CE-SCA-EXP1964-N2602

IMPUESTO SOBRE LA RENTA - Revisión. Reajuste patrimonial

I. REAJUSTE PATRIMONIAL. Para los efectos del autorizado por los artículos 18 del Decreto Legislativo 2317 de 1953 y 1o. del Decreto 3063 del mismo año, basta el reajuste mismo, sin necesidad de manifestación expresa alguna. II. RECLAMACIONES. Pendientes de decisión en la División de Impuestos Nacionales al comenzar a regir la Ley 81 de 1960. Fecha desde la cual se cuenta el término concedido por el Art. 123 de la Ley a la División para resolverlas. Una recta interpretación de los artículos 123 y 136 de la Ley 81 de 1960, en armonía con los preceptos 52 y 53 del C.R.P.M. lleva a deducir que el primero de esos textos legales entró a regir dos meses después del 24 de diciembre de 1960, fecha de promulgación de la Ley 81, y que las restantes disposiciones del estatuto tributario empezaron a regir a partir de este año fiscal.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Consejero ponente: GABRIEL ROJAS ARBELAEZ.

Bogotá, D. E., diez (10) de junio de mil novecientos sesenta y cuatro (1964) Radicación número: 2602

Actor: ENRIQUE MORENO CASTAÑEDA Demandado: Ref: Expediente número 2602. Consulta de la Sentencia de junio 11 de 1963, expedida por el tribunal Administrativo de Cundinamarca, sobre juicio de revisión de la Operación Administrativa de liquidación del impuesto sobre la renta y

complementarios por el año de 1953. En demanda presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 24 de Abril de 1962, pidió el doctor Leopoldo Poveda Galán, en su calidad de apoderado del señor Enrique Moreno Castañeda, se revisara la operación administrativa por la cual se fijó a su poderdante la suma a pagar por concepto de impuestos correspondientes al año gravable de 1953, operación contenida en la liquidación verificada por la Recaudación Principal de Hacienda Nacional de Girardot, y en la Resolución No. R-06884-H de 26 de Diciembre de 1961, expedida por la División de Impuestos Nacionales. Como consecuencia pidió también que se declararan sin valor ni efecto dichos actos, y que se ordenara devolver a su poderdante lo que, de conformidad con la nueva liquidación que se practicara, hubiese pagado de más en razón de la operación acusada.

HECHOS: La relación que a este respecto hizo el actor contiene como fundamentos de la

acción estos hechos principales:

1. La Oficina Liquidadora de Girardot al liquidar los impuestos que correspondía pagar al señor Enrique Moreno Castañeda por el año de 1953, se apartó de los factores declarados bajo juramento y desconoció el derecho a la amnistía o reajuste patrimonial que se concedió a los contribuyentes por el Art. 18 del Decreto 2317 de 1953.

2. Estimó la Oficina Liquidadora que el reajuste patrimonial debió haber sido solicitado expresamente por el contribuyente, señor Enrique Moreno Castañeda, y al efecto en el memorándum que acompañó a la liquidación puso la siguiente nota:

"Se liquido por comparación patrimonial porque las explicaciones dadas por el contribuyente no son satisfactorias ya que el reajuste patrimonial que solicita dentro de las explicaciones dadas es extemporáneo de acuerdo con el artículo 38 del Decreto 0488 de 1954, pues en la carta que figura dentro del expediente fechada el 13 de Marzo del presente año, no figura solicitud alguna sobre reajuste patrimonial".

3. Habiendo reclamado el señor Moreno Castañeda, la División de Impuestos Nacionales profirió la Resolución No. R-06884-H de 26 de Diciembre de 1961, por medio de la cual confirmó la liquidación. En esta providencia dijo la División: "Este Despacho estima que el contribuyente cumplió con el requisito exigido por el artículo 38 del Decreto 488 de 1953 (sic) ya que el texto de la manifestación hecha por él en uno de los anexos de su declaración, cuya transcripción se hizo atrás, se puede colegir que quiso acogerse a la amnistía y en consecuencia reajustó el valor de las mercancías, pero como el funcionario liquidador hizo uso de la facultad conferida por el inciso 2o. del artículo lo. del Decreto No. 3063 de de 1953, y no halló procedente el reajuste de las Actas de revisión contable y los demás elementos de juicio que obran en el informativo, no se puede establecer el valor reajustado o el de las mercancías preexistentes al ejercicio fiscal discutido, y a esta División le queda imposible determinar la renta líquida gravable por dicho año, ya que en el juego de inventarios no existe tampoco la discriminación suficiente sobre los valores reajustados".

4. El demandante pagó, según comprobantes acompañados a la demanda, los impuestos que le fueron fijados en las providencias acusadas.

