CE - Sentencia 08001233300020200033701 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCION A

Consejera ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 08001-23-33-000-2020-00337-01 (71773)

Actor: ROCÍO DEL CARMEN ATENCIA DE ECHEVERRÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Temas: DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – Dilación en la adopción de decisiones judiciales – Prescripción de la acción penal / DAÑO AUTÓNOMO -Vulneración de los derechos constitucional y convencionalmente protegidos de acceso a la admin istración de justicia y tutela judicial efectiva -Ausencia de pronunciamiento judicial definitivo privó a usuarios de lograr la resolución de su controversia / IMPUTACIÓN -Existieron dilaciones injustificadas que incidieron en la prescripción de la acción penal / INDEMNIZACIÓN - Si bien este tipo de daño debe ser indemnizado, en principio, con medidas no pecuniarias, lo cierto es que en el sub lite estas no resarcen la afectación padecida por el actor.

1. Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

actora contra la sentencia del 12 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Se formuló el medio de control de reparación directa por un presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la mora judicial que conllevó a la prescripción de la acción penal dentro del proceso adelantado por el delito de homicidio culposo, con ocasión del fallecimiento del señor Argemiro Carlos Echeverría Rada, en un accidente de tránsito. Los demandantes alegaron que dicha inactividad procesal impidió individualizar y judicializar al presunto responsable y, por tanto, acceder a la reparación de los perjuicios solicitados mediante su constitución como parte civil dentro de la actuación penal.2

Radicación número: 08001-23-33-000-2020-00337-01 (71773)

Actor: ROCÍO DEL CARMEN ATENCIA DE ECHEVERRÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

ANTECEDENTES

La demanda

3. Mediante escrito presentado el 1 de julio de 20201, los señores Roc del Carmen Atencia de Junior Echeverr ía, Argemiro Junior Echeverr ía Atencia y Esther Echeverría Atencia, presentaron demanda 2 de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se la declarara patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la actuación morosa y negligente en l a que

Nación-Fiscalía General de la Nación, con el fin de que se la declarara patrimonialmente responsable por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, derivado de la actuación morosa y negligente en l a que incurrió en el desarrollo de un proceso penal, adelantado por el homicidio culposo del señor Argemiro Carlos Echeverría Rada, y que terminó con la prescripción de la acción penal3.

4. Las pretensiones anteriores se fundamentaron en los siguientes hechos:

5. El 22 de octubre de 2007, el señor Genaro Echeverría de la Hoz denunció ante la Fiscalía General de la Nación los hechos ocurridos el 20 de octubre del mismo año, a las 11:40 p. m., cuando su hermano, Argemiro Carlos Echeverría Rada, fue atropellado por una camioneta, en el barrio Los Robles de Soledad, Atlántico. La víctima recibió atención médica, pero falleció el día en que se puso en conocimiento la noticia criminal.

6. La Fiscalía 11 de la Unidad de Reacción Inmediata inició la investigación por la posible comisión del delito de homicidio culposo y comisionó al CTI para practicar las diligencias pertinentes. Luego, el 13 de febrero de 2008, el expediente fue asignado a la Fiscalía 3 Seccional de Soledad, bajo el radicado 211.974, el cual fue modificado varias veces.

7. El 7 de abril de 2008, la apoderada de los denunciantes solicitó allegar el informe de las diligencias adelantadas, en el que se relató que el denunciante, esto es, el

modificado varias veces.

7. El 7 de abril de 2008, la apoderada de los denunciantes solicitó allegar el informe de las diligencias adelantadas, en el que se relató que el denunciante, esto es, el señor Genaro Echeverría de la Hoz, había identificado el vehículo implicado, esto es, una camioneta tipo Dacia, de placas UVW 601, propiedad del señor Pedro

1 SAMAI, índice 2. Archivo: 3ED_EXPTRIBUN_01ActaRepartopdf(.pdf) NroActua 2. 2 SAMAI, índice 2. Archivos: 4ED_EXPTRIBUN_02DEMANDAREPARACIOND(.pdf) NroActua 2 y 11ED_EXPTRIBUN_08DEMANDAREPARACIOND(.pdf) NroActua 2. 3 Como consecuencia de la anterior declaración, en la demanda se solicitó, por concepto de perjuicios morales, el equivalente a 1.000 SMLMV para la señora Roc ío del Carmen Atencia de Echeverría y 500 SMLMV para cada uno de los demás demandantes. Por perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante se pidió en favor de todos los integrantes de la parte activa un total de $2.146’000.000.3

