CE - Sentencia 05001233300020250124301 de 2025

Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

Accionante: Asmet Salud EPS S.A.S.

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá, D.C., veintiuno (21) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

Accionante: ASMET SALUD EPS S.A.S.

Accionado: JUZGADO DIECISIETE ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE

MEDELLÍN

Tesis: La acción de tutela es improcedente cuando el proceso en el que se profirió la providencia cuestionada se encuentra en curso, y no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra del fallo de tutela proferido el 2 de octubre de 2025 por la Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que negó la solicitud de amparo.

1. SÍNTESIS DEL CASO

Asmet Salud EPS S.A.S., actuando por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, y

1. SÍNTESIS DEL CASO

Asmet Salud EPS S.A.S., actuando por conducto de apoderado, interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, y para ello formuló las siguientes pretensiones1:

«[…] PRIMERA: Solicito al Despacho amparar los derechos fundamentales de Asmet Salud EPS, los cuales se encuentran vulnerados por la Corporación Judicial accionada con el decreto probatorio pericial realizado en audiencia inicial del 23 de julio del 2025, dentro del pr oceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado 05001333301720230016500.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior declaración, solicito se declare la nulidad de la prueba pericial decretada de oficio por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín consistente en la realización del dictamen de pérdida de capacidad la boral al

1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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señor Francisco Humberto Serna Márquez […]» (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

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señor Francisco Humberto Serna Márquez […]» (Mayúsculas y negrillas originales del escrito de tutela).

2. SITUACIÓN FÁCTICA

La parte accionante informó que el 5 de febrero de 2025 se le notificó el auto nro. 075 del 4 de febrero de 2025, proferido por el Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín , mediante el cual se dispuso la vinculación de Asmet Salud EPS al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado nro. 05001 33 33 017 2023 00165 00, promovido por el señor Francisco Humberto Serna Márquez en contra del departamento de Antioquia.

Manifestó que la decisión de vincularlo al mencionado proceso se fundamentó en la consideración del juez, relacionada con la calificación de la pérdida de capacidad laboral del señor Serna Márquez.

Señaló que el 19 de marzo del 2025 presentó contestación de la demanda argumentando la inexistencia de la obligación de la entidad de realizar la calificación de pérdida de capacidad laboral mencionada, así como la inexistencia de actos administrativos proferidos por la EPS de los cuales se pretende la declaratoria de nulidad.

Continuó relatando que el 23 de julio de 2025 se llevó a cabo la audiencia inicial en la que se fijó el objeto del litigio , se resolvi eron las solicitudes probatorias presentadas por las partes y, de manera oficiosa, el juzgado de conocimiento decretó la siguiente prueba pericial «(…) se nombr a a la Junta Regional de

la que se fijó el objeto del litigio , se resolvi eron las solicitudes probatorias presentadas por las partes y, de manera oficiosa, el juzgado de conocimiento decretó la siguiente prueba pericial «(…) se nombr a a la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia para que realice dictamen de pérdida de capacidad laboral al señor FRANCISCO HUMBERTO SERNA MÁRQUEZ (…), en el mismo se deberá indicar el origen de la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de la misma. A la entidad se remitirá copia de la histor ia clínica aportada al plenario. El Juzgado notificará sobre la designación y fijará los gastos provisionales (…)»2.

Indicó que, por auto del 9 de septiembre de 2025, el juzgado en cuestión fijó los gastos periciales en un (1) salario mínimo legal mensual vigente, monto que debía ser pagado proporcionalmente por los sujetos procesales a la Junta Regional de Calificación de Invalidez.

Sostuvo que «(…) la decisión del Juzgado de decretar la prueba de oficio, mediante auto proferido en audiencia virtual el 23 de julio del 2025, consistente en la realización del dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral del señor Francisco Humberto Serna, vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la defensa y la administración de justicia de Asmet Salud EPS debido a que el objeto de litigio en el presente asunto estaba centrado en determinar si mi representada era o no responsable de la calificación de p érdida de capacidad laboral del demandante, siendo que con el decreto de la prueba de oficio se desdibuja la

de litigio en el presente asunto estaba centrado en determinar si mi representada era o no responsable de la calificación de p érdida de capacidad laboral del demandante, siendo que con el decreto de la prueba de oficio se desdibuja la finalidad del litigio, pues lo que busca el demandante en el presente asunto es determinar qué entidad es la responsable, además de la declaratoria de nulidad de los actos administrativos demandados y su posterior restablecimiento del derecho

2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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a través del reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, en caso de que sean declarados nulos (…)»3.

