CE - Sentencia 08001233300020200039202 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2020-00392-02 (3315-2023) Demandante : Robín Basilio Castro Fallace Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho Tema : Disciplinario -Irregularidades en el procedimiento disciplinario - análisis de convencionalidad - cumplimiento sentencia de tutela del 24 de febrero de 2025.

Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a dar cumplimiento al fallo emitido por la Subsección B de la Sección Tercera, con ponencia del Dr. Alberto Montaña Plata , el veinticuatro (24) de febrero de dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15-000-2024-04153-00 (acumulado), 11001 -03-15-000-2024-03980-00, 11001-03-15-000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00 y en el que se indicó lo siguiente:

«PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

«PRIMERO: NEGAR las solicitudes de desvinculación presentadas por los Tribunales Administrativos de Antioquia y Nariño, Víctor Isidro Ramírez Loaiza y Rafael Enrique Pretel Martínez, por las razones aquí presentadas.

SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela identificada con el radicado No. 11001 -03-15-000-2024-04285-00, específicamente, frente a las Sentencias de 12 de diciembre de 2023, proferidas en los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho No. 76001-23-33-000-2015-01017-01, 13001-23-33-0002015-00784-01 y 18001-23-33-000-2016-00231-01, por no cumplir con el requisito de inmediatez.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso de la Procuraduría General de la Nación. En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS las Sentencias de (1) 3 de mayo de 2024, Rad. 85001 -23-33-000-2013-0024902; (2) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2015-03436-01; (3) 4 de julio de 2024, Rad. 05001-23-33-0002014-01307-01; (4) 10 de julio de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-00478-01; (5) 26

de junio de 2024, Rad. 08001-2333-000-2020-00392-02; (6) 26 de junio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-201900042-01; (7) 30 de mayo de 2024, Rad. 08001 -23-33-0002020-00388-01; (8) 3 de mayo de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2016-00221-01; (9) 24 de mayo de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2016-00224-01; (10) 18 de julio de 2024, Rad. 73001-23-33-000-2015-00589-01; (11) 18 de julio de 2024, Rad. 13001 -23-33000-2014-00294-01; (12) 9 de mayo de 2024, Rad. 52001-23-33-000-201400563-01; (13) 6 de junio de 2024, Rad. 11001 -03-25-000-2016-00592-00; (14) 9 de mayo deNúmero Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. 2024, Rad. 27001-23-33-000-2014-00010-01; (15) 9 de mayo de 2024, Rad. 68001-233-000-2021-00070-01; (16) 15 de mayo de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2017-0060401; (17) 23 de mayo de 2024, Rad. 41001 -23-33000-2015-00905-01; (18) 5 de junio de 2024, Rad. 11001-03-25-000-201600173-00; (19) 3 de mayo de 2024, Rad. 0500123-33-000-2015-01775-01; (20) 15 de mayo de 2024, Rad. 25000 -23-42-000-201705284-03; (21) 25 de abril de 2024, Rad. 17001 -23-33-000-2019-00613-01; (22) 8 de febrero de 2024, Rad. 05001-23-33-000-2016-01396-00; (23) 22 de febrero de 2024, Rad. 2000123-33-003-2017-00007-01; (24) 15 de febrero de 2024, Rad. 11001 -0325-0002010-00052-00; (25) 4 de abril de 2024, Rad. 70001 -23-33-000-2014-0005801; (26) 11 de abril de 2024, Rad. 11001-03-25-000-2019-00359-00; (27) 18 de abril de 2024, Rad. 52001-23-33-000-2015-00285-01; (28) 23 de mayo de 2024, Rad. 4400123-40-000-2016-00156-01; (29) 9 de mayo de 2024, 73001 - 23-33-000-2019-0034401; (30) 9 de mayo de 2024, Rad. 73001 -23-33-0002019-00289-01; (31) 9 de mayo de 2024, Rad. 25000-23-42-000-2013-0135101; (32) 25 de julio de 2024, Rad. 5200123-33-000-2018-00394-01; (33) 18 de julio de 2024, Rad. 15001 -23-33-000-201900530-01; (34) 1 de agosto de 2024, Rad. 15001-23-33-000-2019-00639-01; (35) 25 de julio de 2024, Rad. 41001 -2333-000-2017-00175-01; (36) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001-23-33-0002018-00099-01; (37) 2 de octubre de 2024, Rad. 17001-23-33000-2018-0013601; (38) 2 de octubre de 2024, Rad. 27001 -23-33-000-2018-9001701; (39) 2 de octubre de 2024, Rad. 44001-23-40-000-2016-00192-01; (40) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001 -23-33-000-2019-00356-01; (41) 2 de octubre de 2024, Rad. 54001-23-33-000-2019-00252-01; (42) 2 de octubre de 2024, Rad. 73001 - 23-33-0002019-00301-01; y (43) 2 de octubre de 2024, Rad. 7 3001-23-33-0002019-00229-01, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por las razones indicadas en esta providencia.

