CE - Boletin 227

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019

BOLETÍN 223 OCTUBRE DE 2019

República de Colombia Consejo de Estado Álvaro Namén Vargas Presidente Consejo de Estado

COMITÉ EDITORIAL

Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez Gabriel Valbuena Hernández Marta Nubia Velásquez Rico Martín Bermúdez Muñoz Julio Roberto Piza Ana Yasmín Torres Torres

RELATORÍAS

Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Rodrigo Bravo Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Derys Susana Villamizar Reales Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Jacqueline Contreras

DISEÑO

Julián Marcel Toro V.

PUBLICACIÓN

Camilo Ernesto Losada 2

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

CONTENIDO CONTENIDO .......................................................................................... 3

EDITORIAL ............................................................................................. 4

I. NORMAS ANULADAS ........................................................................ 5

II. NORMAS SUSPENDIDAS ................................................................. 6

III. LEGALIDAD CONDICIONADA ......................................................... 6

IV. EXHORTO ........................................................................................ 7

V. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN ........................................................ 8

VI. AUTO DE UNIFICACIÓN ................................................................ 12

VII. ASUNTOS CONSTITUCIONALES ................................................ 15

VIII. SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ....... 26

IX. SECCIÓN PRIMERA ....................................................................... 36

X. SECCIÓN SEGUNDA ....................................................................... 46

XI. SECCIÓN TERCERA ...................................................................... 55

XII. SECCIÓN CUARTA ....................................................................... 61

XIII. SECCIÓN QUINTA ....................................................................... 74

XIV. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL ................................... 90

3

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

EDITORIAL En esta edición se registran 3 decisiones anulatorias de normas y disposición suspendida por la Sección Primera; además, una norma anulada por la Sección Segunda; dos normas anuladas y dos disposiciones con legalidad condicionada por la Sección Cuarta y un exhorto expedido por la Sección Quinta. Como novedades importantes se incluye la sentencia de unificación de la Sección Tercera, mediante la cual se unificaron los criterios para el cómputo y cálculo de la caducidad en el medio de control de reparación directa, cuyo supuesto fáctico se origina en delitos de lesa humanidad. La Sección Tercera también unificó, a través de auto, las reglas de competencia en procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sean decisiones judiciales o conciliaciones. En esta importante decisión se precisó la regla de competencia por conexidad, según la cual, conocerá de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció de la primera instancia del proceso declarativo, con independencia de si la condena fue proferida o la conciliación aprobada en grado de apelación. Así mismo, la Sala Plena de lo contencioso administrativo confirmó la sentencia de primera instancia que había declarado la pérdida de investidura del ex representante a la cámara Raymundo Elías Méndez Bechara para el periodo 2014-2018, pues se demostró la inasistencia del parlamentario a seis sesiones plenarias en las que se votaron proyectos de ley o de acto legislativo, evadiendo el cumplimiento de su labor legislativa. La Sala Veintisiete Especial de Decisión decretó la pérdida de investidura del congresista Hernán Gustavo Estupiñán Calvache, elegido Representante a la Cámara por el departamento de Nariño para el período 2018-2022, por la causal de indebida destinación de dineros públicos, pues se demostró que autorizó el pago de honorarios a un empleado de su unidad de trabajo legislativo, que no desempeñó las funciones del empleo que le asignaron. Esperamos que las decisiones que en esta edición se registran contribuyan al conocimiento jurídico de nuestros suscriptores y lectores. 4

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

I. NORMAS ANULADAS

1. El Decreto 0102-04-2010 de 2010, “Por medio del cual se modifica y excluye parcialmente algunas Instituciones y Centros Educativos del Decreto 0591 de diciembre 30 de 2009”, expedido por el Gobernador del Cauca.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 28

de noviembre de 2019, C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 19001-23-31-000-201000199-01. (Ver pág. 37 de este Boletín).

2. El Acuerdo 005 de 2004, “Por medio del cual se establecen directrices parciales en materia de ordenamiento territorial y se dictan otras disposiciones”, expedido por el Concejo del Distrito

Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación: 47001-23-31-000-200401980-01. (Ver pág. 41 de este Boletín).

3. El Decreto 170 de 2001, “Por el cual se reglamenta el servicio público de transporte terrestre automotor colectivo metropolitano, distrital y municipal de pasajeros", expedido por el Gobierno Nacional: El numeral 2 del artículo 50 y los numerales 3 y 5 del artículo 51.

