CE - Sentencia 08001233300020180073901 de 2025

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024)

Demandante: José Luis García Llerena

Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema: fijación del régimen salarial y prestacional en la Rama Judicial

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 7 de noviembre de 2023, que accedió a

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico del 7 de noviembre de 2023, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El demandante prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en el Tribunal Administrativo del Atlántico . Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad del acto administrativo que le negó lo pedido. A su turno, el Tribunal consideró que el Consejo Superior de la Judicatura no era competente para fijar la categoría salarial del cargo de «abogado asesor», en tanto dicha potestad le corresponde al Gobierno nacional, en desarrollo de las facultades previstas en la Ley 4ª de 1992.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. El señor José Luis García Llerena , por conducto de apoderad o judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho 1

1 22 de agosto de 2018.Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan2.

2.1.1. Pretensiones

2. El demandante solicitó que se declare la nulidad del acto ficto generado por la falta de respuesta a la petición que radicó el 19 de agosto de 2016 en la Dirección Ejecutiva

Seccional de Administración Judicial de Barranquilla.

3. A título de restablecimiento del derecho, el demandante reclamó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial y prestacional existente entre el empleo de «abogado asesor grado 23» que desempeñó y el de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación de las prestaciones salariales y sociales.

4. De igual manera, pidió que se condenara a la demandada a actualizar las sumas adeudadas con base en el índice de precios al consumidor, en aplicación del artículo 187 del CPACA, y se le ordenara el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 ibidem. Solicitó la condena en costas.

2.1.2. Hechos

5. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

6. El señor José Luis García Llerena fue nombrado en el cargo de «abogado asesor grado 23» del Tribunal Administrativo del Atlántico, en descongestión, a partir del 16 de octubre de 2013, cuya designación fue prorrogada hasta el año 2016.

grado 23» del Tribunal Administrativo del Atlántico, en descongestión, a partir del 16 de octubre de 2013, cuya designación fue prorrogada hasta el año 2016.

7. El empleo fue creado por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PSAA 11-8346 del 29 de julio de 20113 para los despachos permanentes del Tribunal Administrativo del Atlántico. Posteriormente, a través del Acuerdo PSAA 11 -8596 del 19 de septiembre de 2011, se creó el cargo de «abogado asesor grado 23» para los despachos en descongestión del referido Tribunal.

8. Una vez se agotó la temporalidad de las medidas definidas en los referidos acuerdos, el empleo se volvió a crear a través del Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 2014. Más adelante, se expidió el Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015, que dispuso la creación del cargo de «abogado asesor grado 23» con carácter permanente para todos los despachos de tribunal del territorio nacional.

9. El señor José Luis García Llerena presentó escrito, el 19 de agosto de 2016 , ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, mediante el cual solicitó el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

de «abogado asesor grado 23», que venía desempeñando, y el empleo de «abogado asesor» sin grado; así como la reliquidación, con efectos retroactivos de las diferencias salariales y prestacionales.

2Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-00739-01, índice 2, certificado núm. 6A354BF73F0BD06E A9A670B86B6038E4 3236DEEB4EB9DC7F 73F84038D3DCC2FB, documento «01.ExpedienteDigital». 3 «Por el cual se adoptan unas medidas de descongestión complementarias a las adoptadas en el Plan Nacional de Descongestión en el Tribunal Contencioso Administrativo del Atlántico».Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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10. Dentro de los argumentos planteados en la referida petición, expuso que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, para el año 2013, le ha pagado su salario sobre la suma de 4.177.147 pesos, conforme el cargo que ocupa de «abogado asesor grado 23», cuando el Decreto 1024 de 2013 , en su artículo 6 estableció una remuneración de 5.746.978 pesos, para el empleo de

que ocupa de «abogado asesor grado 23», cuando el Decreto 1024 de 2013 , en su artículo 6 estableció una remuneración de 5.746.978 pesos, para el empleo de «abogado asesor» sin grado, por lo que recibió una asignación salarial disminuida.

11. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla omitió resolver su requerimiento, lo que dio lugar a la configuración del silencio administrativo negativo en los términos del artículo 83 del CPACA.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

12. En la demanda se invocan las siguientes normas:

De la Constitución Política, los artículos 1,2, 25, 53, 58, 136, 150 (numeral 19, literal e), 209 y 210. De la Ley 6ª de 1945, los artículos 16 y 17 La Ley 44 de 1980 De la Ley 50 de 1990, los artículos 99, 102 y 104 De la Ley 4ª de 1992, los artículos 1, 2, 3, 4 y 14. De la Ley 270 de 1996 artículo 152 (numeral 7) De la Ley 1071 de 2006, artículo 43 De la Ley 1285 de 2009, el artículo 13 Del Decreto 546 de 1971, los artículos 32 y 35 Del Decreto 542 de 1977, el artículo 31 Del Decreto 717 de 1988, el artículo 8 El Decreto 3135 de 1968 El Decreto 1024 de 2013 El Decreto 194 de 2014 El Decreto 1257 de 2015 El Decreto 245 de 2016

Del Decreto 717 de 1988, el artículo 8 El Decreto 3135 de 1968 El Decreto 1024 de 2013 El Decreto 194 de 2014 El Decreto 1257 de 2015 El Decreto 245 de 2016 Los Decretos 1042 y 1045 de 1978 Del Convenio 95 de la OIT, el artículo 1.

13. La parte actora en el concepto de violación manifestó que el acto administrativo demandado se encuentra viciado de nulidad porque fue expedido con infracción de las normas superiores en las que debían fundarse, por las siguientes razones:

14. ,Al respecto, explicó que el numeral 2 del artículo 4 de los decretos 1024 de 2012, 194 de 2014, 1254 de 2015 y 245 de 2016 estableció la remuneración para el empleo de «abogado asesor», en un monto superior al previsto para el empleo con similar denominación, pero con la particularidad de identificarse adicionalmente con el «grado

23».

15. De esta manera, afirmó que el acto administrativo demandado al no reconocer las diferencias salariales reclamadas desconoció el derecho al trabajo y las demás garantías laborales que se derivan del preámbulo y los artículos 1, 2, 25 y 53 de la Constitución, en especial, lo concerniente a la «irrenunciabilidad de los principios mínimos establecidos en las normas laborales».Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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16. Asimismo, consideró que las decisiones administrativas cuestionadas no efectuaron una debida aplicación e interpretación de las normas constitucionales invocadas ni del alcance de los decretos 1039 de 2011 y 0874 de 2012, motivo por el cual se ha estado pagando una remuneración inferior a la que le corresponde al demandante.

17. Así pues, indicó que la decisión negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla es contraria a derecho, por cuanto no tuvo en cuenta que el reconocimiento del salario del demandante se debe hacer con base en el valor que se le otorgó al empleo de «abogado asesor», pues este cargo existe en la planta de empleos de la Rama Judicial y, por ello, no era posible efectuar una discriminación injustificada asignándole un grado determinado.

18. Finalmente mencionó que la autoridad demandada, realizó una errónea interpretación del ordenamiento jurídico, en tanto, desconoció ostensiblemente que el salario es un derecho irrenunciable, conforme lo regulado en el artículo 53 de la Constitución, el artículo 1 del Convenio 95 de la OIT, ratificado por la Ley 54 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

salario es un derecho irrenunciable, conforme lo regulado en el artículo 53 de la Constitución, el artículo 1 del Convenio 95 de la OIT, ratificado por la Ley 54 de 1992.

2.2. Contestación de la demanda

19. El Consejo Superior de la Judicatura, a través de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla 4,. se opuso a las pretensiones de la demanda, al considerar que la entidad no tiene competencia para darle un alcance diferente al decreto de salarios expedido por el Gobierno nacional y pagar al demandante su asignación básica de acuerdo con la remuneración prevista para los cargos nominados, cuando la escala salarial para el cargo ocupado corresponde al de «grado 23», debido a la prohibición establecida en el artículo 10 de la Ley 4ª de 1992.

20. De este modo, afirmó que la Ley 270 de 1996 facultó al Consejo Superior de la Judicatura para crear medidas de descongestión de carácter temporal y transitorio, entre estas, la redistribución de los asuntos entre los despachos judiciales y la creación de cargos. En este sentido, los acuerdos PSAA 11-8346 de 2011 y PSAA 11-8596 de dispusieron la asignación de cargos de «abogado asesor grado 23», para los despachos del Tribunal Administrativo del Atlántico.