DERECHO INVOCADO Como fundamentos de derecho citó el actor los artículos 18 y lo. de los Decretos Legislativos 2317 y 3063 de 1953 respectivamente, y 123 de la Ley 81 de 1960. El concepto de violación de las dos primeras normas citadas, lo expresó el demandante así: "Las dos normas sustantivas transcritas consignaron en términos suficientemente claros la facultad de reajustar el patrimonio de los contribuyentes a su real situación en 31 de Diciembre de 1953, pudiendo incluir los activos omitidos u ocultados en años anteriores, sin que por ello se dedujeran sanciones de inexactitud, y más aún, sin que pudieran las oficinas de hacienda entrar a revisar los ejercicios pasados en que ocurrieron las omisiones. Pero lo que es más importante y que el mismo legislador cuidó de prever en peligro fiscal ista de los funcionarios (sic), en tales casos de reajuste patrimonial, no se podría determinar la renta gravable por el sistema de comparación patrimonial. "En el presente caso, el contribuyente señor Moreno Castañeda se acogió a la facultad de reajuste patrimonial e incluyó en su denuncia de 1954 los activos en mercancías que había omitido en inventarios del año anterior, y para ello en el primer anexo del anuncio manifestó la inclusión de existencias en mercancías de su almacén no declaradas antes, y otros factores sobre reajuste al precio justo de

esas mercancías en 31 de Diciembre de 1953. "La Ley no exigió ritualidades, ni procedimientos especiales. El Art. lo. del Decreto Ley 3063 de 1953> al contrario, impuso al liquidador la obligación de aceptar las declaraciones "en la forma en que hubieran sido presentadas, sin modificación alguna", salvo el único caso en que las oficinas de hacienda lograran probar que esos bienes materia del reajuste fueran rentas del año 1953 y no activos omitidos. Era suficiente dentro de la amplitud legal hacer el denuncio de 1953 con reajuste patrimonial a su real situación y nada más. El liquidador no probó ni podía probar el único caso exceptivo. "El contribuyente Moreno Castañeda, indicó en el anexo de su denuncio, adoptando el sistema de demostraciones contables, la cifra que conciliaba las diferencias en renta y patrimonio por la inclusión de mercancías omitidas y sus precios. Posteriormente a instancias de la misma oficina liquidadora explicó y amplió contablemente las partidas que conciliaban el incremento patrimonial, siguiendo los términos del Art. 14 del Decreto Ley 270 de 1953, con la ampliación que implicaba la facultad de reajuste. "En la providencia que desató el recurso de reclamación, la División de Impuestos Nacionales, acepta que el contribuyente hizo uso de la amnistía legal o reajuste, en lo cual, pues, no hay discusión; pero trae como argumento de su negativa a aceptar el reclamo, uno inexplicable, y sin fundamento alguno, cual es el de que el contribuyente no dijo qué clase de bienes eran materia del reajuste. En primer

término, la Ley habla de reajuste del patrimonio sin que tuviera importancia o mereciera tratamiento diferente por la clase de bienes reajustados. En segundo término, el contribuyente lo dijo claramente que reajustaba su inventario de mercancías y lo confirmó luego en la nota de explicaciones de fecha 10 de Agosto de 1954..." Y respecto al artículo 123 déla Ley 81 de 1960, la violación, según el actor, consistió en haber decidido la División de Impuestos Nacionales la reclamación formulada por el señor Moreno Castañeda, desfavorablemente al reclamante, no obstante estar vencido el término de los doce meses que el citado artículo establece. SENTENCIA DEL TRIBUNAL En providencia del 11 de Junio de 1963, que ha venido en consulta por no haberla apelado las partes, el Tribunal, acogiendo las súplicas de la demanda, hizo una nueva liquidación y ordenó lo siguiente:

1. Revisar la operación administrativa de liquidación del impuesto que el señor Enrique Moreno Castañeda debía pagar por el año de 1953, operación contenida en la liquidación practicada por la Recaudación Principal de Hacienda Nacional de Girardot y en la Resolución No. R-06884-H. de 26 de Diciembre de 1961, originaria de la División de Impuestos Nacionales;

2. Fijar en la suma de dos mil trescientos seis pesos con setenta y tres centavos ($2.306.73) los impuestos correspondientes al señor Moreno Castañeda por el citado año gravable;

3. Devolver al demandante la suma de treinta y nueve mil ochenta y ocho pesos

con sesenta y seis centavos ($39.088.66), pagada de más; y

4. Disponer que para futuras inversiones en acciones de Acerías Paz del Río fuera tenida en cuenta al demandante la suma de dos mil ciento ocho pesos con treinta y dos centavos ($2.108.32).

Consideró el Tribunal para fundamentar la providencia que en virtud de lo dispuesto en los artículos 18 del Decreto 2317 de 1953, y lo. del Decreto 3063 del mismo año, el contribuyente pudo haber hecho su reajuste patrimonial sin acogerse a fórmula especial ninguna, y aún sin manifestación expresa al respecto; que el Decreto No. 488 de 1954 que señaló algunos requisitos para verificar el reajuste no era aplicable por ser un decreto reglamentario que excedió la norma reglamentada, conforme a lo expuesto por el Consejo de Estado en sentencias de 27 de Mayo y 28 de Agosto de 1959, y que la División de Impuestos Nacionales sí había decidido extemporáneamente el recurso, esto es, vencidos los doce meses que tenía para ello, según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 81 de 1960.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: Al aceptar la División de Impuestos Nacionales que la declaración de reajuste hecha por el señor Enrique Moreno Castañeda, consultaba las exigencias legales en cuanto a oportunidad y forma de presentación, no quedó ningún punto en controversia, porque la Recaudación de Girardot liquidó al señor Moreno Castañeda la renta por comparación patrimonial, no por poseer las pruebas de que habla el artículo lo. del Decreto No. 3063 de 1953, sino por el motivo expuesto

