CE - Sentencia 08001233300020180099001 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D. C., veintitrés (23) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011

Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

Demandado: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Tema: Relación laboral encubierta

Decisión: Revoca la sentencia de primera instancia y niega las pretensiones porque la demandante no demostró la continuada subordinación en la prestación del servicio

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la entidad accionada contra la sentencia de primera instancia del 22 de julio de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La actora interpuso demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio 2-2018-000368 del 9 de marzo de 2018, expedido por la entidad accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación

y restablecimiento del derecho con el objeto de que se declare la nulidad del Oficio 2-2018-000368 del 9 de marzo de 2018, expedido por la entidad accionada, por medio del cual se negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral desde el 11 de marzo de 2009 hasta el 11 de diciembre de 2013 y el pago de las prestaciones consecuentes, lapso durante el cual se desempeñó como instructora de ética, resolución de conflictos y transformación del entorno.

2. A título de restablecimiento del derecho solicitó i) pagar a su favor una indemnización equivalente a las prestaciones sociales que devengan los instructores vinculados al SENA tomando como base el valor del último contrato, más la diferencia salarial que hay con el escalafón docente; ii) reconocer las prestaciones sociales a las que tenía derecho1; iii) pagar la indemnización moratoria que prevé la Ley 244 de 1995 y la «indemnización correspondiente al contrato realidad»; iv) devolver los valores que le fueron descontados por concepto de retención en la fuente y aportes a salud y pensión; v) indexar las sumas que se concedan; vi) liquidar los intereses moratorios a que haya lugar; y vii) condenar en costas a la parte demandada.

3. Como concepto de violación argumentó que el acto acusado infringió normas superiores2, teniendo en cuenta que se desempeñó como instructora del SENA bajo continuada subordinación laboral y técnica, ya que desarrolló sus actividades con los elementos locativos y de trabajo que le proveyó dicha entidad, 1 Cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, vacaciones y demás primas que prevé la ley.

SENA bajo continuada subordinación laboral y técnica, ya que desarrolló sus actividades con los elementos locativos y de trabajo que le proveyó dicha entidad, 1 Cesantías, intereses sobre las cesantías, prima de servicio, vacaciones y demás primas que prevé la ley. 2 Artículos 1, 2, 13, 25, 53, 93, 122, 123 y 125 de la Constitución Política; 32 (numeral 3) de la Ley 80 de 1993; 1518 (parágrafo 3), 1519, 1523 y 1741 del Código Civil; 85 y 170 del «CCA»; y Leyes 244 de 1995 y «715 de 20» (sic).Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

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2 dentro de una jornada específica y de acuerdo con las directrices que le impartían los coordinadores y/o directores regionales.

Contestación de la demanda

4. La entidad accionada se opuso a las pretensiones argumentando que la demandante estuvo vinculada a través de contratos de prestación de servicios, mas no mediante una relación legal y reglamentaria o contrato de trabajo.

5. Indicó que los objetos contractuales estaban relacionados con la administración y funcionamiento del SENA y podían variar según los requerimientos de formación de la población externa, razón por la cual había interrupciones durante semanas y meses.

6. Adujo que no existió subordinación, sino una actividad de coordinación

administración y funcionamiento del SENA y podían variar según los requerimientos de formación de la población externa, razón por la cual había interrupciones durante semanas y meses.

6. Adujo que no existió subordinación, sino una actividad de coordinación entre la función del SENA y el servicio contratado, dado que la actora tenía autonomía para ejecutar la labor convenida y solo debía demostrar el cumplimiento de las tareas.

7. Señaló que las visitas de verificación corresponden a la supervisión de los contratos; y que para impartir la formación se tenían que coordinar los tiempos y espacios para que los aprendices asistieran.

8. Argumentó que se configuró la prescripción extintiva (trienal) de los derechos pretendidos, toda vez que la ejecución del último contrato terminó el 11 de diciembre de 2013 y la reclamación administrativa se promovió el 27 de febrero de 2018.

9. Resaltó que la demandante no estaba sujeta a ningún régimen disciplinario o de responsabilidad de los servidores públicos ni cumplía un horario de trabajo, ya que este último nunca se pactó, de tal manera que no está probada la subordinación o dependencia.

