CE - Sentencia 08001233300020170008101 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

Demandante: Fundación por una Colombia Digna

Demandado: Departamento del Atlántico

Proceso: Reparación Directa

DAÑO ANTIJURÍDICO – definición; MEDIO DE CONTROL PROCEDENTE – REPARACIÓN DIRECTA es idónea cuando el daño se deriva del ejercicio de una operación administrativa, en el marco de un proceso de vigilancia sanitaria; NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO Y/O CONTROVERSIAS CONTRACTUALES – medios de control procedentes frente al reclamo de la pérdida de oportunidad derivada de la no inclusión en el banco de oferentes y/o acto de adjudicación y/o de la decisión de no prorrogar el contrato; VULNERACIÓN AL BUEN NOMBRE Y A LA HONRA – acreditación-; DEBIDO PROCESO EN LA VIGILANCIA SANITARIA – alcance-; FALLA EN EL SERVICIO POR LA DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA – la información epidemiológica tiene el carácter de reservada, lo que exige un tratamiento conforme a los principios de confidencialidad y legalidad, especialmente cuando se trata de información personal sometida a reserva; DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA – se restringe a las autoridades sanitarias y debe estar motivada por razones de prevención en salud pública; AFECTACIÓN O

reserva; DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA – se restringe a las autoridades sanitarias y debe estar motivada por razones de prevención en salud pública; AFECTACIÓN O VULNERACIÓN RELEVANTE DE BIENES O DERECHOS CONVENC IONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS – vulneración del habeas data y de la intimidad de personas jurídicas ante la revelación de información confidencial o sometida a reserva sin respaldo legal, excusas.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la sentencia del 18 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral, Subsección B, mediante la cual se denegaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

En el año 2015, la Unión Temporal Alimentar suscribió un contrato de aporte con el Ministerio de Educación, cuyo objeto fue el suministro del Plan de Alimentación Escolar (PAE) a menores matriculados en los municipios del departamento del Atlántico, con excepción de Barranquilla, Malambo y Soledad. Durante la ejecución del contrato, se divulgó —a través de un informe de la Defensoría del Pueblo y deRadicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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Proceso: Reparación Directa

2 medios de comunicación — información relacionada con los resultados de análisis

Demandante: Fundación por una Colombia Digna

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Proceso: Reparación Directa

2 medios de comunicación — información relacionada con los resultados de análisis microbiológicos realizados por la Secretaría de Salud del Atlántico, en el marco de una inspección sanitaria de alimentos llevada a cabo entre los años 2014 y 2015 en instituciones de educación oficial.

ANTECEDENTES La demanda

El 14 septiembre de 2016 1, por intermedio de apoderad a judicial, FUNDACIÓN ENLACE -FUNDAENLACE (hoy Funcodic Fundación por una Colombia Digna 2)- interpuso el medio de control de reparación directa, con el fin que se declare la responsabilidad patrimonial del Departamento del AtlánticoSecretaría de Salud , por los daños derivados de la(s) falla(s) del servicio originada (s), que habrían vulnerado los derechos al debido proceso administrativo y al buen nombre, de la fundación demandante, en los siguientes términos:

«(…) PRIMERA.- Que LA NACIÓN -DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICOSECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICOSUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, son responsables administrativa y extracontractualmente del daño antijurídico causado a la demandante FUNDACIÓN ENLACE -FUNDAENLACE, como integrante de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR, al violar sus derechos fundamentales al debido proceso administrativo (art. 29 C.P.) y al buen nombre (art.15 C.P .), durante las etapas de tomas de muestras microbiológicas de alimentos , análisis de esas muestras y notificación, publicación y comunicación de los resultados arrojados. Por contera, con su proceder

(art. 29 C.P.) y al buen nombre (art.15 C.P .), durante las etapas de tomas de muestras microbiológicas de alimentos , análisis de esas muestras y notificación, publicación y comunicación de los resultados arrojados. Por contera, con su proceder irregular la administración lesionó el derecho constitucional al buen nombre (art. 15 C.P.) de las personas integrantes de la UNIÓN TEMPORAL ALIMENTAR, como son, la FUNDACIÓN ENLACE -FUNDAENLACE y la COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES LA HEROICA – COOSEHEROICA, al someterlas al desprestigio y al escarnio público, al publicar de forma directa e indirecta, los resultados de los análisis microbiológicos de las muestras tomadas en los indicados procesos espurios surtidos en los establecimientos educativos y centros infantiles de 17 poblaciones del departamento del Atlántico y no permitiendo su revalidación y contradicción por parte de otro profesional.

