CE - Sentencia 08001233300020139911201 de 2025

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Título
CE - Sentencia 08001233300020139911201 de 2025
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
2025

Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., ocho (8) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Actor: CARBONE RODRÍGUEZ Y CIA. S.C.A. ITALCOL S.C.A.

Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES –

DIAN

Tesis: Son nulos, por haber desaparecido sus fundamentos jurídicos, los actos administrativos por medio de los cuales se formuló liquidación oficial de corrección a una declaración de importación y se resolvió el recurso de reconsideración, si con posterioridad a su expedición fueron anulados los actos que establecían la clasificación arancelaria que aplicaron a la mercancía.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación1 interpuesto por la sociedad Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A., Italcol S.C.A., en contra de la sentencia del 25 de julio de 20142, dictada por el Tribunal Administrativo

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación1 interpuesto por la sociedad Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A., Italcol S.C.A., en contra de la sentencia del 25 de julio de 20142, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, que denegó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

La sociedad Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A., Italcol S.C.A., en adelante ITALCOL, actuando por conducto de apoderado judicial, presentó

1 Páginas 741 a 759 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI - archivo denominado ED_C01_01

OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48

Enlace el proceso https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201399112011 100103 2 Páginas 724 a 735 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI - archivo denominado ED_C01_01 OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2 demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20114, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), en la cual

2 demanda3 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 20114, en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales ( DIAN), en la cual formuló las siguientes pretensiones:

“3.1. Declare la nulidad de los siguientes Actos Administrativos proferidos por la DIAN en el expediente administrativo RA-2008-2011-2797:

3.1.1. Resolución No. 1-03-241-201-639-1860 del 28 de noviembre de 2011, expedida por la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, por medio de la cual se formula Liquidación Oficial de Corrección a la Declaración de Impor tación inicial con autoadhesivo No. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y a la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo No. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008,

por valor de CIENTO CATORCE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y

CINCO MIL PESOS MCTE, ($114.645.000). (Anexo No. 3).

3.1.2. Resolución No. 1-00-223-10038 del 29 de marzo de 2012, expedida por la Subdirección de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la Dirección Seccional de Bogotá, por medio de la cual se resuelven desfavorablemente dos recursos de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial. (Anexo No. 4).

3.2. En consecuencia de las deprecadas solicitudes de nulidad, se ordene a la

desfavorablemente dos recursos de reconsideración interpuesto en contra de la Liquidación Oficial. (Anexo No. 4).

3.2. En consecuencia de las deprecadas solicitudes de nulidad, se ordene a la DIAN restablecer el derecho de la sociedad CARBONE RODRÍGUEZ & CIA S.C.A.

ITALCOL S.C.A. “lTALCOL”), así:

3.2.1. Se mantenga la firmeza de la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo No. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo No. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008.

3.2.2. Se exonere de toda responsabilidad al importador lTALCOL.

3.2.3. Se archive el Expediente Administrativo RA-2008-2011-2797.

3.2.4. Condenar en costas y agencias en derecho a la demandada de acuerdo con el Artículo 188 de la Ley 1437 de 2011, En consecuencia, se solicita expresamente la aplicación de los Artículos 387, 388 y 389 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los Artículos 392 y 393 del mismo ordenamiento procesal.

3.2.5. Si al momento de la sentencia se hubiese pagado suma alguna, se orden su devolución junto con sus respectivos intereses, indexaciones, actualizaciones y demás valores a los que haya lugar”.

1.2. Hechos

La parte actora fundamentó la demanda en los siguientes hechos:

3 Páginas 3 a 37 Ibidem

y demás valores a los que haya lugar”.

1.2. Hechos

La parte actora fundamentó la demanda en los siguientes hechos:

3 Páginas 3 a 37 Ibidem 4 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 1.2.1. ITALCOL, e n desarrollo de su objeto5, en el año 2008 importó gluten de maíz o gluten de maíz forrajero y presentó la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008 , utilizando la subpartida arancelaria 23.09.90.90.00.