10. En ese contexto, propuso las excepciones de prescripción, inexistencia de la relación laboral y de la obligación consecuente, buena fe, cobro de lo no debido y la genérica.

11. Cuestionó la credibilidad e imparcialidad de las testigos Mariela del Socorro Acosta Barrios y Liliana Mercedes Hernández Cortes, ya que también presentaron demandas contra el SENA.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 22 de julio de 2021, el Tribunal declaró la nulidad

Socorro Acosta Barrios y Liliana Mercedes Hernández Cortes, ya que también presentaron demandas contra el SENA.

Sentencia apelada

12. Mediante sentencia del 22 de julio de 2021, el Tribunal declaró la nulidad del acto acusado y le ordenó a la entidad accionada pagar los aportes a pensión que debía efectuar como empleadora de la demandante entre el 10 de marzo de 2009 y el 11 de diciembre de 2013, de manera indexada, en caso de que existan diferencias frente a las cotizaciones realizadas por esta última como contratista.

13. Declaró que el tiempo de servicio se debe computar para efectos pensionales; denegó el reconocimiento y pago de las prestaciones sociales yRadicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

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3 demás emolumentos solicitados en la demanda, respecto de los cuales se configuró la prescripción extintiva; y decidió no imponer condena en costas porque no observó que estas se hubieran causado.

14. Determinó que la accionante prestó un servicio de manera personal a favor de la entidad demandada, pues se desempeñó como instructora vinculada a través de varios contratos cuya ejecución no tuvo interrupciones considerables, labor por la cual recibió una remuneración.

15. Afirmó que la función de los instructores del SENA equivale a la de los docentes, aunque en programas de educación no formal.

labor por la cual recibió una remuneración.

15. Afirmó que la función de los instructores del SENA equivale a la de los docentes, aunque en programas de educación no formal.

16. Consideró que la continuada subordinación hacia la accionante está acreditada con el cumplimiento de tareas y horarios de trabajo propios del SENA, más la ejecución de funciones iguales a las de los instructores de planta y la entrega de reportes a un superior.

17. Destacó que la demandante no cumplió sus funciones de manera transitoria o esporádica, sino prolongada en el tiempo, conforme a los turnos asignados por los coordinadores académicos y los planes docentes definidos por la entidad.

18. Frente a los testimonios que fueron tachados por la entidad accionada, indicó que la información relatada encuentra respaldo en los documentos aportados al proceso, los cuales dan cuenta de que el SENA convocaba a la demandante a reuniones obligatorias y le requería el cumplimiento de las metas propuestas.

19. En cuanto a la prescripción extintiva, e xpuso que el último vínculo contractual entre la actora y el SENA finalizó el 11 de diciembre de 2013, por lo que la reclamación administrativa se promovió de manera extemporánea el 27 de febrero de 2018; sin embargo, los aportes pensionales son imprescriptibles.

Recurso de apelación

20. Inconforme con la decisión, la entidad accionada interpuso recurso de apelación argumentando que la demandante no fue vinculada como docente, sino como instructora contratista, condiciones que no se pueden asimilar porque la primera está regulada por el Ministerio de Educación y en ella está implícita la subordinación, mientras que en la segunda se tiene independencia y no hay

sino como instructora contratista, condiciones que no se pueden asimilar porque la primera está regulada por el Ministerio de Educación y en ella está implícita la subordinación, mientras que en la segunda se tiene independencia y no hay sujeción jerárquica al Ministerio del Trabajo al cual está adscrito el SENA.

21. Sostuvo que la relación contractual con la demandante no fue continua, pues hubo interrupciones de semanas y meses; y que el cumplimiento de horarios y de ciertas actividades orientadas por el SENA no suponen automáticamente la continuada subordinación, teniendo en cuenta que debe existir coordinación en la ejecución de los contratos y la entidad tiene que asegurar la calidad y los resultados deseados.

22. Planteó que el desempeño de funciones parecidas a las de los empleados de planta no significa que estas se desarrollen de forma dependiente yRadicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

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4 subordinada; sin embargo, no hay prueba de que las tareas del personal contratista sean iguales a las de aquellos.

