CE - Sentencia 08001233300020200047001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2020-00470-01 (3013-2023) Demandante : Enrique del Castillo Jiménez Demandada : Nación – Procuraduría General de la Nación Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho

Tema

Decisión

: : Disciplinario – servidor de elección popular Sentencia de segunda instancia

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 18 de febrero de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de l Atlántico Sección “A”, que accedió parcialmente a la nulidad de las decisiones sancionatorias de 11 de julio y 16 de diciembre , ambas de 2019 y finalmente, condenó al pago de 40 S.M.L.M.V., por concepto de daño moral, en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda1.

El demandante Enrique del Castillo Jiménez, por conducto de apoderado, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

1.1. Pretensiones.

Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios contenidos en la decisión disciplinaria del 11 de julio de 2019, proferida por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, mediante sanciona al actor con destitución e inhabilidad de 10 años,

1 Índice 00024 expediente Samai Tribunal archivo demanda.Número Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. confirmada en segunda instancia el 16 de diciembre de 2019, por la Procuraduría

Regional del Magdalena.

A título de restablecimiento del derecho, solicitó: (i) la eliminación de la sanción impuesta en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI; (ii) el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales causados a l demandante; y (iii) condenar en costas y agencias a la demandada.

Pretensiones subsidiarias.

Solicitó (i) la nulidad parcial del artículo primero y la absoluta de los artículos segundo y tercer del fallo disciplinario del 11 de julio y del 16 de diciembre de ambas de 2019; (ii) a título de restablecimiento pide que se califique leve con amonestación escrita; y (iii) la eliminación de las anotaciones en el registro disciplinario.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Manifestó el accionante que resultó electo para desempeñar el cargo de concejal

escrita; y (iii) la eliminación de las anotaciones en el registro disciplinario.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Manifestó el accionante que resultó electo para desempeñar el cargo de concejal del municipio de Soledad, Atlántico para el periodo 2016-2019.

Precisó que, en marzo de 2016 , el alcalde presentó proyecto para crear el fondo municipal para fomento del deporte, aprobado por el Concejo mediante Acuerdo No. 000199.

Señaló que, un ciudadano denunció a todos los concejales del municipio de Soledad que participaron en el proyecto por las presuntas irregularidades en la aprobación y financiación del fondo, diciendo que se impuso un impuesto del 1.5% sobre contratos municipales sin atribución legal.

Agregó que, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante auto de junio 21 de 2016 abrió indagación preliminar en contra de los cabildantes del municipio de Soledad y luego, la apertura de la investigación disciplinaria.

Expuso que, el proceso fue enviado por competencia a la Procuraduría Provincial de Santa Marta , quien finalmente profirió pliego de cargos el 19 de diciembre de 2018, en contra de los 19 cabildantes de Soledad - Atlántico por l a presunta responsabilidad disciplinaria de extralimitación de funciones prevista en el artículoNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. 35 del CDU e incurrir en la falta gravísima consagrada en el numeral 60 del artículo 60 de la ley 734 de 2002 calificada a título de dolo.

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. 35 del CDU e incurrir en la falta gravísima consagrada en el numeral 60 del artículo 60 de la ley 734 de 2002 calificada a título de dolo.

Afirmó que, la Procuraduría Provincial de Santa Marta , el 11 de julio de 2019, mediante fallo de primera instancia lo declaró responsable disciplinariamente a él y otros, calificando la falta como gravísima y sancionándolos con destitución e inhabilidad por 10 años.

Enfatizó que, presento recurso de apelación y con decisión del 16 de diciembre de 2019, la Procuraduría Regional del Magdalena confirmó la sanción de destitución impuesta en la primera instancia.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Constitución Política de Colombia, artículos; 1, 2, 13, 21, 25, 29, 31, 53, 83, 90, 93, 94, 122, 123, 124, 209 y 313; Ley 1437 de 2011, artículos 1, 3, 138 y 187 ; Ley 734 de 2002, artículos 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 4, 45, 46, 47, 76, 110, 128, 129, 132, 133, 138, 140, 143, 163, 170 y 171.

Como concepto de violación, el apoderado de los accionantes señaló que, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falsa motivación. Expone que la adecuación típica de la falta no se ajusta a

acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falsa motivación. Expone que la adecuación típica de la falta no se ajusta a la infracción de los deberes funcionales por cuanto dentro de las funciones de los concejales no está la de verificar la legalidad de los actos administrativos. Además, la Procuraduría en el juicio de adecuación típica, confundió la causa de la presunta ilegalidad con una posible transgresión de los límites de la autonomía de la facultad impositiva de los concejos municipales.

