CE - Sentencia 08001233300020200049601 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., tres (3) de julio de dos mil veinticinco (2025)

| | | | | --- | --- | --- | | Radicado | : | 08001-23-33-000-2020-00496-01 (0111-2024) | | Demandante | : | Álvaro Enrique Martínez González | | Demandada | : | Nación – Procuraduría General de la Nación | | Medio de control | : | Nulidad y restablecimiento del derecho | | Tema Decisión | : : | Disciplinario – servidor de elección popular Sentencia de segunda instancia |

Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes en contra la sentencia del 6 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sección “B”, que accedió parcialmente a la nulidad de los fallos disciplinarios y finalmente, condenó al pago de 40 S.M.L.M.V., por concepto de daño moral, en contra de la Nación – Procuraduría General de la Nación.

## ANTECEDENTES

1. La demanda[[1]](#footnote-2).

El demandante Álvaro Enrique Martínez González, por conducto de apoderado, acude a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), para solicitar lo siguiente:

• 1. Pretensiones.

Declarar la nulidad de los actos administrativos disciplinarios contenidos en la decisión del 11 de julio de 2019, proferida por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, mediante sanciona al actor con destitución e inhabilidad de 10 años y del 16 de diciembre de 2019, por la Procuraduría Regional del Magdalena, que confirmó la decisión.

A título de restablecimiento del derecho,solicitó: (i) la eliminación de la sanción impuesta en el Sistema de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad-SIRI; (ii) el reconocimiento y pago de los perjuicios materiales y morales causados al demandante; y (iii) condenar en costas y agencias a la demandada.

Los hechos en que se fundan las pretensiones son los siguientes:

Manifestó el accionante que resultó elegido popularmente, para desempeñar el cargo de concejal del municipio de Soledad, Atlántico para el periodo 2016-2019.

Precisó que, el día 2 de junio de 2016, el señor Paul Varelo Barrios, presentó queja disciplinaria en contra de los 19 de concejales del municipio de Soledad, por presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto de Acuerdo 000199 de fecha 7 de marzo 2016, por medio del cual se creó el Fondo del Desarrollo del Deporte de Soledad.

Agregó que, la Procuraduría Provincial de Barranquilla, mediante auto de junio 21 de 2016 abrió indagación preliminar en contra de los cabildantes del municipio de Soledad y luego, el 26 de octubre de ese mismo año, inició la apertura de la investigación disciplinaria.

Expuso que, el proceso fue enviado por competencia a la Procuraduría Provincial de Santa Marta, quien finalmente profirió el día 11 de octubre de 2017, expidió el pliego de cargos el 19 de diciembre de 2018, en contra de los 19 cabildantes de SoledadAtlántico por la presunta extralimitación de funciones prevista en el artículo 36 del CDU e incurrir en la falta gravísima consagrada en el numeral 60 del artículo 48 de la ley 734 de 2002 calificada a título de dolo.

Afirmó que, la Procuraduría Provincial de Santa Marta, el 11 de julio de 2019, mediante fallo de primera instancia lo declaró responsable disciplinariamente al actor y a otros, calificando la falta como gravísima y sancionándolos con destitución e inhabilidad por 10 años.

Enfatizó que, presento recurso de apelación y con decisión del 16 de diciembre de 2019, la Procuraduría Regional del Magdalena confirmó la sanción de destitución impuesta al demandante.

1.2. Normas violadas y concepto de violación.

Convención Americana de los Derechos Humanos Artículos 2 y 23, Constitución Política de Colombia, artículos; 1, 6, 25, 29, 83 y 89; Ley 734 de 2002, artículos 2, 4, 6, 13, 21, 42, 43, 44, 48, 129, 163, 166, 168 y 169 y Ley 1437 de 2011, artículos 3 numerales 1, 9, 10, 14 y 137.

Como concepto de violación, el apoderado de los accionantes señaló que, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falsa motivación y expedición irregular.

Como concepto de violación, el apoderado de los accionantes señaló que, los actos acusados se encuentran viciados de nulidad por los siguientes cargos:

1.2.1. Falsa motivación y expedición irregular.

Aseguró que, la Procuraduría lo sancionó con destitución e inhabilidad general por 10 años, basándose en la calificación errónea de la conducta como falta gravísima a título de dolo.

Alegó que, la Procuraduría concluyó incorrectamente el usó de las funciones de los concejales para un fin distinto al legal, tipificando que la conducta encajaba en el artículo 48, numeral 60, del Código Disciplinario Único (CDU), esto, sin hacer un análisis adecuado del elemento subjetivo del disciplinado, como elemento fundamental para determinar la culpabilidad en el proceso disciplinario.

Aseguró que, el órgano disciplinario tuvo en cuenta el análisis de legalidad del Acuerdo municipal que hizo el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla, sobre la validez, el cual demostraba que los concejales actuaron con extralimitación de funciones y bajo ese entendido, subsumió la adecuación típica disciplinaria de forma equivocada, toda vez que, no se ajusta a la infracción de los deberes funcionales de los concejales. Además, la Procuraduría en el juicio de adecuación típica, confundió la causa de la presunta ilegalidad con una posible transgresión de los límites de la autonomía de la facultad impositiva.

Destaca que, la imputación requiere elementos de prueba que acreditaran que, en su calidad de concejal del municipio de Soledad (Atlántico), actuó con exceso o desvío de poder, con una finalidad distinta a la protección y salvaguarda del interés general, y que incurrió en una infracción de los deberes constitucionales y legales que le fueron encomendados.

