CE - Auto interlocutorio 11001032400020260053600 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Auto interlocutorio 11001032400020260053600 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
1
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00536 00
Demandante: Aida María Quilcue Vivas
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCION PRIMERA
Bogotá, D. C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiséis (2026) Radicación núm.: 11001 03 24 000 2026 00536 00
Actor: Aida María Quilcue Vivas
Demandado: Presidente de la República
I. Antecedentes
1. La señora Aida María Quilcue Viva s, actuando a nombre propio , interpuso demanda a través del medio de control previsto en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), con el fin de que se declare la nulidad de la Directiva Presidencial 6 del 14 de octubre de 2026 «lineamientos para la coordinación institucional, interoperabilidad y desarrollo de los procedimientos de la consulta previa » emitida por el Presidente de la República.
2. El libelo introductorio fue radicado el 16 de octubre de 2026 y allegado al Despacho ese mismo día.
II. De la verificación de los requisitos mínimos de admisión de la demanda
2.1. De la integración del contradictorio
3. Pues bien, de la revisión de la demanda se advierte que la parte actora identificó como entidades demandadas al Departamento Administrativo de la
2.1. De la integración del contradictorio
3. Pues bien, de la revisión de la demanda se advierte que la parte actora identificó como entidades demandadas al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y al Ministerio del Interior, circunstancia que amerita
realizar las siguientes consideraciones:
4. El artículo 159 del CPACA reguló la capacidad y representación de las entidades públicas en los procesos judiciales presentados ante esta Jurisdicción.
En otras palabras, estableció quiénes deben ser vinculadas a los procesos en atención a los actos demandados.2
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«Artículo 159. Capacidad y representación . Las entidades públicas, los particulares que cumplen funciones públicas y los demás sujetos de derecho que de acuerdo con la ley tengan capacidad para comparecer al proceso, podrán obrar como demandantes, demandados o intervinientes en los procesos contencioso administrativos, por medio de sus representantes, debidamente acreditados. La entidad, órgano u organismo estatal estará representada, para efectos judiciales, por el Ministro, Director de Departamento Administrativo, Superintendente, Registrador Nacional del Estado Civil, Procurador General de la Nación, Contralor General de la República o Fiscal General de la Nación o por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho»
5. Así, es fundamental precisar la postura adoptada por la Sección Primera de
por la persona de mayor jerarquía en la entidad que expidió el acto o produjo el hecho»
5. Así, es fundamental precisar la postura adoptada por la Sección Primera de la Corporación en relación con la participación del Presidente de la República en los procesos de nulidad. Al respecto, la Sala, en decisión del 29 de julio de 2021, en el proceso 11001 0324 000 2015 00088 00 Magistrado Ponente Hernando Sánchez
Sánchez, expresó lo siguiente:
«19. Esta Sección, mediante la providencia proferida el 15 de febrero de 2018, cambió el criterio jurisprudencial respecto a la necesidad de notificar al Presidente de la República cuando se demanden actos administrativos que hayan sido expedidos y suscrito s por este funcionario, señalando los parámetros que deben atenderse para determinar si dicha notificación es procedente, en los siguientes términos1
“[…] El primer parámetro consiste en verificar la autoría del acto administrativo. En ese orden, se deberá establecer si el Presidente de la República expidió el acto administrativo demandado, lo cual se evidencia en el contenido del acto. Si se constata que el Primer Mandatario no expidió el acto administrativo demandado, no se le vinculará al proceso . En ese caso se deberá vincular a las autoridades que efectiva y materialmente expidieron y suscribieron el acto administrativo demandado. Este parámetro constituye la regla general de vinculación.
El segundo parámetro consiste en verificar la naturaleza del acto demandado. Lo anterior porque, en los términos del inciso quinto del artículo 159 de la Ley 1437, tratándose de actos suscritos por el Presidente
El segundo parámetro consiste en verificar la naturaleza del acto demandado. Lo anterior porque, en los términos del inciso quinto del artículo 159 de la Ley 1437, tratándose de actos suscritos por el Presidente de la República , la regla de vinculación en atención a la autoría del acto encuentra una excepción en materia contractual.
En ese orden, en materia contractual cuando el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación, la representación de la Nación se ejercerá por intermedio del Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y no directamente por el Presidente.