Asegura que la imputación requería elemento s de prueba que acreditaran que, en su calidad de concejal del municipio de Soledad (Atlántico), actuó con exceso o desvío de poder, con una finalidad distinta a la protección y salvaguarda del interés general, y que incurrió en una infracción de los deber es constitucionales y legales que le fueron encomendados.

1.2.2. Indebida valoración probatoria. Argumenta que el fallo disciplinario de primera instancia realizó un relato de las pruebas allegadas por los quejosos conNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. posterioridad a la interposición de la queja, lo cual constituye un vicio in procedendo, al otorgar valor probatorio a elementos indebidamente incorporados al expediente.

Esta situación configura una nulidad de carácter procesal que afecta la validez de la decisión demandada. Con ello se vul nera el carácter inquisitivo del proceso disciplinario, en la medida en que es al Estado a quien le corresponde demostrar la culpabilidad del disciplinado, pudiendo para ello ordenar la práctica de pruebas de

la decisión demandada. Con ello se vul nera el carácter inquisitivo del proceso disciplinario, en la medida en que es al Estado a quien le corresponde demostrar la culpabilidad del disciplinado, pudiendo para ello ordenar la práctica de pruebas de oficio. No puede, entonces, permitirse que sea el quejoso quien asuma la función probatoria propia de la Procuraduría General de la Nación, ya que ello implica una clara vulneración al principio de igualdad de armas en materia probatoria. Además, la decisión controvertida se fundamenta en pruebas ilega lmente incorporadas al proceso, con desconocimiento del derecho de contradicción.

1.2.3. Los actos demandados adolecen de imputación objetiva . Señala que la autoridad no cumplió con la carga de individualizar cada cargo atribuido a los concejales involucrados en la investigación, ni precisó la conducta, la violación y el grado de culpabilidad correspondiente. Procedió, además, de manera errada y en contravía del debido proceso, del derecho de defensa y del principio de contradicción, al incluirlos a todos en un solo cargo, presumiendo una igualdad de conducta sin individualizarla.

1.2.4. - La indebida acreditación del dolo. Destaca que la valoración probatoria efectuada en el proceso disciplinario vulneró el debido proceso, toda vez que la autoridad demandada recurrió a medios de prueba documentales para demostrar la culpabilidad de los disciplinados, sin que dichos elementos acreditaran que actuaron dolosamente. En virtud del artículo 13 del Código Disciplinario Único, para que proceda la imposición de una sanción disciplinaria es necesario que el autor de la falta haya actuado con dolo o culpa. No basta con demostrar que la conducta

dolosamente. En virtud del artículo 13 del Código Disciplinario Único, para que proceda la imposición de una sanción disciplinaria es necesario que el autor de la falta haya actuado con dolo o culpa. No basta con demostrar que la conducta constituye una falta disciplinaria, pues el operador disciplinario tiene el deber de desvirtuar la presunción de inoc encia, lo cual, en este caso, no se logró al no acreditarse el dolo.

1.2.5. Indebida adecuación típica. Establece que la Procuraduría General de la Nación fue excesiva en su decisión, pues, si bien los encartados se extralimitaron en sus funciones, la falta aplicable a dicha conducta era la prevista en el artículo 50 del Código Disciplinario Único, y no la imputada en el numeral 60 del artículo 48 de esa misma disposición. Esto, teniendo en cuenta que los concejales traspasaron elNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. límite impuesto por la Constitución al votar tributos sin sujeción a lo dispuesto por la ley. En consecuencia, resultaba claro que debía variarse subsidiariamente la calificación de la conducta desplegada, lo que evidencia el error en que incurrieron los fallos disciplinarios.

1.2.6. Determinación de la gravedad de la falta. Enfatiza que los motivos determinantes para la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte en el municipio de Soledad no eran otros que la financiación del deporte en todas sus disciplinas. En esa medida, y en su condición de concejal, actuó de buena fe, con

determinantes para la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte en el municipio de Soledad no eran otros que la financiación del deporte en todas sus disciplinas. En esa medida, y en su condición de concejal, actuó de buena fe, con el convencimiento invencible de que estaba c umpliendo con su deber legal. Por lo tanto, considera que, en caso de configurarse una falta, esta sería de carácter leve, y la sanción procedente debió ser una amonestación escrita.

1.2.7. Violación al debido proceso y derecho de defensa . Finaliza señala ndo que, en el trámite del proceso disciplinario, se desconoció de manera flagrante el debido proceso y el derecho de defensa de su prohijado, toda vez que no fue notificado en debida forma del fallo disciplinario de segunda instancia, lo que, a la postre, le imposibilitó ejercer adecuadamente su derecho de defensa.

