CE-SECCION SEGUNDA-08001-23-33-000-2016-00501-01(1981-20)

SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO DE CESANTIAS ANUALIZADAS – Procedente para docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. [L]a postura jurisprudencial vigente, tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado, está encaminada a la protección de las prestaciones salariales de los docentes oficiales, dada su condición de servidores públicos. En razón a ello se resalta que la sanción moratoria por el no pago oportuno de las cesantías es posible concederla cuando se trate de docentes oficiales afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. (…) [P]ara la Sala es claro que tanto el Municipio de Sabanalarga como el Departamento del Atlántico no demostraron el cumplimiento de su obligación legal de consignar de forma oportuna las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001, 2002 y

2003. NOTA DE RELATORIA: Respecto al pago de cesantías y su sanción moratoria en el caso de docentes oficiales, ver: Corte Constitucional, sentencia de unificación 098 del17 de octubre de 2018. Respecto de la aplicación de la Ley 1071 de 2006 a los docentes del sector oficial, con el fin de reiterar que los docentes oficiales tienen derecho al pago oportuno de las cesantías y también son beneficiarios de la Ley 244 de 1995 y 1071 de 2006, ver: C. de E, Sección Segunda, Sentencia de 18 de junio de 2018 En relación a las reglas jurisprudenciales relacionadas con la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990, ver:

C. de E, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE-SUJ-SII-022-2020 del 6 de agosto de 2020, Rad. 08001-23-33-000-2013-00666-01 M.P. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.

FUENTE FORMAL: LEY 244 DE 1995 - ARTÍCULO 13 / LEY 1071 DE 2006 / LEY 50 DE 1990 - ARTÍCULO 99 / LEYES 344 DE 1996 / CONSTITUCIÓN POLÍTICAARTÍCULO 53 / DECRETO 1582 DE 1998 / LEY 6 DE 1945

PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LA SANCIÓN MORATORIA POR PAGO TARDÍO

DE CESANTÍAS ANUALIZADAS A DOCENTES OFICIALES – Configuración /

PRESCRIPCIÓN TRIENAL DE LA SANCIÓN MORATORIA DE CESANTÍAS

ANUALIZADAS – Computo [L]a sanción o indemnización moratoria del auxilio de cesantías anualizadas se encuentra sometida al fenómeno de la prescripción extintiva, de modo que la reclamación deberá presentarse dentro de los tres años siguientes a partir del momento en que se causen, y se genera de manera automática a partir del 15 de febrero del año siguiente a su causación. (…) [E]sta Sala concluye que, sin lugar a dudas, en el sub iudice operó el fenómeno de prescripción extintiva de la sanción moratoria, en tanto que la demandante presentó la reclamación administrativa por fuera del término establecido por el legislador, toda vez que la sanción solicitada corresponde a las anualidades 2001, 2002 y 2003, pero la primera de las

peticiones con las que agotó el procedimiento administrativo fue radicada el 11 de diciembre de 2015, por lo que se constata que dejó transcurrir un lapso superior a tres (3) años sin presentar la reclamación administrativa de la sanción moratoria. Este análisis impone a la Sala confirmar la decisión del 5 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones de la demanda por encontrar configurada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. A pesar de lo anterior, se desconoce si los dineros para cubrir el pago de las cesantías anuales de la demandante correspondientes a los años que reclama han sido girados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual, se deberá conminar al Municipio de Sabanalarga para que proceda a realizar la consignación en el Fondo de los años 2001,2002, y al Departamento del Atlántico respecto de la prestación causada en 2003, teniendo en cuenta que, como la relación laboral permanece vigente las cesantías tienen el carácter imprescriptible1 y, por ende, la administración está en la obligación de reconocerlas, ello en caso de que aún no lo hayan efectuado. NOTA DE RELATORIA: Frente a la regla jurisprudencial de que la sanción moratoria está sujeta al término prescriptivo, ver: de E, Sección Segunda, Sentencia de unificación CE-SUJ004 de 25 agosto de 2016, Rad. 08001-23-31-000-201100628-01, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero. En cuanto al carácter imprescriptible

de las cesantías, ver: C. de E., Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, CE-SUJ004 de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

FUENTE FORMAL: LEY 50 DE 1990

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ

Bogotá, D. C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiuno (2021).

