CE-SEC3-EXP1948-N582

DEMANDA / ACCIÓN DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO /

ACTO ADMINISTRATIVO / NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO /

PRESCRIPCIÓN / TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / CÓMPUTO DEL

TÉRMINO DE LA PRESCRIPCIÓN / NOTIFICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO / PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA / PROCESO CIVIL / APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO / PRETENSIONES DE LA DEMANDA / PLAZO/

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO /

RESPONSABILIDAD DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO / JUICIO CIVIL / FISCAL / ADMINISTRACIÓN PÚBLICA / APLICACIÓN DE LA LEY Por el contenido de la demanda, según las peticiones (…) y por la naturaleza misma de la acción intentada, ésta es la jurídicamente llamada de plena jurisdicción, encaminada a obtener la nulidad de un acto administrativo que se estima lesivo de los intereses particulares del demandante, y el consiguiente restablecimiento del derecho, que se hace consistir en el pago de determinadas sumas de dinero que por medio de aquél se le negaron. En estas condiciones, es indudable que la prescripción se opera al cabo de cuatro meses, a partir del día en que se consumó cualquiera de los hechos determinados en el último inciso del artículo 83 del Código Administrativo, entre otros, el de la notificación del acto que cause la acción. (…) No obstante, conviene dejar claramente establecidas las siguientes cuestiones fundamentales, de tan frecuente ocurrencia en los asuntos

de que conoce la justicia contencioso-administrativa: 1 Las prescripciones en los negocios de esta índole se interrumpen con la presentación oportuna de la demanda, esto es, sin que sea necesaria la notificación de la misma; y 2 No es, por tanto, aplicable en ellos la disposición del artículo 181 del Código Judicial, en la parte que se refiere a dicha-notificación. La primera se explica por las diferencias sustanciales que existen entre los procesos civiles, de que conoce la justicia ordinaria, y los contencioso administrativos, de que conocen el Consejo de Estado y los Tribunales respectivos. En aquéllos la relación procesal se constituye, el vínculo judicial se traba en el momento en que la demanda es comunicada a la otra parte, quien tiene interés jurídico en oponerse a ella, en contradecirla, en formular pretensiones adversas a su contenido, porque, de lo contrario, no habría pleito. Y si no se hace así, esto es, si no se notifica antes de vencerse el plazo respectivo, el demandado, al tener conocimiento de la demanda con posterioridad y como único sujeto pasivo de la relación procesal, puede excepcionar sobre que la acción se ha extinguido. No sucede lo mismo en los juicios (…) en los cuales, si bien es cierto que puede considerarse como demandada la administración, en el sentido genérico del vocablo, porque ordinariamente se trata de la anulación de actos emanados de ella, no lo es menos que la ley no ordena la notificación de la demanda al autor de la providencia acusada, sino, simplemente, ponerle en conocimiento su admisión. Ordena, sí, que se le notifique al respectivo Fiscal.

Pero este funcionario no tiene las características del demandado en un proceso civil en que se ventilan intereses privados de dos partes contrapuestas. El no tiene interés directo en las resultas del juicio, ni en contradecirlas, ni en formular pretensiones adversas al demandante. Ni en esta clase de juicios, a diferencia de los civiles, se corre traslado para contestar la demanda. Su alta misión es la de defender los intereses de la justicia, de la sociedad y de la ley, como verdadero Agente del Ministerio Público, en el concepto que debe emitir antes de la citación para sentencia, el cual bien puede ser favorable o adverso a las pretensiones del actor, cosa que no podría suceder respecto del demandado en un juicio civil, por elementales razones. Puede haber en los contencioso-admilustrativos (sic) coadyuvantes o impugnadores de las demandas en los casos legales; pero el Fiscal no está llamado a desempeñar precisamente ninguno de esos dos papeles. Y la segunda cuestión también se explica, no sólo por los razonamientos que amparan la primera, sino, sencillamente, porque las disposiciones del Código Indicia (sic) no se aplican al procedimiento conteneioso (sic) administrativo sino cuantío en éste hay vacíos que sea imposible llenar sin aquéllas. Pero existiendo los preceptos sobre plazos y el modo de contarlos, contenidos en los artículos 59 y siguientes del Código de Régimen Político y Municipal (especialmente en el 62 para el evento de autos y similares) no se justifica la aplicación del artículo 18.1 del Código Judicial en lo concerniente al medio para interrumpir la prescripción de

