CE - Sentencia 08001233300020180077301 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dieciocho (18) de septiembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones1

Demandado: Rodrigo Jabba Navarro

Litisconsorcio: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y

Contribuciones Parafiscales de la Protección Social2

Tema: Incompatibilidad pensional, pensiones de vejez por tiempos de servicios en los sectores público y privado. Sistem a tripartita de financiación de la seguridad social

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por la parte demandante y demandada contra la sentencia del 11 de octubre de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de

1.1. La demanda3

1.1.1. Las pretensiones

1. Colpensiones en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo4 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 expedida por esa entidad mediante la cual le reconoció una pensión de vejez a Rodrigo Jabba

1 En adelante Colpensiones. 2 En adelante Ugpp. 3 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «01. DEMANDA» 4 En adelante CPACA.2

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Navarro al considerar que esta prestación es incompatible con la otra prestación reconocida por Cajanal hoy Ugpp,

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la devolución de las sumas de dinero pagadas por concepto de pensión de vejez a partir de la fecha de inclusión en nómina de pensionados de la resolución demandada hasta que se declarara la nulidad de dicho reconocimiento; y (ii) la indexación de dichas sumas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

nulidad de dicho reconocimiento; y (ii) la indexación de dichas sumas.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. La Sala sintetiza como hechos relevantes los siguientes:

4. Rodrigo Jabba Navarro nació el 1 de enero de 1950.

5. Laboró para la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 al 30 de junio de 2008, es decir, un total 10423 días, en los cuales realizó sus aportes a pensión.

6. El 10 de agosto de 2005 solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

7. Con la Resolución 8478 del 24 de febrero de 2006 Cajanal reconoció la pensión de vejez a favor de Rodrigo Jabba Navarro a partir del 1 de junio 2005 en cuantía de $4.051.086, efectiva a partir de su retiro del servicio.

8. El 4 de abril de 2006 el demandado presentó recurso de reposición contra la anterior decisión.

9. Con la Resolución 6652 de 3 de agosto de 2006 por CajanalEICE en liquidación hoy Ugpp, en el sentido de reconocer y ordenar el pago de una pensión de vejez en cuantía de $9.869.718 efectiva a partir del 1 de febrero de 2006, en cumplimiento del fallo proferido por el Juzgado 3 Laboral del Circuito de Barranquilla.

10. El 20 de febrero de 2008 Rodrigo Jabba Navarro solicitó la reliquidación de la pensión de vejez ante Cajanal.

11. A través de la Resolución PAP 052854 del 12 de mayo de 2011 Cajanal reliquidó

10. El 20 de febrero de 2008 Rodrigo Jabba Navarro solicitó la reliquidación de la pensión de vejez ante Cajanal.

11. A través de la Resolución PAP 052854 del 12 de mayo de 2011 Cajanal reliquidó la pensión de vejez del demandado en cuantía de $11.537.500, efectiva a partir del 1 de julio de 2008 y con efectos fiscales a partir de su retiro definitivo.

12. El 7 de mayo de 2010 Rodrigo Jabba Navarro solicitó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez ante el Instituto de Seguros Sociales5.

13. Mediante la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 el ISS reconoció una pensión de vejez a favor del demandado, efectiva a partir del 1 de julio de 2010, en

5 En adelante ISS.3

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones cuantía de $5.730.296 liquidada con base en 1.489 semanas de cotización con un ingreso base de liquidación de $6.366.995, al cual se le aplicó una tasa de remplazo del 90%, prestación que ingresó a nómina en el período «201007» y se pagó en el período «201008», prestación que fue reconocida con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

14. Con auto de pruebas APSUB 945 del 9 de marzo de 2018, se solicitó a Rodrigo

período «201008», prestación que fue reconocida con fundamento en el Decreto 758 de 1990.

14. Con auto de pruebas APSUB 945 del 9 de marzo de 2018, se solicitó a Rodrigo Jabba Navarro su consentimiento para revocar la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 por ser incompatible con la prestación reconocida por Cajanal hoy Ugpp.

15. Mediante escrito con radicado BZG 2018_4091324 del 12 de abril de 2018 el demandado manifestó que no otorgaba su consentimiento para revocar la resolución antes mencionada.

16. Con auto de pruebas APSUB 133755 del 21 de mayo de 2018 se solicitó enviar el expediente a la dirección de procesos judiciales para iniciar la «acción de lesividad».

