CE - Sentencia 05001233100020060195602 de 2025

Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA

Bogotá D.C., siete (7) de noviembre de dos mil veinticinco (2025) Número de radicación: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Cia SCS y Carlos Arturo Trujillo Hoyos Demandado: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia Acción: Nulidad y restablecimiento del derecho Tesis: Se configura proposición jurídica incompleta si la causa petendi se dirige a cuestionar la validez de un acto administrativo que no se encuentra comprendido en las pretensiones de nulidad, o lo que es lo mismo, no es parte del objeto del litigio.

No es procedente que en el escrito de apelación se incluyan nuevos cargos de nulidad en contra del acto demandado que no fueron planteados en el libelo introductorio. No es suficiente con que se demuestre que uno de los supuestos invocados en el acto administrativo no se corresponde con la realidad para declarar la nulidad por falsa motivación, si dicha decisión se encuentra sustentada en otras motivaciones fácticas y j urídicas respecto de las cuales no se ha desvirtuado su presunción de legalidad.

acto administrativo no se corresponde con la realidad para declarar la nulidad por falsa motivación, si dicha decisión se encuentra sustentada en otras motivaciones fácticas y j urídicas respecto de las cuales no se ha desvirtuado su presunción de legalidad. No es cierto que en las consideraciones de los actos que se censuran se refieran a la afectación de humedales como condición para la imposición de la medida preventiva. No son nulos por falsa motivación los actos administrativos a través de los cuales se confirmó y mantuvo de forma definitiva una medida preventiva de prohibición de intervención en forma directa de los cuerpos de agua de las haciendas Providencia y Uruguay, si no se refieren a la afectación de humedales como condición para la imposición de la citada medida preventiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIARadicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida en primera instancia, el 1 9 de junio de 2019, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Cia SCS , en adelante la parte demandante, present aron demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante Corantioquia o la parte

1. Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Carlos Arturo Trujillo Hoyos y Cia SCS , en adelante la parte demandante, present aron demanda contra la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (en adelante Corantioquia o la parte ndemandada), en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

derecho, con las siguientes pretensiones1:

«[…]1 - Que son nulos los artículos 2, 3, 4 y 5 de la Resolución 7624 de abril 15 de 2005 de Corantioquia y que es nula la Resolución 7907 de septiembre 21 de 2005 de Corantioquia por cuanto confirma la Resolución 7624 de abril 15 de 2.005 (sic) de Corantioquia.

2Que como consecuencia de la declaración de nulidad se restablezca en su derecho a Carlos Arturo Trujillo Hoyos y a Carlos Arturo Trujillo y C ía S.C.S a que las aguas de escorrentía que pasan por su predio continúen su curso natural hacia los predios de abajo, y a que los cursos de agua que pasan por su predio continúen su caída natural por los predios de abajo.

3Que como consecuencia de la declaración de nulidad paguen a los demandantes los daños materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales ocasionados por la obstrucción antrópica que ordenó mantener y ha mantenido Corantioquia.

4.Que se condene a Corantioquia para que pague las costas y agencias en derecho.[…]».

1.2. Actos acusados

2. Los apartes subrayados corresponden a los que se impugnan de la

4.Que se condene a Corantioquia para que pague las costas y agencias en derecho.[…]».

1.2. Actos acusados

2. Los apartes subrayados corresponden a los que se impugnan de la Resolución núm. 7624 de 15 de abril de 2005 2 “[…]Por la cual se resuelve un procedimiento sancionatorio y se adoptan otras decisiones […]” expedida por el

Director General de Corantioquia, que resolvió:

“[…]Artículo 1. Ordenar la Cesación del Procedimiento Sancionatorio iniciado mediante resolución 130PZ 495 del 29 de abril de 2004 contra el señor Carlos

1 Folio 141 del Cuaderno número 1. 2 Folios 12 a 22 ibidem.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

3 Arturo Trujillo identificado con cédula de ciudadanía 8.280.009. Y en consecuencia archívese el trámite.

Artículo 2 . Confirmar y mantener en forma definitiva la medida preventiva ordenada en la resolución 130PZ -763 del 29 de abril de 2004, en especial la prohibición de intervenir en forma directa los cuerpos de agua de los bajos, pantanos y humedales de las haciendas Providencia y Uruguay.

Parágrafo. Cualquier intervención sobre los cuerpos de agua deberá ser informada y documentada en esta Corporación para su respectiva evaluación y

pantanos y humedales de las haciendas Providencia y Uruguay.