Radicación número: 08001-23-33-000-2016-00501-01(1981-20)

Actor: MARTHA LIGIA BARRIOS ORTIZ

Demandado: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - FONDO NACIONAL

DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y MUNICIPIO DE SABANALARGA Tema: Sanción moratoria de cesantías anualizadas. Ley 344 de 1996.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

ASUNTO La Sala de la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 5 de julio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la prescripción de la sanción moratoria y negó las súplicas de la demanda. 1 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de agosto de 2016, CE-SUJ004 de 2016, M.P. Luis Rafael Vergara Quintero.

I. ANTECEDENTES

1. LA DEMANDA2

La señora MARTHA LIGIA BARRIOS ORTÍZ, actuando por conducto de apoderado y en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo demandó a la NACIÓN – MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO y MUNICIPIO DE SABANALARGA, con el fin de obtener el reconocimiento y pago de las siguientes declaraciones y condenas: 1.1. Pretensiones (i). Se declare la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio –sin número– de 30 de diciembre de 2015, emitido por el Alcalde del Municipio de Sabanalarga, mediante el cual «negó el reconocimiento de la cesantía y la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996 y decretos reglamentarios, por la no consignación oportuna de dicha prestación». (ii). Declarar la nulidad del acto administrativo presunto o ficto derivado del silencio administrativo del FOMAG ante la petición formulada el 14 de enero de 2016, de conformidad con lo reglado en el artículo 83 del CPACA. (iii). La nulidad del oficio 406 de 15 de febrero de 2016 proferido por la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, mediante el cual negó igual petición. (iv). Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho solicitó: 2 Folios 2 a 12.

a. Reconocer y pagar la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998, que a su vez remiten a los artículos 99 a 104 de la Ley 50 de 1999, producto de la omisión en que incurrió la administración en consignar las cesantías anuales en el fondo administrador al que se encontraba afiliada la demandante, causadas durante los periodos correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, inclusive. b. Liquidar la sanción moratoria desde el 15 de febrero del año siguiente a la causación del auxilio de cesantías respectivo, a razón de un día de salario por cada día de retraso, en forma independiente, para cada uno de los períodos aludidos hasta el día en que se efectúe el pago de la prestación. c. Ajustar la condena tomando como base el índice de precios al consumidor en la forma indicada en el artículo 187 inciso 4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. d. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada. e. Reconocer intereses moratorios, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 192 y 195 inciso 4, ibidem. 1.2. Fundamentos fácticos La señora Martha Ligia Barrios Ortiz fundamentó sus pretensiones en los siguientes hechos: (i). Labora como docente en la planta de personal del Municipio de Sabanalarga desde el 28 de diciembre de 2000 y fue asimilada por el departamento del Atlántico en el año 2003.

(ii). Las entidades demandadas no consignaron en forma oportuna el auxilio de cesantías de las anualidades correspondientes al periodo 2001 a 2003 en el FOMAG. (iii). Mediante escrito radicado el 11 de diciembre de 2015, la demandante presentó reclamación administrativa ante el Municipio de Sabanalarga en la que solicitó el «pago de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, y como consecuencia de la inoportuna consignación, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria». (iv). Por medio del oficio –sin número– de 30 de diciembre de 2015, recibido el 31 de diciembre de 2015, el Alcalde Municipal de Sabanalarga dio respuesta a la petición, afirmando que el ente territorial había pagado y transferido las sumas por concepto de cesantía “en la medida en que su situación económica y financiera se lo ha permitido”. Respecto a la sanción moratoria, adujo que no se encontraba obligado al pago por cuanto ha venido cancelando dicho auxilio, y además “lo pretendido no forma parte de las acreencias que están incluidas en el proceso de reestructuración de pasivos”. (v). El 14 de enero de 2016 presentó petición ante el Departamento del Atlántico por el pago tardío de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, y como consecuencia de la inoportuna consignación, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria. (vi). Mediante oficio 406 de 15 de febrero de 2016 el Secretario de Educación departamental negó la petición, al considerar que las