las acciones. El nombre mismo del Código Político sugiere la idea de gobierno del Estado, y, por consiguiente, sus disposiciones prevalecen en los negocios relacionados con la Administración Pública.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 181 / CÓDIGO DE RÉGIMEN POLÍTICO Y MUNICIPAL – ARTÍCULO 59 / CÓDIGO DE RÉGIMEN POLÍTICO Y MUNICIPAL – ARTÍCULO 62 / CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 18

NUMERAL 1 / CÓDIGO JUDICIAL – ARTÍCULO 181

CONSEJO DE ESTADO Consejero ponente: GUSTAVO A. VALBUENA Bogotá ocho (08) de junio de mil novecientos cuarenta y ocho (1948)

Radicación número: CE-SEC3-EXP1948-N582

Actor: LÁZARO GARCÍA GARCÍA

Demandado: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Referencia: ACCIÓN DE PLENA JURISDICCIÓN (APELACIÓN SENTENCIA) El doctor Jorge -Grueso Arboleda, abogado inscrito, y como mandatario del señor Lázaro García García, presentó demanda ante esta corporación con las siguientes peticiones: "Primero. Que se declare nula la Resolución de 28 de noviembre de 1946, del Ministerio de Obras Públicas, cuya copia auténtica acompaño, por cuanto es errónea la aplicación que se hace del Decreto ejecutivo número 1052 de 29 de abril de 1944. "Segundo. Que como consecuencia de esta anulación se reconozca y ordene

pagar a mi poderdante la cantidad de $ 383.40 como auxilio de cesantía a que tiene derecho por 30 meses de labor en las obras del Ferrocarril Troncal de Occidente, de conformidad con la Ley 61 de 1939 y sus decretos reglamentarios números 709 de 1940 y 1052 de 1944". Expuso los hechos fundamentales de su acción, lo mismo que el concepto de la violación de las normas superiores que consideró infringidas, y acompañó copia auténtica del acto acusado, o sea la Resolución sin número de fecha 28 de noviembre de 1946, por medio de la cual el Ministerio de Obras Públicas reproduce y aprueba la número 7105, dictada el 10 de noviembre de 1944 por el Consejo Administrativo de los Ferrocarriles Nacionales, que negó al actor el auxilio de cesantía por él solicitado, como trabajador del Ferrocarril Troncal de Occidente. Dicha negativa se fundó, principalmente, en que el Decreto número 1052 de 1944, 'por el cual se adiciona el Decreto 709 de 1940", si bien hizo extensivas a los trabajadores de los ferrocarriles que no dependan directamente del Consejo de los mismos las prestaciones establecidas en la Ley 61 de 1939 y en su Decreto reglamentario número 709 de 1940, "aquel Decreto carece de efecto retroactivo y no puede favorecer sino a quienes hayan sido o sean despedidos después de la fecha de su promulgación, o sea a partir del 9 de marzo de 1944"; y —anota la Resolución— el retiro del señor Lázaro García García tuvo lugar el 30 de