Agregó que «(…) el decreto de la prueba no debió haberse ordenado oficiosamente pues provoca una aceptación anticipada a las pretensiones del demandante, ya que el Juez de Conocimiento debió analizar en primer lugar las pruebas obrantes en el proceso y las disposiciones normativas, a fin de determinar si era o no procedente que alguna de las entidades demandadas realizara el dictamen de pérdida de capacidad laboral pretendido. De igual manera, teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales señaladas por la Corte Constitucional sobre la procedencia y pertinencia del decreto de pruebas de oficio por parte del Juzgador (…)»4.

capacidad laboral pretendido. De igual manera, teniendo en cuenta las reglas jurisprudenciales señaladas por la Corte Constitucional sobre la procedencia y pertinencia del decreto de pruebas de oficio por parte del Juzgador (…)»4.

En el acápite del escrito de tutela denominado “ FUNDAMENTOS DE DERECHO” expuso que su solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de providencias judiciales, comoquiera que (i) el asunto bajo estudio es de relevancia constitucional al involucrar la afectación de los derechos fundamentales al debido proceso y a la recta administración de justicia ; (ii) contra la decisión acusada, esto es el decreto de la prueba de manera oficiosa, no procede recurso alguno conforme lo dispuesto en el numeral 9 del artículo 243A del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo; (iii) la providencia acusada fue proferida el 23 de julio del 2025 y la presente acción de tutela se interpuso el 22 de septiembre de 2025 ; (iv) identificó los hechos que , bajo su consideración, generan la vulneración de los derechos fundamentales invocados; y (v) no se trata de tutela contra tutela.

En cuanto a las causales específicas de procedencia , alegó que la providencia acusada incurrió en (i) defecto procedimental absoluto; (ii) decisión sin motivación; (iii) desconocimiento del precedente y (iv) violación directa de la Constitución Política.

Frente al defecto procedimental absoluto aseveró que «(…) el Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín actuó al margen del procedimiento

(iii) desconocimiento del precedente y (iv) violación directa de la Constitución Política.

Frente al defecto procedimental absoluto aseveró que «(…) el Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín actuó al margen del procedimiento establecido en la norma para decretar una prueba de oficio (…)»5.

Al efecto, citó el artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 y el 169 del Código General del Proceso y adujo que «(…) la prueba de oficio se decreta cuando existe la necesidad de esclarecer hechos que resultan oscuros para el Juez, es decir, cuando de las pruebas obrantes en el proceso no se logre tener certeza sobre los hechos que se describen . No obstante, para el presente proceso el debate central no se centra en el origen de la enfermedad, el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral o en la fecha de estructuración si no que, en cambio, se centra sobre la procedencia y determinación de la entidad encar gada de la re alización de la calificación de pérdida de capacidad laboral, siendo que para realizar dicho análisis se requiere revisar la documentación aportada en el proceso, así como las que sean allegadas por la entidad territorial en las pruebas documentales decret a de oficio, con el fin de determinar aspectos que no exigen una prueba de mayor rigor como lo es el caso del dictamen pericial. Por ende, ante la inexistencia de puntos oscuros o que generen duda al Juzgador en el presente asunto, se evidencia que la utilización

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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4

3 Ibidem. 4 Ibidem. 5 Ibidem.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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de la prueba de oficio consistente el dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral resulta en la materialización de un defecto procedimental absoluto (…)»6.

Respecto a la decisión sin motivación, anotó que «(…) la decisión del Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín de decretar la prueba de oficio consistente en la práctica del dictamen pericial de pérdida de capacidad laboral del señor Francisco Humberto Serna, a través del auto proferido en audiencia inicial del 23 de julio del 2025, resulta violatoria de los derechos fundamentales de Asmet Salud EPS pues dicha decisión no se encuentra debidamente motivada en el sentido de que no fue argumentado por el Juez de Conocimiento la razón o finalidad del decreto de la prueba pericial, generando una inseguridad jurídica para las partes y vulnerando, además, los derechos a la defensa y correcta administración de justicia que son parte integral del derecho al debido proceso (…)»7.

Sobre el desconocimiento del precedente, aseguró que la providencia cuestionada desconoce las reglas establecidas en las sentencias T -264 de 2009 y T -615 de 2019, proferidas por la Corte Constitucional, y en la sentencia del 2 de mayo de 2011 dictada por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado en el

2019, proferidas por la Corte Constitucional, y en la sentencia del 2 de mayo de 2011 dictada por la Subsección A, Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso identificado con el radicado nro. 11001 03 15 000 2011 00388 00, referentes a las facultades del juez para decretar pruebas de oficio, siempre que existan vacíos o zonas oscuras que generen controversia en el proceso y requieran ser esclarecidas, lo cual, según estima, no ocurre en el caso concreto.