cesantías de los años 2001 y 2002, por ser anteriores a la afiliación al FOMAG en 2003, son responsabilidad exclusiva del Municipio de Sabanalarga, Atlántico. (vii). El 14 de enero de 2016, la demandante presentó reclamación ante el FOMAG en la cual solicitó el pago de las cesantías anualizadas correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003 inclusive, y como consecuencia de la inoportuna consignación, el reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 344 de 1996. (viii). La anterior petición no ha sido respondida configurándose así el acto administrativo presunto o ficto. 1.3. Normas violadas y concepto de violación3 En la demanda se invocaron como disposiciones vulneradas las siguientes: De orden constitucional: artículos 13, 29, 53 y 209.

De orden legal: artículos 83, 138, inciso 4 del artículo187, 188, 192 y 195 del C.P.A.C.A; 13 de la Ley 344 de 1996; 1 del Decreto 1582 de 1998; numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990; artículo 21 y siguientes del Decreto 1063 y numeral 3 del artículo 20 del C. de

P.C. Al desarrollar el concepto de violación explicó que los actos administrativos censurados transgreden de manera directa la Constitución Política y la ley, al no efectuar de manera oportuna la consignación de las cesantías al respectivo fondo dentro del término concedido en la Ley 344 de 1996 y sus decretos reglamentarios,

razón por la cual considera que su conducta omisiva vulnera el ordenamiento jurídico. La demandante sostuvo que la Nación - Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el Municipio de Sabanalarga y el Departamento del Atlántico no consignaron oportunamente sus cesantías durante los años 2001, 2002 y 2003, esto es, dentro de los plazos fijados en la Ley 344 de 1996 y su decreto reglamentario, por lo cual, deben reconocer y pagar la indemnización moratoria que resulta de la tardanza en el pago de su prestación anual.

2. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA 3 Folios 25 a 27. 2.1 La NACIÓN - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONALFONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO a través de su apoderada contestó la demanda4 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones por carecer de sustento fáctico y jurídico ya que el FOMAG y la FIDUPREVISORA S.A. actuaron conforme a las políticas expuestas por la misma legislación de carácter especial que regula las prestaciones sociales de los docentes oficiales e igualmente se halla en concordancia y congruencia con los parámetros estipulados por el Consejo Directivo del Fondo como máxima autoridad encargada de proferir los procedimientos para el reconocimiento y pago de las prestaciones a los docentes.

Afirmó que el FOMAG tiene la función del pago de las prestaciones sociales causadas con posterioridad a la afiliación del docente y no le concierne las prestaciones causadas con anterioridad que se encuentran en cabeza del ente territorial.

Igualmente, sostuvo que en las disposiciones que regulan el auxilio de cesantías de los docentes afiliados al FOMAG, no se contempla la indemnización moratoria por el no pago oportuno y agregó que el pago se encuentra sujeto a la condición suspensiva de disponibilidad presupuestal de acuerdo con lo ordenado en el artículo 89 de la Ley 1769 de 24 de noviembre de 2014. Propuso las siguientes excepciones: i) inexistencia del derecho por errónea interpretación de la norma; ii) cobro de lo no debido; iii) pago; iv) buena fe; v) prescripción de derechos; vi) compensación y, vii) la genérica o innominada. 2.2 El DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO a través de su apoderada contestó la demanda5 y se opuso a la prosperidad de las pretensiones. Manifestó que no es competencia del Departamento del Atlántico ni de la Secretaría de Educación Departamental el pago de las 4 Folios 106 a 117 5 Folios 84 a 100. prestaciones sociales de los docentes de las instituciones educativas del departamento, la cual se encuentra en cabeza del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio de conformidad con lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, dejando reservadas algunas actividades de orden logístico y administrativo a las secretarias de educación departamental, de conformidad con la Ley 962 de 2005 y el Decreto Nacional 2831 de 2005, sin que ello implique la asunción de responsabilidad alguna del ente territorial por el desembolso de sumas tendientes al pago de las referidas obligaciones.