Parágrafo. Cualquier intervención sobre los cuerpos de agua deberá ser informada y documentada en esta Corporación para su respectiva evaluación y autorización cuando a ello haya lugar.

Artículo 3. Si el señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos decide llevar a cabo obras de drenaje, deberá allegar previamente a esta corporación la información relacionada con las obras a construir con sus respectivos diseños, planos y memorias de cálculo.

Parágrafo. Para definir el trazado y localización exacta del canal, deberá aportar su diseño hidráulico, las cotas de captación y descarga, el diseño de compuertas, su mecánica de operación, las cotas mínimas y máximas del río Cauca para abrir y cerrar respectivamen te dichas compuertas y demás obras complementarias.

Artículo 4 . Las obras de drenaje a que hace referencia el artículo 3 de esta resolución podrán ser las siguientes: a) Un drenaje transversal a la llanura de inundación a lo largo del Jarillón hasta su entrega al río Cauca. b) Un canal a través de la hacienda La Judea por el sector conocido como Gramalotes que descargue las aguas al río Cauca.

Artículo 5 . Deberá conformarse un comité veedor de la zona con la participación de la administración municipal de Nechi, Personería y miembros de la comunidad del corregimiento de Colorado. Dicho comité se encargará de vigilar el comportamiento hidráulico de las fue ntes hídricas y zonas de humedales en general, así como de garantizar que los proyectos desarrollados no comprometan el equilibrio ambiental de la región. En caso de que éstos

vigilar el comportamiento hidráulico de las fue ntes hídricas y zonas de humedales en general, así como de garantizar que los proyectos desarrollados no comprometan el equilibrio ambiental de la región. En caso de que éstos involucren la operación de canales y compuertas se deberá garantizar igualmente dicho equilibrio.

Artículo 6 . Notificar esta resolución al Apoderado Especial del señor Carlos Arturo Trujillo, al Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Colorado, al Alcalde y a la Personería del municipio de Nechi, a la Procuraduría Agraria y, Ambiental de Antioquia, a la Unidad Especial de Delitos contra el Medio Ambiente de la Fiscalía General de la Nación

Artículo 7. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Director General dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

Artículo 8 . Esta resolución se publicará en el Boletín de la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. […]”.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4

3. Resolución núm. 7907 de 21 de septiembre de 2005 3 «[…]Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución 7624 de abril 15 de 2005[…]» expedida por el Director General de Corantioquia que dispuso:

resuelve el recurso de reposición presentado contra la Resolución 7624 de abril 15 de 2005[…]» expedida por el Director General de Corantioquia que dispuso:

“[…]Artículo 1. Confirmar el artículo 2 de la resolución 7624 del 15 de abril de 2005.

Artículo 2. Las demás disposiciones contenidas en la resolución 7624 del 15 de abril de 2005 no se modifican y en consecuencia conservan su vigencia.

Artículo 3 . Notificar esta resolución al señor Carlos Arturo Trujillo Hoyos a través de su Apoderado Especial el señor Gilberto Gómez Jaramillo, al Presidente de la Junta de Acción Comunal del corregimiento de Colorado, al Alcalde y a la Personería del municipio de Nechí, a la Procuraduría Agraria y Ambiental de Antioquia y a la Unidad Especial para los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.

Artículo 4 . Contra esta resolución no procede ningún recurso en sede administrativa[…].”

1.3. Presupuestos fácticos

4. La parte demandante señaló que:

5. Carlos Arturo Trujillo Hoyos y la sociedad Carlos Arturo Trujillo y CIA S .C.S son propietarios del predio -Hacienda Providencia o Ginebra - ubicado en el Municipio de Nechi (Antioquia).

6. Por el predio de su propiedad discurre un c auce natural de agua , denominado Caño Barro, que nace en la laguna de Margento y recibe las aguas de escorrentía de la Hacienda Provincia o Ginebra, de las Colinas del Terciario, del Caño Cascajo y muere en la Ciénaga de Ayapel.

escorrentía de la Hacienda Provincia o Ginebra, de las Colinas del Terciario, del Caño Cascajo y muere en la Ciénaga de Ayapel.

7. Aseveró que e l curso del agua -Caño Barrofue obstruido , desde tiempo atrás, en forma antrópica en dos puntos ubicados entre las Haciendas La Providencia y Uruguay, y en otros puntos a lo largo de su cauce, aguas arriba, bajo la ejecución de obras que no contaron con permisos o estudios previos de impacto ambiental.