1.3 Contestación de la demanda2.

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda en los siguientes términos:

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas, por cuanto actuó de conformidad con la Constitución y la ley, y garantizó en todas las etapas del proceso disciplinario el legítimo derecho de defensa y contradicción.

Aseguró que en el proceso disciplinario mediante el cual fue sancionado el accionante se respetó el derecho al debido proceso, en la medida en que el trámite administrativo se adelantó conforme a lo previsto en la Ley 734 de 2002. El disciplinado ejerció su derecho de contradicción en los descargos, presentó alegatos de conclusión, apeló el fallo de pr imera instancia; en otras palabras, tuvo

administrativo se adelantó conforme a lo previsto en la Ley 734 de 2002. El disciplinado ejerció su derecho de contradicción en los descargos, presentó alegatos de conclusión, apeló el fallo de pr imera instancia; en otras palabras, tuvo una participación activa en el proceso disciplinario, el cual contó con una adecuada

2 Índice 00024 expediente Samai Tribunal archivo contestación demandaNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. individualización de la conducta objeto de reproche. Además, la sanción impuesta observó los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

En el proceso quedó demostrada la culpabilidad del exconcejal a título de dolo, dado que la Ley 19 de 1991 no autorizaba la creación de un tributo equivalente al 15 % del valor de los convenios y contratos firmados por el ente territorial con d estino a la financiación del fondo municipal para el fomento del deporte. Esta situación se materializó con el Acuerdo No. 199 de 2016, constituyendo un actuar contrario a los deberes funcionales de los concejales, al tramitar un acto administrativo que posteriormente fue declarado nulo por el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla mediante sentencia del 14 de mayo de 2017.

1.4 La sentencia de primera instancia3.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A”, mediante sentencia proferida el 18 de febrero de 2023: (i) declaró parcialmente la nulidad de las decisiones sancionatorias del 11 de julio y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la

el 18 de febrero de 2023: (i) declaró parcialmente la nulidad de las decisiones sancionatorias del 11 de julio y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la Procuraduría Provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena, respectivamente; (ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Procuraduría General de la Nación cancelar los respectivos antecedentes disciplinarios del señor Enrique del Castillo Jiménez, registrados por la División de Registro y Control de esa entidad; (iii) condenó a la demandada a pagar a favor del actor la suma equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), por concepto de perjuicio moral; y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda, sin condena en costas, al considerar lo siguiente:

La primera instancia señaló que no se cumplían los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, pues, si bien estaba establecida la conducta unívoca de los concejales del municipio de Soledad en la aprobación del Acuerdo No. 199 de 2016, las circunstancias de tiempo, modo y lugar requerían un análisis individualizado por cada uno de los investigados. En ese sentido, se desconoció la intención particular de cada cabildante al momento de votar, y no se acreditó plenamente que el dem andante hubiera desplegado la conducta imputada de manera voluntaria con el fin de desconocer sus deberes funcionales y, a su vez, transgredir el ordenamiento jurídico.

3 Índice 00011 expediente Samai TribunalNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez

manera voluntaria con el fin de desconocer sus deberes funcionales y, a su vez, transgredir el ordenamiento jurídico.

3 Índice 00011 expediente Samai TribunalNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Indicó también que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la sanción de destitución o inhabilidad general, tratándose de cargos de elección popular, debe tener relación con hechos de corrupción o constituir un delito doloso, previa denuncia, circunstancias que no fueron acreditadas por la entidad demandada. Así las cosas , el actor logró desvirtuar el principio de legalidad que amparaba las decisiones acusadas, siendo procedente declarar su nulidad.

Finalmente, se reconocieron los perjuicios morales al inferirse la existencia de un dolor causado al demandante, quien fue e legido como concejal del municipio de Soledad tras someterse a un proceso democrático y, en ejercicio de sus funciones, fue destituido e inhabilitado por un período de diez años. Dicha situación fue ampliamente difundida y aún permanece en los motores de búsqueda digital, razón por la cual se estableció el reconocimiento de una indemnización a su favor en cuantía de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.5 El recurso de apelación4.

La parte demandada, en la oportunidad procesal correspondiente, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Sostiene que el órgano de control disciplinario actuó con sujeción a los principios cons titucionales y al

de apelación contra la sentencia de primera instancia, en el cual reitera los argumentos expuestos en la contestación de la demanda. Sostiene que el órgano de control disciplinario actuó con sujeción a los principios cons titucionales y al principio de legalidad, y que quedó demostrada la conducta del exconcejal, contraria a sus deberes legales, la cual fue debidamente sancionada a título de dolo por haber votado un Acuerdo Municipal mediante el cual se creó un fondo de fomento que no estaba autorizado por la Ley 19 de 1991, afectando con ello el cumplimiento del deber legal, razón por la cual se impuso la sanción disciplinaria.