El tercer parámetro consiste en verificar si el Presidente de la República fue la única autoridad que suscribió el acto demandado en nombre de la Nación o si la autoría del acto es conjunta con otras autoridades, por expresa disposición de la Constitución o la ley . En el primer caso –única
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, auto de 15 de febrero de 2018, núm. único de radicación 11001 0324 000 201400 573 00.3
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autoridad que expide el acto - se aplican las reglas establecidas en los parámetros primero y segundo.
En el segundo caso –autoría conjunta por expresa disposición de la
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autoridad que expide el acto - se aplican las reglas establecidas en los parámetros primero y segundo.
En el segundo caso –autoría conjunta por expresa disposición de la Constitución o la ley -, respetando las reglas establecidas en los parámetros primero y segundo, se deberán vincular a todas las autoridades que participaron en la expedición del acto.
El cuarto parámetro se relaciona con la potestad que tiene el Presidente de la República de delegar la función de ser representado en el proceso judicial a través de otras autoridades, de conformidad con los artículos 9 y siguientes de la Ley 489 de 29 de diciembre de 1998 En este caso, se ordenará la vinculación del Presidente de la República en calidad de representante de la Nación, sin perjuicio de que, por virtud de la figura de la delegación, este otorgue a otra autoridad la capacidad de representarlo en el proceso.
Por último, el quinto parámetro se relaciona con la vinculación del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, para lo cual se aplicarán los parámetros primero y segundo, sobre verificación de la autoría y de la naturaleza del acto demandado.
En ese orden, se deberá vincular al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando el acto demandado haya sido suscrito por dicha autoridad. Asimismo, se ordenará vincular al Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República cuando, en materia contractual, el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación […]”.
(…)
24. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto
materia contractual, el contrato o acto haya sido suscrito directamente por el Presidente de la República en nombre de la Nación […]”.
(…)
24. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que en el presente asunto no está probada la excepción denominada “[…] indebida representación judicial de la Nación por parte de la Presidencia de la República […]”, comoquiera que el acto administrativo acusado fue suscrito por el Presidente de la República y el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible; por consiguiente, es necesaria su notificación como representantes de la Nación, atendiendo a que dichas autoridades manifestaron su voluntad en el acto administrativo acusado y, por lo tanto, son responsables de defender su legalidad2» (Subrayas y negrillas del
Despacho)
6. En esa línea, deberá vincularse en calidad de demandada a la entidad que haya expedido los actos acusados. Ello es así, de un lado, porque se trata de la única autoridad que cuenta con los elementos suficientes para defender la validez del acto y, del otro, porque es en quien recae la responsabilidad por cualquier vicio que eventualmente se encuentre en aquel.
7. Bajo esa lógica, si varios sujetos procesales intervinieron en la expedición del acto o los actos demandados, todos ellos deberán ser vinculados al proceso judicial y estar representados por la persona -de existir un solo representante - o por las
2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, C.P. Oswaldo Giraldo López, auto de 13 de marzo de 2020, núm. único de radicación 11001 0324 000 2013 00583 00.4
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00536 00
López, auto de 13 de marzo de 2020, núm. único de radicación 11001 0324 000 2013 00583 00.4
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personas -si por expresa disposición legal hubiere concurrencia de sujetos procesales-, de mayor jerarquía en la autoridad que expidió el acto3. En tal virtud, si un acto administrativo fue proferido por el Gobierno Nacional, todos los miembros que hayan participado en su expedición deben ser vinculados en el extremo pasivo de la litis. Lo anterior, recuérdese, obedece a que la autoría o expedición de un acto administrativo se materializa con la firma del funcionario o funcionarios que obran en nombre y representación de una entidad pública y que, de acuerdo con la ley, tienen capacidad para expedir actos administrativos.
8. Pues bien, como en este caso el acto demandado fue emitido por el Presidente de la República es claro que éste es el único que tiene la calidad de accionado en este asunto.
9. Además, no se advierte que el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República ni el Ministerio del Interior tengan la condición de litisconsortes necesarios, en la medida en que no son destinatarias de la decisión enjuiciada ni tienen una relación jurídica sustancial que haga necesaria su vinculación a este asunto.