3 Folios 4 a 11 ibidem.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

5

8. Afirmó que las obstrucciones al Caño Barro han impedido el flujo natural de las aguas, ocasionando inundaciones y perjuicios económicos en el suelo, la tierra y en los sembrados que ha intentado establecer la Hacienda La Providencia, aspecto que ha sido tolerado por Corantioquia.

9. Informó que con el propósito de restablecer el curso natural de las aguas, se emprendieron acciones dirigidas al destaponamiento de Caño Barro. Sin embargo, dichas intervenciones fueron suspendidas por la mencionada autoridad ambiental, mediante la expedición de las Resoluciones 7624 del 15 de abril de 2005 y 7907 del 21 de septiembre de 2005.

1.4. Concepto de la violación

mediante la expedición de las Resoluciones 7624 del 15 de abril de 2005 y 7907 del 21 de septiembre de 2005.

1.4. Concepto de la violación

10. La parte demandante invocó como vulnerad os los artículos 891 del Código Civil; 123, 124, 126 y 127 del Decreto Ley 2811 de 1974; 184, 186, 188, 190 a 192, 195, 196, 204, 206, 207 del Decreto Reglamentario 1541 de 1978; y 8 del Decreto 1768 de 1994.

1.4.1. Infracción de las normas en que debieron fundarse

11. La parte demandante sustentó el concepto de la violación así:

12. Adujo que se desconoció el artículo 891 del Código Civil porque Corantioquia impidió que se ejecutaran obras de destaponamiento que se construyeron y estorban a la servidumbre natural establecida por la ley en su predio respecto del

Caño Barro.

13. Sostuvo que las obras que taponaron el cauce del Caño Barro debieron ser objeto de pronunciamiento por parte de la mencionada autoridad ambiental, como lo ordenan los artículos 123 y 124 del Decreto Ley 2811 de 1974, sin que medie decisión al respecto.

14. Aseveró que tampoco obra aprobación de planos que haya autorizado obra hidráulica para evitar inundaciones, lo cual desconocía el artículo 126 ibidem.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

hidráulica para evitar inundaciones, lo cual desconocía el artículo 126 ibidem.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6

15. Estimó que la parte demandada tenía el deber de destruir obras hidráulicas como la que tapona el Caño Barro, pues en épocas de crecientes genera daños inminentes en los predios Ginebra o Providencia, sin que haya procedido de tal forma en abierta infracción del artículo 127 ibidem.

16. Afirmó que Corantioquia tampoco exigió registro de planos y memorias de hidrología, metereología y adecuación de tierras para el taponamiento efectuado en el Caño Barro, ni estudio de impacto ambiental, ni diseños finales de ingeniería, memorias técnicas y descriptivas o planes de operación , ni estudio ecológico en desatención de los artículos 184, 186, 190, 196, 204 y 207 del Decreto 1541 de

1978.

17. Aseguró que Corantioquia permitió la ocupación de cauces o lechos como el del Caño Barro infringiendo el artículo 191 ibidem.

18. Manifestó que también violó lo dispuesto en el artículo 192 ibidem, que exige garantía sobre posibles perjuicios generados por proyectos de construcción de diques, presas, pasos de vías, toda vez que el taponamiento del Caño Barro ocasionó perjuicios sin la aludida garantía.

garantía sobre posibles perjuicios generados por proyectos de construcción de diques, presas, pasos de vías, toda vez que el taponamiento del Caño Barro ocasionó perjuicios sin la aludida garantía.

1.4.2. Desconocimiento del derecho de audiencia y defensa

19. Señaló que las medidas preventivas confirmadas por las resoluciones atacadas eran objeto del recurso de apelación, pues se concedía en el efecto devolutivo, pero Coran tioquia no dio la oportunidad de presentarlo en desconocimiento del artículo 8 del Decreto 1768 de 1994, permitiendo solo la reposición.

20. Destacó que esa norma fue derogada el 21 de abril de 2005, al expedirse el Decreto 1220, de modo que procedía el anotado recurso porque la medida es del 15 de abril de 2005

1.4.3. Falsa motivación

21. Indicó que los actos atacados se basaron en el incumplimiento de normas ambientales lo que no se corresponde con la realidad, dado que el único queRadicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

7 inobservó las disposiciones ambientales fue Corantioquia de la manera detallada en el cargo de vulneración de normas superiores por omisión.