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Actor: ROCÍO DEL CARMEN ATENCIA DE ECHEVERRÍA Y OTROS

Demandado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Calderón Morales, dado que la observó en el lugar del accidente con señales de reparación. El 13 de abril de 2009, se aportó al proceso la hoja de vida del vehículo

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

Calderón Morales, dado que la observó en el lugar del accidente con señales de reparación. El 13 de abril de 2009, se aportó al proceso la hoja de vida del vehículo en cuestión y el certificado de tradición del inmueble de su propietario, junto con solicitud de embargo, la cual fue negada por la Fiscalía mediante auto del 8 de junio de 2009.

8. El 28 de octubre de 2009, el señor Pedro Calderón Morales, propietario del vehículo identificado, rindió declaración jurada. Durante su testimonio no suministró información relevante y manifestó desconocer los hechos. Por su parte, el 20 de marzo de 2010, el denunciante “ realizó declaración jurada y manifestó que vio cuando la Camioneta marca dacia color amarillo de placas AVW 601 arroll ó a su hermano”

9. A pesar de lo anterior, el 30 de mayo de 2011, la Fiscalía de conocimiento resolvió inhibirse de abrir instrucción penal, por la imposibilidad de identificar al responsable de la conducta. La decisión fue apelada y revocada el 14 de octubre de 2011 por la

Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla.

10. El 1 de agosto de 2013, la Fiscalía Primera avocó conocimiento del caso y dejó constancia de que no se había procedido oportunamente, señalando expresamente la necesidad de actuar con celeridad para evitar la prescripción. El 4 de septiembre del mismo año, el señor Pedro Calderón volvió a declarar, con un patrón de evasión similar.

11. El 18 de diciembre de 2013, la Fiscalía 44 Delegada ante los Jueces Penales

del mismo año, el señor Pedro Calderón volvió a declarar, con un patrón de evasión similar.

11. El 18 de diciembre de 2013, la Fiscalía 44 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Soledad avocó conocimiento del expediente y ordenó la práctica de nuevas diligencias orientadas al esclarecimiento de los hechos. Para ese momento habían transcurrido más de seis años desde la apertura de la investigación penal, sin que se hubieran adoptado decisiones de fondo ni se hubiera avanzado de manera sustancial en la identificación de los responsables.

12. Ante la persistente inactividad procesal, el 30 de enero de 2014, la Personería Distrital de Barranquilla asumió vigilancia especial sobre la actuación penal. Luego, el 15 de junio de 2014 la Procuraduría General de la Nación elaboró un acta de visita especial y dejó constancia del incumplimiento de los plazos legales establecidos por los artículos 322 y 325 de la Ley 600 de 2000, los cuales disponían que la etapa previa debía concluirse en un término de seis meses, el cual había sido superado de forma “exagerada”.4

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Actor: ROCÍO DEL CARMEN ATENCIA DE ECHEVERRÍA Y OTROS

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

13. El 18 de diciembre de 2015, la Fiscalía ordenó la elaboración de un nuevo informe de policía judicial. Pese a ello, la investigación no registró impulso efectivo

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

13. El 18 de diciembre de 2015, la Fiscalía ordenó la elaboración de un nuevo informe de policía judicial. Pese a ello, la investigación no registró impulso efectivo en los años siguientes. Finalmente, el 15 de diciembre de 2017, la Fiscalía resolvió cerrar el trámite previo mediante “RESOLUCIÓN INHIBITORIA, en la actuación iniciada y adelantada en el Municipio de Soledad, contra DESCONOCIDOS, por un delito de HOMICIDIO CULPOSO, donde aparece como víctima ARGEMIRO ECHEVERRÍA RADA”, con fundamento en la configuración del fenómeno jurídico de la prescripción de la acción penal. La resolución fue notificada el 8 de febrero de

2018.

14. Según la demanda, con la prescripción de la acción penal en el proceso adelantado por el fallecimiento del señor Argemiro Carlos Echeverría Rada se privó a los accionantes de la posibilidad de que se identificara, investigara y judicializara al presunto responsable, así como de acceder a una reparación integral en el marco de la actuación penal.