Propuso las excepciones de: i). falta de legitimación en la causa por

pasiva material y la ii). la genérica o innominada. 2.3. El MUNICIPIO DE SABANALARAGA pese a haberse notificado en debida forma, no contestó la demanda (sin folio posterior al 121).

3. AUDIENCIA INICIAL6

El 9 de julio de 2018, el Tribunal Administrativo del Atlántico celebró audiencia inicial en la que advirtió que no existían irregularidades o vicios que invalidaran lo actuado, por lo que declaró saneado el proceso y se adoptaron las siguientes decisiones relevantes: 3.1. Decisión de excepciones previas En primer lugar se reiteró que el Municipio de Sabanalarga no contestó la demanda. Respecto a la excepción de falta de legitimación en la causa propuesta por el Departamento del Atlántico, consideró que no tiene vocación de prosperar, toda vez que de acuerdo con las pretensiones de la demanda, la entidad territorial hace parte de la relación jurídica sustancial planteada, por lo que, debe comparecer a fin de que ejerza su derecho de defensa y contradicción. 6 Folios 157 a 162. CD a folio 156. Respecto de los restantes medios exceptivos consideró que deberán abordarse al momento de dictar sentencia por estar ligados al fondo del asunto. 3.2. Fijación del litigio En la fase de fijación del litigio se delimitó el problema jurídico en los siguientes términos: «(…) se contrae a determinar, previa la práctica de las pruebas pertinentes, si es procedente o no la declaratoria de nulidad del acto ficto negativo surgido a raíz de la petición elevada por la accionante el 14 enero de 2016, emanado de la Nación - Ministerio

de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, así como de los oficios 406 del 15 de febrero de 2016, proferido por el Secretario de educación departamental del Atlántico, y sin número del 30 de diciembre de 2015, expedido por el Alcalde de Sabanalarga, para lo cual el Tribunal examinará los cargos o censuras plasmados en la demanda. en caso afirmativo si resulta procedente ordenar el derecho en favor de la señora MARTHA LIGIA BARRIOS ORTIZ el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 344 de 1996, reglamentada por el Decreto 1582 de 1998; por la no consignación oportuna al fondo administrador, correspondientes a los años 2001, 2002 y 2003, inclusive, acorde con la Ley 91 de 1989; igualmente qué entidad o entidades deberán asumir lo relativo a la sanción moratoria. O, por el contrario, si subsisten las presunciones de legalidad de los actos combatidos; así mismo, si la sanción moratoria deprecada no le es aplicable a la actora en su condición de docente.”7

4. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA8

En sentencia del 5 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió declarar probada la excepción de prescripción extintiva propuesta por la Nación – Ministerio de Educación – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y en consecuencia negó las súplicas de la demanda. Como sustento de la decisión expuso lo siguiente: (i). La señora Martha Ligia Barrios Ortiz ingresó a laborar el 28 de

diciembre de 2000 al servicio del Municipio de Sabanalarga (Atl.), 7 Folio 159 y 160. 8 Folios 247 a 266. por lo que, en principio podría aplicársele el régimen anualizado, el cual ordena a la entidad nominadora realizar la liquidación definitiva de las cesantías por la anualidad o fracción correspondiente para ser consignado el 14 de febrero del año siguiente. (ii). En cuanto al término prescriptivo aplicable a la sanción moratoria prevista en la Ley 344 de 1996, señaló que de acuerdo con la regla fijada en la sentencia de unificación CE-SUJ004 del 25 de agosto de 2016 es el establecido en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, según el cual las acciones laborales prescriben en 3 años contados a partir del momento en que la obligación se hizo exigible. En ese sentido, para el año 2003, la cesantía se hizo exigible desde el 15 de febrero de 2004, y la demandante contaba con 3 años para reclamar la sanción moratoria, término que fenecía el 15 de febrero de 2007, sin embargo, la reclamación fue presentada ante el Municipio y el Departamento los días 11 de diciembre de 2015 y 14 de enero de 2016, respectivamente, fechas para las cuales se encontraba prescrita, al tenor del artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Igual análisis efectuó respecto a la sanción de mora de los años 2001 y 2002.

