y las economías ilícitas, no a la expedición de la resolución demandada.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El despacho es competente para pronunciarse sobre la medida cautelar presentada por la parte actora, toda vez que el asunto versa sobre un medio de control de nulidad de única instancia y, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 125 de l CPACA «[s]erá competencia del magistrado ponente dictar las demás providencias interlocutorias y de sustanciación en el curso de cualquier instancia, incluida la que resuelva el recurso de queja».

Además, el artículo 229 del CPACA prevé que «[e]n todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias».

2. Las medidas cautelares en el proceso contencioso administrativo

La Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA) estableció en los artículos 229 y subsiguientes el régimen aplicable a las medidas cautelares que son procedentes en los procesos que se adelanten ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, con la expresa advertencia de que la decisión que al respecto adopte el juez, cualquiera que ella sea, no constituye prejuzgamiento.

A título enunciativo, el artículo 230 de esta normativa consagra las medidas cautelares de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o suspensivo que podrán decretarse,

no constituye prejuzgamiento.

A título enunciativo, el artículo 230 de esta normativa consagra las medidas cautelares de tipo preventivo, conservativo, anticipativo o suspensivo que podrán decretarse, encontrándose, dentro de estas últimas, la de suspensión provisional de los efectos de los actos administrativos. El artículo 231 ibidem prevé los requisitos exigidos para la procedencia de la suspensión provisional, en el medio de control de nulidad y en el de nulidad y restablecimiento del derecho.8

Radicado: 11001 03 24 000 2025 00256 00

Demandante: Juan Manuel Galán Pachón

Demandado: Presidencia de la República

En el primer caso, la medida cautelar en mención procederá por la violación de las disposiciones invocadas en la demanda o en la solicitud que se realice en escrito separado, cuando tal infracción resulte del análisis del acto demandado y su confrontación con las normas superiores invocadas como violadas o del estudio de las pruebas allegadas con la solicitud.

En el segundo evento, además de lo anterior, deberá acreditarse al menos sumariamente la existencia de los perjuicios reclamados.

El artículo 233 ibidem establece el procedimiento para la adopción de las medidas cautelares, el cual consiste en que, una vez formulada la solicitud, al admitirse la demanda y por auto separado el juez o magistrado ponente ordenará correr traslado de aquella al demandado por e l término de cinco (5) días para que se pronuncie. Si la medida se solicita en el transcurso de una audiencia se deberá correr igualmente traslado a la otra parte y podrá ser decretada dentro de la misma diligencia.

aquella al demandado por e l término de cinco (5) días para que se pronuncie. Si la medida se solicita en el transcurso de una audiencia se deberá correr igualmente traslado a la otra parte y podrá ser decretada dentro de la misma diligencia.

Por su parte, el artículo 234 del CPACA regula las medidas cautelares de urgencia, las cuales tienen como finalidad la adopción de decisiones en las que, dada la naturaleza de los efectos que está produciendo el acto administrativo acusado, no resulta posi ble agotar el trámite previsto en el artículo 233 del CPACA. Así, es claro que se trata de una situación excepcional que solo resultará procedente cuando se logre demostrar la urgencia alegada.

Al respecto, esta Corporación ha señalado:

La Ley 1437 regula así mismo en su artículo 234 las medidas cautelares de urgencia, en los siguientes términos: “Desde la presentación de la solicitud y sin previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar , cuando cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que, por su urgencia, no es posible agotar el trámite previsto en el artículo anterior”. Agrega esta disposición que “[e]sta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar”. […]

Esta norma prevé claramente una excepción a la regla general establecida en el artículo 233 antes citado, conforme a la cual es preciso correr traslado de la solicitud de medida cautelar a la parte contraria. De acuerdo con lo señalado por esta corporación , “[l]a norma en comento deja abierta la posibilidad de que en ciertos casos excepcionales pueda decretarse una medida cautelar de urgencia « inaudita parte debitoris», esto es,

norma en comento deja abierta la posibilidad de que en ciertos casos excepcionales pueda decretarse una medida cautelar de urgencia « inaudita parte debitoris», esto es, sin necesidad de notificar o escuchar previamente a la contraparte, con el propósito de precaver o conjurar la afectación inminente de los derechos del interesado y sin necesidad de agotar el trámite previsto en el artículo 233, esto es, sin te ner que correr el traslado ni de efectuar la notificación allí dispuestos9.

De igual forma, esta sección ha sostenido que la diferencia entre una medida cautelar ordinaria

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