La respuesta de la entidad demandada4

15. La Fiscalía General de la Nación 5 se opuso a las pretensiones. Señaló que la resolución inhibitoria de prescripción de la acción penal no constituía, por sí sola, un hecho generador de responsabilidad estatal. Sostuvo que los demandantes no demostraron haberse constituido como parte civil en el proceso penal ni haber ejercido acciones encaminadas a obtener la reparación de perjuicios dentro de esa actuación, lo cual desvirtúa la supuesta pérdida de oportunidad.

demostraron haberse constituido como parte civil en el proceso penal ni haber ejercido acciones encaminadas a obtener la reparación de perjuicios dentro de esa actuación, lo cual desvirtúa la supuesta pérdida de oportunidad.

16. Agregó que los actores contaban con la posibilidad de acudir ante la jurisdicción ordinaria para reclamar la reparación pretendida, y que la inactividad en ese sentido no podía trasladarse a la Fiscalía como una falla en el servicio. Concluyó que no se cumplían los presupuestos necesarios para estructurar la responsabilidad extracontractual del Estado, en tanto no se probó una expectativa legítima de indemnización frustrada por la actuación de la entidad. Propuso como excepciones: culpa exclusiva de la víctima, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del daño antijurídico y ausencia de nexo causal.

4 El Tribunal Administrativo del Atlántico admitió la demanda el 30 de marzo de 2022, decisión que se notificó de manera electrónica a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio Público y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. SAMAI, índice 2. Archivo: 15ED_EXPTRIBUN_1220200033700ADMISIO(.pdf) NroActua 2. 5 SAMAI, índice 2. Archivo: 19ED_EXPTRIBUN_16Contestacion9May22(.pdf) NroActua 25

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

La sentencia de primera instancia6

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Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA

La sentencia de primera instancia6

17. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante providencia del 12 de julio de 2024, negó las pretensiones de la demanda7.

18. Consideró que, si bien resultaba acreditado que la investigación penal iniciada el 22 de octubre de 2007 concluyó más de una década después con resolución inhibitoria por prescripción de la acción penal, esa circunstancia no era suficiente, por sí sola , para declarar la responsabilidad extracontractual del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Con apoyo en la jurisprudencia del Consejo de Estado, precisó que en los casos en los que se alega daño por mora judicial es necesario valorar la justificación del retardo, la complejidad del caso, la carga laboral del despacho, el comportamiento procesal de las partes y las condiciones del proceso, más allá del simple transcurso del tiempo.

19. En ese marco, el Tribunal advirtió que en la actuación penal se presentó una apelación que fue formulada por los propios demandantes contra una resolución inhibitoria proferida en 2015, lo cual extendió razonablemente el trámite.

Igualmente, tuvo en cu enta los informes del CTI que daban cuenta de la limitada colaboración de la comunidad con la investigación y las dificultades probatorias que enfrentó la Fiscalía en el cumplimiento de su función.

20. Concluyó que no hubo una omisión atribuible al ente investigador que, por sí misma, configurara una falla del servicio. Además, observó que no se acreditó prueba del vínculo directo entre los presuntos perjuicios reclamados y la actuación

20. Concluyó que no hubo una omisión atribuible al ente investigador que, por sí misma, configurara una falla del servicio. Además, observó que no se acreditó prueba del vínculo directo entre los presuntos perjuicios reclamados y la actuación de la Fiscalía, ni se demostró que la parte actora hubiese ejercido plenamente las

6 Por auto del 7 de mayo de 2024 se negaron las excepciones por no reunir los requisitos del artículo 100 del CGP, al tratarse de argumentos de fondo; se fijó el litigio en torno a la posible responsabilidad de la Fiscalía por la resolución inhibitoria prof erida el 15 de diciembre de 2017; se incorporaron las pruebas obrantes en el expediente, se decretaron los testimonios de Genaro Echeverría y Cecilia Álvarez, se negaron otros dos testimonios solicitados y se señaló fecha para la audiencia de pruebas (Samai, índice 2. Archivo: 27ED_EXPTRIBUN_24AutoFijaLitigioOrd(.pdf) NroActua 2). El recaudo probatorio se llevó a cabo según se dejó constancia en audiencia de pruebas del 28 de mayo siguiente. En esa misma diligencia se prescindió de la audiencia de alegaciones y juzgamiento y, en su lugar, se ordenó la presentación de alegatos de con clusión por escrito (Samai, índice 2.