1.2.2. A través de Memorando 651 del 5 de octubre de 2009, la Subdirección de Gestión Técnica Aduanera informó a los directores seccionales y subdirectores de gestión de comercio exterior y de fiscalización que, por medio de las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, se habían revocado las resoluciones que clasificaban el gluten de maíz o gluten de maíz forrajero en la subpartida 23.09.90.90.00, por lo que para

habían revocado las resoluciones que clasificaban el gluten de maíz o gluten de maíz forrajero en la subpartida 23.09.90.90.00, por lo que para dicho producto debía emplearse la subpartida 23.03.10.00.00.

1.2.3. La Subdirección de Gestión de Análisis Operacional de la DIAN expidió la Instrucción 0000003 del 8 de marzo de 2010, por medio de la cual ordenó dar inicio a diferentes programas de fiscalización, entre estos, el denominado Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la Subpartida Arancelaria 23.09.90.90.00, correspondiente al gluten de maíz (Corn Gluten Meal, Corn Gluten Feed ), de septiembre de 2008 a diciembre de 2009.

1.2.4. La División de Gestión de Fiscalización de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá expidió el Requerimiento Especial Aduanero 01-0301-03-238-419-434-2-004941 de 27 de septiembre de 2011, que señaló que los documentos soporte6 de la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008 , identificaban la mercancía

5 Que según la demanda consiste en: a) la importación, fabricación, transformación, distribución, venta y exportación de alimentos con destino al consumo humano, b) la fabricación, distribución, venta y exportación de alimentos para animales, y c) la importación de materias primas y maquinaria necesaria para la fabricación

exportación de alimentos con destino al consumo humano, b) la fabricación, distribución, venta y exportación de alimentos para animales, y c) la importación de materias primas y maquinaria necesaria para la fabricación de los alimentos a que se refieren los literales precedentes. 6 La factura, el certificado de origen y el certificado de calidad.Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 como “GLUTEN MEAL”, que corresponde a la subpartida 23.03.10.00.00 del Arancel de Aduanas.

1.2.5. Mediante Resolución 1-03-241-201-639-1-1860 del 28 de noviembre de 20117, la División de Gestión de Liquidación de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá formuló liquidación oficial de corrección a la Declaración de Importación inicial con autoadhesivo núm. 07925280117745 del 21 de octubre de 2008 y de la Declaración de Importación Anticipada con autoadhesivo núm. 07925280112658 del 04 de octubre de 2008, por valor de $114.645.000.

1.2.6. ITALCOL presentó recurso de reconsideración contra el anterior acto administrativo, y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica lo resolvió mediante la Resolución 1-00223-10038 del 29 de marzo de 20128, confirmando el acto recurrido.

acto administrativo, y la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica lo resolvió mediante la Resolución 1-00223-10038 del 29 de marzo de 20128, confirmando el acto recurrido.

1.3. Normas invocadas como infringidas y concepto de la violación

1.3.1. La parte demandante alegó que los actos acusados vulneraron las siguientes disposiciones:

“4.1.1. De carácter constitucional:

Artículos 2, 6, 13, 29, 58, 83, 95 numeral 9; artículos 121, 209, 224, 333, 363 y 365.

4.1.2. De carácter legal:

  • Ley 170 de 1994. • Código Contencioso Administrativo (Decreto 01 de 1984), artículos 3, 35, 35 a 44, 65, 66, 69, 93. • Ley 489 de 1998, Artículo 119. • Código de Régimen Político y Municipal, Artículo 52. • Decreto Ley 2150 de 1995, Artículo 95. • Decreto 2685 de 1999, Artículos 2° y 236. (Estatuto Aduanero, expedido con base en Leyes marco 6 de 1971 y 7 de 1991). • Decreto 4589 de 2006 (Arancel de Aduanas expedido con base en Leyes marco 6 de 1971 y 7 de 1991).

4.1.3. De carácter reglamentario:

7 Páginas 49 a 67 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI - archivo denominado ED_C01_01

4.1.3. De carácter reglamentario:

7 Páginas 49 a 67 Índice 48 del Sistema de Gestión Documental SAMAI - archivo denominado ED_C01_01

OTROS-CUADERNO 01 PRINCIPAL (.pdf) NroActua 48

8 Páginas 69 al 87 Ibidem.Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 5 • Decreto 4048 de 2008, Artículo 20. • Resolución DIAN 4240 de 2000, Artículo 156 y 157.