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

17. Como tales se señalaron los artículos 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de 1992.

18. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente6:

19. Cajanal hoy Ugpp reconoció a Rodrigo Jabba Navarro una pensión de vejez con base en los aportes realizados por su vinculación a la Rama judicial desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 2008 , por su parte , también el ISS también le reconoció una prestación teniendo en cuenta los mismos tiempos laborados en la Rama Judicial.

20. Con el reconocimiento de las dos prestaciones por el ISS hoy Colpensiones y por Cajanal se evidenció una afectación al erario público pues tal reconocimiento resultaba incompatible al tratarse de 2 entidades de naturaleza pública.

20. Con el reconocimiento de las dos prestaciones por el ISS hoy Colpensiones y por Cajanal se evidenció una afectación al erario público pues tal reconocimiento resultaba incompatible al tratarse de 2 entidades de naturaleza pública.

21. Se desconoció la prohibición establecida en el artículo 128 de la Constitución Política, esto es, recibir 2 o más asignaciones provenientes del tesoro público o de empresas o instituciones en las cuales el Estado tuviera parte mayoritaria.

22. Por su parte e l artículo 19 de la Ley 4 de 1992 no solo recogió la normativa antes señalada sino que también se encargó de establecer de forma taxativa los cargos que podían ser desempeñados de forma excepcional sin controvertir lo expresamente prohibido.

6 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «01. DEMANDA»4

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

23. Frente a la anterior la Corte Constitucional en la sentencia C-674 del 28 de junio de 2011 indicó que «[l]os imperativos de eficiencia que gobiernan la seguridad social y el carácter unitario de este sistema, hacen razonable que el Legislador evite que, en principio, una misma persona goce de dos prestaciones que cumplan idéntica función, pues no sólo eso podría ser inequitativo sino que, además implicaría una gestión ineficiente de recursos que por definición son limitados.[…]».

una misma persona goce de dos prestaciones que cumplan idéntica función, pues no sólo eso podría ser inequitativo sino que, además implicaría una gestión ineficiente de recursos que por definición son limitados.[…]».

24. El precedente judicial vinculante de la jurisdicción laboral 7 también consideró que en virtud de los principios y estructura del Sistema Integral de Seguridad Social «no resulta[ba] plausible que una persona percib[iera] más de una pensión, lo cierto e[ra] que tal incompatibilidad ha[bía] sido aplicada en los casos en los que la Ley expresamente lo ha[bía] establecido o resulta[ba] razonable definirlo de esa manera, oirque las dos prestaciones se fundamentaban en los mismos tiempos.»

25. Asimismo el Consejo de Estado 8 sostuvo pacíficamente que el pago de una pensión oficial con la de vejez otorgaba por Colpensiones era incompatible «a menos que la pensión de vejez [fuera] el resultado de servicios prestados a empleadores particulares».

1.2. Contestación de la demanda

1.2.1. Rodrigo Jabba Navarro9

26. El demandado se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo

siguiente:

27. El 1 de abril de 1994 cuando entró en vigencia la Ley 100 de 1993 tenía 40 años y 15 años de servicios , por lo que reunía los 2 requisitos de edad y tiempo de servicios para ser beneficiario del régimen de transición establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el ISS le reconoció la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

36 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el ISS le reconoció la pensión de vejez con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de 1990.

28. En consideración a que se desempeñó como juez y magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla, Cajanal le reconoció una pensión de jubilación mediante las «resoluciones 8478 del 23 de febrero de 2006, 6652 del 3 de agosto de 2006, 57545 del 1 de noviembre de 2008, 052854 del 12 de mayo de 2011, de conformidad con el artículo 6 del Decreto 546 de 1971, aplicable a los funcionarios de la Rama Judicial.»

29. Por lo tanto, si el ISS hoy Colpensiones unió los tiempos que laboró como

7 Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 23 de junio de 2006. Radicado 27489. 8 Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 6 de diciembre de 2001. Radicado 1389. Sentencia del 3 de abril de 1995. Expedientes acumulados 5708, 5833 y 5937. Sentencia del 22 de octubre de

2009. Expediente 05001-23-31-000-2001-00423-01 (0262-08).

9Samai, índice 2, archivo « ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y « 07. CONESTACIÓN DE LA

DEMANDA.pdf»5

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DEMANDA.pdf»5

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones funcionario público de la Rama Judicial por más de 31 años desde el 1 de septiembre de 1977 al 30 de julio de 2008 y cuando fue empleado del sector privado de la Universidad Libre por más de 26 años , no «[era] culpa de mi prohijado » fue negligencia, error o descuido del ISS al computar los tiempos del sector público con el privado.