Archivos: 34ED_EXPTRIBUN_30ActaAudienciapdf(.pdf) NroActua 2 y

35ED_EXPTRIBUN_301AUDIENCIADEPRUEBA(.mp4) NroActua 2).

En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la demanda (SAMAI, índice 2. Archivo:

35ED_EXPTRIBUN_301AUDIENCIADEPRUEBA(.mp4) NroActua 2).

En esta oportunidad procesal, la parte actora reiteró los fundamentos de hecho y de derecho planteados en la demanda (SAMAI, índice 2. Archivo: 37ED_EXPTRIBUN_32AlegatosDemandante(.pdf) NroActua 2 ). La Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos de defensa expuestos en su contestación (36ED_EXPTRIBUN_31AlegatosFiscaliapd(.pdf) NroActua 2). El Ministerio Público no conceptuó. 7 SAMAI, índice 2. Archivo: 38ED_EXPTRIBUN_33SENTENCIANIEGADEFE(.pdf) NroActua 2.6

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facultades previstas en la Ley 600 de 2000 para impulsar el trámite penal en calidad de parte civil, como la solicitud de vinculación del tercero civilmente responsable. El recurso de apelación8

21. La parte actora pidió que se revocara la sentencia de primera instancia 9. Alegó que el daño antijurídico se encontraba plenamente acreditado y era imputable a la Fiscalía General de la Nación, por haber omitido su deber constitucional de adelantar en debida forma la acción penal. Afirmó que el ente investigador no adoptó decisiones oportunas ni practicó con diligencia las actuaciones necesarias para

Fiscalía General de la Nación, por haber omitido su deber constitucional de adelantar en debida forma la acción penal. Afirmó que el ente investigador no adoptó decisiones oportunas ni practicó con diligencia las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos, lo que permitió que la investigación permaneciera abierta por más de diez años, sin superar siquiera la etapa previa, en contravía del artículo 325 de la Ley 600 de 2000. Como consecuencia, se produjo la prescripción tanto de la acción penal como de la acción civil, lo que —a juicio del recurrente — frustró de manera definitiva la posibilidad de obtener la reparación de los perjuicios reclamados.

22. Sostuvo que, desde el año 2008, los demandantes se constituyeron como parte civil dentro de la actuación penal y promovieron la vinculación del señor Pedro Calderón Morales, propietario del vehículo implicado, como tercero civilmente responsable. Indicó que, con dicho propósito, solicitaron medidas cautelares sobre el vehículo y un bien inmueble, y aportaron tanto la hoja de vida del automotor como el certificado de tradición del predio. Añadió que, a lo largo de varios años, la apoderada judicial de la parte civil elevó múltiples solicitudes de impulso procesal, solicitó certificaciones, requirió información complementaria y presentó recurso de apelación contra una resolución inhibitoria, todo lo cual reflejaba el interés sostenido de las víctimas en el avance del proceso.

23. Manifestó además que los familiares del señor Echeverría Rada realizaron gestiones extraprocesales con el fin de impulsar el proceso. A juicio del apelante, toda esa actuación revelaba un esfuerzo activo y colaborativo por parte de los

23. Manifestó además que los familiares del señor Echeverría Rada realizaron gestiones extraprocesales con el fin de impulsar el proceso. A juicio del apelante, toda esa actuación revelaba un esfuerzo activo y colaborativo por parte de los demandantes, que en ningún caso podía ser interpretado como pasividad o falta de diligencia. Sostuvo que, pese a esas gestiones, la Fiscalía no adoptó decisiones de fondo, lo que culminó con el archivo del caso mediante resolución inhibitoria

8 El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación el 8 de octubre de 2024 (SAMAI, índice 4). No hubo lugar a dar traslado para alegar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 247 -5 del del CPACA -modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021-. SAMAI, índice 4. 9 SAMAI, índice 2. Archivo: 40ED_EXPTRIBUN_35RecursoApelacionpd(.pdf) NroActua 2.7

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proferida diez años después de iniciada la investigación, frustrando con ello la posibilidad efectiva de obtener una reparación integral de los perjuicios sufridos.

CONSIDERACIONES

Competencia

23. En los términos del artículo 152.6 de la Ley 1437 de 2011 10, los tribunales administrativos son competentes para conocer en primera instancia los procesos de

CONSIDERACIONES

Competencia

23. En los términos del artículo 152.6 de la Ley 1437 de 2011 10, los tribunales administrativos son competentes para conocer en primera instancia los procesos de reparación directa cuya cuantía supere los 500 SMLMV 11, correspondiendo su apelación al Consejo de Estado, conforme al artículo 150 de la misma norma 12. En este caso, la parte demandante reclamó por concepto de lucro cesante un total de “$2.146’000.000”, monto que excede el umbral legal, de ahí que el conocimiento en primera instancia le correspondiera al a quo.