SEGUNDA. - Que, a consecuencia de lo anterior, LA NACIÓN -DEPARTAMENTO DEL ATL ÁNTICOSECRETARIA DE SAL UD DEL DEPARTEMENTO DEL ATLÁNTICO -SUBSECRETARIA DE SALUD PÙBLICA, pague a mi poderdante en moneda legal colombiana los siguientes guarismos: (…)

TERCERA. - Que el monto de los perjuicios a conciliar equivale a la suma de

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS DOSCIENTOS NOVENTA MIL DOSCIENTOS

PESOS MCTE ($826.290.200)»

1SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: «5ED01DEMANDAANEXOSPDF» y «1ED05REFORMADEMANDAADMISIONREFORMAPDF» Fecha presentación SAMAI TA 0001. Expediente

1SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: «5ED01DEMANDAANEXOSPDF» y «1ED05REFORMADEMANDAADMISIONREFORMAPDF» Fecha presentación SAMAI TA 0001. Expediente físico C1 1-23(demanda inicial), corrección folios 1284-1288 CP; reforma ff. 1302-1331 CP (presentada el 4 de mayo de 2018). 2 Ver Certificado de existencia y representación obrante a folios 1393-1397 CPRadicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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CUARTA.- Que se ordene a LA NACIÓNDEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO – SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICOSUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA, rectificar la información entregada a la opinión pública y demás autoridades, y por contera, se proceda a publicar en diversos medios de comunicación de carácter nacional , regional y local que los resultados de los análisis microbiológicos de alimentos derivados de las 210 muestras tomadas en los procesos de inspección, vigilancia y control adelantados durante los años 2014 y 2015 en las distintas instituciones Educativas, Centros de Desarrollo Integran -CDI y Hogares Infantiles del departamento del Atlánt ico no son determinantes y se recaudaron con violación del derecho de defensa y contradicción. Particularmente, en aquellas instituciones educativas y centros donde el PAE era operado por la Unión Temporal Alimentar, no son concluyentes por haber sido obtenidas con violación del

recaudaron con violación del derecho de defensa y contradicción. Particularmente, en aquellas instituciones educativas y centros donde el PAE era operado por la Unión Temporal Alimentar, no son concluyentes por haber sido obtenidas con violación del debido proceso del operar y por ende, de la FUNDACIÒN ENLACEFUNDAENLACE, en su condición de entidad constituyente de aquella. (…) »

Como fundamento fáctico de las pretensiones, se expuso que, conforme con el parágrafo 4 del artículo 136 de la Ley 1450 de 2011, el Programa de Alimentación Escolar (PAE) fue asignado al Ministerio de Educación Nacional (MEN), con el propósito de alcanzar una cobertura universal. Esta disposición l egal establece además que el programa se financia con recursos provenientes de diversas fuentes, entre ellas el presupuesto del MEN.

Indicó que, el 9 de diciembre de 2014, el Ministerio de Educación Nacional abrió una convocatoria pública para conformar un banco de oferentes, con el fin de suscribir un contrato de aporte para la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en lo s municipios del departamento del Atlántico, con excepción de Barranquilla, Malambo y Soledad. A dicha convocatoria se presentaron siete uniones temporales, entre las cuales fue seleccionada la Unión Temporal Alimentar, conformada por la Fundación Enlance (Fundaenlace) y la Cooperativa de Servicios Generales La Heroica (Cooseheroica).

Así, entre el MEN y la UT Alimentar se celebró, el 17 de febrero de 2015, el contrato de aporte No. 427 de 2015, por un valor de $12.871.815.970, cuyo objeto era brindar

Así, entre el MEN y la UT Alimentar se celebró, el 17 de febrero de 2015, el contrato de aporte No. 427 de 2015, por un valor de $12.871.815.970, cuyo objeto era brindar un complemento alimentario a los menores matriculados en instituciones oficiales del departamento del Atlántico, conforme con los lineamientos técnicos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) . Posteriormente, entre el 21 de abril de 2014 y el 27 de abril de 2015, la Secretaría de Salud del Atlántico, en su calidad de autoridad sanitaria, realizó un análisis de calidad e inocuidad de alimentos para consumo humano con enfoque de riesgo, como parte de las actividades de vigilancia rutinaria sobre los productos distribuidos en la región. En ese contexto, la Subsecretaría de Salud Pública inspeccionó los programas PAE en colegiosRadicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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4 municipales, Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y hogares comunitarios de 17 municipios del departamento.