1.6 Alegatos de conclusión5.

En auto del 18 de junio de 2024, el despacho sustanciador admitió el recurso de apelación. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

4 Índice 00024 expediente Samai Tribunal archivo apelación. 5 Índice 00013 expediente SamaiNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, en esta instancia se emitirá

de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)6, en esta instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Cuestión previa.

La Sala hará dos pronunciamientos previos sobre la medida cautelar pendiente de resolver y el estudio de la convencionalidad en lo referente a los servidores de elección popular.

2.2.1 En el expediente obra solicitud de medida cautelar.

Comoquiera que en el asunto sub examine la parte actora en el trámite del recurso de apelación presentó la solicitud de medida de suspensión provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos sancionatorios 7, la cual surtió el respectivo traslado mediante auto del 18 de junio de 2024 y se encuentra pendiente para resolver.

No obstante lo anterior, también es cierto que el expediente se encuentra pendiente de fallo y que la solicitud de suspensión no conduciría a una decisión definitiva sobre los actos administrativos demandados, por lo tanto, en aplicación del principio de economía procesal mediante el cual, corresponde al juez velar por una rápida solución del conflicto con el objetivo de agilizar los procesos y evitar demoras innecesarias para garantizar el acceso efectivo a la administración de justicia y la tutela judicial efectiva, la petición de medida cautelar se hace innecesaria, por

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los

tutela judicial efectiva, la petición de medida cautelar se hace innecesaria, por

6 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promov er incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia». 7 Índice 00008 expediente SamaiNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. cuanto, la sentencia que aquí se emita resolverá de fondo la controversia formulada por el actor.

2.2.2 Sanción disciplinaria contra servidor de elección popular.

Es preciso señalar que, el artículo 23 de la Convención Americana consagra los derechos políticos 8, y los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a los demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar

derechos políticos 8, y los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a los demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de «oportunidades»; que ello implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportu nidad real para ejercerlos, por cuanto estos derechos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político; que el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma ef ectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación9.

Sin embargo, la Corte IDH reconoce que los derechos políticos no son absolutos, que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones, pero la facultad de regular o restringir los no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana.

Al respecto la Corte IDH ha dicho que el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, «exclusivamente» en razón de la «edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal» 10. También que, como lo establece el artículo 29 11 de la

8 Artículo 23 Derechos Políticos 1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

competente, en proceso penal» 10. También que, como lo establece el artículo 29 11 de la

8 Artículo 23 Derechos Políticos 1.Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos; b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley debe reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 9 Sentencia del 8 de julio de 2020.

10 ibidemNúmero Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez

Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación.

Convención, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.

En cuanto a las condiciones en que las restricciones a los derechos políticos podrían ser válidas conforme al artículo 23-2, en la sentencia del 8 de julio de 2020 la Corte refirió que en la sentencia del 1º de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, esa mismo Tribunal señaló:

«107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los

Vs. Venezuela, esa mismo Tribunal señaló:

«107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.»

Teniendo como precedente la sentencia del 1º de septiembre de 2011 del caso López Mendoza Vs. Venezuela, la Corte asumió una interpretación literal del artículo 23.2 de la CADH para afirmar que es claro en el sentido que no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción de inhabilitación o destitución para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, ya que solo puede serlo por sentencia de juez competente en proceso penal:

«96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser

aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores.»

Además de la interpretación literal la CIDH acudió a la interpretación teleológica para sustentar su posición, al relacionar el alcance dado al artículo 23.2 con el objeto y fin de la Convención en punto a la protección de los derechos

11 Artículo 29 Normas de Interpretación Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.Número Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez

producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.Número Interno: 3013-2023

Demandante: Enrique del Castillo Jiménez Demandado: Nación – Procuraduría General de la Nación. fundamentales de los seres humanos y a la consolidación y protección de un

ordenamiento democrático:

«97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y fin de la Convención para comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo instrumento. La Corte ha afirmado que el objeto y fin de la Convención es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”126, así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático127[l]os derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. El artículo 23.2 de la Convención corrobora esa finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer regulaciones que permitan la existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los derechos políticos. De igual forma lo hace la Declaración Americana en su artículo XXVIII, en el sentido de que reconoce la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos cuando estos