22. Adujo que se invocó la afectación de un humedal y la intención de afectar otras cuencas cuando lo que pretendía era restituir la cuenca a su estado natural.

en el cargo de vulneración de normas superiores por omisión.

22. Adujo que se invocó la afectación de un humedal y la intención de afectar otras cuencas cuando lo que pretendía era restituir la cuenca a su estado natural.

23. Agregó que Corantioquia basa sus consideraciones en técnicas falsas y que la «finca Providencia o Ginebra, por donde pasa Caño Barro, hace parte de la denominada Falla de la Mojana, relacionada con la depresión Momposina, por lo que sus tierras y suelos están en cotas sobre el nivel del mar inferiores a las cotas que existen sobre la margen izquierda del río Cauca, lo que naturalmente obliga a que sus aguas de escorrentía o de desbordamientos desciendan naturalmente a través de ella buscando Caño Barro y lu ego las ciénagas de San Lorenzo, Ayapel y el río San Jorge, nunca el río Cauca»4.

II. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

24. Corantioquia contestó la demanda y se opuso a las pretensiones

formuladas, así:

25. Adujo que d urante el transcurso del trámite administrativo adelantado en contra del actor, se evidenció la vulneración del Decreto 2811 de 1974 y la Ley 99 de 1993, como quiera que construyó sin permiso de la autoridad ambiental unos canales de drenaje -terraplenes, jarillonesy adecuó un tramo carreteable, con la finalidad de represar los drenajes naturales de l Caño Barro que pasan por su propiedad, causando un grave daño ambiental por la destrucción de la vegetación protectora, los cuales se colapsan en los periodos de invierno y ante la fuerte

finalidad de represar los drenajes naturales de l Caño Barro que pasan por su propiedad, causando un grave daño ambiental por la destrucción de la vegetación protectora, los cuales se colapsan en los periodos de invierno y ante la fuerte presión del agua inunda los predios aledaños , todo lo cual consta en el informe técnico 130PZ-1655 del 2 de abril de 2004.

26. Cuestionó la veracidad de la presunta conducta omisiva frente a la construcción de obstrucciones a Caño Barro en la Hacienda Providencia de propiedad del demandante. Solicitó se tengan en cuenta las pruebas que se practicaron dentro de la acción popular que interpuso el actor y que se adelanta

4 Folio 147 del Cuaderno número 1.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

8 ante el Juzgado 8 Administrativo del Circuito de Medellín, ra dicado 2005-5839, en las que se evidencia, con base en el mapa del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que el Caño Barro no presenta ninguna obstrucción previa y que corresponde a un sistema independiente sin conexión hidráulica con el Río Cauca.

27. Aseguró que la obstrucción del Caño Barro fue realizada por el demandante sin ninguna consideración técnica y ambiental, esto es, sin la solicitud de la licencia ambiental o permiso de ocupación de cau ce y aprovechamiento forestal , lo que

27. Aseguró que la obstrucción del Caño Barro fue realizada por el demandante sin ninguna consideración técnica y ambiental, esto es, sin la solicitud de la licencia ambiental o permiso de ocupación de cau ce y aprovechamiento forestal , lo que generó gran cantidad de sedimentos a los cuerpos de agua que interrumpen y obstruyen los drenajes naturales de l Caño Barro y pone en grave riesgo de inundaciones a los pobladores de las zonas vecinas quienes ya han solicitado medidas de protección ante la Personería y la Alcaldía del Municipio de Nechi.

28. Los hallazgos advertidos por los funcionarios de Corantioquia fueron cultivos de arroz, construcción de canales de drenaje, trasvase de la cuenca de drenaje del río Cauca a la cuenca del Caño Barro, intervenciones directas sobre los cuerpos de agua de los bajos de los pantanos y humedale s, todo lo cual redundó en la vulneración de los artículos 1, 86, 89, 102, 105, 123, 124, 132 y 180 de l Decreto Ley 2811 de 1974; 8, 28, 29, 30, 32, 104, 183, 184, 186, 191, 196, 201 y 206 del Decreto 1541 de 1994 (Sic) y en la inobservancia de los requerimientos efectuados mediante oficios 130PZ -871 del 24 de noviembre de 2003 y del informe técnico

130PZ-1539.

29. Añadió que para el caso no podría hablarse de servidumbre y por ende tampoco de vulneración del artículo 891 del Código Civil porque se trata de zonas ambientalmente protegidas por la ley.

130PZ-1539.