4.1.4. Conceptos de la Subdirección de Gestión Normativa y Doctrina los cuales son vinculantes para la entidad:

  • Concepto 61 del 15 de abril de 2002. • Concepto 63 del 10 de noviembre de 2006.

4.1.5. Principios Generales de Derecho y Jurisprudencia

  • Aplicación retroactiva de las Normas • Principio de la Confianza Legítima • Principio de la Seguridad Jurídica.

1.3.2. En el concepto de la violación expuso los siguientes cargos:

1.3.2.1. “FALSA MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS

DEMANDADOS, TODA VEZ QUE SE FUNDAMENTAN EN UNA

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA POSTERIOR A LA IMPORTACIÓN

(APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARANCEL DE ADUANAS).“9

DEMANDADOS, TODA VEZ QUE SE FUNDAMENTAN EN UNA

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA POSTERIOR A LA IMPORTACIÓN

(APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARANCEL DE ADUANAS).“9

Explicó que había existido indebida publicación de las resoluciones 4131 y 4951 de 2005 en el Diario Oficial y en esa medida , en el marco de la normativa aduanera colombiana, las resoluciones de clasificación arancelaria adquieren obligatoriedad frente a terceros solo cuando han sido debidamente publicadas en el Diario Oficial. Adujo además que este requisito se desprende tanto de la Ley 1437 de 2011 como de los artículos 304 y 305 del Decreto 1165 de 2019, entre otras disposiciones especiales, que establec en que los actos administrativos de carácter general solo surten efecto respecto de terceros a partir de su publicación íntegra en dicho medio oficial.

Explicó que , para el caso concreto , las resoluciones de clasificación arancelaria de 2005, que la DIAN pretendió aplicar a ITALCOL respecto de importaciones realizadas en 2008, no fueron publicadas en debida forma. Es decir, no se puso a disposición del público el texto completo, los fundamentos y las motivaciones de tales actos, privando a los

9 Página 12 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 afectados de la oportunidad efectiva de conocer el alcance y las razones

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 6 afectados de la oportunidad efectiva de conocer el alcance y las razones de dichas resoluciones y de ejercer los derechos que la ley les reconoce.

De otra parte, señaló que la s resoluciones de calificación arancelaria de 2005 fueron expedidas a solicitud de un tercero ajeno al importador aquí demandante y aunque se admitiera, solo a efectos argumentativos, que las resoluciones de 2005 hubieran sido perfeccionadas mediante su publicación, debe analizarse su alcance jurídico respecto de ITALCOL.

Insistió en señalar que era i nsuficiente la publicación de la subpartida y denominación del producto , puesto que l a mera mención en el Diario Oficial de una subpartida arancelaria junto con la denominación genérica de un producto no resulta suficiente para cumplir con las exigencias de motivación y publicidad. La clasificación arancelaria se fundamenta, según el propi o manual técnico y normativa de la DIAN, en un análisis exhaustivo de las características técnicas, físicas y químicas del producto objeto de clasificación, y el hecho de omitir tales particularidades técnicas con la simple inclusión de una subpartida y descripción superficial no entrega a los terceros el verdadero criterio diferenciador del producto ; por ende, se debía realizar la publicación completa con el fin de conocer esos detalles técnicos que no fueron reflejados ni fundamentados en la publicación escueta.

En vista de lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados —liquidaciones oficiales de corrección fundamentadas en resoluciones de clasificación arancelaria inadecuadamente publicadas y

publicación escueta.

En vista de lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados —liquidaciones oficiales de corrección fundamentadas en resoluciones de clasificación arancelaria inadecuadamente publicadas y expedidas a solicitud de terceros ajenos al importador— adolecen del vicio de falsa moti vación. Este vicio se configura no solo cuando la administración fundamenta sus decisiones en hechos o normas inexistentes o inaplicables, sino también cuando omite valorar o publica r debidamente los elementos técnicos y j urídicos requeridos, privando al particular de la posibilidad real de ejercer su derecho a la defensa y contradicción.Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 7

1.3.2.2. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS VIOLAN LA LEY 170 DE

1994 EN CUANTO TRANSPARENCIA, Y REQUISITOS PARA UNA

CLASIFICACIÓN ARANCELARIA.”10

Adujo que, por medio de la Ley 170 de 1994, se aprobó el Acuerdo por el que se establece la Organización Mundial de Comercio (OMC), lo que implica que Colombia se encuentra obligada a cumplir con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1947), el cual constituye la matriz normativa internacional de todos los desarrollos legales en materia de aranceles de los países pertenecientes a la OMC.

