CE - Sentencia 08001233300020170015802 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (06) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: prima especial, artículo 14 de la Ley 4 de 1992. Procurador judicial II en materia penal.

Reiteración jurisprudencial. Subtema 1: carácter no salarial de la prima especial. Subtema 2: incidencia de la prima especial en la liquidación de las prestaciones sociales. Subtema 3: inaplicación de una expresión del artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, el 4 de octubre de 2023, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Samuel Bocanegra Peñaloza, quien se desempeña como procurador judicial II penal desde el 3 de diciembre de 2012, en adelante, solicit ó el reconocimiento y pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial , de manera que se le paguen

Samuel Bocanegra Peñaloza, quien se desempeña como procurador judicial II penal desde el 3 de diciembre de 2012, en adelante, solicit ó el reconocimiento y pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial , de manera que se le paguen las diferencias salariales y prestacionales entre lo liquidado y pagado con el 70% de la remuneración mensual básica y lo que resulte de tener el 100% de esta con la inclusión del 30% como factor salarial, así como el pago de la prima como un adicional equivalente al 30% del salario básico , como fue creada mediante la Ley 4ª de 1992. También pidió el reconocimiento, reliquidación y pago de las diferencias salariales, laborales y prestacionales causadas hacia el futuro, al tomar como base el 100% de la remuneración básica mensual con inclusión del 30% que se asumió como prima especial sin carácter salarial.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Samuel Bocanegra Peñaloza, mediante apoderado judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Procuraduría General de la Nación, el 10 de febrero de 201 71, con las

1 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00158-02, índice 2,01ExpedienteDigital, página 86 del archivo digital.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 siguientes:

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad con carácter definitivo del Oficio SG núm. 002653 del 22 de julio de 2016 , expedido por la Nación, Procuraduría General de la Nación, así como del acto ficto derivado de que la entidad no resolvió todo lo pedido, ya que se solicitó el pago del 30% tomado del salario con carácter de prima especial, el 30% adicional como prima especial, tal y como fue creada por la Ley 4ª de 1992, y el reconocimiento, la liquidación y pago de las diferencias salariales y prestacionales que se le deben por remuneración y las prestaciones sociales derivadas de la prima especial.

(ii) A título de restablecimiento del derecho, ordenar a la Nación, Procuraduría General de la Nación2:

[…] el reconocimiento liquidación y pago del 30% que fue tomado del salario básico, desde su vinculación a la Procuraduría General de la Nación , es decir, que se le cancele al actor, las diferencias salariales y prestacionales existentes, entre lo liquidado y pagado hasta ahora por la Procuraduría General de la Nación, con el 70% de la remuneración mensual básica, y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales, que resulten teniendo com o base la liquidación del 100% de

y pagado hasta ahora por la Procuraduría General de la Nación, con el 70% de la remuneración mensual básica, y la reliquidación de todas sus prestaciones y emolumentos laborales, que resulten teniendo com o base la liquidación del 100% de la remuneración básica mensual, incluyendo con carácter salarial para la base , la liquidación del 30% del sueldo básico que la misma entidad ha tenido hasta ahora como prima especial sin carácter salarial.

[…] el reconocimiento, liquidación y pago al demandante, desde el 03 de diciembre de 2012 como PROCURADOR JUDICIAL II para asuntos penales No. 45 en Barranquilla, hasta la fecha de la sentencia, y que en adelante se siga pagando, la prima especial de servicio en el equivalente al 30% del salario básico , tal como fue creada por la Ley 4ª de 1992, es decir como un plus, agregado, adición, incremento o sobresueldo a la remuneración mensual, que hasta la fecha no ha sido cancelado por la parte demandante.

[…] el reconocimiento, reliquidación y pago al convocante, de las diferencias laborales, salariales y prestacionales, que puedan ver incidido, y que en el futuro se establezcan y causen, teniendo como base para la liquidación el 100% de su remuneración básica mensual, incluyendo por tanto con carácter salarial el 30% de su sueldo básico que la entidad ha tomado de este, para denominarlos prima especial sin carácter salarial, creada por la lay 4° de 1992, por lo que hasta ahora se ha liquidado sus prestaciones con el 70% del sueldo básico mensual, a l Doctor SAMUEL ANTONIO BOCANEGRA PEÑALOSA, desde su vinculación a la entidad3.

creada por la lay 4° de 1992, por lo que hasta ahora se ha liquidado sus prestaciones con el 70% del sueldo básico mensual, a l Doctor SAMUEL ANTONIO BOCANEGRA PEÑALOSA, desde su vinculación a la entidad3.