30. Se le pagaron 2 pensiones que Colpensiones consideró que provenían de un idéntico período y del tesoro público, lo cual no era cierto, razón por la cual no podía deducirse la mala fe del pensionado , menos tratándose de la compatibilidad de la pensión de vejez y de jubilación, una del sector privado y otra del público que tenían distintas fuentes de financiación, las cuales no eran excluyentes entre sí.

31. Colpensiones aseveró que el acto acusado era incompatible con la pensión de vejez cuando en realidad se trataba de la pensión de jubilación que el demandado adquirió como funcionario judicial y que paga la Ugpp.

32. No se encontraba incurso en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de 1992, por cuanto debía entenderse como tesoro público «el de la Nación, el de las entidades territoriales y descentralizadas».

32. No se encontraba incurso en la prohibición del artículo 128 de la Constitución Política y 19 de la Ley 4 de 1992, por cuanto debía entenderse como tesoro público «el de la Nación, el de las entidades territoriales y descentralizadas».

33. A través de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 pro ferida por el ISS se le reconoció la pensión de vejez a Rodrigo Jabba Navarro, prestación que se configuró como consecuencia de prestar un servicio privado, pues lo que devengó de a hí no provenía del sector público ni de ninguna entidad nacional , territorial, municipal, distrital o departamental, mal podía entenderse que esa prestación resultara incompatible afectando al erario público, en cuanto la entidad demandante no se percató que la Universidad Libre, donde trabajó, no es de naturaleza pública.

34. La menciona prestación se hizo efectiva a partir de 1 de julio de 2010 en cuantía de $5.730.296 liquidada con base en 1489 semanas , con un ingreso base liquidación de $6.366.995 y se aplicó una tasa de remplazo del 90% según el Decreto 758 de 1990. Sin embargo, el error que cometió el ISS fue al momento de liquidar el monto de la pensión de vejez, pues debió hacerlo de conformidad con el artículo 21 de la Ley 100 de 1993 que señaló que se liquidaría teniendo en cuenta el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales cotizó el afiliado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento pensional , esto es, debió tomar los salarios como empleado privado de la Universidad Libre Seccional Atlántico desde el 1 de enero de 2010 de lo cual se obtenía un a pensión de vejez de $1.322.446

salarios como empleado privado de la Universidad Libre Seccional Atlántico desde el 1 de enero de 2010 de lo cual se obtenía un a pensión de vejez de $1.322.446 más los reajustes del IPC.

35. Actuó de buena fe al recibir la pensión por un valor superior al que le correspondía, por lo que no había lugar a la recuperación o devolución de las prestaciones pagadas en exceso al demandado, en tanto el error fue del ISS.

36. Propuso las excepciones de i) «inepta demanda», ; ii) «caducidad y prescripción6

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones de la acción reclamada », iii) «Excepción de la acción » iv) «Excepción por falta de competencia, factor cuantía» v) «falta de jurisdicción» y la «genérica».

1.2.2. Cajanal hoy Ugpp10

37. Se opuso a las pretensiones de la demanda con sustento en lo siguiente:

38. Mediante la Resolución 8478 del 24 de febrero de 2006 Cajanal le reconoció una pensión de vejez al demandado, efectiva a partir del 1 de enero de 2005, la cual fue reliquidada con la Resolución 6652 del 3 de agosto de 2006 en cumplimiento a lo ordenado en el fallo proferido por el Ju zgado 3 Laboral del Circuito de

Barranquilla.

fue reliquidada con la Resolución 6652 del 3 de agosto de 2006 en cumplimiento a lo ordenado en el fallo proferido por el Ju zgado 3 Laboral del Circuito de Barranquilla.

39. A través de la Resolución 57545 del 1 de noviembre de 2008 se reliquidó nuevamente la mencionada pensión de vejez, efectiva a partir del 1 de julio de 2008, por lo que era claro que la obligación de Cajanal hoy Ugpp se encontraba cumplida, pues los actos administrativos señalados estaban ajustados a derecho y no existía obligación pendiente por parte de esa entidad.

