CE - Boletin 270

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SEPTIEMBRE 2023

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019

República de Colombia Consejo de Estado Jaime Enrique Rodríguez Navas Presidente Consejo de Estado

COMITÉ EDITORIAL

Rocío Araújo Oñate Hernando Sánchez Sánchez César Palomino Cortés Myriam Stella Gutiérrez Argüello Wilson Ramos Girón Ana María Charry Gaitán Nandy Melissa Rozo Cabrera

RELATORÍAS

Sección Primera de lo Contencioso Administrativo Liliana Marcela Becerra Gámez Sección Segunda de lo Contencioso Administrativo Gloria Cristina Olmos Leguizamón Antonio José Sánchez David Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo Jorge Eduardo González Correa Natalia Yadira Castilla Caro Guillermo León Gómez Moreno Nubia Yaneth Pajarito Navarrete Sección Cuarta de lo Contencioso Administrativo María Magaly Santos Murillo Sección Quinta de lo Contencioso Administrativo Wadith Rodolfo Corredor Villate Sala de Consulta y Servicio Civil Juan Sebastián Solarte Álvarez Sala Plena de lo Contencioso Administrativo Juan Sebastián Solarte Álvarez Acciones Constitucionales Pedro Javier Barrera Varela Camilo Augusto Bayona Espejo Juan Alejandro Suárez Salamanca PUBLICACIÓN Oficina de sistemas Boletín del Consejo de Estado. Jurisprudencia y Conceptos. No. 270, septiembre de 2023

ISSN: 2711-385X

www.consejodeestado.gov.co Consejo de Estado Calle 12 No. 7-65, Bogotá D.C. Palacio de Justicia Bogotá D.C. – Colombia

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CONTENIDO

CONTENIDO 3

EDITORIAL 5

I. NORMAS ANULADAS, SUSPENDIDAS Y EXHORTOS 6 • C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-24-000-2007-00273-00 • C.P. César Palomino Cortés, radicación: 11001-03-25-000-2018-01634-00(5415-2018) • C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2021-00095-00 (26243) • C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 76001-23-33-000-2021-00264-01 (27455) • C. P. Milton Chaves García, radicación: 11001-03-27-000-2021-00087-00 (26136) • C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-0324-000-2022-00299-00 • C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2023-00018-00 (27715)

• C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2022-00253-00

II. ASUNTOS CONSTITUCIONALES 8 • C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 11001-03-15-000-2023-01727-01(AC) • C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-01(AC)

• C.P. Nicolás Yepes Corrales, radicación: 11001-03-15-000-2023-00026-01(AC) • C.P. Fredy Hernando Ibarra Martínez, radicación 11001-03-15-000-2022-06243-01(AC) • C.P. Wilson Ramos Girón, radicación 81001-23-39-000-2023-00022-01(AC) • C.P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación 25000-23-41-000-2017-00083-02(AP) • C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 25000-23-41-000-2015-01321-01(AP)

III. SALA PLENA DEL CONTENCIOSO 23 • C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicación: 11001-03-15-000-2022-04833-01(PI) • C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-03-15-000-2022-06270-02(PI) • C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicación: 11001-03-15-000-2023-01705-00(PI) • C.P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 11001-03-15-000-2023-01427-00(PI). • C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 11001-03-15-000-2019-04367-00(REV-PI).

IV. SECCIÓN PRIMERA 35 • C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-24-000-2007-00273-00

• C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-0324-000-2022-00299-00 0 • C.P. Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 15001-1001-23-33-000-2015-00336-01(1286-2021) • C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez, radicación: 76001-23-33-000-2016-01755-01 (4165-2022) • C.P. César Palomino Cortés, radicación: 11001-03-25-000-2018-01634-00(5415-2018) • C.P. Carmelo Perdomo Cuetér, radicación: 25000-23-42-000-2014-00161-00(53921-2012). • C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas, radicación: 66001-23-33-000-2019-00181-01 (2077-2022) • C.P. Gabriel Valbuena Hernández, radicación: 11001-03-25-000-2012-00483-00(1965-2012)