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1947), el cual constituye la matriz normativa internacional de todos los desarrollos legales en materia de aranceles de los países pertenecientes a la OMC.

Por lo tanto, la DIAN, al expedir clasificaciones arancelarias, se debe someter a los parámetros generales establecidos en el instrumento internacional. En particular, el artículo X 11 del GATT de 1947 establece que las clasificaciones arancelarias deben: (i) ser preexistentes a su aplicación; (ii) estar contenidas en normas de carácter general; (iii) tener aplicación o uso uniforme y consistente, y (iv) estar previamente publicadas.

Estas reglas resultaron infringidas por la DIAN porque los aranceles aplicados: (i) no son preexistentes, si se tiene en cuenta que las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009 solo fueron aplicables desde el 24 de

10 Página 19 Ibidem 11 “Artículo X: Publicación y aplicación de los reglamentos comerciales

1. Las leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas de aplicación general que cualquier parte contratante haya puesto en vigor y que se refieran a la clasificación o a la valoración en aduana de productos, a los tipos de los de rechos de aduana, impuestos u otras cargas, o a las prescripciones, restricciones o prohibiciones de importación o exportación, o a la transferencia de pagos relativa a ellas, o a la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la i nspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos, serán publicados rápidamente a fin

la venta, la distribución, el transporte, el seguro, el almacenamiento, la i nspección, la exposición, la transformación, la mezcla o cualquier otra utilización de dichos productos, serán publicados rápidamente a fin de que los gobiernos y los comerciantes tengan conocimiento de ellos. Se publicarán también los acuerdos relacionados con la política comercial internacional y que estén en vigor entre el gobierno o un organismo gubernamental de una parte contratante y el gobierno o un organismo gubernamental de otra parte contratante. Las disposiciones de este párrafo no obligarán a ninguna parte contratante a revelar informaciones de carácter confidencial cuya divulgación pueda constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o ser de otra manera contraria al interés público, o pueda lesionar los intereses comerciales legítimos de empresas públicas o privadas.

2. No podrá ser aplicada antes de su publicación oficial ninguna medida de carácter general adoptada por una parte contratante que tenga por efecto aumentar el tipo de un derecho de aduana u otra carga sobre la importación en virtud del uso establecido y u niforme, o que imponga una nueva o más gravosa prescripción, restricción o prohibición para las importaciones o para las transferencias de fondos relativas a ellas. 3. a) Cada parte contratante aplicará de manera uniforme, imparcial y razonable sus leyes, reglamentos, decisiones judiciales y disposiciones administrativas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. (…)”.Radicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 8 agosto de 2009, cuando se publicaron en el Diario Oficial; (ii) no están contenidas en normas generales, pues la DIAN aplicó las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005, que son de contenido particular y concreto, no oponibles a otros importadores; (iii) no tenían un uso uniforme, pues solo fueron unificadas a partir de agosto de 2009, y (iv) las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 no habían sido debidamente publicadas en el Diario Oficial, y las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, que sí fueron publicadas, solo son aplicables para las importaciones posteriores.

1.3.2.3. “VIOLACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONFIANZA LEGÍTIMA”12

Arguyó que, en virtud del principio de confianza legítima, ITALCOL podía y debía clasificar el producto bajo la subpartida 23.09.90.90.00, toda vez que: (i) por muchos años había sido la subpartida aceptada por la DIAN en más del 98% de los aforos y los levantes aduaneros del producto, (ii) era la subpartida que tenía mayor reiteración por parte de la DIAN en las clasificaciones arancelarias expedidas a solicitud del interesado, y (iii) es una de las subpartidas que según la DIAN debían ser objeto de aclaración.