Precisó que «(…) el juez contaba con la posibilidad de apoyarse en los elementos probatorios ya incorporados al proceso, pues el objeto de la litis se circunscribe a establecer si las entidades demandadas, o alguna de ellas, deben efectuar la calificación de la pérdida de la capacidad laboral del demandante. La materialización de dicha calificación depende de la decisión final que adopte el juez luego de valorar integralmente el caso. Por tanto, el decreto probatorio anticipado desconoce las reglas jurisprudenciales que regulan esta facultad y, en consecuencia, configura una vulneración al debido proceso (…)»8.

Finalmente, en cuanto a la violación directa de la Constitución Política , argumentó que se encuentra configurado dicho defecto por el desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y a la administración de justicia al haberse emitido una decisión que, según considera, desconoce el ordenamiento jurídico.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de septiembre de 20259 y correspondió por reparto

jurídico.

3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA

Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:

3.1. La tutela fue radicada el 22 de septiembre de 20259 y correspondió por reparto al Tribunal Administrativo de Antioquia que, por auto del 24 de septiembre de 202510

6 Ibidem. 7 Ibidem. 8 Ibidem. 9 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00. 10 Visto en el índice 5 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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la admitió y dispuso notificar 11 al Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, como parte accionada; así como vincular 12 al señor Francisco Humberto Serna Márquez, al departamento de Antioquia y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG), como terceros interesados en el resultado del proceso.

3.2. El titular del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín rindió informe13 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la parte accionante.

Expuso que «(…) si bien es cierto, una de las pretensiones formuladas por el

informe13 en el que solicitó que se nieguen las pretensiones de la parte accionante.

Expuso que «(…) si bien es cierto, una de las pretensiones formuladas por el demandante está encaminada a que se declare la nulidad del acto administrativo que negó la valoración de pérdida de capacidad laboral, el fondo del asunto es determinar si el actor resulta be neficiario o no de una pensión de invalidez con ocasión de la enfermedad padecida al momento de la desvinculación con el Departamento de Antioquia, entidad a la que prestaba sus servicios como docente (…)».

En ese sentido, explicó que «(…) la prueba decretada y que es objeto de la presente acción de tutela resulta útil y necesaria, toda vez que, al momento de emitir fallo, esta instancia judicial requiere del dictamen pericial sobre la pérdida de capacidad laboral para poder resolver la soli citud de reconocimiento. De lo contrario, el Juzgado se vería en la obligación de abstenerse de pronunciarse sobre el fondo del asunto debatido en el proceso, que en si es el reconocimiento de la pensión de invalidez (…)».

Resaltó que «(…) en disenso con lo señalado por la EPS accionante, el decreto de la prueba de oficio que es objeto de reclamo no constituye una aceptación de las pretensiones de la demanda. Como se indicó previamente, la calificación de pérdida de capacidad laboral constituye un medio de prueba necesario para determinar si el actor cumple con algunos de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, tales como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructura ción. Todo ello, sin perjuicio de que también deban analizarse otros requisitos legales, como el tiempo de cotización, entre otros (…)».

pensión de invalidez, tales como el porcentaje de pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructura ción. Todo ello, sin perjuicio de que también deban analizarse otros requisitos legales, como el tiempo de cotización, entre otros (…)».

3.3. La oficina asesora Jurídica del Ministerio de Educación Nacional allegó escrito14 en el que manifestó que el auto admisorio de la acción de tutela no dispuso la vinculación de dicha entidad al presente trámite tutelar, sin embargo, fueron notificados. Por ello, solicitaron que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del Ministerio de Educación Nacional.

3.4. El señor Francisco Humberto Serna Márquez guardó silencio.

11 Esta orden se cumplió el 24 de septiembre de 2025. Visto en los índices 8 y 9 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00. 12 Ibidem. 13 Visto en l os índices 10 y 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00. 14 Visto en los índices 12 y 13 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala Sexta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en sentencia del 2 de octubre de 202515 resolvió lo siguiente:

[…] PRIMERO. NEGAR el amparo constitucional a los derechos fundamentales al debido proceso, administración de justicia y defensa invocados como amenazados por ASMET SALUD EPS S.A.S ; de conformidad con las consideraciones esbozadas en esta providencia.

SEGUNDO: NO DAR TRÁMITE a la solicitud allegada por el Ministerio de Educación Nacional, por lo expuesto en precedencia […]. (Mayúsculas y negrillas originales de la providencia).