Ejercicio oportuno de la acción

24. De conformidad con lo previsto en el literal i, del numeral 2°, del artículo 164 del CPACA, la demanda de reparación directa puede instaurarse dentro de los dos (2) años “contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”.

25. En este asunto se demandó a la Fiscalía General de la Nación por la prescripción de la acción penal decretada en el proceso penal adelantado por la muerte del señor Argemiro Carlos Echeverría Rada, decisión que fue adoptada el 15 de diciembre de 201713 y que se notificó el 8 de febrero de 201814.

26. De conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 -norma procesal que se aplicó a la investigación penal -, “las providencias quedan ejecutoriadas tres (3)

26. De conformidad con el artículo 187 de la Ley 600 de 2000 -norma procesal que se aplicó a la investigación penal -, “las providencias quedan ejecutoriadas tres (3)

10 Régimen procesal aplicable a la demanda radicada el 1 de julio de 2020. 11 “Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia. Los Tribunales Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…) “6. De los de reparación directa, inclusive aquellos provenientes de la acción u omisión de los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. 12“Artículo 150. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…)”. 13 SAMAI, índice 2. Archivo: 6ED_EXPTRIBUN_035ANEXOSDEMANDApdf(.pdf) NroActua 2. Folios 200-202. 14SAMAI, índice 2. Archivo: 6ED_EXPTRIBUN_035ANEXOSDEMANDApdf(.pdf) NroActua 2. Folio 202 Vto.8

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días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”, lo que significa que la resolución en cuestión cobró fuerza de

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días después de notificadas si no se han interpuesto los recursos legalmente procedentes”, lo que significa que la resolución en cuestión cobró fuerza de ejecutoria el 13 de febrero de 201815.

27. En ese orden de ideas, la parte actora podía acudir ante esta jurisdicción hasta el 14 de febrero de 2020; no obstante, el 18 de diciembre de 2019 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, es decir, cuando faltaban 60 días para que operara la caducidad, y la constancia de no conciliación fue expedida el 20 de febrero 202016.

28. A partir del día siguiente se reanudó el plazo restante; sin embargo, como consecuencia de la pandemia por Covid-19, mediante el Decreto 564 de 202017, se suspendieron los términos judiciales desde el 16 de marzo hasta el 1 de julio del 2020 y, como la demanda se presentó el mismo día en que se reanudaron los términos, se impone concluir que fue oportuna.

Legitimación en la causa

29. Es claro para la Sala que el posible daño irrogado por el proceso penal adelantado por la muerte del señor Argemiro Carlos Echeverría Rada tendría como destinatarios a las personas que se constituyeron como parte civil, pues serían quienes finalmente tendrían interés en las resultas del mismo y respecto de las cuales se habría visto afectada su expectativa resarcitoria.

30. Bajo este contexto, con ocasión del presunto daño que originó la presente acción, concurrieron al proceso contencioso administrativo los señores Rocío del

cuales se habría visto afectada su expectativa resarcitoria.

30. Bajo este contexto, con ocasión del presunto daño que originó la presente acción, concurrieron al proceso contencioso administrativo los señores Rocío del Carmen Atencia de Echeverr ía Argemiro Junior Echeverr ía Atencia y Esther Echeverría Atencia, cónyuge e hijos del señor Argemiro Carlos Echeverr ía Rada, respectivamente.

31. A pesar de que con las copias de los registros de matrimonio 18 y nacimiento19 se demostró la condición alegada, en el presente asunto no obran en el expediente los cuadernos separados correspondientes a la actuación civil dentro del proceso penal, razón por la cual no es posible verificar quién o quiénes presentaron

15 Los días 10,11 de febrero de 2018 no fueron hábiles. 16 SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_11TramiteExtrajudici(.pdf) NroActua 2. 17 De conformidad con el Acuerdo PSCJA20-11581 del Consejo Superior de la Judicatura. 18 SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_11TramiteExtrajudici(.pdf) NroActua 2. 71 19 SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_11TramiteExtrajudici(.pdf) NroActua 2. 16-179

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demanda de constitución de parte civil, el tipo de pronunciamiento sobre la admisión o rechazo, o el reconocimiento de todos o alguno de los demandantes como tal.