Posteriormente, entre los meses de julio y agosto de 2015, la Secretaría de Salud del Atlántico, por medio de la Defensoría del Pueblo Regional y de diversos medios de comunicación de alcance nacional, regional y local, divulgó los resultados microbiológicos obtenidos a partir de 210 muestras de alimentos suministrados a menores en 31 instituciones educativas, 55 hogares comunitarios y 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del departamento. Dichos análisis revelaron la presencia de

microbiológicos obtenidos a partir de 210 muestras de alimentos suministrados a menores en 31 instituciones educativas, 55 hogares comunitarios y 8 Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del departamento. Dichos análisis revelaron la presencia de coliformes totales y fecales, mohos, levaduras, salmonella y mesófilos aeróbicos en las raciones alimentarias distribuidas a través del Programa de Alimentación Escolar (PAE).

Con la difusión de los anteriores resultados, en la demanda se afirmó que se configuró una campaña mediática de desprestigio contra la Unión Temporal Alimentar y sus integrantes. En particular, se señaló que la Secretaría de Salud del Atlántico divulgó los resultados de los análisis microbiológicos correspondientes a instituciones que no eran operadas por la entidad demandante, sin precisar dicha circunstancia y sin comunicar previamente esa información a la Unión Temporal, impidiéndole ejercer su derecho a la defensa y contradicción.

De igual forma, se denunció que el Ministerio de Educación Nacional (MEN) decidió no prorrogar el contrato de aporte suscrito con la Unión Temporal Alimentar, como consecuencia de los resultados microbiológicos y su difusión pública. En el comunicado No. 20150930038081 del 26 de octubre de 2015, el MEN respondió a los requerimientos formulados por Fundaenlace y reconoció que: i) los resultados obtenidos en las muestras correspondientes al año 2014 no son atribuibles a la entidad demandante, dado que en ese periodo aún no operaba el Programa de Alimentación Escolar (PAE); ii) no todas las instituciones en las que se tomaron muestras en abril de 2015 estaban bajo la operación de la Unión Temporal

entidad demandante, dado que en ese periodo aún no operaba el Programa de Alimentación Escolar (PAE); ii) no todas las instituciones en las que se tomaron muestras en abril de 2015 estaban bajo la operación de la Unión Temporal Alimentar; y iii) los funcionarios de la Subsecretaría de Salud no recolectaron ni entregaron la respectiva contramuestra a los representantes del operador que atendieron la visita.

De igual forma, se arguyó que, mediante comunicado del 2 de mayo de 2016, la Subsecretaría de Salud entregó copia de las actas de toma de muestras y de laRadicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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5 factura entregada al «Almacén Laboratorio de Salud» No. 2012000261 del 24 de octubre de 2012, en la que consta la compra de elementos de bioseguridad e insumos para el muestreo de alimentos. Sin embargo, en la demanda se adujo que el ente territorial no ap ortó prueba alguna de que dichos elementos e insumos hubieran sido efectivamente entregados a cada uno de los funcionarios que participaron en el proceso de recolección y embalaje de las muestras. Además, se señaló que en las referidas facturas se advierte la ausencia de elementos indispensables para la adecuada toma de muestras de alimentos.

Agregó que el Grupo IS Colombia S.A.S., en cumplimiento de la interventoría No. 871-2015, relativa al contrato de aporte No. 427 de 2015, emitió el informe «GISCAgregó que el Grupo IS Colombia S.A.S., en cumplimiento de la interventoría No. 871-2015, relativa al contrato de aporte No. 427 de 2015, emitió el informe «GISC871/2015-S1151», en el que manifestó que no se encontró mérito para considerar que la Unión Temporal Alimentar había incumplido el contrato.