(iii) Además, solicitó ordenarle a la Nación, Procuraduría General de la Nación que, posterior a la sentencia y, en adelante:

3.5.- […] siga liquidando y pagando al actor todas las prestaciones sociales y demás emolumentos y derechos laborales con base en el 100% de su remuneración básica mensual legal establecida, incluyendo el 30% del sueldo básico, que hasta ahora ha tenido como prima especial sin carácter salarial.

2 Las pretensiones se transcriben textualmente con errores. 3 Transcrito textualmente con errores.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

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3 (iv) Pidió condenar a la entidad demandada al pago de las sumas reclamadas ajustadas e indexadas , que diera cumplimiento a la sentencia en los términos del artículo 176 del Código Contencioso Administrativo (sic) y que liquidara intereses comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 ibidem.

(v) Solicitó inaplicar la expresión “sin carácter salarial” contenida en el artículo 18

comerciales moratorios a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con el artículo 177 ibidem.

(v) Solicitó inaplicar la expresión “sin carácter salarial” contenida en el artículo 18 de los decretos 67 de 1998, 37 de 1999 , 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 200 , en el artículo 17 de los decretos 683 de 2002, 3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006 y 621 de 2007 y 13 del Decreto 3048 de 2007.

2.1.2. Hechos

2. Como fundamento de las pretensiones, el demandante expuso, en síntesis, lo

siguiente:

(i) Se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación como procurado r judicial II penal núm. 45 desde el 3 de diciembre de 2012, en propiedad.

(ii) Radicó reclamación administrativa el 29 de junio de 2016, en la que solicitó el reconocimiento del 30% tomado del salario como prima especial , el pago de la prima equivalente al 30% adicional del salario básico, así como las diferencias sa lariales y prestacionales adeudadas por remuneración y prestaciones sociales por concepto de la prima especial del 30%.

(iii) La entidad demandada resolvió negativamente la solicitud mediante el Oficio SG núm. 002653 del 22 de julio de 2016 e indicó que existía reiteración frente a lo resuelto. De ahí que la Nación, Procuraduría General de la Nación no atendió de fondo las peticiones presentadas lo que dio lugar a la configuración del acto administrativo

resuelto. De ahí que la Nación, Procuraduría General de la Nación no atendió de fondo las peticiones presentadas lo que dio lugar a la configuración del acto administrativo ficto o presunto derivado del silencio frente a lo pedido.

(iv) La Nación, Procuraduría General de la Nación le paga a l demandante, desde su vinculación, hasta la fecha, sus prestaciones laborales y emolumentos con el 70% de la remuneración básica y no con el 100% de esta, por haberse reglamentado en algunos de los decretos anuales el carácter no salarial de la prima especial. Es decir que, en vez de adicionar la prima al sueldo, le restó a este el 30% de su carácter salarial. Tampoco le paga la prima especial sin carácter salarial equivalente al 30% de su remuneración básica durante los años 2011 (sic) 4 a 2016 . Así, la entidad le fracciona su remuneración básica en dos partes : un 70% , al cual le atribuye la connotación de sueldo básico mensual, y un 30% con el carácter de prima especial sin carácter salarial.