VI. SECCIÓN TERCERA 554 • C. P. Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación 25000-23-36-000-2015-00115-01(60330) • C. P. Freddy Hernando Ibarra Martínez, radicación 25000-23-26-000-2012-00853-01(53300)

• C. P. Fredy Ibarra Martínez, radicación: 66001-23-31-000-2012-00038-01(61040)
• C. P. María Adriana Marín, radicación: 25000-23-36-000-2015-01917-02(59531)

• C. P. Jaime Enrique Rodríguez Navas, radicación: 13001-23-33-000-2014-00278-01(60870) • C. P. José Roberto Sáchica Méndez, radicación 13001-23-31-000-2010-00793-01(55717) • C. P. Marta Nubia Velásquez Rico, radicación: 25000-23-26-000-2010-00642-01(58473)

3 BOLETÍN 270 • C.P. Nicolas Yepes Corrales, radicación: 11001-03-26-000-2023-00023-00 (69475)

VII. SECCIÓN CUARTA 76 • C. P. Milton Chaves García, radicación: 11001-03-27-000-2021-00087-00 (26136) • C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 76001-23-33-000-2021-00264-01 (27455) • C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2021-00095-00 (26243) • C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2023-00018-00 (27715)

VIII. SECCIÓN QUINTA 88 • C.P. Luis Alberto Álvarez Parra, radicación: 11001-03-28-000-2022-00292-00 • C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación: 68001-23-33-000-2023-00006-01 (acumulado) • C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación: 66001-23-33-000-2022-00076-02 (acumulado)

• C.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, radicación: 11001-03-24-000-2022-00328-00

IX. SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL 96 • C.P. María del Pilar Bahamón Falla, radicación: 11001-03-06-000-2023-00103-00(2503) • C.P. Ana María Charry Gaitán, radicación: 11001-03-06-000-2022-00205-00(2486) • C.P. Édgar González López, radicación: 11001-03-06-000-2023-00127-00(C)

• C.P. Óscar Darío Amaya Navas, radicación: 11001-03-06-000-2023-00041-00(C)

X. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN 106 • C. P. Guillermo Sánchez Luque, radicación: 05001-23-31-000-1999-02151-01(39121)

XI. SEPARATA ESPECIAL DE GÉNERO 11414 • C.P. José Roberto Sáchica Méndez, radicación: 05001-23-33-000-2014-01645-02(69467) • C.P. Rocío Araújo Oñate, radicación: 11001-03-28-000-2022-00165-00 (principal).

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EDITORIAL Desde el mes de abril de 2007, el Consejo de Estado consiente de la necesidad de divulgar sus decisiones más relevantes y novedades no solo a quienes conformamos esta Jurisdicción sino a todos los ciudadanos, ha publicado 270 ediciones del boletín «Jurisprudencia y Conceptos».

En esta oportunidad en punto de asuntos constitucionales, la Corporación declaró la improcedencia de una acción contra providencia judicial por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad al proponerse un argumento nuevo en sede de tutela que pudo ser planteado dentro del proceso ordinario y no se hizo en esa instancia. En otro proceso de la misma naturaleza, la Corporación determinó que procede la acción de tutela para amparar derechos fundamentales a la salud, al trabajo y a la vida digna de una trabajadora que padece una enfermedad mental diagnosticada, y para evaluar la procedencia del teletrabajo. La Sección Segunda reiteró que, aunque la Constitución Política dispuso para las fuerzas militares un régimen disciplinario especial, ello no excluye la aplicación simultanea de las disposiciones generales aplicables a todos los servidores públicos; igualmente tratándose de situaciones en las que se encuentran comprometidas las normas de DDHH o del DHI, la aplicación de reglas normativas procesales debe hacerse conforme a los estándares convencionales de protección. Así mismo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la misma Sala indicó que, la sanción moratoria prevista en las leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, si puede concederse a favor de los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio en caso de demostrarse que se incurra en mora en el pago de las cesantías parciales o definitivas. Por otro lado, la Sección Tercera, confirmó una sentencia que declaró la responsabilidad estatal y condenó patrimonialmente a la Fiscalía General de la Nación por indebida protección a víctima de