32. En primer lugar, se pone de presente que las pruebas allegadas al proceso muestran que la denuncia por la muerte del señor Argemiro Echeverría Rada fue presentada el 22 de octubre de 2007 por su hermano, el señor Genaro Echeverría de la Hoz, y fue posteriormente ampliada por su apoderada, el 17 de marzo de 2009.

No obstante, el denunciante no hace parte activa en este proceso de reparación directa, pues su participación en el trámite penal se limitó a poner en conocimiento de las autoridades los hechos.

33. Ahora, con el material probatorio que se aportó quedó acreditado que el 21 de abril de 2008, la señora Rocío del Carmen Atencia de Echeverría otorgó poder 20 ante la Fiscalía a la abogada Cecilia Álvarez Ortega, con el propósito de representarla en la presentación de la demanda de constitución de parte civil dentro del proceso penal. Luego, mediante certificación 21 expedida el 7 de diciembre de 2009, por el Fiscal Primero Delegado ante el Juez Penal del Circuito de Soledad, se hizo constar que en el proceso penal radicado bajo el No. 211.974, adelantado por el delito de homicidio culposo contra personas desconocidas, intervenía la doctora Cecilia Álvar ez Ortega como apoderada de la parte civil, calidad que le fue

hizo constar que en el proceso penal radicado bajo el No. 211.974, adelantado por el delito de homicidio culposo contra personas desconocidas, intervenía la doctora Cecilia Álvar ez Ortega como apoderada de la parte civil, calidad que le fue reconocida desde el 17 de marzo de 2009.

34. Aunque no se cuenta con copias de la demanda ni de los actos procesales que formalmente dieron lugar al reconocimiento de la parte civil, el poder otorgado por la cónyuge y la certificación expedida por la Fiscalía permiten concluir que, al menos ella, sí ejerció la acción civil dentro del proceso penal. Por tanto, en aplicación de los principios pro actione y pro damnato, se tiene por acreditada su legitimación en este proceso de reparación directa.

32. No sucede lo mismo con los hijos del señor Echeverría Rada, esto es, Argemiro Junior Echevería Atencia y Esther Echeverría Atencia, quienes, para la época de los hechos, ya eran mayores de edad22.

20 SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_11TramiteExtrajudici(.pdf) NroActua 2. 70 21 SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_EXPTRIBUN_11TramiteExtrajudici(.pdf) NroActua 2. 81. 22 De conformidad con los registros civiles de nacimiento, para la época de los hechos, estos demandantes tenían 25 y 32 años, y, por tanto, de conformidad con el artículo 48 de la ley 600 del 2000, para constituirse como parte civil, les correspondía otorgar poder. De ahí que no pueda10

Radicación número: 08001-23-33-000-2020-00337-01 (71773)

2000, para constituirse como parte civil, les correspondía otorgar poder. De ahí que no pueda10

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Actor: ROCÍO DEL CARMEN ATENCIA DE ECHEVERRÍA Y OTROS

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33. Por una parte, con el informe de secretaría del 26 de mayo de 2016 se puso de presente que Argemiro Junior Echeverría Atencia no se constituyó “como parte civil, por lo tanto no es sujeto procesal” 23. En cuanto a su hermana, no obra en el expediente documento alguno que evidencie su intervención, ni poder otorgado por ella ni pronunciamiento que permita inferir, siquiera de forma sumaria, que ejerció la acción civil dentro del proceso penal, por lo qu e la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por activa de estos demandantes y n egará sus pretensiones.

34. La Fiscalía General de la Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva, habida cuenta de que se le imputó el supuesto daño generado por la declaratoria de la prescripción de la acción penal a la que se refiere el libelo introductorio del proceso. En ese sentido, se observa que respecto de tal entidad se efectuó una imputación fáctica y jurídica concreta y, por tanto, le asiste legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

Problema Jurídico

35. Atendiendo a los argumentos formulados en el recurso de apelación, le

legitimación en la causa por pasiva de hecho. La legitimación material se analizará al examinar el fondo del asunto.

Problema Jurídico

35. Atendiendo a los argumentos formulados en el recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar si la frustración de la reparación de los perjuicios derivados de la muerte del señor Argemiro Echeverría Rada, ocasionada