Contestación de la demanda

El Departamento de l Atlántico3, en la exposición de los hechos, refirió que la autoridad departamental no divulga sus actuaciones de manera directa, y agregó que, salvo reserva legal, estas son públicas, lo que permite que los medios de comunicación y la Defensoría del Pueblo puedan conocerlas.

Como excepciones, se propuso la ineptitud sustantiva de la demanda, la falta de integración del litisconsorcio necesario, la falta de legitimación en la causa por pasiva y la inexistencia de los elementos de responsabilidad extracontractual en cabeza de la Gobernación del Departamento del Atlántico. A juicio de la entidad demandada, las pretensiones de la demanda, a pesar de alegar una «pérdida de oportunidad», se fundamentan en la terminación y/o no prórroga del contrato de aporte, así como en las actuacio nes adelantadas por la gobernación del Atlántico en su calidad de autoridad sanitaria.

3SAMAI índice 00002 «Expediente Digital»: Archivos: «012ED06CONTESTACIONDPTOINFORMEXCEPCIONES». Fecha presentación SAMAI TA 0001 . Ff. 370380C1.Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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380C1.Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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6 En dicho sentido, se estimó que la parte demandante debió acudir al medio de control de controversias contractuales para ventilar las inconformidades surgidas de la relación contractual que mantuvo con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), escenario en el cual el ente territorial carece de legitimación en la causa por pasiva y por ende, se integró indebidamente el contradictorio. En igual medida, respecto de las actuaciones adelantadas por el departamento en su calidad de autoridad sanitaria, consideró que debió ejercerse el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra las decisiones que indagaron las condiciones higiénicas de los alimentos suministrados.

Sentencia de primera instancia

Por sentencia del 18 de agosto de 2023 4, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral – Sección B –, identificó que la demanda tomó como hecho dañoso la presunta violación al debido proceso, que habría impedido a la sociedad demandante participar e intervenir en futuros proceso s licitatorios. Ahora bien, analizados los elementos probatorios obrantes en el plenario, la Sala descartó que, en el desarrollo de las funciones sanitarias de la Secretaría de Salud Departamental del Atlántico, esta hubiera incurrido en una falla del serv icio o en un exceso frente al principio de igualdad respecto de las cargas públicas.

A juicio del a quo, si bien se demostró que la entidad demandada, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, tomó y analizó muestras de los

al principio de igualdad respecto de las cargas públicas.

A juicio del a quo, si bien se demostró que la entidad demandada, en ejercicio de sus facultades de inspección, vigilancia y control, tomó y analizó muestras de los alimentos consumidos por estudiantes en instituciones educativas, las cuales presentaron indicios de contaminación, mal almacenamiento o conservación, no se acreditó que dicha entidad hubiera difundido información a los medios de comunicación sobre la fundación actora. Por el contrario, el a quo identificó que las notas de prensa aportadas con la demanda reflejan declaraciones de representantes de otras entidades, específicamente de la ministra de Educación Nacional y del contralor general de la República.

Consideró que la entidad demandada no fue la única que participó en la verificación de los alimentos suministrados en los centros educativos, y en ese contexto se hizo

4 SAMAI índice 02 «Expediente Digita l», archivo: 38ED24SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA201700081HPDF (pdf)Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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7 referencia a los informes y visitas de la Defensoría del Pueblo, así como al interventor del contrato celebrado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Unión Temporal Alimentar para la ejecución del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Respecto de este último, se indicó que, ante el posible incumplimiento de la Unión Temporal, se verificó la implementación de un plan de mejora, cuyo impacto se evidenció en las «especificaciones microbiológicas», así como en la realización

(PAE). Respecto de este último, se indicó que, ante el posible incumplimiento de la Unión Temporal, se verificó la implementación de un plan de mejora, cuyo impacto se evidenció en las «especificaciones microbiológicas», así como en la realización de capacitaciones y en el fortalecimiento de la dotación de las manipuladoras de alimentos.

De otra parte, se señaló que el sometimiento a procedimientos de vigilancia, inspección, visitas y demás controles no constituye, per se, un daño antijurídico, en la medida en que todos los ciudadanos están llamados a soportar el ejercicio legítimo de las funciones atribuidas a las entidades de control, especialmente tratándose de los responsables del Programa de Alimentación Escolar (PAE), cuyo financiamiento es público. Asimismo, se hizo referencia al derecho al buen nombre y a la honra, y a la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la responsabilidad patrimonial derivada de señalamientos públicos o sindicaciones realizadas a través de canales de comunicación.