Para ello, inicialmente hizo referencia a l artículo 213 de la Ley 1437 de 2011 y señaló que la ley permite al juez decretar pruebas de oficio junto con las solicitadas por las partes para esclarecer la verdad , respetando las oportunidades de postulación probatorias que prevé el ordenamiento procesal para las partes y todos los presupuestos de las pruebas en primera y segunda instancia, de conformidad con el artículo 212 de la Ley 1437 de 2011.

En ese sentido, explicó que las pruebas de oficio pueden ser decretadas: i) en la audiencia inicial, siempre que las partes hayan solicitado pruebas; ii) en segunda instancia, cuando procedan las pedidas por l os sujetos procesales; y iii) mediante auto de mejor proveer, una vez presentados los alegatos de conclusión y antes de dictar sentencia.

audiencia inicial, siempre que las partes hayan solicitado pruebas; ii) en segunda instancia, cuando procedan las pedidas por l os sujetos procesales; y iii) mediante auto de mejor proveer, una vez presentados los alegatos de conclusión y antes de dictar sentencia.

Anotó que la Corte Constitucional ha respaldado la legitimidad de las pruebas de oficio, debido a que la búsqueda de la verdad es un deber judicial esencial para garantizar decisiones justas. Además, ha considerado que el principio del onus probandi no es irrazonable ni desproporcionado, ya que responde a fines constitucionales legítimos.

Al efecto, expuso que, tal como lo ha indicado la Corte Constitucional, las facultades oficiosas del juez materializan el mandato del artículo 228 de la Constitución, según el cual en la administración de justicia debe prevalecer el derecho sustancial. Así, el juez puede adoptar un rol activo en el proceso para garantizar decisiones justas y proteger los derechos constitucionales de las personas.

Conforme lo anterior, adujo que «(…) contrario a lo manifestado por la parte actora, [esta Corporación] considera que con la decisión probatoria debatida, no se ha vulnerado derecho fundamental alguno, toda vez que, como bien lo indica el Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, el dictamen de pérdida de capacidad laboral es el medio probatorio idóneo para determinar si el actor cumple los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión de invalidez, por lo que, al ser decretado en la oportunidad procesal establecida para ello y en aras de adoptar una decisión de fondo, no se considera que, para su decreto la accionada haya incurrido en una actuación irregular o en un defecto procedimental absoluto (…)».

al ser decretado en la oportunidad procesal establecida para ello y en aras de adoptar una decisión de fondo, no se considera que, para su decreto la accionada haya incurrido en una actuación irregular o en un defecto procedimental absoluto (…)».

15 Visto en el índice 15 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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Sostuvo que « (…) el decreto probatorio cuestionado no implica por sí solo una aceptación de las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho como lo pretende la parte accionante, pues será el juez quien, en el momento de proferir la sentencia y al estudiar la totalidad de los medios probatorios arrimados al proceso, determine si las pretensiones de la demanda están llamadas a prosperar (…)».

Arguyó que «(…) esta Sala de Decisión no advierte vulneración o, por lo menos, amenaza a los derechos fundamentales del accionante y, especialmente a sus derechos fundamentales al debido proceso, administración de justicia y defensa por parte del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín (…)».

Por último, frente al pronunciamiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional, consideró que, comoquiera que dicha entidad no fue vinculada al presente

parte del Juzgado Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín (…)».

Por último, frente al pronunciamiento realizado por el Ministerio de Educación Nacional, consideró que, comoquiera que dicha entidad no fue vinculada al presente trámite tutelar, no se tendría en cuenta ni se le impartiría trámite alguno a la manifestación de falta de legitimación en la causa por activa alegada.

5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN

5.1. Inconforme con el fallo de primera instancia, la parte accionante lo impugnó 16 indicando lo siguiente:

[…] III. ARGUMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN:

Respecto de la decisión adoptada por el Juez Constitucional en primera instancia, Asmet Salud EPS no comparte las consideraciones ni la decisión proferida, toda vez que, contrario a lo señalado por el a quo, en el presente asunto sí se configura una vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de Asmet Salud EPS, por parte del Juzgado Diecisiete Administrativo de Medellín.

Lo anterior se sustenta en que, si bien es cierto que el Juez de Conocimiento ostenta la facultad de dirigir el proceso y decretar las pruebas que estime pertinentes en aras de la búsqueda de la verdad procesal, la prueba decretada de oficio mediante auto interlocutorio en audiencia inicial del 23 de julio de 2025, consistente en la práctica de un dictamen pericial sobre la pérdida de capacidad laboral del señor Francisco Humberto Serna, vulnera el derecho al debido proceso. Ello, por cuanto el Juez, antes de decretarla, no valoró adecuadamente los hechos y las pruebas ya obrantes en el proceso,

señor Francisco Humberto Serna, vulnera el derecho al debido proceso. Ello, por cuanto el Juez, antes de decretarla, no valoró adecuadamente los hechos y las pruebas ya obrantes en el proceso, las cuales le permitían determinar si resultaba necesario o no ordenar una nueva prueba para esclarecer el objeto del litigio.