10. Por ende , el libelo introductorio será tramitado con el Presidente de la República como parte demandada.
enjuiciada ni tienen una relación jurídica sustancial que haga necesaria su vinculación a este asunto.
10. Por ende , el libelo introductorio será tramitado con el Presidente de la República como parte demandada.
2.2. Del incumplimiento del numeral 7 del artículo 162 del CPACA
11. Entre tanto, se observa que la parte demandante no cumplió con lo previsto en el numeral 7 del artículo 162 del CPACA, toda vez que no indicó el lugar, la dirección ni el canal digital en los que el Presidente de la República recibirá
notificaciones:
«Artículo 162. Contenido de la demanda. Toda demanda deberá dirigirse a quien sea competente y contendrá:
(…)
7. El lugar y dirección donde las partes y el apoderado de quien demanda recibirán las notificaciones personales. Para tal efecto, deberán indicar también su canal digital»
3 Esta ha sido la posición sostenida por esta Sección desde el 15 de febrero de 2018, criterio que se puede ver contenido en la providencia emitida en el expediente 11001 03 24 000 2014 00573 00, con ponencia del Consejero Hernando Sánchez Sánchez.5
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2.3. Incumplimiento del numeral 8 del artículo 162 del CPACA
12. De otro lado, en cuanto al requisito de envío de la demanda y de sus anexos por medio electrónico al Presidente de la República , es menester efectuar las
2.3. Incumplimiento del numeral 8 del artículo 162 del CPACA
12. De otro lado, en cuanto al requisito de envío de la demanda y de sus anexos por medio electrónico al Presidente de la República , es menester efectuar las
siguientes consideraciones:
13. De conformidad con el numeral 8º del artículo 162 del CPACA, « el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas»; es decir, que cuando se presente una demanda ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, del escrito y sus anexos habrá que enviarse copia a la parte accionada y al correo autorizado por la oficina de apoyo o la respectiva secretaría . Lo anterior siempre que no se soliciten medidas cautelares previas.
14. De acuerdo con lo anterior, el Despacho advierte que en el libelo introductorio la parte demandante solicitó el decreto de una medida cautelar de urgencia consistente en la suspensión provisional de los efectos de la disposición enjuiciada, al considerar que el acto enjuiciado vulneraba normas superiores, fue emitido con falta de competencia y falsa motivación.
15. En ese contexto, corresponde al Despacho resolver si la medida cautelar de urgencia solicitada por el actor lo exime del deber de remitir al canal digital del Presidente de la República copia del libelo introductorio y sus anexos.
16. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, es necesario definir el alcance de la medida cautelar previa a la que se alude en el numeral 8 artículo 162
Presidente de la República copia del libelo introductorio y sus anexos.
16. Para dar respuesta al anterior cuestionamiento, es necesario definir el alcance de la medida cautelar previa a la que se alude en el numeral 8 artículo 162 del CPACA y el de la medida de urgencia dispuesta en el artículo 234 ibídem, dadas las características de cada una de ellas, con el fin de identificar en qué evento se aplica la exención de remitir simultáneamente la demanda y sus anexos al acusado.
17. Pues bien, en lo que hace a la denominada medida cautelar previa, debe advertirse que las disposiciones que regulan el régimen de medidas cautelares en el CPACA no contemplan expresamente una categoría autónoma bajo esa denominación. Sin embargo, de acuerdo con el alcance de su incorporación al orden6
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jurídico, se advierte que se caracteriza por el momento en el cual procede su adopción, esto es, antes de notificar al demandado de la acción instaurada en su contra, es decir, el Juez debe pronunciarse sobre tal cautela antes de la admisión de la demanda, siempre que encuentre el debido sustento en la correspondiente petición.
18. Es precisamente esa la razón por la cual no se le exige al actor que conjuntamente con la demanda remita el correo respectivo al accionado, esto para la protección del objeto del litigio respecto de actuaciones del extremo pasivo que hagan imposible el cumplimiento de la prestación a su cargo . Tal consideración
conjuntamente con la demanda remita el correo respectivo al accionado, esto para la protección del objeto del litigio respecto de actuaciones del extremo pasivo que hagan imposible el cumplimiento de la prestación a su cargo . Tal consideración encuentra fundamento en el artículo 229 ibídem. La norma en cuestión es del siguiente tenor:
«Artículo 229. Procedencia de medidas cautelares. En todos los procesos declarativos que se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente decretar , en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo regulado en el presente capítulo» (Subrayas del Despacho).