septiembre de 1943, como para justificar la conclusión de que no le asistía el derecho reclamado. El apoderado del demandante endereza su ataque contra esta interpretación del Consejo Administrativo de los Ferrocarriles y del Ministerio de Obras Públicas, con argumentos jurídicos muy dignos de atención. Pero, tramitado el juicio en legal forma, el señor Fiscal del Consejo, a tiempo de rendir su concepto, expuso, en lo esencial, lo siguiente: "Se trata, pues, del ejercicio de una acción de plena jurisdicción, encaminada a obtener la reparación de un derecho privado, el cual se considera vulnerado por la Resolución administrativa acusada. "Mas, como según las constancias procesales, la referida Resolución se notificó al mismo apoderado de Lázaro García el día 3 de diciembre de 1946, y la demanda sólo se presentó en la Secretaría del Consejo de Estado hasta el 22 de abril de 1947, resulta que la acción está prescrita, al tenor del artículo 83 de la Ley 167 de 1941, por no haberse ejercitado dentro de los cuatro meses de que trata dicha disposición. "Y no valdrá argüir que dentro de ese tiempo medió el mes de vacaciones porque el interesado, para interrumpir la prescripción, había podido presentar su demanda ante el funcionario que indica el artículo 181 del Código Judicial, que es un precepto de carácter general. Ni tampoco interfiere el reconocimiento de la prescripción la circunstancia de haber sido aceptada la demanda, porque ella es un fenómeno que se opera por ministerio de ley, como una sanción para el litigante negligente. "En consecuencia, me abstengo de estudiar en el fondo las súplicas de la

demanda, y solicito del honorable Consejo que al fallar el negocio sea reconocida la prescripción de la acción". Por consiguiente, aunque la cuestión de fondo parece clara, porque quizás un decreto adicional de otro reglamentario no podría considerarse separadamente de la misma reglamentación, desde luego que es su complemento, y, por tanto, aplicable desde la fecha de la vigencia de la ley a que se refiere porque lo contrario querría decir que una disposición legal no rige sino desde la vigencia de su decreto reglamentario, es preciso estudiar previamente la excepción propuesta por el Ministerio Público, porque si ésta llegara a prosperar, resultaría inútil el examen de aquélla. Por el contenido de la demanda, según las peticiones transcritas, y por la naturaleza misma de la acción intentada, ésta es la jurídicamente llamada de plena jurisdicción, encaminada a obtener la nulidad de un acto administrativo que se estima lesivo de los intereses particulares del demandante, y el consiguiente restablecimiento del derecho, que se hace consistir en el pago de determinadas sumas de dinero que por medio de aquél se le negaron. En estas condiciones, es indudable que la prescripción se opera al cabo de cuatro meses, a partir del día en que se consumó cualquiera de los hechos determinados en el último inciso del artículo 83 del Código Administrativo, entre otros, el de la notificación del acto que cause la acción. Véase ahora lo que sucede en el presente caso: La Resolución del Ministerio de Obras Públicas fechada el 28 de noviembre de 1946, y que contiene la negativa que motivó la acción intentada, le fue notificada al

apoderado, doctor Jorge Grueso Arboleda, según testimonio del Secretario General del Ministerio, el día 3 de diciembre de 1946, y la demanda no fue presentada hasta el día 22 de abril de 1947. Por consiguiente, los cuatro meses señalados en la ley para que se opere la prescripción, vencían el 3 de abril de

1947. Mas como en ese lapso están comprendidos los días de vacaciones legales, y, además, según informe de la Secretaría del Consejo éste estuvo en receso del 30 de marzo al 20 de abril, inclusive, de 1947, la disposición aplicable es la del artículo 02 del Código de régimen Político \ Municipal, que dice: "En los plazos de días que se señalen en las leyes y actos oficiales se entienden suprimidos los feriados y de vacantes, a menos de expresarse lo contrario. Los de meses y años se computan según el calendario; pero si el último día fuere feriado o de vacante, se extenderá el plazo basta el primer dia hábil.