(v) La Nación, Procuraduría General de la Nación, al relacionar el 30% de prima especial, no paga este beneficio como un adicional porque en realidad hace parte de la remuneración mensual.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

la remuneración mensual.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

3. El demandante citó como normas violadas las siguientes: Constitución Política,

4 El demandante refiere que se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación el 3 de diciembre de 2012.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4 artículos 1, 2, 5, 12, 13, 53, 117 y 209; Ley 4ª de 1992, artículos 2, 3, 12, inciso tercero, y 14; Ley 270 de 1996, numeral 7 del artículo 152 ; Decreto Ley 262 de 2000, artículo 1; artículo 18 de los decretos 67 de 1998, 37 de 1999, 2734 de 2000, 1482 y 2730 de 2001; artículo 17 de los decretos 683 de 2002 , 3548 de 2003, 4169 de 2004, 933 de 2005, 392 de 2006, 621 de 2007; artículo 13 del Decreto 3048 de 2007 ; Convención Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969; Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de San Salvador del 17 de noviembre de 1988 ; y convenios 95 y 100 de la Organización

Americana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica del 22 de noviembre de 1969; Protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos de San Salvador del 17 de noviembre de 1988 ; y convenios 95 y 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre protección del salario, 1949 y 1951.

4. En el concepto de violación, expuso que el Gobierno nacional ha proferido los decretos salariales anuales en cumplimiento d e la política de fijación del régimen salarial y prestacional de los servidores. Sin embargo, del 100% que debe recibir el servidor, el 30% corresponde a prima especial, sin carácter salarial, motivo por el cual el salario y la remuneración no deben entenderse como sinónimos.

5. Bajo este entendido, en aplicación de los criterios establecidos en la ley marco, Ley 4ª de 1992, el Gobierno nacional contravino los criterios fijados por el legislador al proferir los decretos salariales, ya que de conformidad con el artículo 2, literal a) ibidem no se podrán desmejorar los salarios y prestaciones sociales. No obstante, estos actos administrativos interpretaron indebidamente la Ley 4ª de 1992 y mermaron el salario de un grupo de servidores, razón por la que contravienen la Constitución Política y la ley.

6. Así las cosas, se desconoció que la prima especial es un incremento del 30% de la remuneración con incidencia en las prestaciones sociales , de ahí que se tenga que preservar el derecho fundamental al trabajo y la irrenunciabilidad de los principios mínimos previstos en la normativa laboral. En otras palabras, «al haberse pagado el 30% con la denominación de prima especial como parte de la asignación básica sin

que preservar el derecho fundamental al trabajo y la irrenunciabilidad de los principios mínimos previstos en la normativa laboral. En otras palabras, «al haberse pagado el 30% con la denominación de prima especial como parte de la asignación básica sin carácter salarial, se disminuyó la remuneración salarial mensual, por lo que el referido porcentaje debe adicionarse al salario básico, siendo procedente el reajuste salarial solicitado y, por ende, se restringió el salario en ese porcentaje que tiene incidencia directa y consecuencial en las demás prestaciones sociales ». En igual sentido, tenía que garantizarse la igualdad respecto de otros servidores a quienes sí se les reconoce la totalidad de la remuneración percibida para todos los efectos.

7. En este contexto, como se inaplicó el contenido de la Ley 4ª de 1992, «se menguó injustificadamente el salario al 70% y sobre esta base se liquidaron las prestaciones sociales y laborales cuando debió ser con el 100%, generando un enriquecimiento sin causa a favor del Estado y un empobrecimiento o desmejoramiento injustificado para mi poderdante, lo cual debe ser reconocido, reliquidado y pagado».

2.2. Contestación de la demanda

8. El apoderado de la parte demandada se opuso a las pretensiones de la demanda, porque no tiene la facultad constitucional ni legal para definir el régimen salarial de los funcionarios vinculados a su planta de personal en los términos de la Ley 4ª de 1992. Manifestó que expidió el acto demandado en cumplimiento de las normas que rigen la materia y le ha cancelado al demandante todos los emolumentos

Ley 4ª de 1992. Manifestó que expidió el acto demandado en cumplimiento de las normas que rigen la materia y le ha cancelado al demandante todos los emolumentos y las prestaciones sociales previstas en el ordenamiento jurídico. Agregó que elRadicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

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5 momento de notificarle la liquidación de sus cesantías no se opuso a estas, por lo que se sometió a la legalidad y validez de las decisiones.

9. Expresó que el demandante estuvo vinculado a la Procuraduría Judicial II en calidad de procurador judicial II del 3 de diciembre de 2012 al 1 de noviembre de 2016.