23. Señaló que la información brindada por las testigos Liliana Hernández Cortés, Yaneth Cabrera Olivera y Mariela del Socorro Acosta no demuestra que se haya desbordado la relación de coordinación entre las partes contratantes, ya que la actora tenía autonomía para fijar las condiciones en que prestaba el servicio.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Por auto del 10 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación

que la actora tenía autonomía para fijar las condiciones en que prestaba el servicio.

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Por auto del 10 de marzo de 2022 se admitió el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia.

25. La parte actora no se pronunció sobre la alzada y el Ministerio Público no rindió concepto en esta fase procesal.

26. Mediante auto del 27 de octubre de 2022 se decretaron pruebas para mejor proveer, relacionadas con los estudios previos de los contratos de prestación de servicios, requerimiento que fue atendido por la entidad accionada y de la respuesta se corrió traslado a los sujetos procesales, quienes guardaron silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De conformidad con el artículo 150 del CPACA, modificado por los artículos 615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación.

Problema jurídico

28. La Sala debe definir si se demostró la continuada subordinación en la prestación del servicio o no, a fin de establecer si se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia.

Análisis del problema jurídico

29. La Sala revocará la decisión apelada porque las pruebas que obran en el expediente no permiten acreditar la continuada subordinación durante la ejecución de los objetos contractuales.

30. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario destacar que la demandante se desempeñó como instructora de ética, resolución

ejecución de los objetos contractuales.

30. Con el fin de sustentar la anterior conclusión, la Sala estima necesario destacar que la demandante se desempeñó como instructora de ética, resolución de conflictos y transformación del entorno en los programas de poblaciones desplazadas, especiales y vulnerables en el SENA, vinculada a través de

contratos de prestación de servicios, así:

Contrato de prestación de servicios Plazo o duración ObjetoRadicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

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5 0-0303 del 9 de marzo de 20093 11/3/2009 al 30/12/20094 Instructora en el Módulo de Población Desplazada 0416 del 25 de enero de 2010 y modificación5 26/1/2010 al 25/7/20106 Instructora en el Área de Servicios Administrativos para el Programa de Población Vulnerable 0270 del 2 de febrero de 20117 2/2/2011 al 30/6/20118 Instructora en el Área de Comercialización para capacitación en el Programa de Población Especial del Centro de Comercio y Servicios 0959 del 19 de julio de 2011, adición y prórroga9 21/7/2011 al 20/12/201110 Instructora en el Área de Ética y Transformación del Entorno, para el Programa de Poblaciones Vulnerables del Centro de Comercio y Servicios

prórroga9 21/7/2011 al 20/12/201110 Instructora en el Área de Ética y Transformación del Entorno, para el Programa de Poblaciones Vulnerables del Centro de Comercio y Servicios 0444 del 6 de marzo de 201211 7/3/2012 al 30/6/201212 Instructora en el Área de Ética y Transformación del Entorno al Programa de Desplazados del Centro de Comercio y Servicios 1130 del 19 de julio de 201213 19/7/2012 al 15/12/2012 Instructora en el Área de Ética y Transformación del Entorno, Manejo y Solución de Conflictos, Proyecto de Vida al Programa de Desplazados del Centro de Comercio y Servicios 0970 del 14 de febrero de 2013, adición, prórroga y modificación14 15/2/2013 al 11/12/201315 Instructora en el Área de Ética y Transformación del Entorno, Manejo y Solución de Conflictos, Proyecto de Vida para los grupos del Programa de Población en Situaci ón de Desplazamiento

31. En primera instancia se recibieron los testimonios de las señoras Liliana Mercedes Hernández Cortés, Yaneth Cabrera Olivera y Mariela del Socorro Acosta Barros, de los cuales se destaca lo siguiente:

1. La señora Liliana Mercedes Hernández Cortés relató que fungió como coordinadora del programa de poblaciones vulnerables de la Regional Atlántico del SENA desde 2009 hasta 2017, condición en virtud de la cual lideró y organizó las actividades misionales de dicho programa y tuvo contacto directo con la actora desde 2009 hasta 2011, a quien le dirigía