CUARTO: ORDENAR a las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado que, dent ro de los 30 días contados a partir de la notificación de esta providencia, profieran las sentencias de remplazo, según su competencia, en los procesos referenciados en el numeral anterior y en consideración a lo aquí decidido».

Por consiguiente, la Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia del 4 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “A” , que acced ió parcialmente a las pretensiones de la demanda instaurada por el señor Robín Basilio Castro Fallace en contra de la Nación - Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

El señor Robín Basilio Castro Fallace, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el fin de solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

1 Samai radicado 08001-23-33-000-2020-00392-00 JR, expediente digital no asociado a cuaderno.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

1.1. Pretensiones.

1 Samai radicado 08001-23-33-000-2020-00392-00 JR, expediente digital no asociado a cuaderno.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Declarar la nulidad (i) del fallo disciplinario del 11 de julio de 2019 , por medio del cual la Procuraduría Provincial de Santa Marta lo sancionó en calidad de concejal del municipio de Soledad -Atlántico-, con destitución e inhabilidad general de 10 años; y (ii) del fallo disciplinario de segunda instancia, emitido el 16 de diciembre de 2019 por la Procuraduría Regional de Magdalena, en el que se confirmó dicha sanción; y (iii) de las resoluciones expedidas por el presidente del Concejo Municipal de Soledad, mediante las cuales se hizo efectiva la sanción disciplinaria.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) la eliminación de la sanción impuesta en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI; (ii) el reintegro al cargo del que había sido despojado como concejal del municipio de Soledad para el periodo 2020 — 2023 y que se considere que no existió solución de continuidad en el cumplimiento de su función; (iii) el pago prestaciones sociales y demás derechos laborales; (iv) el pago de los perjuicios materiales en la suma de diecinueve millones setecientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 19.745.985); (v) por concepto de daños inmateriales, la sum a de

diecinueve millones setecientos cuarenta y cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos ($ 19.745.985); (v) por concepto de daños inmateriales, la sum a de doscientos salarios mínimos legales mensuales (200 S.M.L.M.V.); (vi) indexación de los valores dejados de percibir en su condición de concejal; y (vii) que se ordene la publicación de la anulación de las medidas sancionatorias adelantadas en su contra en medios de amplia difusión nacional y municipal.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

El demandante puso de presente que, resultó elegido para desempeñar el cargo de concejal del municipio de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016-2019.

El 2 de junio de 2016, el señor Paul Varelo Barrios presentó ante la Procuraduría Provincial de Barranquilla, queja disciplinaria contra 19 concejales del municipio de Soledad, por presuntas irregularidades al haber debatido, aprobado y expedido el Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016, por medio del cual, se creó el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad.

Señaló que, mediante auto del 21 de junio de 2016, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, abrió indagación preliminar. Posteriormente, a través de providencia del 27 de octubre de 2016, dispuso la apertura de investigación disciplinaria en contra de los 19 concejales del municipio de Soledad.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

contra de los 19 concejales del municipio de Soledad.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Manifestó que con posterioridad el proceso fue enviado por competencia a la Procuradora Provincial de Santa Marta, en cumplimiento de lo ordenado por la Procuradora General de la Nación mediante Resolución No. 7 10 del 27 de octubre de 2016. Se avocó el conocimiento el 6 de febrero de 2017.

Expuso que el 11 de octubre de 2017, se formuló un único cargo a los 19 concejales «[…] Al haberse extralimitado en el ejercicio de sus funciones al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo No. 000199 de fecha 7 de marzo de 2016, por medio del cual además de crearse el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte de Soledad, se impone como forma de financiación de dicho Fondo, un impuesto del 1.5% sobre todos los convenios y contr atos suscritos por el Municipio de Soledad y sus entres (sic) descentralizados sin tener las facultades legales y reglamentarias para hacerlo». Lo anterior, por haber contrariado las disposiciones contenidas en el artículo 35 del Código Disciplinario único y como consecuencia haber incurrido en una presunta falta disciplinaria gravísima consagrada en el numeral 60 del artículo 48 de Ley 734 de 2002 a título de dolo.

Agregó que mediante auto del 7 de diciembre de 2018 accedió a las pruebas solicitadas en l os descargos rendidos y ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión el 2 de abril de 2019.

Agregó que mediante auto del 7 de diciembre de 2018 accedió a las pruebas solicitadas en l os descargos rendidos y ordenó correr traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión el 2 de abril de 2019.

Afirmó que, mediante providencia del 11 de julio del 2019 la Procuraduría Provincial de Santa Marta profirió fallo sancionatorio en su contra al declarar probado y no desvirtuado el cargo único elevado calificando la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo, e imponiéndole como sanción disciplinaria destitución e inhabilidad general de diez (10) años. Anotó que la Procuraduría Regional del Magdalena, al resolver los recursos de apelación presentados por los apoderados de los disciplinados, mediante decisión de segunda instancia del 16 de diciembre de 2019, resolvió confirmar el fallo proferido por la Procuraduría Provincial de Santa Marta. Finalmente, expuso que, en la jornada electoral del 27 de octubre de 2019, fue elegido nuevamente como concejal del municipio de Soledad para el periodo 20202023; no obstante, a causa del fallo disciplinario se le está privand o el ejercicio de sus derechos políticos consolidados en esta nueva elección.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

La apoderada del demandante señaló vulnerados los artículos 2 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 1, 6, 25, 29, 83, y 287

La apoderada del demandante señaló vulnerados los artículos 2 y 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 1, 6, 25, 29, 83, y 287 de la Constitución Política, artículos 2, 6, 13, 21, 42, 44, 48, 166, 168, y 169 de la Ley 734 de 2002, artículos 3 numeral 1; 9 numeral 14; 10 y 137 de la Ley 1437 de 2011.

Como concepto de violación, señaló que los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falsa motivación y expedición irregular. Adujo que, se presentó ligereza en la apreciación de la forma de analizar la culpabilidad por parte de la Procuraduría, lo cual condujo a una falsa motivación o expedición irregular del acto , al calificar la conducta señalada en los hechos erradamente, desde el punto de vista de los elementos de la adecuación típica, sin tener en cuenta otros aspectos que permitieran razonablemente determinar el grado de culpabilidad del concejal y la gravedad de la falta imputada.

1.2.2. Desconocimiento de derecho de audiencia y defensa. Advirtió que, la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Provincial de Santa Marta en su con tra, se encuentra viciada de nulidad por violación del derecho al debido proceso, toda vez que no se garantizó su derecho de audiencia y de defensa al no practicarse las pruebas que se solicitaron en la etapa de descargos y que habían sido decretadas por el despacho instructor de la actuación.

proceso, toda vez que no se garantizó su derecho de audiencia y de defensa al no practicarse las pruebas que se solicitaron en la etapa de descargos y que habían sido decretadas por el despacho instructor de la actuación.

1.2.3. Expedición irregular de los actos acusados. Resaltó que, la Procuraduría General mediante Resolución 710 del 27 de octubre de 2016, designó como funcionario especial al Procurador Provincial de Santa Marta, p ara que continuara la investigación de los concejales del municipio de Soledad y la llevara hasta su culminación, a pesar de que ya había sido iniciada y adelantada territorialmente por la Procuraduría Provincial de Barranquilla y según los registros docum entales que reposan en el expediente, la remisión sólo se surtió el día 28 de diciembre de 2016, dos meses después que tardó el traslado del expediente, la Procuraduría Provincial de Barranquilla continúo instruyendo la actuación administrativa, efectuando actuaciones sustanciales, muy a pesar de que había sido desprendida de laNúmero Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. competencia desde el 09 de octubre de 2016. Lo que constituye un vicio de proporción mayor.

1.2.4. Infracción de las normas en que debía fundarse. Manifestó que, la procuraduría sí puede destituir, pero solo en los eventos en que la actuación del órgano de control se encamine a prevenir hechos de corrupción o a conjurar actos de servidores públicos que promuevan y constituyan actos reprochables de

procuraduría sí puede destituir, pero solo en los eventos en que la actuación del órgano de control se encamine a prevenir hechos de corrupción o a conjurar actos de servidores públicos que promuevan y constituyan actos reprochables de corrupción, que no fue probado en s u contra, por lo expuesto, solicita en ejercicio del principio de igualdad, el mismo tratamiento que se efectuó en el caso de Petro Urrego, resaltando que, la legislación actual no se encuentra acorde con la Convención Interamericana de los Derechos Humanos.

2. Contestación de la demanda.

Corrido el traslado de la demanda, la Procuraduría General de la Nación contestó2, en los siguientes términos:

Se opone a las pretensiones de la demanda, manifestando que, su actuación fue conforme a la Constitución y la Ley, al sancionado le respetaron las garantías fundamentales al debido proceso y defensa, en tanto: (i) el trámite administrativo se adelantó de cara a lo dispuesto en la Ley 734 de 2002; (ii) le permitió al disciplinado ejercer su derecho de contradicción formulando descargos, alegando de conclusión, apelando el fallo de primera instancia, permitiendo su participación activa ante el operador disciplinario; (iii) efectuó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y, (iv) la sanción impuesta al accionante atendió a los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

Enfatizó que, la primera instancia endilgó la falta disciplinaria descrita en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al considerar que el ex concejal votó o fijó

de proporcionalidad y razonabilidad.

Enfatizó que, la primera instancia endilgó la falta disciplinaria descrita en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, al considerar que el ex concejal votó o fijó un tributo que la ley no le había facultado para crear y en ese mismo sentido, la segunda instancia procede a confirmar la decisión, al establecer que, la totalidad de los miembros de la Corporación Pública decidieron aprobar el proyecto del acuerdo presentado por el alcalde municipal de Soledad, para fijar un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado.

2 Archivo 13 expediente digitalNúmero Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Señaló que, el demandante se extralimitó en sus funciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 743 de 2002, considerada falta gravísima.

Precisó que, la conducta censurada y probada por el operador disciplinario, se adecuó en su totalidad al supuesto de hecho que describe la falta prevista por el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, dado que, el acuerdo 199 de 2016, tuvo por finalidad el fomento y desarrollo del deporte, en consonancia con la Ley 19 de 1991, al crear el Fondo de Fomento, pero al establecer como fuente de financiación dentro del presupuesto municipal, con el gravamen de 1.5% del valor de los convenios y contratos, dando un alcance distinto a la finalidad que se había propuesto la Ley 19 de 1991, estando demostrado el dolo en la conducta del ex concejal.

de los convenios y contratos, dando un alcance distinto a la finalidad que se había propuesto la Ley 19 de 1991, estando demostrado el dolo en la conducta del ex concejal.

3. La sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A”, mediante sentencia proferida el 4 de marzo de 202 2, (i) declaró parcialmente la nulidad de las decisione s sancionatorias de 11 de julio de 2019 y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la Procuraduría Provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena; (ii) a título de restablecimiento de derecho, ordenó a la procuraduría general de la Nación que cancele los respectivos antecedentes disciplinarios del señor Robín Basilio Castro Fallece; (iii) condenó a la demandada a pagar a favor del demandante la suma equivalente a 40 S.M.L.M.V., por concepto de perjuicio moral y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda, (sin condena en costas) por considerar:

Que no se encuentran cumplidos los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, ya que, si bien se encuentra establecida una conducta unívoca de los concejales disciplinado s, las circunstancias de tiempo, modo y lugar, respecto de la aprobación del Acuerdo No. 00199 de 2016, pero era necesario referirse de manera separada por cada uno de los investigados, desconociendo la intención individual de los cabildantes para emitir s u aprobación y que no se encuentra plenamente acreditado que el actor haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus

individual de los cabildantes para emitir s u aprobación y que no se encuentra plenamente acreditado que el actor haya desplegado la conducta imputada de manera voluntaria, con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

3 Archivo 35 expediente digitalNúmero Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Que la jur isprudencia del Consejo de Estado, ha determinado, que la sanción de destitución o inhabilidad general deberá tener relación con hechos de corrupción, o ser constitutiva de delito doloso, previa denuncia, cuando de cargos de elección popular se trate, aspectos no acreditados por la demandada atendiendo la calidad de concejal del demandante, afirmando que, la procuraduría no estaba facultada para imponer las sanciones en los actos acusados, por no cumplirse los requisitos, siendo procedente declarar la nulid ad de los fallos disciplinarios y ordenando la cancelación del registro de la sanción.

Por otra parte, en cuanto a la pretensión del reintegro al cargo solicitado, precisó que las decisiones administrativas que aquí se enjuician se refieren a la legalidad de la sanción disciplinaria expuesta, lo que deja en otro resorte de actuaciones administrativas el estudio de la eventual reinserción al cargo. Aunado a ello, si bien pudiera pensarse que el origen del fundamento legal de la separación del cargo que tuvo el actor proviene de este estudio, debe igualmente aclararse que la elección y vigencia en el em pleo del cargo al que fue electo no es resorte de la entidad aquí demandada, negando esta pretensión.

tuvo el actor proviene de este estudio, debe igualmente aclararse que la elección y vigencia en el em pleo del cargo al que fue electo no es resorte de la entidad aquí demandada, negando esta pretensión.

Respecto a los de perjuicios materiales por concepto de honorarios profesionales del abogado contratado, negó su reconocimiento, por considerar que no lo gró probarse en el plenario el pago de honorarios a los profesionales del derecho que tramitaron su defensa en sede sancionatoria o judicial; así como el lucro cesante eventual ante la inhabilidad de ejercer cargos públicos.

En lo correspondiente al daño emergente, fue denegado al no existir en el plenario documento alguno que dé cuenta de que dicho monto era el valor devengado para los concejales del municipio de Soledad, siendo improcedente el reconocimiento de la reparación del perjuicio deprecado sin que exista certeza de su cuantía.

Por último, declaró el reconocimiento de los perjuicios morales, al poderse inferir el dolor causado al actor, pues fue elegido concejal del municipio de Soledad, cargo al cual accedió luego de someterse a un proceso demo crático, y por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones fue destituido e inhabilitado por 10 años, siendo la noticia altamente desplegada, y subsistiendo actualmente en cualquier medio de búsqueda digital, resolvió reconocerle la indemnización en cuantía de 40Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

S.M.L.M.V.

4. El recurso de apelación4.

El apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

S.M.L.M.V.

4. El recurso de apelación4.

El apoderado judicial de la Procuraduría General de la Nación interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, el cual sustentó así:

Frente a la indebida individualización de la conducta, resaltó que, de conformidad con el principio de economía procesal, no era necesaria la individualización de la formulación de la imputación en contra de cada de uno de ellos, teniendo en cuenta que, el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, no impone que cuando se trate de varios investigados por conducta univoca, obligatoriamente deba hacerse la atribución de la falta en forma individual . En ese sentido, expuso que el pliego de cargos si cumplió con todos los requisitos normativos.

Con relación a la indebida valoración de la imputación a título de dolo, afirmó que los concejales, por su calidad, y teniendo presente la normatividad vigente que rige sus actuaciones, tenían conocimiento de las atribuciones contenidas en el numeral 6 del artículo 32 de la L ey 136 de 1994. En igual sentido, f altaron a su deber de realizar un debate juicioso y detallado del contenido del proyecto del acuerdo. Por lo anterior, concluyó que el actor no logró desvirtuar el cargo que le fue endilgado.

Finalmente, respecto a la proporcionalidad de la sanción, precisó que con el material probatorio obrante dentro del expediente disciplinario, se acreditaron los elementos típicos de la falta gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo, en razón a que la conducta del exconcejal se enmarc ó

típicos de la falta gravísima consagrada en el artículo 48 numeral 30 de la Ley 734 de 2002, a título de dolo, en razón a que la conducta del exconcejal se enmarc ó dentro de los elementos de una conducta volitiva, esto es, la intención, el conocimiento y la voluntad.