El Decreto 172 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor de Pasajeros por Carretera”, expedido por el Gobierno Nacional: El numeral 1 del artículo 30 y el numeral 2 del artículo 31. El Decreto 174 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial ", expedido por el Gobierno Nacional: El numeral 2 del artículo 40 y los numerales 3 y 5 del artículo 41. El Decreto 175 de 2001, “Por el cual se reglamenta el Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Mixto", expedido por el Gobierno Nacional: El numeral 2 del artículo 41 y los numerales 3 y 5 del artículo 42. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de noviembre de 2019, C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación: 11001-03-24-000-201000283-00. (Ver pág. 42 de este Boletín).

4. Nulidad parcial del Acuerdo 34 de 1998 “Por el cual se modifican los acuerdos del 11 de enero de 1995 y número 1 del 26 de junio de 1996 sobre el trámite de cesantías parciales de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio”, artículo 5, inciso 1.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de 31 de octubre de 2019, C.P. César Palomino Cortés, radicación 11001-03-25-000-201600992-00(4473-16). (Ver pág. 50 de este Boletín). 5

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

5. El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario en materia tributaria”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: los ordinales 2, 3 y 4 del artículo 1.2.1.5.1.44, incorporados por el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017 y parcialmente el inciso 1 del artículo 1.2.1.5.1.22, también incorporado por

el Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 4 de diciembre de 2019, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación: 11001-03-27-000-201800025-00 (23781). (Ver pág. 67 de este Boletín).

II. NORMAS SUSPENDIDAS La Resolución 02466 de 2015 “Por la cual se modifican y adicionan unos numerales a la Norma RAC 3 de los reglamentos aeronáuticos de Colombia”, expedida por el Director General de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil: el numeral 3.10.1.8.2. del artículo 1.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 28 de noviembre de 2019, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-03-24-000-201700239-00. (Ver pág. 43 de este Boletín).

III. LEGALIDAD CONDICIONADA El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario en materia tributaria”, expedido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: el parágrafo 4.° del artículo 1.2.1.5.1.24 y el ordinal 2.6 del artículo 1.2.1.5.1.36, incorporados por el Decreto 2150 de 2017, bajo el entendido de que se grava con la tarifa del 20% el mayor beneficio neto o excedente originado en el egreso rechazado por improcedente.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 4 de diciembre de 2019, C. P. Julio Roberto Piza Rodríguez, radicación: 11001-03-27-000-201800025-00 (23781). (Ver pág. 67 de este Boletín). 6

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

IV. EXHORTO La Sección Quinta exhortó al presidente de la república y al ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a fin de que establezcan los parámetros para garantizar la participación equitativa de los alcaldes en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales.

Sobre el particular señaló: “Las consideraciones que anteceden revelan la imperiosa necesidad que el Gobierno Nacional en ejercicio de su potestad reglamentaria (art. 189.11 de la Constitución), atienda el literal d) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993, y por ende, establezca los parámetros para garantizar la participación equitativa de los alcaldes en los consejos directivos de las corporaciones autónomas regionales que tienen presencia en más de un departamento, a fin de que frente a tales elecciones exista claridad, se supla el vacío al que se ha hecho alusión y se atienda la referida disposición. Para tal efecto, en la parte resolutiva de esta decisión se exhortará al Presidente de la República y al Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a fin de que adelanten las gestiones pertinentes para que se dicte el reglamento a que hace alusión el literal

d) del artículo 26 de la Ley 99 de 1993.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 30 de enero de 2020, C. P. Rocío Araújo Oñate, radicación 11001-03-28-000-2019-00017-00. 7

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

V. SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

8

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

Sección Tercera mediante sentencia de unificación estableció los eventos en que es inaplicable el término de caducidad del medio de control de reparación directa por delitos de lesa humanidad.

Síntesis del caso: El 5 de abril de 2007, el señor CCL se encontraba en Nunchía, Casanare, en compa- ñía de dos amigos, lugar en donde habrían sido abordados por miembros del Gaula y, luego, entregados a los soldados del batallón “Llaneros de Rondón” de la Décimo Sexta Brigada del Ejército Nacional. Al día siguiente, el señor CCL y las otras dos personas aparecieron muertas en el municipio de Hato Corozal, con armas junto a sus cadáveres. El día posterior a la muerte, los cuerpos de las víctimas fueron entregados a sus familiares, momento en el cual el Ejército Nacional les indicó que su fallecimiento fue consecuencia de un combate presentado entre los uniformados y el grupo guerrillero que ellos integraban –Frente 28 de las FARC–.

IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD / IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL

CRIMEN DE GUERRA / SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / PROCEDENCIA DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN - Sobre caducidad de las pretensiones indemnizatorias formuladas con ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímenes de guerra y cualquier otro asunto en el que se pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad patrimonial al Estado / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA - Eventos en los que procede su inaplicación Problema Jurídico 1: ¿La imprescriptibilidad en mamandar establecido por el legislador; ii) este plazo, teria penal de los delitos de lesa humanidad tiene o salvo el caso de la desaparición forzada, que tiene no la suficiencia para alterar el cómputo del término regulación legal expresa, se computa desde cuando de caducidad de las pretensiones de reparación dilos afectados conocieron o debieron conocer la parrecta? ticipación por acción u omisión del Estado y advirtieron la posibilidad de imputarle responsabilidad paTesis: “[L]as situaciones que se pretenden salvatrimonial, y iii) el término pertinente no se aplica guardar con la imprescriptibilidad penal en los casos cuando se observan situaciones que hubiesen impede lesa humanidad y los crímenes de guerra también dido materialmente el ejercicio del derecho de acción se encuentran previstas en el campo de lo conteny, una vez superadas, empezará a correr el plazo de cioso administrativo, bajo la premisa del conociley. Finalmente, se precisa que el término de caducimiento de la participación por acción u omisión del dad para solicitar al Estado la indemnización de un Estado, al margen de que se trate de delitos de lesa daño es inaplicable en aquellos eventos en los que humanidad o de crímenes de guerra. Así las cosas, la se adviertan circunstancias que hubiesen impedido, jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de desde el punto de vista material, el ejercicio del dereEstado se unificará en relación con la caducidad de cho de acción, lo que puede ocurrir frente a los delilas pretensiones indemnizatorias formuladas con tos de lesa humanidad, los crímenes de guerra o ocasión de los delitos de lesa humanidad, los crímecualquier otro asunto en el que se pueda demandar nes de guerra y cualquier otro asunto en el que se la responsabilidad patrimonial Estado, pues para pueda solicitar la declaratoria de responsabilidad tales efectos no resulta determinante la situación patrimonial al Estado, bajo las siguientes premisas: i) causante del daño, sino la condición particular de en tales eventos resulta exigible el término para dequien acude a la administración de justicia.” 9

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

Salvamento de voto del magistrado Alberto Montaña Plata SALVAMENTO DE VOTO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VÍCTIMA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS - Sujeto de especial protección constitucional / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / FUERZA VINCULANTE DEL FALLO / FALLOS DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS / DERECHO A LA VERDAD / DERECHO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA / GARANTÍA DE NO REPETICIÓN Tesis: “La Sentencia desconoció el estándar vigente derechos humanos. En segundo lugar, estableció en el ordenamiento jurídico colombiano en materia una analogía entre dos normas procesales cuyos de acceso a la justicia para las víctimas de crímenes presupuestos y fundamentos son disímiles, para atroces y, a cambio, creó una regla jurisprudencial derivar una regla jurisprudencial en la que eliminó la contra-igualitaria y regresiva y, en consecuencia, diferencia entre las víctimas de crímenes atroces contra-convencional e inconstitucional. Para fundacomo sujetos de especial protección constitucional y mentar su posición recurrió a dos construcciones el resto de potenciales demandantes de responsabiargumentativas que no comparto. En primer término, lidad estatal. La regla unificada neutralizó el estatuto desconoció la fuerza vinculante de una Sentencia de constitucional de estas víctimas y las garantías esla Corte Interamericana mediante la aplicación de peciales a sus derechos a la verdad, la justicia, la una especie de margen de apreciación nacional esreparación y la no repetición.” tricto, que es ajeno al sistema interamericano de Salvamento de voto del magistrado Ramiro Pazos Guerrero APLICACIÓN DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD / INAPLICACIÓN DE LA NORMA / NORMATIVIDAD DE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN / DAÑO DERIVADO DE GRAVES VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS / DELITO DE LESA HUMANIDAD / PREVALENCIA DE LOS DERECHOS DE LA VÍCTIMA / DERECHO A LA VERDAD / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / REPARACIÓN INTEGRAL DE LA VÍCTIMA Tesis: “En el presente caso estimo que el juez de regla procesal de caducidad. (…) en el presente caso daños debió acudir al control de convencionalidad considero que se debió ejercer el control de convenpara inaplicar la regla de caducidad, toda vez que cionalidad sobre la regla de caducidad para inaplicarresulta claro que los contenidos sustanciales de los la, en orden a permitir que la víctima acceda a la adderechos de las víctimas a la verdad, justicia y repaministración de justicia y así garantizar sus derechos ración, regulados en diversas fuentes del derecho fundamentales a la verdad y la reparación por tratarinternacional y constitucional, prevalecen sobre la se de un crimen de lesa humanidad.” Salvamento de voto de la magistrada María Adriana Marín ALCANCE DE LA SENTENCIA DE UNIFICACIÓN / CONFLICTO ARMADO INTERNO / ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / DISCREPANCIA EN LA INTERPRETACIÓN DE LA NORMA / PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA / VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPUTABLE A LA FUERZA PÚBLICA / VÍCTIMA DE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS / DERECHO A LA VERDAD / DERECHO A LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LA