Debe recordarse que la facultad probatoria del Juez no es de carácter discrecional o ilimitado, sino que debe ejercerse conforme a las reglas establecidas en la ley y la jurisprudencia.

(…)

16 Visto en el índice 18 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 05001 23 33 000 2025 01243 00.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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En consecuencia, la autoridad judicial, al momento de decretar la práctica de una prueba, debe analizar con rigor su conducencia, pertinencia y utilidad frente al objeto del litigio, valorando si su decreto resulta necesario y proporcional para el esclarecimiento de la verdad procesal. En efecto, la facultad probatoria del juez no puede ejercerse de manera arbitraria o desproporcionada, pues ello podría implicar una afectación al derecho fundamental al debido proceso de las partes.

(…)

La prueba es fundamental para el proceso, pues permite la reconstrucción de hechos sobre los cuales no existe certeza; por

una afectación al derecho fundamental al debido proceso de las partes.

(…)

La prueba es fundamental para el proceso, pues permite la reconstrucción de hechos sobre los cuales no existe certeza; por tanto, su producción debe ceñirse estrictamente a la normatividad procesal. Asimismo, es aplicable el principio de motivación judicia l: toda decisión debe estar debidamente fundada, de modo que el decreto de pruebas, y con mayor razón cuando se decreta de oficio, requiere una motivación concreta y suficiente.

(…)

Tal y como se indicó anteriormente, antes de decretar cualquier práctica probatoria el Juzgado debe examinar si procede —en abstracto y a la luz de los documentos y pruebas allegados al proceso— tramitar la solicitud de calificación de pérdida de capacidad laboral del señor Francisco Humberto Serna Márquez. Esto es así porque la pretensión principal del asunto consiste, en primera instancia, en obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos alegados; solo en caso de prosperar dicha declaratoria resulta pertinente la calificación de pérdida de capacidad laboral para establecer la cuantía del reconocimiento.

En efecto, el decreto probatorio es un instrumento que debe emplearse cuando exista necesidad real de esclarecer hechos oscuros, es decir, cuando de las pruebas ya obrantes en el expediente no se permita al Juez alcanzar certeza sobre los hechos relevantes . Si de los documentos y demás pruebas aportadas resulta posible dirimir el asunto, el Juez no puede imponer una prueba adicional de oficio sin justificación suficiente.

Resulta entonces claro que el Juez de primera instancia, dentro de la presente acción constitucional, no analizó de manera adecuada el

dirimir el asunto, el Juez no puede imponer una prueba adicional de oficio sin justificación suficiente.

Resulta entonces claro que el Juez de primera instancia, dentro de la presente acción constitucional, no analizó de manera adecuada el planteamiento realizado por Asmet Salud EPS respecto de los requisitos de admisibilidad de la prueba, los cuales debieron surtirse por el Juez Diecisiete Administrativo del Circuito de Medellín, quien previo a realizar el decreto tuvo que establecer otros aspectos como la procedencia de la solicitud, y, con base en ello, decidir si resulta necesario el decreto de la prueba c onsistente en la (sic) dictamen pericial sobre la pérdida de capacidad laboral del señor Francisco Humberto Serna.Radicación: 05001 23 33 000 2025 01243 01

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No obstante, aunque tal argumento fue planteado en la acción constitucional, el a quo no lo analizó de manera explícita ni motivada. Por tanto, se solicita respetuosamente al a quem que revise con detenimiento el rigor valorativo que debió surtirse por parte de la entidad accionada antes de ordenar el decreto probatorio, y que, en consecuencia, adopte las medidas procesales pertinentes si encuentra que existió vulneración del debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de Asmet Salud EP S […]» (Mayúsculas, subrayas y negrillas originales del escrito de impugnación).

encuentra que existió vulneración del debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia de Asmet Salud EP S […]» (Mayúsculas, subrayas y negrillas originales del escrito de impugnación).

5.2. Por auto del 16 de octubre de 2025 se concedió la impugnación 17 y la misma fue asignada a esta Sección por acta de reparto del 17 de octubre de 202518.

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 19, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 201520, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 2021 21, así como con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de 2019 22, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de procesos entre las secciones.

6.2. HECHOS RELEVANTES

En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente23:

6.2.1. El señor Francisco Humberto Serna Márquez, actuando por conducto de