10. Precisó que el 30% devengado por los procuradores judiciales II como prima especial no es factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales y así se ha establecido en los decretos salariales anuales que gozan de plenos efectos por no haberse anulado ni derogado. Dispuso, además, que la sentencia del 29 de abril de 2014 no se pronunció sobre el carácter salarial de la prima especial , ni que esta se deba tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones.

11. Igualmente, expresó que, en caso de que se le otorgaran efectos salariales a la prima, tendría que reliquidarse la bonificación por compensación reconocida ya que no

deba tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones.

11. Igualmente, expresó que, en caso de que se le otorgaran efectos salariales a la prima, tendría que reliquidarse la bonificación por compensación reconocida ya que no hay lugar a superar el tope del 80% de lo percibido por los magistrados de altas cortes.

También precisó que solo el Gobierno Nacional puede modificar el régimen salarial y prestacional por expresa disposición legal.

12. Igualmente, afirmó que los procuradores judiciales tienen establecida una prima especial que no corresponde al 30% de la asignación básica ni de la remuneración mensual, de conformidad con los decretos salariales anuales. De modo que esta última está integrada por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial, «todos estos en valor es fijos allí mismo previstos, y no constituye factor salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales de sus destinatarios».

13. Planteó, como excepciones, la prescripción parcial porque el demandante radicó reclamación administrativa el 29 de junio de 2016, de ahí que están prescritos los conceptos por las reclamaciones correspondientes a los meses de junio de 2013, hacia atrás. Por estos motivos, solicitó negar las pretensiones de la demanda con el fin de declarar que el acto administrativo se ajustó a la legalidad5.

2.3. Sentencia anticipada de primera instancia

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, mediante sentencia anticipada6 dictada el 4 de octubre de 2023, resolvió:

PRIMERO: Declárese probada, parcialmente, la excepción de “Prescripción Trienal de

14. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Conjueces, mediante sentencia anticipada6 dictada el 4 de octubre de 2023, resolvió:

PRIMERO: Declárese probada, parcialmente, la excepción de “Prescripción Trienal de los Derechos Laborales” propuesta por la accionada, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Ordenar la inaplicación por inconstitucional de la expresión “ Sin carácter salarial” contenida en el artículo 14 de la ley 4ta de 1992, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO: Declárese la nulidad con los efectos previstos en la parte motiva de esta sentencia, del acto administrativo expreso contenidos en los Oficio No. SG 002653 del 22 de julio de 2016, y el acto administrativo negativos ficto o presunto, por no haber

5 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00158-02, índice 2, 01_ExpedienteDigital, páginas 299 a 209 del archivo digital. 6 El conjuez del Tribunal Administrativo del Atlántico profirió auto el 5 de julio de 2023, en el que dispuso que dictaría sentencia anticipada. Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00158-02, índice 2, 09.AutoSentenciaAnticipada.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

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6 contestado todas las pretensiones solicitadas, mediante los cuales la entidad demandada Nación – Procuraduría General de la Nación negó las peticiones presentadas por la parte actora el 29 de junio de 2016.

CUARTO: A título de restablecimiento del derecho se condena a la NACION – PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION, a reconocer y pagar el 30% correspondiente a la prima especial de servicio, emolumento de que trata el artículo 14 de la Ley 4ta de 1992, que percibe el señor SAMUEL BOCANEGRA PEÑALOZA, como factor salarial y la reliquidación de los salarios y prestaciones sociales por él devengadas a partir del 29 de junio de 2013, y hasta la fecha en que se verifique el cumplimiento de esta sentencia, así como al pago de las diferencias salariales y prestaciones de la reliquidación aquí ordenada.

Asimismo, la entidad demandada deberá liquidarle al demandante SAMUEL BOCANEGRA PEÑALOZA los salarios y las prestaciones sociales que a futuro se causen, hasta tanto se mantenga vigente la relación laboral, con inclusión de la citada prima especial como factor salarial.

QUINTO: Se deja sentado la negación de las demás excepciones propuestas por la demandada, como se narró en esta sentencia. […]

NOVENO: Sin condena en costas.

15. El Tribunal encontró demostrado que el señor Samuel Bocanegra Peñaloza se

demandada, como se narró en esta sentencia. […]

NOVENO: Sin condena en costas.