40. Colpensiones solicitó que se declarara la nulidad de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010 que reconoció una pensión de vejez a favor de Rodrigo Jabba Navarro, razón por la cual la Ugpp desconocía los parámetros y lineamiento que tuvo en cuenta esa entidad para tal reconocimiento , por lo que manifestó que se atenían a lo que resultara probado dentro del presente proceso.

41. Solicitó que se declarara la prescripción de las mesadas que se vieron afectadas por este fenómeno, de conformidad con los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo, 69 y 151 del Código Procesal del Trabajo y 41 del Decreto 3135 de 1968.

42. Propuso las excepciones de : i) «inexistencia de la obligación »; ii) «prescripción»; iii) «buena fe»; y iv) la «genérica».

1.3. La sentencia apelada11

43. En sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del

«prescripción»; iii) «buena fe»; y iv) la «genérica».

1.3. La sentencia apelada11

43. En sentencia proferida el 11 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, comoquiera que declaró la nulidad del acto demandado y negó el restablecimiento del derecho, por

cuanto:

44. El demandado era beneficiario del régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, pues para la entrada en vigencia del Sistema General de

10 Samai, índice 2, archivo « ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y « 14. CONESTACIÓN DE DEMANDA UGPP.pdf» 11 Samai, índice 2, archivo «ED_EXPEDIENTE_EXPDIG» y «82. SentenciaPrimera.pdf»7

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones Pensiones, el 1 de abril de 1994, Rodrigo Jabba Navarro tenía 43 años (nació el 1 de enero de 1950), circunstancia que le permitía pensionarse con la legislación anterior a la Ley 100 de 1993.

45. Prestó sus servicios a entidades públicas y privadas, así i) en una empresa privada estuvo desde el 2 de noviembre de 1973 hasta 1 de enero de 1974 ii) en la

anterior a la Ley 100 de 1993.

45. Prestó sus servicios a entidades públicas y privadas, así i) en una empresa privada estuvo desde el 2 de noviembre de 1973 hasta 1 de enero de 1974 ii) en la Rama Judicial desde el 1 de septiembre de 1977 hasta el 30 de junio de 2008; y iii) en la Universidad Libre desde el 30 de enero de 1981 al 30 de noviembre de 2009 y del 1 de enero de 2010 al 31 de julio de 2010.

46. Cotizó 1482.22 semanas en el sector privado, sin embargo, tuvo vinculaciones laborales simult áneas durante va rios períodos. Al respecto, el artículo 81 del Decreto 3063 de 1989 dispuso que en los casos en que un trabajador hubiere prestado servicios en forma simultánea con varios patronos, los diferentes aportes serían tenidos en cuenta para establecer el promedio del salario base correspondiente para efecto del pago de las prestaciones económicas, sin que sobrepasara el salario base máximo asegurable al mo mento de causarse el derecho.

47. Las vinculaciones simult áneas daban lugar al incremento del ingreso base de cotización más no al aumento del tiempo de cotización 12, es decir, los aportes simultáneos no permitían suma r más semanas de cotización, puesto que la cotización doble de todas formas estaba asegurando un mismo período, pero por un valor superior elevando el ingreso base sobre el cual se calcularía la pensión en un futuro.

48. Para efecto de establecer si el demand ado tenía derecho a la pensión que trataba el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, era necesario establecer los tiempos en que cotizó en el sector público y privado, así:

48. Para efecto de establecer si el demand ado tenía derecho a la pensión que trataba el artículo 12 del Decreto 758 de 1990, era necesario establecer los tiempos en que cotizó en el sector público y privado, así:

12 Sentencia del 29 de noviembre de 1993 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en el proceso 6368 dispuso: « […] La consecuencia de la elección terminológica del legislador extraordinario es la exclusión de la prestación "simultánea" de servicios para el cómputo de uno de los requisitos del goce de pensión de jubilación, pues estos no se encuentran en la norma (inclu sus unus, exclusus alter). Luego si la voluntad del legislador extraordinario no fue la de computar sino los servicios continuos o discontinuos, sucesivos o alternativos, más no los simultáneos para los fines de la pensión de jubilación, no puede entenderse que su reglamento permita contar los servicios prestados paralelamente en el tiempo a dos entidades diferentes y por tanto no resultan estimables para el efecto específico de la jubilación, según el Decreto Ley 3135 de 1968, aunque dichos servicios personales cuenten para otros fines legales.” »8