VÍCTIMA / DERECHO A LA PAZ Tesis: “[E]n el contexto colombiano, de un país que ticia y la reparación. Estoy convencida de que la reha vivido y continúa viviendo un conflicto armado gla jurisprudencial que se unificó, con cada una de interno de medio siglo, resulta paradójico que las sus premisas, va a generar un efecto restrictivo en el normas de acceso a la administración de justicia se acceso a la administración de justicia de las víctimas interpreten y apliquen de forma absoluta y rígida, de graves violaciones a derechos humanos, lo que dando prevalencia a la seguridad jurídica sobre valosin lugar a dudas no se acompasa con el contexto res esenciales al ser humano como la verdad, la jushistórico que vive Colombia. No es posible admitir 10 BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020 tesis negacionistas del conflicto armado interno y las definir el derrotero que habrá de seguirse, no solo graves violaciones a derechos humanos que día a para reparar patrimonialmente a las víctimas, sino día persisten en el país. La paz, como valor supremo, para juzgar y reprochar las prácticas ilegales y arbisolo será posible una vez se reconozca la necesidad trarias del Estado, que han producido atentados a los de reparar a las víctimas y reconstruir el tejido social. intereses y bienes básicos y esenciales del ser huEn esta labor, los jueces son los primeros llamados a mano, especialmente, su dignidad.” Salvamento de voto del magistrado Guillermo Sánchez Luque IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DELITO DE LESA HUMANIDAD Y CRIMEN DE GUERRA - No

puede trasladarse a la caducidad de las acciones civiles contra el Estado Tesis: “La imprescriptibilidad de los delitos de lesa que surge para el Estado que, insisto, constituye una humanidad y crímenes de guerra, reconocida en insobligación de naturaleza civil que, como derecho de trumento internacionales (artículo 29 del Estatuto de crédito, es de libre disposición. Las instituciones, Roma) y nacionales (83 del Código Penal), no puede categorías, sujetos, competencias y finalidades de extenderse a la caducidad de pretensiones exclusiuna y otra responsabilidades son distintas y, por envamente civiles, pues aquella figura se refiere a de, las reglas del derecho penal no pueden trasladarasuntos de índole penal. Una es la responsabilidad se, sin más, al ámbito meramente civil de la responpenal que se deriva de la comisión de una conducta sabilidad patrimonial del Estado (art. 90 CN).” y otra es la indemnización de carácter patrimonial Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, Sentencia de 29 de enero de 2020, C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación 85001-33-33-002-2014-00144-01(61033). 11

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

VI. AUTO DE UNIFICACIÓN

12

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

Sección Tercera unificó y fijó las reglas de competencia en procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sean decisiones judiciales o conciliaciones.

Síntesis del caso: El 6 de marzo de 2019 se interpuso demanda ejecutiva en contra de la Fiscalía General de la Nación con el fin de que se ejecute el pago de la condena impuesta en fallo de segunda instancia del 26 de noviembre de 2015, proferida por la Subsección B sección Tercera del Consejo de Estado, así mismo se solicitó el embargo de las cuentas bancarias del demandado. El Tribunal Administrativo de Magdalena en auto del 18 de marzo del mismo año libro mandamiento de pago y negó medida cautelar solicitada por el ejecutante. Inconforme con la decisión de no decretar el embargo, el demandante eleva recurso de apelación.