Sobre este último aspecto, se indicó que el daño antijurídico alegado en la demanda —consistente en la afectación al buen nombre y a la honra— no se acreditó; por el contrario, se demostró que la actuación del Departamento del Atlántico se desarrolló con prudencia y sensatez, dada la naturaleza de la situación acaecida, «(…) por cuanto los resultados de las visitas fueron dados a conocer al operador de los comedores escolares y al Ministerio de Educación Nacional, que oficiaba como entidad contratante, sin efectuar señalamientos directos y particulares en contra de los miembros de la Unión Temporal Alimentar (…)».

Esta conclusión se extendió a la alegada vulneración o desconocimiento del debido

entidad contratante, sin efectuar señalamientos directos y particulares en contra de los miembros de la Unión Temporal Alimentar (…)».

Esta conclusión se extendió a la alegada vulneración o desconocimiento del debido proceso de la Fundación Enlace, en la medida en que esta tuvo conocimiento de los resultados de todas las visitas, informes, muestras y demás material producido en el curso d e la actuación administrativa, lo cual se evidencia en la implementación de un plan de mejora. Asimismo, se consideró que no se acreditó una afectación por pérdida de oportunidad de los integrantes de la Unión Temporal Alimentar para seguir participando en los programas del PAE, al no demostrarse las razones por las cuales no hicieron parte de la convocatoria para el Banco de Oferentes,Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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8 destinada a ejecutar la operación en el segundo semestre de 2015 en los municipios del Atlántico y Barranquilla.

Recurso de apelación5

Contra la anterior decisión, la apoderada de la parte actora interpuso recurso de apelación, mediante el cual solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y, en su lugar, que se accediera a las pretensiones de la demanda. Adujo que el objet o de la demanda no fue cuestionar el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia por parte de la entidad demandada en su calidad de autoridad sanitaria.

Por el contrario, se aclaró que la demanda cuestionó la actuación ilegal e irregular

que el objet o de la demanda no fue cuestionar el ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia por parte de la entidad demandada en su calidad de autoridad sanitaria.

Por el contrario, se aclaró que la demanda cuestionó la actuación ilegal e irregular de la autoridad demandada «antes, durante y después» de las visitas realizadas a distintas instituciones educativas con el propósito de tomar muestras de los alimentos elaborados. Se recalcó que la principal irregularidad atribuida a la entidad consistió en la divulgación «de forma directa e indirecta» de los resultados de dichas muestras a terceros y ante la opinión pública, sin haber realizado el traslado previo ni haber informado a la parte demandante, impidiéndole ejercer su derecho de defensa frente a los señalamientos efectuados.

Con relación a la valoración probatoria, se expuso que la sentencia de primera instancia omitió considerar los medios de prueba que acreditaban que la Fundación por una Colombia Digna – FUNCODIG – no tenía responsabilidad sobre los alimentos cuyas muestras evidenciaron una posible contaminación en el año 2014, periodo en el cual la sociedad aún no operaba el Programa de Alimentación Escolar (PAE), pues la Unión Temporal Alimentar fue constituida hasta el año 2015. En ese sentido, se indicó que en las actas de toma de muestras se reflejó que, de las 78 muestras tomadas en el año 2015, únicamente ocho fueron recopiladas en instituciones educativas oficiales del departamento del Atlántico.

Además, indicó que la fundación demandante no debía considerarse responsable por dichas muestras, pues ninguna de ellas correspondía a instituciones educativas sobre las cuales la Unión Temporal mencionada desempeñó su objeto contractual.

Además, indicó que la fundación demandante no debía considerarse responsable por dichas muestras, pues ninguna de ellas correspondía a instituciones educativas sobre las cuales la Unión Temporal mencionada desempeñó su objeto contractual.