15. El Tribunal encontró demostrado que el señor Samuel Bocanegra Peñaloza se vinculó a la Nación, Procuraduría General de la Nación el 3 de diciembre de 2012.

Además, que le aplicaron el régimen previsto para los servidores públicos en su condición de procurador judicial II en asuntos penales, y que se le excluyó de la liquidación, tanto de su salario, como de sus prestaciones sociales, el 30% de la prima especial.

16. De ahí que este 30% tiene carácter salarial y, por tanto, debió habe rse tenido en cuenta para liquidar los derechos laborales y prestacionales. En consecuencia, al demandante le asiste el derecho a la reliquidación con la inclusión de este porcentaje desde el ingreso al sector oficial hasta la fecha en que permaneció vinculado a este.

17. Ahora bien, respecto a la inaplicación de las normas que solicitó el actor, indicó que se desvirtuó su presunción de legalidad como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los decretos salariales que preveían el carácter no salarial de la prima especial. Por tanto, la situación debía retrotraerse al estado anterior como si la norma no hubiera existido de acuerdo con los efectos ex tunc de las nulidades.

Adicionalmente, el Tribunal expresó que algunas de las normas demandadas fueron derogadas posteriormente, de ahí que existía una sustracción de materia que hacía innecesario un estudio adicional de su aplicación.

18. En punto a la prescripción, esta se cuenta 3 años a partir de la exigibilidad del derecho reclamado y se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo escrito

innecesario un estudio adicional de su aplicación.

18. En punto a la prescripción, esta se cuenta 3 años a partir de la exigibilidad del derecho reclamado y se interrumpe por un lapso igual con el simple reclamo escrito del trabajador. Sobre esta figura se pronunció la sentencia del 2 de septiembre de 2019, según la cual el término prescriptivo se contabiliza desde el 7 de enero de 1993 y se interrumpe por tres años contados a partir de la presentación de la reclamación administrativa.

19. Aplicado lo anterior al caso en particular, como el demandante presentó reclamación administrativa ante la Nación, Procuraduría General de la Nación el 29 deRadicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

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7 junio de 2016, como consta en los folios 32 a 38 del expediente, los valores solicitados antes del 29 de junio de 2013 están prescritos. Por tanto, debía declarar parcialmente probada esta excepción.

20. Por estos motivos, dado que los antecedentes jurisprudenciales demuestran que la prima especial de que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no es solo un ingreso laboral, sino que tiene carácter salarial, no existen razones válidas para extraerla al momento de liquidar los derechos laborales. De manera que había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y, en aplicación del artículo 4 de la

ingreso laboral, sino que tiene carácter salarial, no existen razones válidas para extraerla al momento de liquidar los derechos laborales. De manera que había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda y, en aplicación del artículo 4 de la Constitución Política , inaplicar por inconstitucionales las normas contrarias a la interpretación que se le deb ía dar a la citada disposición , al considerar que la prima sería el 30% del salario básico de los servidores, sin carácter salarial.

21. Así las cosas, dispuso que anularía tanto el acto expreso como el ficto «producto del silencio administrativo respecto del recurso de apelación interpuesto contra el Oficio núm. SG 002653 del 22 de julio de 2016», expedidos por la Nación, Procuraduría General de la Nación que le negaron al señor Samuel Bocanegra Peñaloza sus peticiones, y dispondría la reliquidación con la incidencia del 30% en los salarios y las prestaciones sociales, al incluirse la prima especial como factor salarial. Igualmente, le ordenaría a la entidad demandada liquidar los salarios y prestaciones devengadas por el demandante, desde el 29 de junio de 2013 , hasta que se ejecute el pago de la sentencia y en adelante, lo que a futuro se cause hasta que mantenga la relación laboral, con la inclusión de la prima con carácter salarial.

22. Precisó que esto no era óbice para dejar de atender los topes permitidos frente a los salarios de los empleados públicos, así como preservar las equivalencias con los cargos similares del orden nacional de conformidad con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 14 del Decreto 1105 de 2015.

cargos similares del orden nacional de conformidad con el parágrafo del artículo 12 de la Ley 4ª de 1992 y el artículo 14 del Decreto 1105 de 2015.