Advirtió que, de acuerdo con este principio, la DIAN no podía investigar declaraciones de importación previas a las Resoluciones 8570 y 8571 de

una de las subpartidas que según la DIAN debían ser objeto de aclaración.

Advirtió que, de acuerdo con este principio, la DIAN no podía investigar declaraciones de importación previas a las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009, so pena de contrariar la buena fe, la Constitución y los principios de la función administrativa.

1.3.2.4. “LOS ACTOS DEMANDADOS VIOLAN LOS PRINCIPIOS DE

MORALIDAD ADMINISTRATIVA, IMPARCIALIDAD Y

TRANSPARENCIA Y OTROS PRINCIPIOS DE LA FUNCIÓN

ADMINISTRATIVA.”13

Manifestó que los actos administrativos demandados violan la moralidad administrativa porque citan exclusivamente las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005, desconociendo las demás que ha expedido asumiendo la

12 Página 22 Ibidem 13 Página 26 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 9 posición contraria. Es decir, que la entidad solo hizo uso de argumentos que le resultaban favorables a la postura que en ese momento adoptó.

1.3.2.5. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS VIOLAN

EL PRINCIPIO DE JUSTICIA”14

Sostuvo que el principio de justicia, consagrado en el artículo 2 del Estatuto Aduanero, establece que “la aplicación de las disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y

Sostuvo que el principio de justicia, consagrado en el artículo 2 del Estatuto Aduanero, establece que “la aplicación de las disposiciones aduaneras deberá estar presidida por un relevante espíritu de justicia y que el Estado no aspira a que al usuario aduanero se le exija más que aquello que la misma Ley pretende”.

1.3.2.6. “LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS VIOLAN

EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.”15

Reiteró que las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009 no eran aplicables a las importaciones realizadas por el demandante en el 2008, y agregó que solo le serían aplicables de manera retroactiva si le resultaran más favorables.

1.3.2.7. “LA CLASIFICACIÓN DE LAS DECLARACIONES FUE

CORRECTA EN 2008.”16

Explicó que l a Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fundamentó la clasificación del producto gluten de maíz bajo la subpartida arancelaria 23.03.10.00.00 (referente a residuos de la industria del almidón), adoptando una postura algo limitada, ya que descartó de manera temprana y sin mayor argumentación la posible pertinencia de la subpartida 23.09 (preparaciones del tipo utilizado para la alimentación de animales). Este proceder omite el ejercicio riguroso que exige el Sistema Armonizado, donde la aplicación de sus reglas de interpretación resulta

14 Página 28 Ibidem 15 Página 29 Ibidem 16 Página 31 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

14 Página 28 Ibidem 15 Página 29 Ibidem 16 Página 31 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 indispensable antes de seleccionar la subpartida definitiva para una mercancía.

En el caso bajo estudio, la DIAN, a pesar de haber aceptado en el pasado la presencia del gluten de maíz en la subpartida 23.09 (como se evidenció en resoluciones oficiales previas a 2009)— pasó a excluirla abruptamente de esta categoría con base en una interpretación de la Nota Explicati va de la partida 23. Sin embargo, al hacerlo, la administración optó por una lectura restrictiva y errónea, según la cual, cuando se trata de desperdicios vegetales, estos deben siempre clasificarse bajo la subpartida 23.03, incluso si tienen uso alimenticio para animales.

Explicó que el desconocimiento por parte de la DIAN del razonamiento del importador implica una vulneración al principio de buena fe previsto en la Constitución, máxime cuando la administración no ofreció argumentos técnicos ni jurídicos suficientes para desvirtuar la presunción de buena fe de la empresa impor tadora; además, señaló que l a jurisprudencia ha manifestado que no es admisible sustentar una liquidación oficial sobre resoluciones de clasificación arancelaria insuficientemente motivadas o técnicamente infundadas.

de la empresa impor tadora; además, señaló que l a jurisprudencia ha manifestado que no es admisible sustentar una liquidación oficial sobre resoluciones de clasificación arancelaria insuficientemente motivadas o técnicamente infundadas.