5. EL RECURSO DE APELACIÓN La parte demandante por conducto de apoderado judicial interpuso

recurso de apelación9 en contra de la sentencia de primera instancia con fundamento en los siguientes motivos de inconformidad: (i). De acuerdo con la sentencia de unificación aplicada por el a quo para efectos de determinar la prescripción en materia de sanción moratoria, esta opera de manera parcial frente a las porciones de sanción respecto de la cual no se hizo la reclamación en tiempo. De acuerdo a lo anterior, se tendrían las siguientes consecuencias para el caso bajo estudio: 9 Folios 277 a 283. “(…)

1. Anualidades reclamadas: 2001, 2002 y 2003

2. Sanción moratoria reclamada: a) 16 de febrero de 2002, hasta la fecha en que le sean consignadas las cesantías; b) 16 de febrero de 2003, hasta la fecha en que le sean consignadas las cesantías; c) 16 de febrero de 2004, hasta la fecha en que le sean consignadas las cesantías;

3. Fecha de reclamación de las mismas: 11 de diciembre de

2015.

4. Consecuencia aplicando el precedente de la sentencia CESUJ004: se cuenta de manera retrospectiva desde la fecha de la reclamación, 3 años hacia atrás, dando como resultado que operó la prescripción respecto de las porciones de sanción moratoria anteriores al 11 de diciembre de 2012”.

Por lo anterior, manifestó que el pago de la sanción moratoria debe hacerse a partir del 11 de diciembre de 2012 hasta la fecha en que efectivamente le sean consignadas las cesantías.

6. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN 6.1. La parte demandante10 reiteró las razones aducidas en su

recurso de apelación. 6.2. El Departamento del Atlántico11 solicitó confirmar la sentencia de primera instancia con los mismos argumentos expuestos en el escrito de contestación. 6.3. La Nación – Ministerio de Educación12 – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico y reiteró los argumentos contentivos del escrito de contestación de la demanda. 10 Memorial allegado vía correo electrónico a índice 12 en SAMAI. 11 Memorial allegado vía correo electrónico a índice 13 y 14 en SAMAI. 12 Memorial allegado vía correo electrónico a índice 15 en SAMAI. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio en esta etapa, de conformidad con el informe secretarial allegado a folio 302.

7. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El representante de la Procuraduría Tercera Delegada ante el Consejo de Estado estuvo de acuerdo con la posición del Tribunal, teniendo en cuenta que las reclamaciones de las cesantías para los años 2001 al 2003 se presentaron el 11 de diciembre de 2015 y el 14 de enero de 2016, es decir, en forma extemporánea.

Aseveró que ello deja ver con claridad que el fenómeno prescriptivo ha operado teniendo en cuenta la sentencia de unificación citada, que estableció que la prescripción de la sanción moratoria opera en su totalidad cuando no se reclama durante el término de los tres años, sin que exista posibilidad alguna de reconocimientos parciales como si se tratara de una prestación periódica.

II. CONSIDERACIONES

1. Competencia De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo13, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 32814 del Código General del Proceso, la competencia del juez de segunda instancia 13 El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. 14 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia»

está circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

2. Problema jurídico De acuerdo con el argumento del recurso de apelación presentado por la parte demandante, le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:  ¿Si a los docentes oficiales les asiste el derecho al reconocimiento y pago de la sanción moratoria prevista en las leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998, por la tardanza en la consignación en el Fondo de las cesantías anualizadas?