23. Se abstuvo de imponer en costas porque no advirtió temeridad ni dilación por parte de la entidad demandada7.

2.4. Recurso de apelación

24. La entidad demandada solicitó revocar los numerales (sic)8 segundo, tercero y cuarto de la sentencia proferida el 4 de octubre de 2023, con fundamento en los

siguientes motivos de inconformidad:

25. La Ley 4ª de 1992 y los decretos salariales proferidos por el Gobierno nacional disponen que el 30% de prima especial percibido por los procuradores judiciales no es factor salarial. De ahí que como esta normativa está vigente y goza de plena validez, porque los actos administrativos no han sido anulados lo que les otorga plenos efectos jurídicos, la entidad debe cumplir el deber legal y reconocer, y pagar los salarios , de conformidad con los parámetros establecidos.

26. Advirtió que, aunque en los decretos salariales anuales se incluyó una norma que dispone que «los Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial tendrán derecho a una prima especial equivalente al treinta por ciento (30%) del salario

7 Samai, exp. 08001-23-33-000-2017-00158-02, índice 2, 16.sentencia Primera instancia. 8 Se tratan de ordinales.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

8 Se tratan de ordinales.Radicación: 08001-23-33-000-2017-00158-02 (1306-2024)

Demandante: Samuel Bocanegra Peñaloza

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8 básico», como es el caso del artículo 11 del Decreto 1016 de 2013, esta disposición no resulta aplicable a los procuradores judiciales II, por ser incompatible con la prima especial. Así las cosas, estos servidores tienen prevista una prima especial sustentada en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, excluyente con aquella equivalente al 30% , la cual, además, no corresponde a este porcentaje como se afirma equivocadamente.

27. En estos términos, la entidad precisó que el salario básico es solo una parte de la remuneración mensual por lo que no es acertado afirmar que dejó de tener en cuenta el 30% de este para liquidar las prestaciones sociales, ya que «lo que no se tiene en cuenta como factor de salario es exactamente lo correspondiente a la prima especial, dadas las razones que en adelante se exponen. Con todo, se aclara, en la base de la liquidación de las prestaciones sociales de los Procuradores Judiciales II se toma en cuenta la asignación básica y los gastos de representación percibidos mensualmente, más las correspondientes doceavas de ley».

28. Adicionalmente, manifestó que eran inaplicables para los servidores de la Nación, Procuraduría General de la Nación los regímenes salariales dispuestos para

más las correspondientes doceavas de ley».

28. Adicionalmente, manifestó que eran inaplicables para los servidores de la Nación, Procuraduría General de la Nación los regímenes salariales dispuestos para la Nación, Rama Judicial y la Nación, Fiscalía General de la Nació n, así como las consecuencias previstas en las sentencias relacionadas con estos , porque esto implicaría que se v iera obligada a acoger las disposiciones que rigen para estas entidades, en vez de sus propios decretos salariales.

29. Destacó que estos regímenes difieren sustancialmente al estar establecidos en decretos distintos, lo que hace improcedente adoptar lo allí dispuesto máxime cuando en estos, como es el caso del artículo 1 de los decretos 1016, 1035 y 1024 de 2013, se estipuló expresamente que no se tendrán en cuenta para determinar la remuneración de otros funcionarios del sector público , ya que se trata de normas especiales. Por tanto, en este asunto se busca extender los efectos de las normas propias del régimen salarial d e la Nación, Rama Judicial , a partir de situaciones particulares que no corresponden a la Nación, Procuraduría General de la Nación , lo cual las torna ilegales e inaplicables.

30. Seguidamente, la entidad expresó «que la prima especial conced ida a los Procuradores Judiciales II cómo la prima especial del 30% establecida en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales». Así lo estableció en los distintos decretos salariales , a partir de los cuales se evidencia que la remuneración mensual de los procuradores judiciales

14 de la Ley 4ª de 1992 no tiene carácter salarial para efectos de liquidar las prestaciones sociales». Así lo estableció en los distintos decretos salariales , a partir de los cuales se evidencia que la remuneración mensual de los procuradores judiciales II está compuesta por la asignación básica, los gastos de representación y la prima especial, emolumentos que establece el Gobierno nacional «en valores fijos, en donde la prima especial corresponde a un