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones

TIEMPOS PRIVADOS TIEMPOS PÚBLICOS PERÍODOS SIMULTANEOS

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023)

Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones TIEMPOS PRIVADOS TIEMPOS PÚBLICOS PERÍODOS SIMULTANEOS EMPLEADOR DESDE (D/M/A) HASTA (D/M/A) SEMANAS EMPLEADOR DESDE (D/M/A) HASTA (D/M/A) SEMANAS DESDE (D/M/A) HASTA (D/M/A) DIAS Corp Cent Ahorro Viv 02/11/1973 01/01/1974 8,71

Universidad Libre 30/01/1981 01/09/1983 135 Rama Judicial 01/09/1977 30/06/2008 1587,2 30/01/1981 01/09/1983 135 Universidad Libre 03/08/1983 31/12/1994 591,29 03/08/1983 31/12/1994 591,29 Universidad Libre 01/05/1995 31/12/2003 420,62 01/05/1995 31/12/2003 420,62 Universidad Libre 01/01/2004 31/12/2004 51 01/01/2004 31/12/2004 51 Universidad Libre 01/01/2005 31/12/2005 50,57 01/01/2005 31/12/2005 50,57 Universidad Libre 01/01/2006 31/12/2007 102,44 01/01/2006 31/12/2007 102,44 Universidad Libre 01/01/2008 30/11/2009 98,59 01/01/2008 30/06/2008 25,74 Universidad

Universidad Libre 01/01/2008 30/11/2009 98,59 01/01/2008 30/06/2008 25,74 Universidad Libre 01/01/2010 31/07/2009 30

TOTAL TIEMPO COTIZADO 1488,22

TOTAL SEMANAS

SIMULTÁNEAS 1376,66

49. Una vez excluidos l os períodos en los que tuvo vinculación simultánea, su tiempo de servicio al sector privado era el siguiente:

50. De acuerdo con el artículo 12 del Decreto 758 de 199013, el demandado, a pesar de ser beneficiario del régimen de transición, no cumplió con el requisito de los 60 años al 1 de enero de 2010 , tampoco con el requisito de semanas de cotización exigidas, para tener derecho a la pensión de jubilación reconocida a través de la Resolución 103226 del 15 de julio de 2010, pues a la fecha del 7 de mayo de 2010 solo acreditó 111,56 semanas.

51. Colpensiones no logró desvirtuar la presunción de buena fe del demandado al percibir las mesadas pensionales desde que la Resolución 103226 de l 15 de julio de 2010 fue incluida en nómina, toda vez que la referida entidad de previsión social tenía conocimiento del derecho que se estaba reconociendo y sus condiciones, por lo que no se podía imputar que demandado realizó comportamientos que comprometían la lealtad, rectitud y honestidad que rodea a los particulares y a las

13 «Artículo 12: Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes

comprometían la lealtad, rectitud y honestidad que rodea a los particulares y a las

13 «Artículo 12: Tendrán derecho a la pensión de vejez las personas que reúnan los siguientes requisitos: “a) Sesenta (60) o más años de edad si se es varón o cincuenta y cinco (55) o más años de edad, si se es mujer y,” “b) Un mínimo de quinientas (500) seman as de cotización pagadas durante los últimos veinte (20) años anteriores al cumplimiento de las edades mínimas, o haber acreditado un número de un mil (1.000) semanas de cotización, sufragadas en cualquier tiempo”. »9

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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones autoridades públicas, razón por la cual no se accedió a la devolución indexada de lo pagado por concepto de la pensión de vejez.

1.4. Los recursos de apelación

1.4.1. Colpensiones14

52. La parte demandante presentó recurso de apelación en el que solicitó revocar el ordinal «tercero» de la sentencia de primera instancia con fundamento en lo

siguiente:

53. El a quo no ordenó la devolución de lo pagado bajo el argumento de que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han considerado que el principio de buena fe era aquel que exigía a los particulares y las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones

Consejo de Estado y la Corte Constitucional han considerado que el principio de buena fe era aquel que exigía a los particulares y las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta . Así la buena fe presuponía la existencia de relaciones recíprocas con trascendería jurídica y se refería a la «confianza, seguridad y credibilidad que otorgaba la palabra dada.».