violencia intrafamiliar por falta de adopción de medidas respecto de la denunciante que llevó a que su compañero permanente le causara la muerte. Igualmente, unificó su jurisprudencia sobre los efectos que produce la ausencia a salvedades cuando se firma suspensiones, adiciones o prorrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u Otrosíes. Por último, en materia de género y no discriminación dentro del medio del control de repetición se definió que, se puede reducir la condena al servidor público soldado que obró con dolo bajo estado de ira o alteración emocional al haber sido víctima de acoso por parte de sus compañeros por su condición sexual. Esperamos contribuir con esta importante herramienta a fortalecer el respeto del precedente judicial. 5

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I. NORMAS ANULADAS SUSPENDIDAS Y

EXHORTOS

ANULADAS SECCIÓN PRIMERA La Resolución 465 de 2007, “por la cual se autorizan siembras de maíz con la tecnología Yielgard ® (MON 810)”, expedida por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2023; C.P. Oswaldo Giraldo López, radicación: 11001-03-24-000-2007-00273-00. SECCIÓN SEGUNDA Apartes contenidos en el artículo 7º del Decreto Nº 4050 de 22 de octubre de 2008, “por medio del cual se dictan disposiciones en materia salarial para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y

Aduanas Nacionales”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 25 de mayo de 2023, C.P. César Palomino Cortés, radicación: 11001-03-25-000-2018-01634-00(54152018) SECCIÓN CUARTA El Decreto 1625 del 11 de octubre de 2016, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario en materia tributaria”, proferido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público: la expresión «propiedad, planta, equipo e inventario» contenida en la definición de inversión del artículo 1.2.1.23.1.1, adicionado por el artículo 2° del Decreto 1650 de 2017. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 19 de julio de 2023, C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2021-00095-00 (26243) La Ordenanza 473 del 21 de diciembre de 2017, expedida por la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca: apartes de los artículos 6 y 7 y el numeral 2 del artículo 10 en forma total. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 10 de agosto de 2023, C. P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, radicación: 76001-23-33-000-2021-0026401 (27455) El Oficio 100208221-1118 del 15 de septiembre del 2020, expedido por la Subdirección de Gestión Normativa

y Doctrina de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 31 de agosto de 2023, C. P. Milton Chaves García, radicación: 11001-03-27-000-2021-00087-00 (26136) SUSPENDIDAS SECCIÓN PRIMERA La Circular Básica Jurídica expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria: e Los numerales 5.1.2 y 6.5.1 del Capítulo VI, Título II, modificados por la Circular Externa No. 20224400083742 de 17 de marzo de 2022. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto de 31 de julio de 2023; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación: 11001-0324-000-2022-00299-00. 6

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SECCIÓN CUARTA El Concepto (u Oficio) 000I2023000641 del 20 de enero de 2023, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: el aparte del punto 3 que señala “Por su parte, el inciso 4° del artículo 51 ibidem consagra: «El sujeto pasivo y responsable del impuesto es el productor o importador, según corresponda.» Este inciso debe interpretarse armónicamente con el inciso 2° del artículo 51 en comento, entendiendo que la venta, retiro o importación con la que se genera el Impuesto se circunscribe a «productos plásticos de un solo uso