Atlántico del SENA desde 2009 hasta 2017, condición en virtud de la cual lideró y organizó las actividades misionales de dicho programa y tuvo contacto directo con la actora desde 2009 hasta 2011, a quien le dirigía directrices para que desarrollara sus tareas; que la demandante impartía formación sobre ética, resolución de conflictos y transformación del entorno y cumplía las orientaciones que se le daban a través de correos y 3 Contrato de prestación de servicios 0-0303 del 9 de marzo de 2009 y acta de liquidación del 14 de octubre de 2009 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 4 Acta de inicio del 11 de marzo de 2009 y certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital) 5 Contrato de prestación de servicios 0416 de 2010 y acta de modificación del 30 de julio de 2010 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 6 Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital). 7 Contrato de prestación de servicios 0270 de 2011 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la

demanda y su contestación). 8 Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital). 9 Contrato de prestación de servicios 0959 del 19 de julio de 2011 y adición del 22 de noviembre de 2011 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 10 Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital). 11 Contrato de prestación de servicios 0444 de 2012 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 12 Certificación 0270-2020 del 30 de noviembre de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital). 13 Contrato de prestación de servicios 1130 del 19 de julio de 2012 (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 14 Contrato de prestación de servicios 0970 del 14 de febrero de 2013 y acta de adición, prorroga y modificación (índice 1 de SAMAI, expediente digital, anexos de la demanda y su contestación). 15 Acta de terminación y liquidación del 9 de diciembre de 2013 y certificación 0270-2020 del 30 de noviembre

de 2020, expedida por la subdirectora del Centro de Comercio y Servicios de la Regional Atlántico del SENA (índice 1 de SAMAI, expediente digital).Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

Demandante: Linda Cristina Roa Gómez

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6 en reuniones; que la entidad accionada le entregaba a la actora los grupos de personas a formar, las instrucciones y guías y los horarios que debía cumplir; y que la demandante tenía que evaluar a los aprendices, reportar las competencias que estos adquirían, registrar las calificaciones, rendir informes y presentar actas.

Agregó que los instructores no eran autónomos para escoger los grupos a formar ni para escribir los lineamientos o tecnicismos; que laboró con la actora hasta 2013 o 2014 y esta última no trabajaba en otros lugares mientras se desempeñó como instructora; que había tres (3) formas de corroborar el cumplimiento de los contratos, a saber: con llamadas a los aprendices, con los formatos de evaluación y asistencia y con visitas a los lugares en que se impartía la formación; y que ella (la testigo) presentó demanda en contra del SENA por razones similares a las de la accionante.

También precisó que la actora no recibió llamados de atención porque esta cumplía sus tareas cabalmente y de manera idónea; que no fue supervisora de los contratos de prestación de servicios que suscribió la accionante; que la mayoría de los instructores del grupo de poblaciones

cumplía sus tareas cabalmente y de manera idónea; que no fue supervisora de los contratos de prestación de servicios que suscribió la accionante; que la mayoría de los instructores del grupo de poblaciones vulnerables eran contratistas y solo había uno (1) o dos (2) de planta, y que estos últimos solían ser designados para formaciones técnicas largas y no iban a lugares retirados a cumplir sus deberes, como sí lo hacían los contratistas.

1. La señora Yaneth Cabrera Olivera informó que laboró como instructora de cocina y manipulación de alimentos en el SENA desde 2008 hasta 2015 y tiene un proceso judicial en curso contra dicha entidad por motivos similares a los de la actora, a quien conoce porque fueron compañeras en el programa de poblaciones vulnerables desde 2009; que la demandante impartía formación en ética del entorno y resolución de conflictos a ciertos grupos y luego ella (la testigo) recibía a esos mismos aprendices para enseñarles sobre cocina; y que ambas coincidían en las reuniones de Coordinación (en las que debían presentar informes), en la apertura de cursos, en los cierres de jornadas (a las cuales llevaban la relación de asistencia de los aprendices e informaban cómo les había ido a estos últimos) y en las capacitaciones.