29. Añadió que para el caso no podría hablarse de servidumbre y por ende tampoco de vulneración del artículo 891 del Código Civil porque se trata de zonas ambientalmente protegidas por la ley.

30. Como excepción propuso la de falta de causa para pedir, al precisar que los actos administrativos acusad os fueron expedidos en aras de la protección del medio ambiente y los recursos naturales que fueron afectados por la intervención arbitraria del demandante a zonas protegidas como humedales, pantanos, caños y ciénagas, para su real provecho económico, principalmente para la siembra de arroz.

III. SENTENCIA PROFERIDA EN PRIMERA INSTANCIARadicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9

31. El Tribunal Administrativo de Antioquia , mediante sentencia del 19 de

junio de 20195, resolvió:

“[…]PRIMERO: SE DENIEGAN las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN CONDENA EN COSTAS en esta instancia[…]”.

32. Frente al presunto desconocimiento del derecho de audiencia y defensa al no haber concedido el recurso de apelación cuando Corantioquia adoptó la medida preventiva, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que remite al procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, aplicable para la

no haber concedido el recurso de apelación cuando Corantioquia adoptó la medida preventiva, trajo a colación lo dispuesto en el artículo 85 de la Ley 99 de 1993 que remite al procedimiento previsto en el Decreto 1594 de 1984, aplicable para la adopción de medidas preventivas y la imposición de sanciones, a efectos de indicar que de acuerdo su artículo 187 contra esas decisiones no procede recurso alguno.

33. Expresó que pese a lo anterior, Corantioquia desató el recurso de reposición que se presentó contra la Resolución 130 PZ 763 del 29 de abril de 2004, expidiendo la Resolución 130 PZ 778 del 27 de mayo de 2004, en el sentido de confirmarla.

34. Ahora, sobre la procedencia del recurso de apelación contra las medidas preventivas que se mantuvieron de forma definitiva a través de la Resolución 7624 del 15 de abril de 2005, precisó que el inciso 4 del articulo 8 del Decreto 1768 de 1994 no resultaba aplicable pues el acto acusado lo que resolvió fue un procedimiento sancionatorio, mientras que la citada normativa está referida al otorgamiento de licencias ambientales.

35. Entendió que no se presentaba la violación que enrostraban los demandantes pues al haberle sido concedido el recurso de reposición contra la decisión que adoptó la medida preventiva, aun siendo improcedente, se garantizaron los derechos de audiencia y defensa.

36. Sobre el cargo de vulneración de normas superiores, enfatizó que el examen de legalidad se predica de la medida preventiva adoptada como definitiva en los

garantizaron los derechos de audiencia y defensa.

36. Sobre el cargo de vulneración de normas superiores, enfatizó que el examen de legalidad se predica de la medida preventiva adoptada como definitiva en los

5 Folios 115 a 131 del Cuaderno número 3.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

10 actos que se impugnan como consecuencia de la destrucción de un terraplén por parte del accionante sin la autorización pertinente , obra que había sido dispuesta para la defensa de predios asentados en la zona de influencia del Río Cauca y que al haber sido modificada por el demandante ocasionó inundaciones y afectaciones del suelo y del paisaje de todo lo cual dan cuenta los informes técnicos 130 PZ 1539 del 18 de noviembre de 2003 y el 130 PZ 1655 del 29 de abril de 2004.

37. Siendo ello así, el Tribunal destacó que, al margen de la comprobación de la problemática que acarrean las intervenciones antrópicas a las que alude el actor, lo cierto es que los hechos por los cuales se impuso la medida preventiva cuya validez se discute en el proceso no fueron desvirtuados en el plenario, en la medida que se tiene probado que la intervención directa sobre los terraplenes y jarillones fueron e jecutadas si n que mediara estudio técnico alguno y sin que hubiese obtenido los permisos pertinentes por parte de la autoridad ambiental, conforme lo

que se tiene probado que la intervención directa sobre los terraplenes y jarillones fueron e jecutadas si n que mediara estudio técnico alguno y sin que hubiese obtenido los permisos pertinentes por parte de la autoridad ambiental, conforme lo ordenan los artículos 102, 132 y 123 del Decreto Ley 2811 de 1974, artículos 1, 93 y 104 del Decreto 1541 de 1978 y parcialmente la Ley 23 de 1973.