utilizados para envasar, embalar o empacar bienes»”. El Concepto 000I2023002390 del 1 de marzo de 2023, expedido por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN: el numeral 1.1 que indica: “1.1. ¿Quiénes son contribuyentes del Impuesto? Son contribuyentes del Impuesto los productores o importadores, según el caso, de productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes, quienes -a la parfungen como responsables del mismo, tal y como lo prevé el inciso 4 del artículo 51 de la Ley 2277 de 2022”. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, auto de 4 de septiembre de 2023, C. P. Wilson Ramos Girón, radicación: 11001-03-27-000-2023-00018-00 (27715). EXHORTOS SECCIÓN QUINTA La Sección Quinta exhortó al Consejo Nacional Electoral para que en lo sucesivo se pronuncie y resuelva las solicitudes que le realicen las comisiones escrutadoras departamentales sobre los escrutinios generales. Sobre el particular dispuso en la parte considerativa lo siguiente: “No obstante, no pasa inadvertido para esta Sala que el Consejo Nacional Electoral no tuvo en cuenta el trabajo de dos días de escrutinio, del 27 al 29 de marzo de 2022 y desconoció la solicitud de cargar 1217 votos, realizada por la Comisión Escrutadora Departamental de Antioquia, la cual no solo puso en conocimiento esa inconsistencia, sino que solicitó expresamente que se cargaran esos votos, lo que derivó en que se declarara la elección sobre información no

actualizada. En consecuencia, se exhortará para que en las próximas elecciones el Consejo Nacional Electoral no pase por alto este tipo de solicitudes realizadas por las comisiones escrutadoras y se dispondrá la remisión de copias de las piezas procesales del expediente a la autoridad competente para que, si considera procedente, investigue los hechos y determine la responsabilidad a que haya lugar, relacionadas con la omisión del Consejo Nacional Electoral de pronunciarse de fondo y adoptar las actuaciones pertinentes a fin de incluir las modificaciones advertidas por la Comisión Escrutadora Departamental.” Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 3 de agosto de 2023, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio, radicación 11001-03-28-000-2022-00253-00. 7

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II. ASUNTOS

CONSTITUCIONALES

ACCIONES DE TUTELA

1. Se niega la acción de tutela dirigida a cuestionar la sentencia que negó la nulidad de la elección de representantes a la Cámara del movimiento político “Coalición Pacto Histórico” por el departamento de

Bolívar.

Síntesis del caso: La parte actora promovió una solicitud de tutela con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, los cuales consideró vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Quinta, en el medio de control de nulidad electoral identificado con el radicado 11001-03-28-000-2022-00037-00.

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / INEXISTENCIA DE LA VIOLACIÓN DE

LOS DERECHOS FUNDAMENTALES / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD ELECTORAL / AUSENCIA DE DEFECTO FÁCTICO / ADECUADA VALORACIÓN DE LA PRUEBA / ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE A LA CÁMARA / DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR / MOVIMIENTO POLÍTICO / PACTO HISTÓRICO Problema jurídico: ¿El Consejo de Estado, Sección Quinta, vulneró los derechos fundamentales de [K.V.C.C.], con ocasión de la sentencia del 17 de noviembre de 2022, por medio de la que negaron las pretensiones de nulidad electoral al considerar que el proceso de inscripción, revocatoria y modificación de la lista presentada por la coalición del Pacto Histórico se ajustaron a derecho, al incurrir, presuntamente, en defecto fáctico por indebida valoración de las pruebas?

Tesis: “[L]os argumentos expuestos por la parte demandante de ninguna manera estructuran la aplicación de una norma que no correspondía o la indebida interpretación del marco normativo procedente, por lo que no se presenta la configuración del defecto sustantivo alegado. (…) Ahora bien, la inconformidad planteada por la demandante se centra en la configuración de un defecto fáctico por la valoración errada del material probatorio aportado y el no haber practicado las pruebas solicitadas, sin embargo, tal como se observa en el aparte citado de la providencia judicial cuestionada, debe precisarse que no se presentó ninguna omisión arbitraria en tal sentido, pues si bien se señala que faltó el decreto de la prueba testimonial de dos funcionarios de la Registraduría Nacional del Estado Civil para dar cuenta «acerca del conocimiento

que tenían respecto al escrito allegado al correo institucional atencionalciudadano@cne.gov.co el 14 de febrero de 2022 a las 5:50 p.m., con radicado CNE-E-DG-2022-004422», lo cierto es que la corporación judicial demandada encontró que en el expediente existían elementos probatorios que daban cuenta sobre el tema y la valoración que del mismo realizó el Consejo Nacional Electoral para concluir que la modificación realizada a la lista no obedeció a la no aceptación oportuna de la postulación de una de las candidatas, sino de la revocatoria de la inscripción que efectuó el CNE para la incorporación de una mayor proporción de participantes mujeres. (…) Adicionalmente, se observa que el Consejo de Estado, Sección Quinta, no se apartó de la verdad procesal acreditada en el expediente, en atención a que la sentencia valoró la existencia del correo electrónico mencionado por la parte demandante en concordancia con los demás elementos que comprobaban que la modificación de la lista presentada por el Pacto Histórico se habría producido de manera oportuna. (…) Por otra parte, [K.V.C.C.] no menciona la omisión o indebida valoración de alguna prueba en específico que pudiera variar lo resuelto por el juez natural y, por el contrario, se observa que se analizó de manera integral las probanzas aportadas al expediente, cuyo estudio se efectuó en el marco de la normatividad aplicable al asunto, de tal manera, esta Sala de decisión no observa una valoración caprichosa o arbitraria por parte de la corporación judicial demandada. (…) [L]a providencia cuestionada está debidamente fundada, es decir cumple rigurosamente con los estándares

BOLETÍN 222 SEPTIEMBRE DE 2019 de motivación, en tanto se seleccionaron las fuentes normativas que se consideró aplicables al caso, se acompañó el análisis de una cuidadosa adecuación de los hechos y las pretensiones a las instituciones y normas. En suma, las reglas de derecho aplicables al caso fueron razonadamente elegidas, esto es, la autoridad judicial demandada dio cuenta detallada del porqué de su decisión. (…) De acuerdo con todo lo comentado, concluye la Sala que no hay, entonces, falta de aplicación de los preceptos llamados a orientar la decisión, ni se incurrió en una interpretación absurda o desmesurada de las disposiciones aplicables. (…) En vista de lo anterior, lo que existe es una inconformidad con el resultado de la valoración efectuada por el juez natural que no es atacable vía tutela, en la medida en que aquella visión de los hechos presentada por la autoridad judicial accionada cuenta con soporte y está debidamente razonada y justificada, por lo que, se reitera, este mecanismo no puede convertirse en una instancia adicional.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 4 de agosto de 2023, C.P.: Juan Enrique Bedoya Escobar, radicación: 11001-03-15000-2023-01727-01 (AC).

2. Defecto fáctico por falta de valoración de pruebas determinantes en un caso de reconocimiento y pago de nivelación salarial.

Síntesis del caso: El accionante presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad Tecnológica de Pereira, con el objeto de que se declarara la nulidad de un

oficio por el cual se negó una solicitud de reconocimiento y pago de una nivelación salarial durante el tiempo servido, pues su salario era menor que el del personal de planta. Mediante sentencia de 25 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, confirmó la sentencia de primera instancia que negó las pretensiones. El actor afirma que el Consejo de Estado solo tuvo en cuenta las pruebas aportadas por la demandada y omitió el análisis de las pruebas testimoniales solicitadas por el accionante, las cuales fueron decretadas y practicadas en el proceso. ACCIÓN DE TUTELA / REVOCATORIA DE LA SENTENCIA / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / VIOLACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / CONFIGURACIÓN DEL DEFECTO FÁCTICO / FALTA DE VALORACIÓN DE LA PRUEBA / TESTIMONIO / VALORACIÓN DEL TESTIMONIO / NIVELACIÓN SALARIAL / RECONOCIMIENTO DE LA NIVELACIÓN SALARIAL / DERECHOS PRESTACIONALES / PRESTACIONES SOCIALES / PAGO DE LAS PRESTACIONES SOCIALES / RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES SOCIALES / DESEMPEÑO DE IGUALES FUNCIONES Problema jurídico: ¿Hay lugar a revocar la sentencia del 11 de mayo de 2023, proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, por medio de la cual declaró la improcedencia de la solicitud de amparo ejercida por el señor [A.A.M.B.] y, en su lugar, amparar los derechos fundamentales de acceso a la administración

de justicia y debido proceso deprecado, toda vez que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, al resolver la sentencia del 25 de agosto de 2022 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrió en el defecto fáctico por falta de valoración del testimonio al negar el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional del accionante?