en la nota transcrita anteriormente. Esto es, por estimar que en el expediente, sobre declaración de renta y patrimonio por el año de 1953 "no figura solicitud alguna sobre reajuste patrimonial". La División consideró válida la declaración de reajuste, y como partió de un supuesto falso para no revocar la liquidación reclamada y verificar una nueva, es claro que en realidad estuvo conforme con los fundamentos que a su reclamación dio el contribuyente. Por lo mismo sería salirse del elenco o moverse en un campo ajeno 'al de la litis, tratar de definir en esta etapa si la Oficina Liquidadora tuvo pruebas de si los valores propuestos para el reajuste por el señor Moreno Castañeda correspondían a rentas obtenidas durante el año de 1953. Lo que la Recaudación Principal de Hacienda Nacional de Girardot consideró fué que la declaración de reajuste no había sido expresa; pero la División de Impuestos Nacionales consideró lo contrario. Prácticamente, entonces, no hay punto ninguno que haya merecido esclarecimiento en la etapa jurisdiccional. Este sólo motivo hubiera sido suficiente a que la revisión prosperara; pero además, como lo observó el Tribunal, según los términos de los artículos 18 del Decreto 2317 de 1953 y lo. del 3063 del mismo año, al contribuyente le bastaba con el reajuste por sí solo, sin ninguna manifestación expresa. Además de que también, como lo dijo la Sala en las providencias citadas por el fallador de primera instancia, las exigencias contenidas en el artículo 38 del Decreto Reglamentario No. 0488 de 1954, van más allá de la norma reglamentada y la desvirtúan, por lo

que el mencionado artículo no es de aplicación Lo que si es del caso rectificar al aquo es su apreciación respecto a la aplicación del artículo 123 de la Ley 81 de 1960. La Sala ha expuesto sobre el particular que el plazo de los doce meses dado a la Administración para decidir las reclamaciones que llevaran más de cuatro años de hallarse en curso, se debe contar a partir del lo. de Enero de 1961, y no desde el lo. de Enero de 1960. Al efecto, en providencia del 14 de Marzo del año en curso, de la que fue ponente el señor Consejero Dr. Gómez Gómez, dijo: "El Legislador en el artículo 123 de la Ley 81 de 1960 le impuso a la División de Impuestos Nacionales la obligación de resolver dentro del plazo perentorio de doce (12) meses las reclamaciones que llevaban más de cuatro años de hallarse en curso. Este término, como se dijo, empezó a correr hacia el futuro contado a partir de la fecha señalada en el inciso lo. del artículo 52 de la Ley 4a. de 1913, y, no pudo abarcar espacio alguno de tiempo tomado, hacia atrás desde la fecha últimamente mencionada. Como la Ley 81 de 1960 fue expedida el siete (7) de diciembre del mismo año, sancionada el veintidós (22) de los mismos y publicada en el Diario Oficial No. 30412 correspondiente al veinticuatro (24) de diciembre de 1960, día de su promulgación, el plazo de doce (12) meses empezó a correr dos meses después de esta fecha de conformidad con lo preceptuado por el artículo

52 del Código de Régimen Político y Municipal. Y no puede arguirse contra este razonamiento lo dispuesto en el ordinal lo. del artículo 55 ibídem y en el artículo 136 de la Ley 81 antes citada porque mediante este último precepto se subordinó a la nueva Ley Tributaria el año fiscal que aún no había expirado y los siguientes, en lo tocante a la modificación del impuesto sobre la renta y sus complementarios e impuestos especiales, a la creación de nuevos tributos, a las exenciones especiales, al régimen que quedaron sometidos los sujetos pasivos de los gravámenes, etc., pero no se señaló en tal artículo el día de la iniciación del plazo perentorio fijado por el Legislador para que dentro de el se cumpliera por la División de Impuestos Nacionales la Obligación relativa a la decisión de las reclamaciones pendientes que llevaran más de cuatro años de estar en curso. En síntesis, de la recta interpretación de los artículos 123 y 136 de la Ley 81 de 1960 se deduce, que el primero de estos entró a regir dos meses después del 24 de diciembre de 1960 y que las restantes disposiciones empezaron a regir a partir de este año fiscal". DECISION Por lo expuesto anteriormente el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando' Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, FALLA: Confirmase la sentencia consultada. Cópiese, notifíquese. Devuélvase.

GABRIEL ROJAS ARBELAEZ

CARLOS GUSTAVO ARRIETA

RICARDO BONILLA GUTIERREZ

ALEJANDRO DOMINGUEZ MOLINA

FRANCISCO ELADIO GOMEZ G.

JORGE A. VELASQUEZ

ALVARO LEON CAJIAO B.

Secretario