19. Ahora bien, la medida cautelar de urgencia, que se encuentra consagrada en el artículo 234 ibidem, goza de dos características: la primera, material que avala su procedencia cuando existe una situación apremiante o un perjuicio irremediable que pudiera causarse al interesado de no expedirse una decisión estimatoria de esa pretensión4. Se ha expresado que esa cautela busca precaver o conjurar la afectación inminente de los derechos del interesado, vulneración que en todo caso debe estar demostrada, es decir, le corresponde al demandante indicar de manera justificada y probada la necesidad de la medida.
20. Y la segunda que está definida por el momento en que el juez se pronuncia sobre tal pedimento, pues lo que indica la norma anotada es que para ello no se
justificada y probada la necesidad de la medida.
20. Y la segunda que está definida por el momento en que el juez se pronuncia sobre tal pedimento, pues lo que indica la norma anotada es que para ello no se requiere un traslado previo a la parte contraria (“inaudita parte debitoris”) y por ende su adopción será en el auto admisorio de la demanda.
4 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Auto de 15 de marzo de 2017, proferido en el proceso con radicación número 11001 0325 000 2015 00336 00 (0740 -15), Consejero Ponente Gabriel Valbuena Hernández.7
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00536 00
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21. Así las cosas, el Despacho observa que los fundamentos expuestos por la parte actora no justifican el decreto de una medida cautelar previa, pues el hecho de que el acto sea eventualmente contrario a normas superiores, no repercute en la existencia de alguna conducta que ponga en riesgo el objeto del litigio o la efectividad de la sentencia, ya que ni siquiera el hecho de que desaparezca del orden jurídico el acto impugnado por efecto de la derogatoria o revocatoria haría que se sustrajera del control que se propone judicialmente, pues como es sabido, el análisis de legalidad es procedente incluso en esos eventos 5. Tal razonamiento conduce, igualmente, a concluir que tampoco existiría riesgo en cuanto a la
que se sustrajera del control que se propone judicialmente, pues como es sabido, el análisis de legalidad es procedente incluso en esos eventos 5. Tal razonamiento conduce, igualmente, a concluir que tampoco existiría riesgo en cuanto a la efectividad de la sentencia.
22. Por ende, la medida cautelar de urgencia presentada por el demandante no se connota en una previa, lo que indica que la accionante no cumplió con lo exigido en el numeral 8° del artículo 162 del CPACA ya que no envió copia de la demanda y de sus anexos al Presidente de la República y, en consecuencia, se inadmitirá el libelo para que lo subsane remitiendo también, en el plazo que le será concedido, el escrito de subsanación respectivo.
Así las cosas, el Despacho:
RESUELVE
PRIMERO: INADMITIR la demanda de la referencia por las razones antes expuestas.
SEGUNDO: CONCEDER al demandante un plazo de diez (10) días para que corrija la demanda de conformidad con lo dispuesto en esta providencia, so pena de rechazo.
Notifíquese y cúmplase,
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Magistrado Consejo de Estado
5 En ese sentido esta Sección se ha pronunciado, entre otras, en: la sentencia del 29 de septiembre de 2022, emitida dentro del proceso con número de radicado 08001 23 31 000 2011 01154 01, con ponencia del Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López. Igualmente, en sentencia del 4 de febrero de 2021, dentro del proceso con radicado 11001 03 24 000 2009 00444 00, con ponencia del
ponencia del Consejero de Estado Oswaldo Giraldo López. Igualmente, en sentencia del 4 de febrero de 2021, dentro del proceso con radicado 11001 03 24 000 2009 00444 00, con ponencia del Consejero de Estado Hernando Sánchez Sánchez y en auto del 21 de abril de 2021, emitido en el proceso con radicado 11001 03 24 000 2015 00375, con ponencia del Consejero de Estado Roberto Augusto Serrato Valdés.8
Radicado: 11001 03 24 000 2026 00536 00
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La presente providencia fue firmada electrónicamente por el Magistrado en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley