CE - Sentencia 08001233300020200037701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., dieciocho (18) de julio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024)

Demandante: Daniel Iván Florián Reales

Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación1

Tema: Sanción disciplinaria a servidor de elección popular -concejalpor la falta gravísima prevista en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

Sentencia de segunda instancia __________________________________________________________________

Asunto Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 20 de febrero de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes 1.1. La demanda2

1.1.1. Pretensiones

1. Daniel Iván Florián Reales en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 acudió a esta jurisdicción en orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos:

1.1. Fallo del 11 de julio de 2019 expedido por la procuradora provincial de Santa

1 En adelante PGN. 2 Índice 2, carpeta « 5ED_08001233300020200037(.zip) NroActua 2 », archivo «01Demanda16Jul2020». 3 En adelante CPACA.2

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024) Demandante: Daniel Iván Florián Reales Marta, mediante el cual fue declarado responsable disciplinariamente y se le impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años.

1.2. Fallo del 16 de diciembre de 2019 expedido por la procuradora regional del Magdalena, por medio de la cual -al resolver el recurso de apelaciónconfirmó la decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la anulación de las órdenes de cumplimiento remitidas al Concejo de Soledad (Atlántico ); (ii) la cancelación de los antecedentes disciplinarios; y (iii) el pago de los perjuicios morales y materiales –en las modalidades de daño emergente y lucro cesante–.

3. En subsidio, (i) la declaración de la nulidad parcial del artículo primero y absoluta

antecedentes disciplinarios; y (iii) el pago de los perjuicios morales y materiales –en las modalidades de daño emergente y lucro cesante–.

3. En subsidio, (i) la declaración de la nulidad parcial del artículo primero y absoluta de los artículos segundo y tercero del fallo de primera instancia del 11 de julio de 2019, así como de la decisión que lo confirmó; (ii) la declaración de que la falta disciplinaria fue leve y sanción era la amonestación escrita; y (iii) la cancelación de las anotaciones en el registro de antecedentes disciplinarios de la PGN.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

4.1. Daniel Iván Florián Reales fungió como concejal del municipio de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016 – 2019.

4.2. En marzo de 2016 el alcalde municipal presentó proyecto de acuerdo para crear y financiar el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte . Fue debatido por el concejo municipal y sancionado el 14 del mismo mes y año.

4.3. El 2 de junio de 2016 Paul Varelo Barrios denunció la ocurrencia de presuntas irregularidades por parte de los miembros del concejo municipal en la aprobación del Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016, por el cual se creó el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte en Soledad.

4.4. En primera instancia conoció la Procuraduría Provincial de Barranquilla, con el número IUC 2016-566-863505. El 21 de junio de 2016, abrió indagación preliminar

4.4. En primera instancia conoció la Procuraduría Provincial de Barranquilla, con el número IUC 2016-566-863505. El 21 de junio de 2016, abrió indagación preliminar en contra de los 19 concejales y ordenó la práctica de pruebas.

4.5. En auto del 27 de octubre de 2016 se abrió la investigación disciplinaria en contra de los 19 miembros del concejo y ordenó la práctica de pruebas.

4.6. Mediante Oficio 6469 del 28 de diciembre de 2016, la procuradora provincial de Barranquilla remitió el expediente disciplinario al procurador provincial de Santa Marta [Magdalena], en cumplimiento de lo ordenado por la procuradora general de la Nación mediante Resolución 583710 del 27 de octubre de 2016 . Se avocó el3

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024) Demandante: Daniel Iván Florián Reales conocimiento el 6 de febrero de 2017.

4.7. El 14 de junio de 2017 la Procuraduría Provincial de Santa Marta ordenó el cierre de la investigación disciplinaria. El 6 de ju lio siguiente decretó de oficio la nulidad del auto anterior y, en su lugar, ordenó nuevamente su cierre mediante auto del 25 de agosto de 2017.

4.8. El 11 de octubre de 2017 formuló pliego de cargos a los 19 concejales del

del auto anterior y, en su lugar, ordenó nuevamente su cierre mediante auto del 25 de agosto de 2017.

4.8. El 11 de octubre de 2017 formuló pliego de cargos a los 19 concejales del municipio de Soledad; sin embargo, el 9 de noviembre siguiente decretó la nulidad desde el auto de cierre de la investigación disciplinaria y el 24 de julio de 2018 se dictó nuevamente.

4.9. El 19 de septiembre de 2018 formuló un único cargo a los 19 concejales por haberse «extralimitado en el ejercicio de sus funciones, esto es, por haber contrariado las disposiciones contenidas en el artículo 35 del Código Único Disciplinario, y como consecuencia haber incurrido en una presunta falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 60 del artículo 48 del C.D.U. a título de dolo» . El tenor literal de aquella es: «[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma otorgante» y se sustentó en que, la creación del tributo relativo a la financiación con el 1.5% de los contratos y convenios celebrados por el municipio y sus entes descentralizados , siempre que su cuantía fuera igual o superior a 26 smlmv, correspondía exclusivamente al legislador; además, porque se desconoció que en el año 2008 ya se había creado el fondo y el mismo gravamen, el cual en 2013 fue suprimido al modificar el Estatuto Tributario.

4.10. El 7 de diciembre de 2018 se accedió a las pruebas solicitadas en los descargos rendidos por los investigados y el 2 de abril de 2019 se ordenó correr

4.10. El 7 de diciembre de 2018 se accedió a las pruebas solicitadas en los descargos rendidos por los investigados y el 2 de abril de 2019 se ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión.

4.11. Mediante fallo del 11 de julio de 2019 se declaró su responsabilidad disciplinaria y se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años. Contra esta decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto desfavorablemente el 16 de diciembre de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5. Se citaron como tales los artículos 1, 2, 13, 21, 25, 29, 31, 53, 83, 90, 93, 94, 122, 123, 124, 209 y 313 de la Constitución Política; 1, 3, 138 y 187 del CPACA; 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 4, 45, 46, 47, 76, 110, 128, 129, 132, 133, 138, 140, 143, 163, 170 y 171 de la Ley 734 de 2002; en su concepto, porque:

6. El numeral 60 del artículo 48 estableció 3 elementos: (i) la existencia de una norma que otorgaba potestades al empleo o función; (ii) el ejercicio de una potestad derivada del empleo o función (competencia del funcionario que podía ser material o funcional ); y (iii) que el ejercicio se realizara con una finalidad diferente de la prevista en la norma otorgante; sin embargo, esta falta no contenía una habilitación4

derivada del empleo o función (competencia del funcionario que podía ser material o funcional ); y (iii) que el ejercicio se realizara con una finalidad diferente de la prevista en la norma otorgante; sin embargo, esta falta no contenía una habilitación4

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024) Demandante: Daniel Iván Florián Reales al funcionario sancionador para que desvirtuara la presunción de legalidad de un acto administrativo, competencia que era propia de la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo; asimismo, toda ilegalidad de un acto no aparejaba la imposición de una sanción disciplinaria, pues se requería de la demostración del incumplimiento de los deberes funcionales.

7. La PGN desconoció las premisas anteriores porque en el fallo de primera instancia se indicó que los quejosos aportaron pruebas como las sentencias del 17 de agosto de 2017 y 5 de octubre de 2018 proferida s por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlánticorespectivamente-, las cuales fueron aportadas de manera irregular y que bastaron para declarar la responsabilidad sin entrar a probar los elementos de la culpabilidad.

En igual sentido, en la segunda instancia se aparejó la imposición de una sanción disciplinaria con la ilegalidad de un acto administrativo decretada por la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

En igual sentido, en la segunda instancia se aparejó la imposición de una sanción disciplinaria con la ilegalidad de un acto administrativo decretada por la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

8. En el caso, la adecuación típica sobre los presupuestos que señaló el ente de control no se ajustaba a los elementos integrantes del tipo porque el análisis respecto de los deberes funcionales no estaba condicionado por la legalidad de los actos que se expidieran para tal efecto, es decir, se confundió el fin del acto con la ilegalidad por presunta violación de los límites de la autonomía de la facultad impositiva de los concejos municipales . Es decir, la entidad debió demostrar que existía un interés ilegítimo en su calidad de concejal al expedir el mencionado acto que se traducía en el hecho de que con la financiación se hubiera derivado un beneficio para sí o para un tercero que se alejaba de los fines atribuidos a la función pública.

9. Si se trataba de fundamentar la adecuación típica en esas sentencias judiciales, la PGN desconoció que en el de segunda instancia se narró que a inicios del periodo constitucional 2016 – 2019 el alcalde presentó una iniciativa para crear nuevamente el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte , pero partió de una falsa premisa fáctica para motivar el proyecto, pues argumentó la inexistencia del fondo aun cuando se había erigido por el concejo mediante el Acuerdo 81 de 2008, del cual en ningún momento se sost uvo que hubiera sido derogado o anulado, por lo que se suprimió tácitamente el gravamen del 1.5 sobre el valor de los convenios o contratos

ningún momento se sost uvo que hubiera sido derogado o anulado, por lo que se suprimió tácitamente el gravamen del 1.5 sobre el valor de los convenios o contratos que celebraba el municipio y sus entes descentralizados.

10. Lo anterior significaba que el juez de lo contencioso administrativo avaló la legalidad de la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte , en virtud de su naturaleza y objeto que se circunscribía a la financiación del fomento, masificación y promoción del deporte en todas sus disciplinas.

11. De ese modo, la expedición de un acto con infracción de las normas en que debía fundarse no significaba per se que el funcionario actuara con una finalidad distinta de la prevista en la norma otorgante y haya desconocido el cumplimiento de sus5

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024) Demandante: Daniel Iván Florián Reales deberes funcionales, pues se trataba de presupuestos autónomos sobre la legalidad del acto administrativo.

12. De conformidad con el artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales gozaban de autonomía para la gestión de sus intereses como la fiscal, en virtud de la cual se confería a los niveles territoriales la facultad de fijar tributos, participar de las rentas nacionales y administrar los recursos propios que dejaba un margen de duda que no se podía resolver en contra del disciplinado y, aun si se hubiera

la cual se confería a los niveles territoriales la facultad de fijar tributos, participar de las rentas nacionales y administrar los recursos propios que dejaba un margen de duda que no se podía resolver en contra del disciplinado y, aun si se hubiera establecido que el ente de control realizó adecuadamente el proceso de subsunción típica, no habría lugar a sacrificar el principio de presunción de inocencia como garantía del disciplinado.

13. La entidad demandada erró al otorgar valor probatorio a la sentencia proferida el 14 de mayo de 2017 por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla , confirmada el 24 de agosto de 2018 , pues en los actos acusados se acudió de manera repetida a lo consignado en esta «para tener como probado que éstas no

[podían] ser objeto de estudio en el proceso disciplinario pues, si bien el fin del acto administrativo [era] un presupuesto de legalidad, su expedición, con desconocimiento de las normas de carácter superior en que [debía] fundarse, constitu[ía] otro presupuesto de legalidad que no hac[ía] mención el tipo disciplinario».

14. Con la sana crítica se hubiese llegado a la conclusión que, en materia de deportes y su financiación, la regulación se encontraba en las leyes 19 de 1991 y 181 de 1995. La PGN erró en el ejercicio de valoración probatoria e, igualmente, al efectuar la adecuación típica porque se apoyó en 2 argumentos objetivos de los cuales nunca se desprendió para hacer un análisis más profundo; (i) el antecedente del Acuerdo 00081 de 2008 que fue derogado por el Concejo Municipal de Soledad;

cuales nunca se desprendió para hacer un análisis más profundo; (i) el antecedente del Acuerdo 00081 de 2008 que fue derogado por el Concejo Municipal de Soledad; y (ii) la anulación posterior del Acuerdo 00199 de 2016 para concluir que los concejales se extralimitaron en sus funciones porque si bien una de ellas era votar los impuestos, para este caso se requería de una ley habilitante para reglamentarlo.

15. La motivación del concejo municipal para suprimir el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte no se derivó de una decisión judicial, de alguna variación normativa o de una orden de carácter administrativo, sino de la decisión unilateral del cuerpo colegiado del cual no hacía parte.

16. La finalidad que se perseguía con la conducta desplegada no era contraria a la legalidad o apartada de las funciones propias del cargo de concejal, pues no se buscó un lucro personal o de terceros, sino que se le dio al fondo unos ingresos que hacían posible desarrollar su objeto que era la financiación del fomento, masificación y promoción del deporte en todas sus disciplinas en el municipio de

Soledad.

17. La autoridad disciplinaria dirigió las etapas procesales con la única finalidad de concretar un resultado sancionatorio y obvió la necesidad de tener la certeza de la6

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024)

Demandante: Daniel Iván Florián Reales

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024) Demandante: Daniel Iván Florián Reales culpabilidad al desconocer los medios idóneos para probarla o desvirtuarla, «logrando con esa actitud violentarles las garantías de los derechos a los investigados y someterlos al injusto del escarnio público y jurídico».

18. Además, para la imputación a título de dolo, la entidad partió de una actuación desplegada por el alcalde al momento de efectuar la exposición de motivos al asegurar que partió de una falsa premisa, pero no efectuó análisis alguno para determinar qué incidencia tuvo esa irregularidad en la conducta desplegada por los concejales, pues era claro que «desde su mejor posición al contar con asesores especializados y los medios técnicos, logísticos y jurídicos adecuados para efectuar una debida sustentación del proyecto, hizo incurrir en error a los disciplinados».

19. Era deber de la Procuraduría probar que los 19 concejales tenían individualmente la intención de quebrantar lo dispuesto en los artículos 6 y 313 de la Constitución Política; 32 de la Ley 136 de 1994, 1 y 2 de la Ley 19 de 1991; 35 y 48 de la Ley 734 de 2002, conforme con lo señalado en el pliego de cargos, así como las leyes 19 de 1991 y 181 de 1995 que sirvieron de fundamento al acuerdo municipal, es decir, que «se aprobara [...] con desconocimiento de la ley “para una finalidad distinto a la prevista en la norma otorgante” o que se hiciera con desconocimiento

municipal, es decir, que «se aprobara [...] con desconocimiento de la ley “para una finalidad distinto a la prevista en la norma otorgante” o que se hiciera con desconocimiento de una ley u orden judicial que le prohibiera crear un fondo a favor del deporte» [sic]; sin embargo, se limitó a un raciocinio sesgado sin atender los elementos cognitivo y volitivo del dolo.

20. La falta atribuida era inadecuada, pues los fundamentos fácticos descritos en los fallos de primera y segunda instancia hacían alusión al artículo 50 de la Ley 734 de 2002 y no al numeral 60 del artículo 48 ibidem; en ese orden, en virtud del principio de favorabilidad, la falta no podía catalogarse como gravísima, sino como grave o leve.

21. En el fallo de primera instancia quedó un vacío respecto de la verdadera culpabilidad que obligaba al superior a recalificar la conducta y determinar la auténtica infracción de los concejales que, como se demostró, «fueron hasta temerosos cuando conminaron al señor alcalde de Soledad a abstenerse de efectuar el cobro del impuesto creado en el Acuerdo, una vez conocieron de la demanda de nulidad simple que se había interpuesto contra el mismo» ; sin embargo, ello no se atendió.

Además, incurrió en un concurso aparente de tipos disciplinarios porque sustentó su decisión en la extralimitación, actuar sin competencia y en el supuesto de que los concejales ejercieron sus funciones para una finalidad distinta de la norma otorgante.

22. Igualmente, «mal podría hablarse de ejercer las potestades que su empleo o función le

[concedían] para una finalidad distinta ya que, en primer lugar, tanto la constitución como

otorgante.

22. Igualmente, «mal podría hablarse de ejercer las potestades que su empleo o función le

[concedían] para una finalidad distinta ya que, en primer lugar, tanto la constitución como la ley [describían] las funciones de los concejales entre las que [sobresalían] aquellas d e carácter tributario; y no fue con una finalidad distinta, porque el proyecto de acuerdo coincidía en la mayoría de su articulado con la Ley 91 de 1991, cuyo objeto [era] la creación del fondo y su financiación».7

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1.2. Contestación de la demanda4

23. La entidad demandada se opuso a las pretensiones, con fundamento en lo

siguiente:

24. El concejo de Soledad tuvo la oportunidad de deliberar sobre la creación del Fondo del Fomento y Desarrollo del Deporte en una primera oportunidad a iniciativa del alcalde cuando se expidió el Acuerdo 81 del 15 de julio de 2008 en el que se creó un tributo que después fue excluido a través del Acuerdo 168 de 2013 que adoptó el Estatuto Tributario.

25. A pesar de lo anterior, «de manera inexplicable» a inicios de 2016 el alcalde del municipio de Soledad presentó la iniciativa de crear nuevamente el mencionado

adoptó el Estatuto Tributario.

25. A pesar de lo anterior, «de manera inexplicable» a inicios de 2016 el alcalde del municipio de Soledad presentó la iniciativa de crear nuevamente el mencionado fondo, pero partió de una falsa premisa fáctica porque argumentó su inexistencia aun cuando este se había creado mediante acuerdo en 2008 y no existía prueba de que hubiera sido derogado o anulado. Además, lo que se suprimió fue el gravamen del 1.5 sobre el valor de los convenios y contratos que se celebraran.

26. A pesar de lo anterior, el proyecto fue tramitado para su aprobación sin reparo alguno de los concejales. En efecto, de acuerdo con el acta 51 de 2016, en sesión ordinaria el proyecto fue puesto en su consideración, «siendo aprobado por la plenaria sin modificación alguna» y sin que se hiciera reparo alguno por parte del actor, de ahí que para la PGN se obviara «la seria responsabilidad que implica[ba] el ejercicio de la facultad impositiva del Estado que en ellos concurr[ía] junto con el legislador , como seguir los principios que la orientan, entre ellos, el de predeterminación de los tributos y el de representación popular».

27. La finalidad de la función administrativa estaba orientada a la búsqueda de la satisfacción de las necesidades generales de todos los habitantes, pero debía hacerse de acuerdo con los principios y finalidades de la Constitución Política, por lo tanto, no era admisible que solo pretendiera desarrollar la Ley 19 de 1991 porque esta dispuso cómo debía estructurarse la financiación del fondo, sin que ello implicara la «autorización para votar, establecer, reformar o eliminar tributos», por ello, el

lo tanto, no era admisible que solo pretendiera desarrollar la Ley 19 de 1991 porque esta dispuso cómo debía estructurarse la financiación del fondo, sin que ello implicara la «autorización para votar, establecer, reformar o eliminar tributos», por ello, el operador disciplinario señaló con claridad que la conducta reprochada vulneró los principios de moralidad y legalidad al sustentar la ilicitud sustancial.

28. Se presentó una extralimitación de funciones que escaló a la falta gravísima endilgada, en tanto el actor utilizó su atribución para establecer el tributo sin que la Ley 19 de 1991 así lo dispusiera; en consecuencia, la conducta censurada se adecuó en su totalidad al supuesto previsto en el artículo 48.60 de la Ley 734 de

2002.

4 Índice 2, carpeta « 5ED_08001233300020200037(.zip) NroActua 2 », archivo «14ContestacionPoderAndresCoronado8Oct2021»8

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29. La entidad ─en sus análisis de primera y segunda instancia─ «hizo un profundo estudio de la culpabilidad del implicado arrimando a la conclusión de que su conducta era dolosa».

30. Propuso la excepción de «caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho».

1.3. La sentencia apelada5

dolosa».

30. Propuso la excepción de «caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho».

1.3. La sentencia apelada5

31. Mediante sentencia proferida el 20 de febrero de 2024 , el Tribunal Administrativo del Atlántico resolvió: (i) declarar no probada la excepción de caducidad; (ii) declarar la nulidad parcial de los fallos del 11 de julio de 2019

[artículos 1º, 2º, y 3º] en lo atinente al actor; (iii) ordenar a la PGN la anulación de las órdenes de cumplimiento remitidas al Concejo Municipa l de Soledad y la cancelación de los antecedentes disciplinarios; (iv) negar las demás pretensiones; y (v) no condenar en costas.

32. Para tal efecto, se detuvo en el marco normativo y jurisprudencial del control de los actos de naturaleza disciplinaria, sanción disciplinaria de destitución e inhabilidad a los servidores públicos elegidos popularmente y debida acreditación del dolo. A continuación, reseñ ó los hechos probados y resolvió la excepción de caducidad y el caso concreto en los siguientes términos:

33. Si bien la ejecutoria del fallo disciplinario ocurrió el 16 de diciembre de 2019, el 16 de marzo de 2020 se suspendieron los términos a través del Decreto legislativo 564 de 2020 y se extendió hasta el 1 de julio del mismo año . En consecuencia, la demanda fue presentada oportunamente el 14 de julio de 20206.

34. La PGN no fundamentó la falta en la ilegalidad del acto administrativo, sino que

564 de 2020 y se extendió hasta el 1 de julio del mismo año . En consecuencia, la demanda fue presentada oportunamente el 14 de julio de 20206.

34. La PGN no fundamentó la falta en la ilegalidad del acto administrativo, sino que destacó la conducta de no atender el marco jurídico y aprobar de forma unánime y sin debate alguno el acuerdo que creó un tributo que no fue autorizado por la ley .

Esto, agregado a que fue creado en el pasado por la misma corporación y dejado sin efectos por su ilegalidad.

35. En lo relacionado con la nulidad parcial del acuerdo, en providencia del 17 de agosto de 2017 dictada por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla se declaró la nulidad del Acuerdo 199 de 2016, la cual fue confirmada el 5 de octubre de 2017, sin que pudiera «entonces afirmarse que esta jurisdicción haya dejado incólume la creación del Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte». La mención de esta decisión se hacía a efectos de sustentar «la imposibilidad jurídica de crear un impuesto no au torizado por la ley, lo cual [...] fue revelado en los actos acusados, de la mera confrontación de las normas».

5 Índice 2, carpeta «5ED_08001233300020200037(.zip) NroActua 2», archivo « 24Sentencia». 6 Ello, en tanto el término fenecía el 1 de agosto de 2020.9

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36. También se probó que en los actos acusados se estableció una conducta unívoca y las circunstancias de tiempo, modo y lugar; no obstante, no por ello se debían tener por cumplidos los requisitos exigidos por la Ley 734 de 2002, pues la autoridad disciplinaria tenía el deber de individualizar cada cargo, la violación en que incurrió cada concejal y el grado de culpabilidad.

37. Ello exigía «un estudio más profundo para la determinación de la conducta» que se endilgó; sin embargo, el pliego de cargos partió de la base de que los concejales actuaron «a sabiendas» de la existencia de los acuerdos de 2008 y 2013 sin que se hubiera acreditado si el actor participó en la discusión, si era concejal para esa época o lo eran los demás que aprobaron el Acuerdo 199 de 2016, lo cual era relevante en la determinación de la c onducta individual de cada concejal. En consecuencia, la entidad incurrió en una i ndebida individualización de la conducta de cada miembro de la corporación.

38. La valoración que hizo la demandada no tenía la entidad suficiente para convencer objetivamente de la intención que motivó la actuación del actor y que permitiera atribuir el dolo como título más gravoso de la culpabilidad , máxime si la

38. La valoración que hizo la demandada no tenía la entidad suficiente para convencer objetivamente de la intención que motivó la actuación del actor y que permitiera atribuir el dolo como título más gravoso de la culpabilidad , máxime si la actuación colectiva fue calificada con los mismos parámetros, es decir, por el hecho de ser una decisión uniforme. Esto sumado a que la expresión «actuaron a sabiendas» obedeció a una interpretación de la conducta en la que no se tuvo en cuenta los demás elementos que permit ieran razonablemente determinar el grado de culpabilidad y la gravedad de la falta imputada.

39. No se demostró que el actor hubiera desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

40. El actor fue destituido e inhabilitado por 10 años para ejercer cargos públicos; sin embargo, al tratarse de un funcionario de elección popular, «solo se podría aplicar la destitución e inhabilitación si existieran hechos de corrupción, o ser constitutiva de delito doloso».

41. Se debía negar el reconocimiento de los perjuicios materiales porque no se allegó prueba alguna respecto de lo señalado en la demanda. Igualmente, respecto de los morales, la sola declaratoria de nulidad de los actos administrativos no implicaba un reconocimiento automático, sino que debían estar plenamente identificados y acreditados.

1.4. El recurso de apelación7

42. Contra la anterior decisión, la PGN interpuso recurso de apelación y lo sustentó

en los siguientes términos:

identificados y acreditados.

1.4. El recurso de apelación7

42. Contra la anterior decisión, la PGN interpuso recurso de apelación y lo sustentó

en los siguientes términos:

7 Índice 2, carpeta «5ED_08001233300020200037(.zip) NroActua 2», archivo « 26 RecursoApelacionProcuraduriaGeneral [...]».10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2020-00377-01 (4988-2024)

Demandante: Daniel Iván Florián Reales

43. De conformidad con las leyes 734 de 2002 y 2094 de 2021 y la jurisprudencia de las altas cortes , la PGN sí era competente para investigar y sancionar a los servidores públicos elegidos popularmente.

44. En el segundo debate del proyecto de acuerdo ningún concejal se pronunció o advirtió que no podía «pasar a ser acuerdo mun