PROCESO EJECUTIVO / PROCESO EJECUTIVO CONTRACTUAL / COMPETENCIA DEL PROCESO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO / TÍTULO EJECUTIVO JUDICIAL / COMPETENCIA POR CONEXIDAD / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL / INTERPRETACIÓN GRAMATICAL Problema Jurídico 1: ¿Tiene competencia para codemás normas del CPACA y del CGP, en relación con nocer de la primera instancia del proceso ejecutivo, la ejecución de providencias judiciales, permite defiel juez que conoció de la primera instancia del pronir la aplicación del factor de conexidad como prevaceso declarativo, con independencia de si la condena lente. (…) Conviene precisar que la unificación de la fue proferida o la conciliación aprobada en grado de regla de competencia por conexidad deberá entenapelación? derse en el siguiente sentido: conocerá de la primera instancia del proceso ejecutivo el juez que conoció Tesis 1: “La Sala considera pertinente, por importande la primera instancia del proceso declarativo, con

cia jurídica, unificar su jurisprudencia en punto a la independencia de si la condena fue proferida o la competencia para conocer de los procesos ejecuticonciliación aprobada en grado de apelación, (…) el vos en los que el título de recaudo sea una sentencia criterio de interpretación unificado se aplicará úniproferida por esta jurisdicción o una conciliación camente a los procesos ejecutivos iniciados con objeto de su aprobación (…) resulta necesario unifiposterioridad a la firmeza de la presente providencia. car la posición de la Sección Tercera sobre la mateDe (…) todos aquellos procesos ejecutivos en los que ria para sostener que, la aplicación del artículo 156.9 se pretenda el cumplimiento de una sentencia profedel CPACA es prevalente frente a las normas generarida o de una conciliación aprobada por esta jurisles de cuantía. (…) la Sala considera que la aplicación dicción, y cuya competencia se haya definido según del artículo 156.9 del CPACA es un criterio de comsu cuantía, continuarán su trámite hasta su finalizapetencia por conexidad que excluye la aplicación de ción sin modificación de la competencia.” las normas previstas en los artículos 152.7 y 155.7 del mismo código, por las siguientes razones: 1. Es Nota de Relatoría: Sobre el tema, consultar, Consejo de especial y posterior en relación con las segundas. 2. Estado, Sección cuarta, auto del 15 de noviembre de 2017, Desde una interpretación gramatical resulta razonaexp. 22065 y Consejo de Estado, Sección Segunda, auto de importancia Jurídica de 25 de julio de 2016, exp. 4935ble entender la expresión “el juez que profirió la deci14. sión” como referida al juez de conocimiento del proceso declarativo. 3. La lectura armónica de las 13

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

IMPROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE NIEGA EL DECRETO DE MEDIDA CAUTELAR / UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL Problema Jurídico 2: ¿Procede el recurso de apelalos jueces colegiados, de conformidad con los artícución en contra del auto que niega el decreto de una los 229 y siguientes del CPACA, y es apelable según medida cautelar cuando el título de recaudo es una lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 243 del sentencia proferida o una conciliación aprobada por CPACA. (…) El auto que niega una medida cautelar es esta jurisdicción y debe ser competencia del magisde competencia del magistrado ponente como lo trado ponente? profirió el juzgador de primera instancia en la decisión impugnada y no es apelable, toda vez que no se encuentra enlistado en los autos susceptibles de ese Tesis 2: “La Sala advierte que el recurso de apelarecurso en el CPACA (…) conviene destacar que, si ción en contra del auto que niega el decreto de una bien esta providencia debía ser proferida por el mamedida cautelar es improcedente cuando el título de gistrado ponente, se dicta por la Sala Plena de la recaudo sea una sentencia proferida o una conciliaSección en razón de la unificación de jurisprudencia