De ser afirmativo, se resolverá:  ¿si ha operado el fenómeno de la prescripción respecto de la sanción moratoria de cesantías anualizadas de la demandante causada durante los años 2001, 2002 y 2003, de conformidad con lo establecido en las Leyes 50 de 1990, 344 de 1996 y el Decreto 1582 de 1998?

3. Marco normativo y jurisprudencial 3.1 Del auxilio de cesantías en la labor docente A través de la Ley 6ª de 1945, el Gobierno Nacional dictó, entre otras, disposiciones referentes a la jurisdicción especial de trabajo, y en sus artículos 1215 y 1716 estableció que los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarían, entre otras prestaciones, de un auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo 15 Artículo 12. Mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderán al patrono las

siguientes indemnizaciones o prestaciones para con sus trabajadores, ya sean empleados u obreros: f) Un mes de salario por cada año de trabajo, y proporcionalmente por las fracciones de año, en caso de despido que no sea originado por mala conducta o por incumplimiento del contrato. 16 “Artículo 17. Los empleados y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes prestaciones: a) Auxilio de cesantía a razón de un mes de sueldo o jornal por cada año de servicio. Para la liquidación de este auxilio solamente se tendrá en cuenta el tiempo de servicios prestados con posterioridad al 1o. de enero de 1942. (…)”. o jornal por cada año de servicio, para lo cual solamente se tendría en cuenta el tiempo de servicio prestado con posterioridad al 1º de enero de 1942. La liquidación de dicha prestación social fue reglamentada a través del artículo 6º del Decreto 1160 de 1947, que indicó que “para liquidar el auxilio de cesantía a que tengan derecho los asalariados nacionales, departamentales, intendenciales, comisariares, municipales y particulares, se tomará como base el último sueldo o jornal devengado, a menos que el sueldo o jornal haya tenido modificaciones en los tres últimos meses, en cuyo caso la liquidación se hará por el promedio de lo devengado en los últimos doce (12) meses o en todo el tiempo de servicio, si éste fuere menor de doce (12) meses.” Hasta este momento, las prestaciones sociales de los empleados públicos habían sido expedidas de manera genérica, y sin hacer una referencia expresa al personal docente; no obstante, en 1989 con la

expedición de la Ley 91 se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y con él se determinó que esta entidad se encargaría del pago de prestaciones sociales reconocidas a favor de los docentes. Precisamente el numeral 3º del artículo 15 de la norma citada, dispone el reconocimiento de cesantías a favor del personal docente en dos condiciones, a saber: «Artículo 15. A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1º de enero de 1990 será regido por las siguientes disposiciones: (…)

3. Cesantías:

A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1. De enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1º. de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con

certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumuladas hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.» (Resaltado de la Sala) La condición de los docentes como servidores públicos fue reforzada jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en las sentencias C – 741 de 201217 y C – 486 de 201618, en las que determinó que los docentes oficiales deben ser tenidos en cuenta como tales, no solo por la denominación expresa del estatuto docente (Decreto 2277 de 1979) y por la ley general de educación (Ley 115 de 1994), sino porque hacen parte de la Rama Ejecutiva al cumplir una misión expresa dentro de las secretarías de educación territoriales. En la jurisprudencia antes reseñada, se hizo un razonamiento específico respecto del reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los docentes oficiales, indicando que es un régimen exceptuado de la Ley 100 de 1993 y que por lo tanto le es aplicable el ordenamiento especial; es decir, a través del artículo 15 de la Ley 91 de 1989 se debe tener en cuenta lo establecido en la Ley 244 de 1995 y su posterior reforma, la Ley 1071 de 2006. Las ya mencionadas Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006 fijaron los términos para el pago oportuno de la prestación y establecieron las

sanciones en caso de incumplimiento; allí, desde un comienzo, en sus primeros artículos se señalaron unos tiempos perentorios para el reconocimiento, liquidación y pago de las cesantías a favor de los servidores públicos a saber: 17 Corte Constitucional. Sentencia de 26 de septiembre de 2012, en la que se declaró inexequible el proyecto de ley 114 de 2009 Senado – 296 de 2010 Cámara, “Por medio de la cual se interpreta por vía