Tesis: “[L]a Sala revocará la sentencia de primera instancia que declaró la improcedencia de la acción de tutela y concederá el amparo de los derechos fundamentales de acceso a administración de justicia y debido proceso porque encuentra configurado el defecto fáctico alegado: la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado no valoró los testimonios con base en los cuales la primera instancia consideró que no se acreditaba el derecho reclamado. Se advierte que la autoridad judicial accionada sí se pronunció frente a las certificaciones del 18 de enero de 1999 hasta el 21 de diciembre de 2014 y lo consignado en estas respecto de los salarios y prestaciones sociales devengados por el accionante; sin embargo, concluyó que no se acreditó que las funciones desarrolladas por este fueran iguales a las del cargo de profesional grado 12. La Sala centrará su análisis en la sentencia de segunda instancia proferida el 25 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por ser la que puso fin a la controversia. (…) [S]i bien el accionante no alegó expresamente la configuración de un defecto fáctico, los argumentos presentados en la acción de tutela se encuadran en este. (...) [E]n la sentencia atacada, el

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Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A señaló que el CD que contenía los testimonios se encontraba dañado, por lo que no fue posible escuchar las declaraciones de los testigos que menciona el accionante y, agrega que, en todo caso, no había lugar a pronunciarse sobre ello porque no fue objeto de apelación. (...) [L]a Sala advierte que en la audiencia inicial del 8 de marzo de 2017 se decretaron los testimonios de [I.A.L.], [C.L.M.] y [M.L.A.] y estos se practicaron en la audiencia de pruebas llevada a cabo el 26 de julio de 2017. De la diligencia se dejó constancia en acta de la fecha. Con estos testimonios el accionante pretendía probar la equivalencia de las funciones y, sobre su dicho, el Tribunal Administrativo de Risaralda indicó que estos resultaban contradictorios respecto de las funciones que realizaba el accionante, por lo que no se demostró la equivalencia de los cargos. De modo que si el accionante afirma en el recurso que sí se probó que realizaba las mismas funciones y que de ello daban cuenta las pruebas, el juez de segunda instancia debía pronunciarse sobre cada una de ellas, cumplir con el deber de examinarlas individualmente y realizar el análisis conjunto de todos los medios de prueba obrantes en el expediente, en la forma dispuesta en el artículo 1764 del Código General del Proceso. La falta de acceso al audio de la audiencia no puede ser una carga que deba trasladarse al accionante. Para suplir esa falencia el juez debe acudir a los mecanismos establecidos en la ley para recuperar la prueba o proceder a su reconstrucción de conformidad con el artículo 126 del CGP. La prueba de lo ocurrido en la audiencia que

debe ser examinada por el juez es el CD correspondiente, no la transcripción de esta, pues se trata de un proceso oral donde la exigencia de la transcripción de la audiencia para formar un expediente escrito no aplica. En ese orden de ideas, la Sala concede el amparo de los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y debido proceso del accionante; en consecuencia, dejará sin efectos la sentencia del 25 de agosto de 2022 y dispondrá que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A adopte las medidas establecidas en la ley para recuperar la grabación de la audiencia del 26 de julio de 2017, en la cual obran los testimonios de [I.A.L.], [C.L.M.] y [M.L.A.] y, en cualquier caso, garantizar el derecho fundamental a la prueba del accionante. Una vez obtenida o en caso de que deba ser reconstruida la prueba, proceda a proferir una nueva sentencia teniendo en cuenta dicha prueba testimonial, sin que ello implique que el juez deba, de manera automática, acceder a las pretensiones de la demanda, sino que, en el marco de sus competencias, decida lo que en derecho corresponda en cumplimiento de su deber de analizar de manera total y conjunta las pruebas allegadas al proceso.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de julio de 2023, C.P.: Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, radicación: 11001-0315-000-2023-00996-01 (AC).

3. Carencia actual de objeto por situación sobreviniente, dado que la providencia acusada no correspondía al

proyecto aprobado en la Sala y dicha irregularidad fue subsanada.

Síntesis del caso: La Policía Nacional ejerció una acción de tutela al considerar que las sentencias proferidas el 22 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022, por el Juzgado 12

Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, incurrieron en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, porque desconocieron los parámetros fijados por el Consejo de Estado respecto de la causal de retiro por llamamiento a calificar servicios. El Consejo de Estado consideró que se presentaba una carencia de objeto por una situación sobreviniente, pues las actuaciones relativas a la notificación de la sentencia del 31 de marzo de 2022 fueron corregidas y se procedió a notificar el fallo del 18 de julio del mismo año, que corresponde a la providencia que realmente fue aprobada por la Sala y que fue favorable a la autoridad tutelante. ACCIÓN DE TUTELA POR SITUACIÓN SOBREVINIENTE / ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO / RETIRO DEL SERVICIO ACTIVO DE MIEMBRO DE LA POLICÍA NACIONAL / LLAMAMIENTO A CALIFICACIÓN DE SERVICIOS EN LA POLICÍA NACIONAL / PROCEDENCIA DEL REINTEGRO AL CARGO PÚBLICO / REINTEGRO AL CARGO PÚBLICO POR ORDEN JUDICIAL / REINTEGRO DE MIEMBROS DE LA POLICÍA NACIONAL / REINTEGRO AL SERVICIO DE LA POLICÍA NACIONAL / INDEBIDA NOTIFICACIÓN DE LA SENTENCIA / PROYECTO DE

FALLO / ERROR DE REGISTRO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN JUDICIAL / CORRECCIÓN DE LA 10 2 BOLETÍN 270

SENTENCIA / CORRECCIÓN DE LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA / CORRECCIÓN DE LA NOTIFICACIÓN ERRADA / INCIDENTE DE NULIDAD / PROCEDENCIA DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN / LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA PARA LA IMPUGNACIÓN DE LA SENTENCIA DE ACCIÓN DE TUTELA Problema jurídico: ¿Se presenta una carencia actual de objeto por situación sobreviniente frente a la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad de la Policía Nacional, con ocasión de las sentencias proferidas el 22 de enero de 2021 y el 31 de marzo de 2022 por el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo del Atlántico, respectivamente, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 08001-33-33-012-2016-00226-0001, teniendo en cuenta que, por error involuntario, se notificó el proyecto de sentencia que no había sido aprobado por la Sala, lo que fue corregido en el trámite de la acción de tutela de la referencia?

Tesis: “[E]s menester explicar que los argumentos de la impugnación elevados por [V.M.] no pueden ser resueltos de fondo en esta etapa procesal, en tanto no está legitimado para formular cargos en contra de las actuaciones posteriores a la sentencia que fue cuestionada, pues la impugnación no corresponde a una oportunidad de formular una nueva acción de tutela, útil para atacar actuaciones posteriores y diferentes a aquellas que fueron reprochadas por la autoridad accionante. (…) Es del caso poner de

presente que, si el recurrente considera que el Tribunal convocado, al corregir el error que se presentó respecto de la providencia notificada en segunda instancia, vulneró sus derechos fundamentales, debe estudiar la posibilidad de formular incidentes de nulidad o recursos extraordinarios, como el de revisión o, en su defecto, acudir directamente a la acción de tutela para elevar los cargos que planteó en su impugnación. (…) [T]eniendo en cuenta que la impugnación se concedió a pesar de la ausencia de interés para recurrir referida, al estudiar el fallo del 11 de mayo de 2023 proferido por la Sección Primera del Consejo de Estado, se observa acertada la declaración de improcedencia por carencia de objeto al configurase un hecho sobreviniente, ya que la presente