21. Indicó que autoridad competente, contrario al sentir del demandante, no dispuso la creación de dicho empleo como un cargo «NOMINADO», es decir, sin escala de grado, lo cual sí implicaría que se aplique la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que no es otra cosa que la señalada en el artículo

creación de dicho empleo como un cargo «NOMINADO», es decir, sin escala de grado, lo cual sí implicaría que se aplique la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que no es otra cosa que la señalada en el artículo 4 de los decretos 1024 de 2013 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, normas vigentes para las anualidades reclamadas.

22. De igual manera explicó que los cargos creados por la Rama Judicial, a través de la Sala Administrativa del Consejo Superior, permiten inferir la existencia de unas funciones de abogado asesor del despacho al cual está adscrito el cargo ocupado por el actor, pero además asignó el «grado 23», lo cual genera la obligación para la entidad

4 Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-00739-01, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «01. Expediente».Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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5 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1024 de 2013, de pagarle

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5 en cumplimiento de lo previsto en el artículo 6 del Decreto 1024 de 2013, de pagarle la remuneración que dicha norma establece para el grado.

23. Por otro lado, refirió que los valores pagados al demandante fueron los que efectivamente devengó, con base en la escala salarial definida en el marco legal, la cual sirvió para liquidar sus prestaciones y demás emolumentos laborales durante su vinculación en el citado cargo de «abogado asesor grado 23 » del Tribunal Administrativo del Atlántico, durante el término que duró su vinculación con la Rama Judicial en ese cargo.

24. Con fundamento en lo anterior, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran ajustados al ordenamiento jurídico, sin incurrir en irregularidad o vicio de nulidad alguno.

25. Finalmente, propuso la excepción que denominó «presunción de legalidad de los actos administrativos».

2.3. Sentencia de primera instancia.

26. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 7 de noviembre de 20235, accedió a las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:

«PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción propuesta por la parte demandada, denominada, “PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS”, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

SEGUNDO: INAPLICAR, en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace

SEGUNDO: INAPLICAR, en el caso concreto, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el artículo 1.° del Acuerdo No. PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011 y el Acuerdo PSAA1510402 de 2015 que incluyó en forma permanente el mencionado empleo en la planta de cargos de los tribunales ad ministrativos, de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

TERCERO: DECLARAR la nulidad del acto ficto presunto con efectos negativos, que se configuró el 19 de noviembre de 2016, por medio del cual la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial negó al demandante JOSÉ LUIS GARCÍA LLERENA el reconocimiento y pago de la diferencia salarial existente entre el cargo de Abogado Asesor, con el de Abogado Asesor Grado 23.

CUARTO: Como consecuencia de la anterior declaración, CONDENAR a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a pagar al señor JOSÉ LUIS GARCÍA LLERENA, las diferencias de sueldo que corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal, consagrado en los Decretos No. 194 de 2014, 1257 de 2015, 245 de 2016, 1013 de 2017 y 337 de 2018, desde la fecha que ingresó a tal cargo y en lo sucesivo mientras se desempeña en el mismo, y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales que ha devengado, como primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales causados

y en lo sucesivo mientras se desempeña en el mismo, y la respectiva reliquidación de todas las prestaciones sociales que ha devengado, como primas, vacaciones, cesantías, bonificaciones y demás emolumentos salariales y prestacionales causados y que se llegaren a causar, con base en el salario que por Ley le corresponda al cargo de Abogado Asesor de Tribunal. Estos valores deberán ser actualizados en la forma indicada en la parte motiva de esta providencia. […]6».

5 Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-00739-01, índice 2, certificado núm. 6A354BF73F0BD06E A9A670B86B6038E4 3236DEEB4EB9DC7F 73F84038D3DCC2FB, documento «12.Fallo». 6 Se corrigieron los errores de digitación del aparte transcrito.Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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27. El Tribunal indicó que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 19 literal e y f del artículo 150 de la Constitución, le corresponde al Congreso de la República, fijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Asimismo, el artículo 1 de la Ley 4ª de 1992 estableció que « El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas,

régimen salarial y prestacional de los empleados públicos. Asimismo, el artículo 1 de la Ley 4ª de 1992 estableció que « El Gobierno Nacional, con sujeción a las normas, criterios y objetivos contenidos en esta Ley, fijará el régimen salarial y prestacional » de servidores de la Rama Judicial».