5 SAMAI índice 02 «Expediente Digita l», archivo:

42ED251RECURSODEAPELACIONCONTRASENTENCIADEL18DEAGOSTODE2023(pdf)Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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9 Al respecto, argumentó que el contrato de aporte No. 427 de 2015 se ejecutó entre el 17 de febrero y el 31 de agosto de 2015, y su objeto se enmarcó en instituciones educativas del departamento del Atlántico, con exclusión de los municipios de Malambo, Soledad y Barranquilla. En este sentido, sostuvo que el objeto contractual no comprendía los hogares infantiles ni los hogares comunitarios a cargo del ICBF, en los cuales se recopilaron la mayoría de las muestras que evidenciaron contaminación de alimentos y que fueron atribuidas a la fundación demandante.

En cuanto a la vulneración del debido proceso, arguyó que, en los procesos de recolección de muestras adelantados, entre los años 2014 y 2015 no se recogió ni se entregó la contramuestra a los operadores de los establecimientos educativos y centros infantiles. Además, se verificó la ausencia de traslado y notificación de los resultados a la fundación, comunicación que, sí se ejerció frente al ICBF y la Secretaría de Educación de Atlántico, según consta en el informe de la Defensoría

centros infantiles. Además, se verificó la ausencia de traslado y notificación de los resultados a la fundación, comunicación que, sí se ejerció frente al ICBF y la Secretaría de Educación de Atlántico, según consta en el informe de la Defensoría del Pueblo. Insi stió en que la demandada por medios de comunicación local y nacional, así como por intermedio de la Defensoría del Pueblo, divulgó la información de los resultados microbiológicos y agregó que al momento de tomar las muestras no se contaba con los equipos e indumentaria idóneos

Por último, sostuvo que la UT Alimentar no participó en la siguiente convocatoria del MEN para contratar el PAE del segundo semestre, debido al desprestigio que, según afirmó, afectó su buen nombre.

Trámite en la segunda instancia

El 29 de enero de 2024, el tribunal concedió el recurso de apelación interpuesto por la entidad demandada 6, el cual fue admitido por esta corporación mediante providencia del 2 de diciembre de 20247. En la etapa prevista en los numerales 4 y 6 del artículo 247 del CPACA (modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021), las partes y el Ministerio Público no se pronunciaron.

CONSIDERACIONES

6 SAMAI índice 002 «Expediente Digital», archivo: 044ED27AUTOCONCEDERAPELACIONPDF. 7 SAMAI índice 0004.Radicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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1. Como la demanda se presentó el 14 de septiembre de 2016, el régimen aplicable es el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo – en adelante CPACA–. Conforme al artículo 308 del CPACA, este código empezó a regir el 2 de julio de 2012 y sólo se aplica a los procedimientos y actuacio nes administrativas que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren, con posterioridad a su entrada en vigencia, es decir, a partir del 2 de julio de 2012. Adicionalmente, conforme al artículo 306 de este código, en los aspectos no contemplados se seguirá el Código General del Proceso –en adelante CGP– en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

I. Presupuestos procesales

Jurisdicción y competencia

2. La jurisdicción de lo contencioso-administrativo, como guardián del orden jurídico, conoce las controversias cuando se demande la ocurrencia de un daño cuya causa sea una acción u omisión de una entidad estatal, según el artículo 104 del CPACA.

El Consejo de Estado es competente en segunda instancia par a estudiar este asunto de conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instan cia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión

615 del CGP, según el cual, conoce los recursos de apelación contra las sentencias dictadas en primera instan cia por los Tribunales Administrativos. Así mismo, esta Corporación es competente en razón a la cuantía, pues el valor de la pretensión material mayor supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 152.6 del CPACA, esto es, $ 368’858. 500.oo millones de pesos8.

Medio de control procedente.

3. La reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado, cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo.9

8 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de [ 2017], [$ 737.717.oo], por 500 y la demanda la pretensión mayor se calculó en 1.000 SMLMV, relativo al lucro cesante. 9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, CP Mauricio Fajardo Gómez, Auto del 9 de diciembre de 2013, rad: 70001-23-33-000-2013-00115-01 (47783) [ Fundamento de derecho i], «(…) La Sala ha considerado que se configura una operación administrativa cuando, por ejemplo, se ejecuta de manera anticipada un acto administrativo, cuestión que se presenta cuando éste no es notificadoRadicación: 08001-2333-000-2017-00081-01 (70.956)

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4. En este caso, el medio de control resulta procedente, al verificarse que la causa petendi no incluye pretensiones orientada