Por tal razón, señaló que el artículo 46 ibidem, consagra en cuanto al límite de las sanciones, que la inhabilidad general será́ de 10 a 20 años, motivo por el cual , en el asunto sometido a consideración no puede hablarse de la vulneración del principio de proporcionalidad dado que la conducta del demandante se configuró en la falta gravísima consagrada en la Ley 734 de 2002 y, por lo tanto, la sanción no

4 Expediente digital índice 002 Samai, archivos 73 y 75Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. podía ser otra que la destitución e inhabilidad general, la cual establece un mínimo de 10 años término que fue aplicado al demandante.

4.1. Apelación adhesiva.

El señor Robín Basilio Castro Fallace, por intermedio de apoderado judicial, manifestó que la primera instancia accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, sin embargo, una las pretensiones pri ncipales, es el reintegró al cargo del que había sido despojado como concejal del municipio de Soledad para el periodo 2020 – 2023, como si no se hubiera producido inhabilidad alguna y en su lugar se pague pensión, salud y otros aportes.

del que había sido despojado como concejal del municipio de Soledad para el periodo 2020 – 2023, como si no se hubiera producido inhabilidad alguna y en su lugar se pague pensión, salud y otros aportes.

Respecto al pago de los perjuicios materiales, indicó que, está demostrado que ejercía como concejal electo del municipio de soledad, ente territorial de segunda categoría y al ser inhabilitado, sufrió un daño que le causo perjuicios al no percibir los honorarios de las se siones ordinarias y extraordinarias, por lo que, consider ó que la demandada tendrá que indemnizar los perjuicios de los ingresos que dejó de percibir que refiere en ciento cincuenta (150) sesiones ordinarias y cuarenta (40) extraordinarias al año, siendo p rocedente una condena in genere, para que, mediante incidente se garantice el pago efectivo e inmediato de los honorarios y prestaciones sociales dejadas de percibir durante el tiempo que estuvo inhabilitado.

Con relación a los daños inmateriales, afirmó que, como consecuencia de la sanción, se le ocasionó un daño a su buen nombre , por lo que difícilmente podrá recuperar la imagen en las próximas elecciones, perjuicio que no fue valorado en la primera instancia , los cuales considera que ascienden a la suma de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales.

Por último, adujo que la primera instancia guard ó silencio de la medida de satisfacción, consistente en la publicación del fallo de anulación, la cual considera justa al afectarse su reputación.

5. Alegatos de conclusión5.

5 Índice 04 expediente Samai.Número Interno: 3315-2023

justa al afectarse su reputación.

5. Alegatos de conclusión5.

5 Índice 04 expediente Samai.Número Interno: 3315-2023

Demandante: Robín Basilio Castro Fallace

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

En auto del 22 de marzo de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

II. CONSIDERACIONES

Cuestión previa.

Antes de estudiar el fondo del asunto , estima la Sala que es del caso precisar las razones por las cuales se está adoptando una nueva decisión en el sub-lite.

Debe decirse que mediante sentencia del veintiséis (26) de junio de dos mil veinticuatro (2024), esta Subsección confirmó «la sentencia del 4 de marzo de 202 2, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A” , por la cual accedió a la nulidad parcial de los actos acusados de la demanda promovida por el señor Robín Basilio Castro Fallece».

Sin embargo, esta providencia fue dejada sin efecto el veinticuatro (24) de febrero de

dos mil veinticinco (2025), dentro de la acción de tutela con radicado: 11001-03-15000-2024-04153-00 (acumulado), 11001 -03-15-000-2024-03980-00, 11001 -03-15000-2024-04285-00, 11001-03-15-000-2024-05727-00.

El fundamento para adoptar la decisión por parte de la Subsección B de la Sección

Tercera fue:

«56. Las decisiones judiciales, proferidas por las Subsecciones A y B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, se fundaron en que, de conformidad con las normas convencionales, así como las órdenes derivadas de la Sentencia de 8 de julio de 2020 de la Corte IDH para el caso Petro Urrego vs. Colombia, la Procuraduría General de la Nación no era competente para limitar, con las aludidas sanciones, los derechos políticos de quienes fueron electos por voto popular, para la fecha en que fueron proferidos los actos administrativos demandados dentro de los respectivos procesos. En otras palabras, la autoridad judicial dio aplicación a una excepción de inconvencionalidad respecto del