De acuerdo con el precepto transcrito en el evento de autos, el primer dia hábil para presentar la demanda era el 21 de abril, puesto (pie no está demostrado que hubiera sido feriado, y como no se presentó sino el 22, la prescripción se consumó. No sería necesario, por tanto, estudiar si habría podido o no ser interrumpida por el medio que señala el artículo 181 del Código Judicial, como lo sugiere el señor Fiscal. No obstante, conviene dejar claramente establecidas las siguientes cuestiones fundamentales, de tan frecuente ocurrencia en los asuntos de que conoce la justicia contencioso-administrativa: 1º Las prescripciones en los negocios de esta índole se interrumpen con la

presentación oportuna de la demanda, esto es, sin que sea necesaria la notificación de la misma; y 2º No es, por tanto, aplicable en ellos la disposición del artículo 181 del Código Judicial, en la parte que se refiere a dicha-notificación. La primera se explica por las diferencias sustanciales que existen entre los procesos civiles, de que conoce la justicia ordinaria, y los contencioso administrativos, de que conocen el Consejo de Estado y los Tribunales respectivos. En aquéllos la relación procesal se constituye, el vínculo judicial se traba en el momento en que la demanda es comunicada a la otra parte, quien tiene interés jurídico en oponerse a ella, en contradecirla, en formular pretensiones adversas a su contenido, porque, de lo contrario, no habría pleito. Y si no se hace así, esto es, si no se notifica antes de vencerse el plazo respectivo, el demandado, al tener conocimiento de la demanda con posterioridad y como único sujeto pasivo de la relación procesal, puede excepcionar sobre que la acción se ha extinguido. No sucede lo mismo en los juicios últimamente mencionados, en los cuales, si bien es cierto que puede considerarse como demandada la administración, en el sentido genérico del vocablo, porque ordinariamente se trata de la anulación de actos emanados de ella, no lo es menos que la ley no ordena la notificación de la demanda al autor de la providencia acusada, sino, simplemente, ponerle en conocimiento su admisión. Ordena, sí, que se le notifique al respectivo Fiscal. Pero este funcionario no tiene las características del demandado en un proceso

civil en que se ventilan intereses privados de dos partes contrapuestas. El no tiene interés directo en las resultas del juicio, ni en contradecirlas, ni en formular pretensiones adversas al demandante. Ni en esta clase de juicios, a diferencia de los civiles, se corre traslado para contestar la demanda. Su alta misión es la de defender los intereses de la justicia, de la sociedad y de la ley, como verdadero Agente del Ministerio Público, en el concepto que debe emitir antes de la citación para sentencia, el cual bien puede ser favorable o adverso a las pretensiones del actor, cosa que no podría suceder respecto del demandado en un juicio civil, por elementales razones. Puede haber en los contencioso-admilustrativos coadyuvantes o impugnadores de las demandas en los casos legales; pero el Fiscal no está llamado a desempeñar precisamente ninguno de esos dos papeles. Y la segunda cuestión también se explica, no sólo por los razonamientos que amparan la primera, sino, sencillamente, porque las disposiciones del Código .Indicia] no se aplican al procedimiento conteneioso administrativo sino cuantío en éste hay vacíos que sea imposible llenar sin aquéllas. Pero existiendo los preceptos sobre plazos y el modo de contarlos, contenidos en los artículos 59 y siguientes del Código de Régimen Político y Municipal (especialmente en el 62 para el evento de autos y similares) no se justifica la aplicación del artículo 18.1 del Código Judicial en lo concerniente al medio para interrumpir la prescripción de las acciones. El nombre mismo del Código Político sugiere la idea de gobierno del Estado, y, por consiguiente, sus disposiciones prevalecen en los negocios

relacionados con la Administración Pública. En mérito de lo dicho, el Consejo de Estado, de acuerdo Con lo pedido por el señor Fiscal y administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, declara probada la prescripción de la acción intentada en este juicio. Copiese, notifíquese y devuélvase.

CARLOS RIVADENEIRA G.,

GUSTAVO A. VALBUENA

GUILLERMO HERNANDEZ RODRIGUEZ

PEDRO GOMEZ PARRA

JORGE LAMUS GIRON

GONZALO GAITAN

JESUS ESTRADA MONSALVE

EL SECRETARIO

LUIS