ción aprobada por esta jurisdicción.(…) en lo relativo que se realiza” a los procesos ejecutivos cuyo título de recaudo sea una sentencia proferida o una conciliación aprobada Nota de Relatoría: Con aclaración de voto de la Dra. por la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo Marta Nubia Velásquez Rico y el Dr. Guillermo Sán- (…) El auto que decreta una medida cautelar debe ser chez Luque. proferido por el magistrado ponente en el caso de Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020, C.P. Alberto Montaña Plata, radicación 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931). Aclaración de voto de la magistrada Marta Nubia Velásquez Rico RECURSO DE APELACIÓN / PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN / AUTO QUE NIEGA MANDAMIENTO EJECUTIVO / LIQUIDACIÓN DEL CRÉDITO / OPOSICIÓN A LA ENTREGA DEL BIEN / RECHAZO DE PLANO DE LA DEMANDA / PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN NORMATIVA La razón de mi aclaración parte de considerar que, de manera previa a la mencionada unificación jurisprudencial, en calidad de magistrada sustanciadora de los procesos ejecutivos a mi cargo, he dado aplicación a las normas del Código General del Proceso para determinar la procedencia del recurso de apelación frente a distintos tipos de decisiones, tales como el auto que niega el mandamiento ejecutivo, el que modifica la liquidación del crédito, el que resuelve sobre la oposición a la entrega de bienes y el que la rechaza de plano. En estas

condiciones, estimo que en lo relativo a la procedencia del recurso de apelación es viable acudir a la integración normativa que dispone el artículo 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo en aquellos eventos en los que dicho estatuto no contenga una regulación expresa sobre el tema, por lo que será necesario aplicar lo previsto en el Código General del Proceso, codificación que le otorga naturaleza apelable a ciertas decisiones que solo pueden tener lugar en los procesos ejecutivos. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de enero de 2020, C.P. Alberto Montaña Plata, radicación 47001-23-33-000-2019-00075-01 (63931), S.V. consejera Marta Nubia Velásquez Rico. 14

BOLETÍN 227 FEBRERO DE 2020

VII. ASUNTOS CONSTITUCIONALES

15

BOLETÍN 227 DE FEBRERO DE 2020

ACCIONES DE TUTELA

1. No hay lugar a considerar que la persona es beneficiaria del fuero de estabilidad laboral reforzada de prepensionado cuando el único requisito faltante para acceder a la pensión de vejez es la edad.

Síntesis del caso: La accionante promovió acción de tutela en contra del municipio Santiago de Cali y de la Comisión Nacional del Servicio Civil, con miras a que se protejan sus derechos fundamentales, con ocasión a la dilación en que ha incurrido dicho ente territorial en retirar del concurso de méritos el cargo que ella viene desempeñando, por tener la condición de prepensionada.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / AUSENCIA DE VULNERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES / CALIDAD DE PREPENSIONADO - No la ostenta quien tiene pendiente el cumplimiento de la edad / FUERO DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA - La protección procede únicamente cuando al trabajador le falten semanas de cotización / APLICACIÓN DEL PRECEDENTE JUDICIAL - Establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-003 de 2018

Problema Jurídico: ¿El Tribunal Administrativo del garantías fundamentales de los prepensionados, al Valle del Cauca, vulneró los derechos fundamentales excluir de ese grupo poblacional a aquellas personas al debido proceso, igualdad, trabajo y estabilidad que cumplen el requisito de densidad de semanas, la laboral reforzada del actor al proferir la sentencia de Sala puede colegir que, en el presente asunto, la par30 de octubre de 2019? te actora no ostenta la calidad de prepensionada, dado que, se reitera, cumple con los presupuestos Tesis: “La Sala advierte que, a partir de la historia previstos en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993 para laboral expedida por Colfondos (…) se evidencia que acceder al reconocimiento de su pensión de vejez. la señora [G] tiene un total de 1226 semanas cotiza- (…) Con fundamento en las anteriores premisas, no das al sistema general de pensiones (con fecha de está acreditado la calidad de prepensionada y, mucorte de 31 de marzo de 2019), y actualmente cuencho menos la vulneración de los derechos fundata con más de 59 años, por lo que de conformidad mentales al trabajo, a la seguridad social y al mínimo con lo previsto en el artículo 65 de la Ley 100 de vital de la accionante. (…) Por los razonamientos

1993, tiene causado su derecho a la prestación ecoanteriormente expuestos, la Sala confirmará el fallo nómica de vejez. En ese contexto y poniendo de reimpugnado de 30 de octubre de 2019, proferido por lieve que la Corte Constitucional, en sentencia SUel Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que 003 de 2018, restringió el nivel de protección de las negó el