28. Así pues, explicó que el Gobierno nacional con fundamento en lo anterior, expide anualmente los decretos por medio de los cuales se establecen las disposiciones en materia salarial y prestacional para los servidores públicos de la Rama Judicial y de la

Justicia Penal Militar.

29. De este modo, los decretos, 1024 de 2013 , 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, en el numeral 2 del artículo 4 definieron la escala salarial para los empleados de los tribunales judiciales, incluyendo el cargo de abogado asesor con una remuneración específica. Adicionalmente, el artículo 6 especificó una tabla de valores salariales por grado, aplicable a los empleos de la Rama Judicial, cuya denominación del cargo no estaba identificada, entre dicho listado se encontraba en forma genérica el de grado 23, que tiene una asignación salarial inferior a la de abogado asesor.

30. De esta manera, explicó que el Consejo Superior de la Judicatura no podía asignarle un grado al cargo de abogado asesor porque su denominación ya se encontraba definida dentro de los empleos existentes en la estructura de la entidad como «abogado asesor».

31. En este sentido, aclaro que, si bien la entidad está facultada para crear cargos, también es cierto que esta función debe desarrollarse en el marco de los criterios que

como «abogado asesor».

31. En este sentido, aclaro que, si bien la entidad está facultada para crear cargos, también es cierto que esta función debe desarrollarse en el marco de los criterios que establece la Ley 4ª de 1992, y que están incluidos en los decretos salariales que anualmente expide el Gobierno nacional.

32. En el caso objeto de estudio, afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura, al expedir los acuerdos PSAA11-8346 del 29 de julio de 2011 y PSAA-1510402 del 29 de octubre de 2015, no podía asumir la competencia de establecer una remuneración al cargo de abogado asesor de Tribunal, y menos imponerle grados, pues con ello desconoció una facultad que es exclusiva del presidente de la República, según lo previsto en la Ley 4ª de 1992, por lo que consideró que el referido acuerdo es inconstitucional e ilegal, tal como lo expuso el Consejo de Estado, en la sentencia de unificación SUJ-033-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023.

33. Agregó que cuando el cargo tiene su denominación específica no es factible asignarle grados, por lo que proceder de manera contraria, implicaría una real disminución de los ingresos que perciben los servidores públicos . En efecto, el señor Jorge Luis García Llerena , durante el ejercicio del cargo, percibió un salario que no corresponde, desatendiendo aquel que para el cargo fija anualmente el Gobierno nacional mediante decreto.

34. Así las cosas, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por infringir las normas en las que debía fundarse, al efectuar una

nacional mediante decreto.

34. Así las cosas, concluyó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad por infringir las normas en las que debía fundarse, al efectuar una interpretación contraria a los postulados establecidos en los decretos 1024 de 2013,Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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7 194 de 2014, 1257 de 2015 y 245 de 2016, motivo por el cual se pagó un salario inferior al que le corresponde al cargo de abogado asesor de Tribunal al que estaba vinculado el demandante . En consecuencia, advirtió que la excepción propuesta por la demandada de «presunción de legalidad de los actos administrativos» no prosperaba.

2.4. Recurso de apelación

35. La parte demandada interpuso recurso de apelación 7 en contra de la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

36. Así pues, manifestó que el Consejo Superior de la Judicatura, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 256 de la Constitución y en los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, analizó las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades, y determinó que el cargo que se debía crear para descongestionar los

facultades previstas en el artículo 256 de la Constitución y en los artículos 63 y 85 de la Ley 270 de 1996, analizó las necesidades de las diferentes jurisdicciones y especialidades, y determinó que el cargo que se debía crear para descongestionar los Tribunales Administrativos y Superiores era el de «abogado asesor grado 23», el cual no hace relación al empleo de «abogado asesor» nominado, pues en el primero se determinó un grado espe cífico, cuya remuneración es proporcional al nivel de funciones y responsabilidades que demanda el perfil.

37. Asimismo, refirió que los argumentos de la demanda se fundamentan en una premisa basada en generar una confusión sobre la denominación de los cargos para un beneficio personal, pero no hace mención alguna a la teleología del plan de descongestión de la Rama Judicial que se regula por una ley estatutaria.