54. El pago de una prestación generada sin el cumplimiento de los requisitos legales atentaba igualmente contra el principio de estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones, establecido en el Acto Legislativo 001 de 2005 como una obligación del Estad o y entendido como el manejo suficiente de los recursos asignados con el objetivo de garantizar a todos los habitantes el derecho a la seguridad social . Por lo que, las decisiones que afect aran el sistema, como el reconocimiento de prestaciones, se debían adoptar teniendo en cuenta los recursos limitados que tenían y que se distribu ían de acuerdo con las necesidades de la población, con el objetivo de que los derechos adquiridos se hagan efectivos.

55. Se configuró un perjuicio inminente en contra de la estabilidad financiera del Sistema General de Pensiones en la medida en que deb ía disponer de un flujo permanente de recursos que permit iera su mantenimiento y adecuado funcionamiento; y continuar con el pago de una prestación a favor de una persona que no acreditaba todos los requisitos para su reconocimiento afectaba gravemente su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que s í tenían derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el p rincipio de progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

su capacidad de otorgar y pagar las prestaciones a los afiliados que s í tenían derecho a su reconocimiento, vulnerando como consecuencia el p rincipio de progresividad y el acceso a las pensiones de todos los colombianos.

1.4.2. Demandado15

56. Solicitó revocar la sentencia de primera instancia por las siguientes razones:

14 Samai, índice 2, archivo «84. RecursoDeApelaciónDemandante» 15 Samai, índice 2, archivo «85. RecursoDeApelaciónDemandado»10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2018-00773-01 (1062-2023) Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones 56.1. El a quo no realizó una debida valoración probatoria, pues conforme a la historia laboral aportada y la Resolución 103226 del 15 de Julio de 2010, así como los certificados de información laboral, se evidenció que entre lo aportado por el ISS laboró 1489 semanas entre el 2 de noviembre de 1973 y el 30 de julio de 2010, de las cuales 998 se cotizaron en los 20 años anteriores al cumplimiento de la edad mínima de 60 años, esto es entre el 1 de enero de 1950 y el 1 de enero de 2010, es decir, que el cumplió cabalmente con los requisitos del citado precepto 12 del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990 para seguir con el beneficio del

decir, que el cumplió cabalmente con los requisitos del citado precepto 12 del Acuerdo 049 de 1990 y el Decreto 758 de 1990 para seguir con el beneficio del derecho adquirido al reconocimiento de su pensión de vejez, que le fue concedido en el acto demandado y que el tribunal en su fallo censurado le «cercenó.»

56.2. En el acto administrativo 8478 del 24 de febrero del 2006, expedido por Cajanal se indicó textualmente «QUE LOS TIEMPOS APORTADOS POR EL SOLICITANTE AL INSTITUTO DE LOS SEGUROS SOCIALES COMO EMPLEADO DE LA RAMA JUDICIAL NO FUERON TENIDOS EN CUENTA POR CUANTO NO SE ALLEGO EL RESPECTIVO

CERTIFICADO DE SEMANAS COTIZADAS.» (sic)

56.3. Por lo anterior, no se comprendió cómo el a quo le excluyó las semanas que cotizó en el sector privado, «dizque fueron por simultaneidad cuando este mismo demandado laboró en la rama judicial, siendo que los dos actos administrativos en mención no se refieren que fueron contabilizados en el sector público para el uno ni tampoco se contabilizaron para el otro; es incongruente lo que expresó el juzgador de primer grado, en donde depuró casi 1.388 semanas que tuvo el hoy demandado en el sector privado, en contra del demandado.»

56.4. Las depuraciones y correcciones de semanas cotizadas por inconsistencias o por deudas, era una actividad del empleador ante la aseguradora del fond o de pensiones, por lo que el tribunal no estaba facultado para excluir las semanas cotizadas en el régimen de prima media por el demandado cuando laboró en el sector privado.

por deudas, era una actividad del empleador ante la aseguradora del fond o de pensiones, por lo que el tribunal no estaba facultado para excluir las semanas cotizadas en el régimen de prima media por el demandado cuando laboró en el sector privado.

56.5. El tribunal infringió la ley al interpretar de forma incorrecta el Decreto 758 de 1990 y vulneró los principios de integralidad y universalidad, «el preámbulo», los artículos 1 a 3 de la Ley 100 de 1993 y 48 de la Constitución Política, fieles al desarrollo de los instrumentos internacionales que integra ban el bloque de constitucionalidad y procuraban la garantía progresiva de la seguridad social como los preceptos 22 y 25 de la Declaración universal de Derechos Humanos (C -5042007) o