38. Enfatizó en que los supuestos fácticos que respaldan la medida preventiva no fueron controvertidos por la parte actora, en tanto que todo su esfuerzo jurídico y probatorio se inclinó a demostrar que la accionada permitió de tiempo atrás, intervenciones antrópicas aguas arriba de sus predios y que son las responsables de las inundaciones en las zonas rivereñas del Municipio de Nechí, y que por ende, lo que buscaba a través de la intervención de los jarillones era volver las aguas a su cauce natural y poder utilizar los terrenos drenado como áreas de cultivo.

39. Como resultado de lo dicho, concluyó en la improcedencia de la pretensión de restablecimiento del derecho consistente en permitir el restablecimiento del curso natural de las aguas de escorrentía que pasan por su predio y el reconocimiento da daños materiales y morales ocasionados por la obstrucción antrópica que Corantioquia ordenó mantener.

40. Consideró lo mismo en lo atinente al cargo de falsa motivación, como quiera que aun cuando la prueba pericial es demostrativa de que no se encontró ningún cuerpo de agua calificado como humedal, ello no avala ba al demandante a

40. Consideró lo mismo en lo atinente al cargo de falsa motivación, como quiera que aun cuando la prueba pericial es demostrativa de que no se encontró ningún cuerpo de agua calificado como humedal, ello no avala ba al demandante a destaponar el Caño Barro s in los permisos de la autoridad ambiental y s in los soportes técnicos que evaluaran las implicaciones de su intervención.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

11

IV. RECURSO DE APELACIÓN

41. La parte demandante interpuso y sustentó, oportunamente, recurso de apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, discutiendo todos los argumentos desarrollados para resolver los cargos.

42. En lo que concierne al de vulneración del derecho de audiencia y defensa, para el memorialista el a quo erró al desatarlo aplicando el artículo 187 del Decreto 1594 de 1984, pues no fue ese el precepto invocado como trasgredido. La normativa que se adujo como infringida fue el artículo 8 del Decreto 1768 de 1994, para afirmar que los actos administrativos expedidos por las corporaciones autónomas regionales eran objeto de recurso s y que el superior jerárquico para el momento de expedición de los actos que se censuran era el Ministerio de Ambiente.

Indicaba además que frente los actos de medidas preventivas al igual que los sancionatorios, procedía el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

momento de expedición de los actos que se censuran era el Ministerio de Ambiente. Indicaba además que frente los actos de medidas preventivas al igual que los sancionatorios, procedía el recurso de apelación en el efecto devolutivo.

43. En esa medida, siendo el Decreto 1768 de 1994 una norma posterior y especial, debió aplicarse y concederse la apelación en el efecto devolutivo contra el acto que impuso la medida preventiva al demandante. Si la norma indicara que el recurso se decide y no se concede, se entendería que el procedente es el de reposición y no el de apelación.

44. Sobre este mismo punto acotó que no era cierto que el artículo 8 del citado decreto se refiera únicamente a actos que otorguen o nieguen licencias ambientales, pues como quedó explicado previamente también se refiere a otro tipo de actuaciones de las corporaciones.

45. En lo que hace a la «legitimidad del actor para “destaponar” el Caño s in necesidad de permiso» 6, expresó que no era cierto que el orden jurídico exigiera permiso alguno para destaponar un caño. Cuestión distinta es que se haya motivado falsamente el acto para indicar que se había intervenido un humedal, o un pantano, cuando, como se demostró, no existían tales cuerpos de agua.

6 Folio 137 del Cuaderno número 3.Radicado número: 05001 23 31 000 2006 01956 02

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Carlos Arturo Trujillo y Cía SCS y Otro

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

12

46. Reseñó los artículos 102, 132 y 123 del Decreto Ley 2811 de 1974; 1, 93 y 104 del Decreto 1541 de 1978 y la Ley 23 de 1973 para resaltar que su contenido refiere a los permisos para ocupación de cauces, construcción de obras que modifiquen, rectifiquen u o cupen el cauce de una corriente o depósito de agua; mientras que las acciones reprochadas por la autoridad ambiental no iban encaminadas a eso sino a destaponar un caño para que fueran sus aguas las que ocuparan el cauce natural y discurrieran con normalid ad. Apoyó su aserto en los dictámenes allegados por la Universidad Nacional y los testimonios de expertos

como Lilian del Socorro Posada García.

47. Aseguró que la irregularidad se ve reflejada en la obstrucción del caño , actuación que sí se halla consagrada como infracción ambiental en las normas antes citadas y respecto de las cuales sí se exigen permisos y estudios.

48. Rebatió la afirmación de que careciera de estudios técnicos en tanto que sí lo presentó, lo