En síntesis, la decisión de la DIAN de reclasificar el gluten de maíz bajo la subpartida 23.03.10.00.00 careció de un análisis interpretativo adecuado y desconoció tanto la finalidad como las características técnicas y económicas del producto, situación contraria a los principios del Sistema Armonizado y a la garantía de la buena fe en las actuaciones administrativas.

1.3.2.8. “CON LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS SE

INCURRIÓ EN UN DESVÍO DE PODER.”17

17 Página 32 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 11 Arguyó que los actos demandados parecen estar guiados únicamente por un afán de recaudo, lo que configura una flagrante desviación de poder, pues se usa la facultad de fiscalización, no para hacer prevalecer la norma aduanera, sino simplemente para recaudar tributos.

En tal sentido, reprochó que el Memorando 051 del 11 de febrero de 2011 determina el nivel de recaudo como criterio de evaluación del programa de fiscalización Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la

En tal sentido, reprochó que el Memorando 051 del 11 de febrero de 2011 determina el nivel de recaudo como criterio de evaluación del programa de fiscalización Control Posterior Sobre Mercancías Clasificadas en la Subpartida Arancelaria 23.09.90.90.00, y a legó que la DIAN usó la facultad de fiscalización, que es legítima y legal, solo con el fin de imponer un mayor arancel e IVA, es decir, obtener un recaudo indebido.

Tal finalidad también se evidencia en el hecho de que la entidad únicamente citó en las resoluciones demandadas los actos que soportan la postura que en ese momento le resultaba más favorable.

II. TRÁMITE DE LA DEMANDA

2.1. La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Oralidad, y, mediante auto del 17 de julio de 2013, el despacho sustanciador la admitió18 y ordenó notificar a la DIAN.

2.2. La DIAN contestó la demanda por intermedio de apoderado y expuso los siguientes argumentos19:

2.2.1. Adujo que la entidad se encuentra revestida de amplias facultades de fiscalización y control posterior, establecidas en los artículos 469 y 470 del Decreto 2685 de 1999, y en ejercicio de las mismas y dentro del término de caducidad de la acción administrativa sancionatoria consagrado en el artículo 478 del Estatuto Aduanero, y el término de firmeza de la declaración de importación del artículo 131 ibidem, inició el programa de fiscalización de las declaraciones de importación objeto de

18 Página 157 Ibidem

consagrado en el artículo 478 del Estatuto Aduanero, y el término de firmeza de la declaración de importación del artículo 131 ibidem, inició el programa de fiscalización de las declaraciones de importación objeto de

18 Página 157 Ibidem 19 Páginas 166 a 182 IbidemRadicación: 08001-2333-000-2013-99112-01

Demandante: Carbone Rodríguez y CIA. S.C.A. Itacol S.C.A.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 selección, entre las que se cuenta la declaración sobre la que descansa la presente litis.

Alegó que no era cierto que los actos demandados se hubieran basado en las Resoluciones 8570 y 8571 de 2009 , pues lo cierto es que ni siquiera las mencionaron. En todo caso, precisa que éstas clasificaron bajo la subpartida arancelaria 23.03.10.00.00 el corn gluten feed , pero este producto es distinto al gluten de maíz , que fue clasificado mediante las Resoluciones 04131 y 04931 de 2005.

Adujo que las Resoluciones 04131 y 04951 de 2005 fueron publicadas indicando los elementos primordiales de los actos de clasificación arancelaria, esto es, los números de las resoluciones, las fechas, las razones sociales, los NIT, los productos a clasificar, las descripciones y la subpartida en la cual se clasificaron . Además, advirtió que dichas resoluciones eran obligatorias, pues el artículo 157 de la Resolución 4240

razones sociales, los NIT, los productos a clasificar, las descripciones y la subpartida en la cual se clasificaron . Además, advirtió que dichas resoluciones eran obligatorias, pues el artículo 157 de la Resolución 4240 de 2000, modificado por el artículo 51 de la Resolución 7002 de 2001 , señala que “Las clasificaciones arancelarias expedidas mediante resolución, serán de carácter general y de obligatorio cumplimiento”.

Advirtió que los actos administrativos objeto de demanda tuvieron como fundamento principal el análisis técnico del producto importado. En efecto, la liquidación oficial de corrección atacada concluyó que éste correspondía al subproducto gluten meal y no al gluten feed,

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