Adicionó que la coordinadora del programa les impartía las directrices sobre lo que iban a hacer y en qué lugares debían brindar la formación; que el cumplimiento de los contratos se constataba a través de visitas del coordinador o de su delegado; que la Coordinación les proveía las aulas, los estándares de formación y los grupos de aprendices; que el SENA les impartía cursos de ética y formación a los instructores, quienes debían

coordinador o de su delegado; que la Coordinación les proveía las aulas, los estándares de formación y los grupos de aprendices; que el SENA les impartía cursos de ética y formación a los instructores, quienes debían tomarlos para continuar desarrollando sus tareas; que los instructores no podían ir el día y a la hora que quisieran, pues cumplían un horario que era asignado por la Coordinación, que en el caso particular de ella (la testigo) era «de 8 a 12 y de 2 a 6».

Indicó que a ella (la testigo) no le hicieron llamados de atención, pero a otras personas sí, principalmente cuando la población se quejaba; que recibían capacitaciones casi mensualmente sobre el manejo del aplicativoRadicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

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7 Sofía Plus, ética y pedagogía, las cuales eran obligatorias, so pena de que no los contrataran nuevamente; que la entidad accionada les entregaba los formatos para impartir las formaciones, los cuales tenían que seguir o de lo contrario les llamaban la atención; que la actora formaba a poblaciones difíciles como «reinsertados de la guerrilla y muchachos pandilleros», por lo que debía acudir a los lugares en las noches «de 6 a 9» y acompañada por la Policía; y que el horario de «ellos» era cambiante según el tipo de población a instruir, de modo que no era como un «horario

pandilleros», por lo que debía acudir a los lugares en las noches «de 6 a 9» y acompañada por la Policía; y que el horario de «ellos» era cambiante según el tipo de población a instruir, de modo que no era como un «horario de oficina» como sí lo tenían los instructores de planta, que era «de 8 a 12 del día y de 2 a 6 o 5:30 p. m.».

1. La señora Mariela del Socorro Acosta Barros informó que laboró en el SENA como instructora de ética, resolución de conflictos y proyecto de vida con poblaciones desplazadas y vulnerables desde el 13 de marzo de 2007 hasta el 30 de diciembre de 2014 y presentó una demanda contra esa entidad reclamando sus derechos; que la actora fue instructora en igual área, cumplía horarios y estaba en constante capacitación por parte del SENA; que Liliana Hernández era la líder de ambas, pero quien las dirigía era Mónica Vargas; que le ayudó a la demandante a iniciar sus clases en 2009, cuando se conocieron, y desde entonces trabajaron mucho tiempo juntas con poblaciones desplazadas y vulnerables.

Señaló que a través de la líder les decían dónde tenían que impartir la formación, qué horarios debían cumplir y a qué se estaban comprometiendo; que asistían a capacitaciones obligatorias sobre pedagogía, emprendimiento y salud ocupacional para poder continuar como instructoras; que tenían una supervisora que verificaba el cumplimiento de sus tareas mediante llamadas, visitas a los lugares donde estaban brindando la formación o a través del aplicativo Sofía Plus, en el cual hacían seguimiento a la inscripción, matriculación y aprobación de los aprendices.

cumplimiento de sus tareas mediante llamadas, visitas a los lugares donde estaban brindando la formación o a través del aplicativo Sofía Plus, en el cual hacían seguimiento a la inscripción, matriculación y aprobación de los aprendices.

Frente a la pregunta acerca de cómo preparaban las clases que impartían, la testigo aclaró que tenían una guía de trabajo que le presentaban a su líder al inicio de cada programa y esta la aprobaba si estaba acorde con lo que debían impartir, y que ella (la testigo) «se reunía con todos los instructores de ética y elabora[ban] la guía y esa guía la supervisaba la persona que estaba al frente y después de eso todos los instructores del SENA lleva[ban] la misma guía, hací[an] la misma metodología y la supervisaba la persona que estaba al frente de la población desplazada o vulnerable».