38. De este modo, explicó que el cargo de «abogado asesor grado 23» fue creado dentro del marco de la autonomía administrativa y conforme las necesidades del servicio de manera transitoria a través de los acuerdos PSAA11-7886, PSAA13-9991, PSAA14-10197, PSAA15 -10288, PSAA15 -10323, PSAA15 -10335, PSAA15 -10356, PSAA15-10363, PSAA15-10371, PSAA15-10377 y PSAA15-10385, y posteriormente, de forma permanente por medio del Acuerdo PSAA15 -10402. Dichos actos administrativos gozan de presunción de legalidad, sin que hubiesen sido cuestionados ante la jurisdicción.

39. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal

administrativos gozan de presunción de legalidad, sin que hubiesen sido cuestionados ante la jurisdicción.

39. Con fundamento en lo anterior, solicitó que se revoque el fallo del Tribunal Administrativo del Atlántico y, en su lugar, se nieguen las pretensiones de la demanda.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia.

40. Mediante auto del 26 de octubre de 2023 8, se admitió el recurso de apelación interpuesto la parte demandada . Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021.

7 Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-00739-01, índice 2, certificado núm. 6A354BF73F0BD06E A9A670B86B6038E4 3236DEEB4EB9DC7F 73F84038D3DCC2FB, documento «14.Apelación». 8 Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-00739-01 índice 9, certificado núm. 894D12D4CFA6BDB8 83622568AE4C4440 B7236DB7186E03D9 75833CD142A240FBRadicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

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III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

41. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

41. La Sala considera pertinente aclarar que, si bien la sentencia recurrida inaplicó «por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, la denominación “Grado 23” y las sucesivas prórrogas a las que se hace referencia en el artículo 1.° del Acuerdo No.

PSAA11-8346 de 29 de julio de 2011» lo cierto es que la vinculación del demandante al cargo de «abogado asesor grado 23» se realizó con fundamento en los siguientes: i) el artículo 1 del Acuerdo PSAA 11-8596 del 19 de septiembre de 2011; ii) el artículo 20 del Acuerdo PSAA14-10197 del 5 de agosto de 20149 y iii) el numeral segundo del artículo 86 del el Acuerdo PSAA1510402 del 29 de octubre de 2015.

42. En este sentido, el análisis sobre la inaplicación de disposiciones de creación de los

artículo 86 del el Acuerdo PSAA1510402 del 29 de octubre de 2015.

42. En este sentido, el análisis sobre la inaplicación de disposiciones de creación de los cargos de «abogado asesor grado 23» deberá realizarse con fundamento en los referidos acuerdos.

3.3. Problema jurídico

43. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, y teniendo en cuenta que, según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de alzada, corresponde a la Sala definir lo

siguiente:

44. ¿Si el Consejo Superior de la Judicatura excedió sus competencias constitucionales y legales al asignar la denominación «grado 23» al cargo de «abogado asesor», en la medida en que ello implicó la modificación del régimen salarial y prestacional fijado por los decretos anuales expedidos por el Gobierno nacional para dicho empleo?

45. Con el fin de resolver el problema jurídico, la Sala considera necesario abordar los siguientes aspectos: (i) la remuneración salarial prevista para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado; (ii) la nulidad del aparte «grado 23» previsto en algunos de los Acuerdos de la entonces Sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura; y (iii) caso concreto.

9 Esto, según consta en la Resolución núm. 0032 del 6 de agosto de 2014, visible en: Samai, exp. 08001-23-33-000-2018-0073901, índice 2, certificado núm. 2D89DE5F27EC8BD4 6F6C6018E2F18BE2 489E2E81173DB3DE 03B7E4EA8165C8D8, documento «01. Expediente».Radicación: 08001-23-33-000-2018-00739-01 (1703-2024) Demandante: José Luis García Llerena Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, (Atlántico)

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9 3.3.1. De la remuneración salarial establecida para el cargo de «abogado asesor grado 23» en la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado. Reiteración de jurisprudencia.

46. Con ocasión de las múltiples controversias que se suscitaron en torno a la existencia de una diferencia salarial entre los cargos de «abogado asesor», sin grado, y «abogado asesor grado 23», esta Sección, en sentencia del 2 de noviembre de 2023, unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla

jurisprudencial10:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos

unificó su jurisprudencia en torno a esta cuestión, y fijó la siguiente regla jurisprudencial10:

«El Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para asignarle a los cargos nominados, grados, códigos y remuneración diferente a lo regulado en el Decreto 57 de 1993 y demás decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional, mediante los cua