Precisó que no recuerda que a la demandante le hubieran realizado llamados de atención; que esta última debía presentar informes a Mónica Vargas con quien coordinaba sus actividades, aunque esta no era la supervisora, pues realmente lo eran los coordinadores y el director del SENA.

Ante el cuestionamiento sobre las órdenes que recibía la actora, la testigo refirió que Mónica Vargas le decía «bueno, Linda, tú vas a estar, digamos, en Soledad o vas a estar, digamos, en cualquier parte, o sea, le daba losRadicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

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8 cursos, le entregaba el paquete, muchas veces con la población desplazada es más difícil trabajar que con la población vulnerable, entonces ella le decía tienes que irte a la ‘UAO’16 de Barranquilla o a la ‘UAO’ de Soledad a conseguir los cursos y [a] nosotros allá directamente nos daban un permiso en la ‘UAO’ y nosotros nos dirigíamos [a] los propios desplazados y nosotros mismos armábamos las bolsas para los cursos…luego ella decía ¿consiguieron los cursos Mariela y Linda? Sí, bueno, ahora ustedes tienen que inscribir a esos estudiantes para ver si no están cruzados en Sofía Plus, para ver si ellos están bien, si están libres, que no están haciendo otro curso, que puedan matricularse».

Indicó que la accionante estuvo sin trabajar entre julio de 2010 y finales de enero de 2011, y luego ingresó nuevamente al SENA en febrero o marzo de 2011.

32. En ese contexto, la Sala advierte que quien solicite la declaración de una relación laboral encubierta debe demostrar la desnaturalización de los contratos de prestación de servicios en razón a la ejecución de las tareas bajo continuada subordinación; sin embargo, del análisis integral de las pruebas recaudadas se concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:

33. La entidad accionada no cuestionó la sentencia de primera instancia en tanto encontró probada la prestación personal del servicio y la remuneración,

concluye que la accionante no acreditó dicho aspecto por las siguientes razones:

33. La entidad accionada no cuestionó la sentencia de primera instancia en tanto encontró probada la prestación personal del servicio y la remuneración, razón por la cual la Sala no se pronunciará al respecto, teniendo en cuenta los límites que prevén los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso en torno a la competencia de la autoridad judicial de segunda instancia. En todo caso, tales elementos están suficientemente acreditados con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas.

34. Así las cosas, la Sala se limitará a analizar si la parte actora demostró la continuada subordinación durante los períodos en que se desempeñó como instructora de la entidad accionada o no, pues a ese aspecto queda circunscrito el debate propuesto en la apelación.

35. Una vez precisado lo anterior, resulta pertinente recordar que la continuada subordinación denota el «poder jurídico permanente de que es titular el empleador para dirigir la actividad laboral del trabajador, a través de la expedición de órdenes e instrucciones y la imposición de reglamentos, en lo relativo a la manera como este debe realizar las funciones y cumplir con las obligaciones que le son propias […] se destaca dentro del elemento de subordinación, no solamente el poder de dirección, que condiciona la actividad laboral del trabajador, sino el poder disciplinario que el empleador ejerce sobre este […]»17.

36. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción de la actora en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado

36. Ahora bien, en este caso no es posible deducir la inserción de la actora en el círculo rector, organizativo y disciplinario de la entidad demandada, pues en el expediente no se encuentra prueba alguna de que esta última hubiera realizado acciones que permitan de manera categórica concluir que se presentó el 16 Al parecer, la testigo hacía referencia a la Unidad de Atención y Orientación a Víctimas. 17 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 17 de junio de 2021, expediente 73001-23-33-000-2015-00351-01 (3513-2016).Radicación: 08001-23-33-000-2018-00990-01 (4499-2021)

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9 elemento de la continuada subordinación como llamados de atención, imposición de reglamentos y de regímenes disciplinarios o correctivos, emisión de órdenes que determinaran el modo en que se tenían que adelantar las labores, etc18.

37. Sobre el particular, las tres (3) testigos precisaron que la entidad accionada no le hizo llamados de atención a la demandante o que por lo menos no recuerdan que esta haya recibido alguno, de tal manera que la referencia general a que los instructores contratistas podían estar sujetos a llamados de atención no