1.2.2. Infracción de las normas en que debía fundarse. Destaca que, la Procuraduría sólo puede destituir servidores públicos de elección popular en asuntos relacionados con la prevención o sanción de hechos de corrupción. Se menciona que con la Constitución de 1991 se introdujeron cambios profundos, entre ellos, la función pública orientada al interés general y el desarrollo del Estado social justo. La actuación disciplinaria debe orientarse a prevenir o conjurar conductas reprochables de tipo corrupción, por lo que se sostiene que la Procuraduría excedió sus facultades al sancionar sin que hubiese evidencia clara de corrupción y no a sancionar decisiones políticas o de gestión administrativa que no configuran dolo.

1.2.3. – Violación al debido proceso y derecho de defensa. Finaliza señalando que toda persona tiene derecho a una serie de garantías a su favor en el desarrollo del proceso, las cuales deben ser respaldadas por los funcionarios; no obstante la actuación disciplinaria adelantada por la Procuraduría Provincial de Santa Marta, se encuentra viciada de nulidad por violación al debido proceso, ya que no se garantizó el derecho de audiencia y de defensa, al no practicarse pruebas que fueron solicitadas en la etapa de descargos y que fueron decretadas por el despacho instructor y estas pruebas podían beneficiar al accionante.

Dichas pruebas tenían el objeto, recrear a la Procuraduría las circunstancias de modo, tiempo y lugar en el que ocurrieron los hechos, para efectos de que se tuviera en consideración, que existió un asesoramiento y orientación de expertos en el proyecto del acuerdo; asesoría que generó el convencimiento de la legalidad de este, por lo tanto, el accionante, actuó con la creencia de que no constituía alguna infracción al ordenamiento jurídico superior.

1.3 Contestación de la demanda[[2]](#footnote-3).

La Procuraduría General de la Nación contestó la demanda en los siguientes términos:

Se opuso a todas y cada una de las pretensiones formuladas, por cuanto actuó de conformidad con la Constitución y la ley, y garantizó en todas las etapas del proceso disciplinario el legítimo derecho de defensa y contradicción.

Expone que, en el proceso se identificaron las pruebas contundentes que fundamentaron el actuar disciplinario, las cuales llevaron a concluir que, la conducta del demandante fue contraria a sus deberes legales, enfatizando que la Procuraduría posee competencia para vigilar la conducta oficial de servidores públicos, incluidos los de elección popular, conforme a lo establecido en el artículo 277 de la Constitución Política.

Relata que el Concejo Municipal creó el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte mediante Acuerdo No. 81 de 15 de julio de 2008, basándose en las Leyes 19 de 1991 y 181 de 1991, y en normas constitucionales y legales (arts. 313 de la Constitución, 32 de la Ley 136 de 1994 y 92 del Decreto 1333 de 1986). La financiación se fijó con el 1.5% sobre valor de convenios y contratos municipales de valor igual o superior a 26 salarios mínimos. La ponencia favorable fue aprobada en Comisión Segunda Permanente y aprobado en segundo debate el 15 de julio de 2008.

En sesión ordinaria del 7 de marzo de 2016, con presencia total de concejales de Soledad, se desarrolló el segundo debate de la ponencia del proyecto de acuerdo para la creación del Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte, ponencia de concejales Juan Carlos Orozco y Ricardo Arcón Hereira. No hubo intervención sobre la ponencia y se preguntó si deseaban convertirla en acuerdo, el cual fue aprobado. Se erigió Acuerdo No. 199 de 2016, sancionado y publicado por el Alcalde, enviándose copia al Gobernador para revisión conforme artículo 305 de la Constitución.

Por lo tanto, no hay duda de que la conducta censurada y probada por el operador disciplinario, se adecúa en su totalidad al supuesto de hecho que describe la falta prevista por el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, toda vez que, el Acuerdo No. 199 de 2016, tuvo por finalidad el fomento y desarrollo del deporte, en consonancia con la Ley 19 de 1991, al crear el Fondo de Fomento y establecer como fuente de financiación, se dio un alcance distinto a la finalidad que se había propuesto la Ley 19 de 1991, así quedó probada la culpabilidad a título de dolo del exconcejal por las actuaciones contrarias a los deberes funcionales de los concejales y que posteriormente, fue confirmado por el Juzgado 12 Administrativo Oral de Barranquilla con sentencia del 14 de mayo de 2017, cuando declaró la nulidad de la imposición de este tributo.

Finalmente, discute los perjuicios morales reconocidos, para ello, precisa que no se encuentran acreditados en el proceso.

1.4 La sentencia de primera instancia[[3]](#footnote-4).

Finalmente, discute los perjuicios morales reconocidos, para ello, precisa que no se encuentran acreditados en el proceso.

1.4 La sentencia de primera instancia[[3]](#footnote-4).

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “B”, mediante sentencia proferida el 6 de mayo de 2022; (i) declaró la nulidad parcial de la decisiones sancionatorias del 11 de julio y 16 de diciembre de 2019, proferidas por la Procuraduría Provincial de Santa Marta y la Procuraduría Regional del Magdalena, respectivamente; (ii) a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Procuraduría General de la Nación cancelar los respectivos antecedentes disciplinarios del señor Álvaro Enrique Martínez González, registrados por la División de Registro y Control de esa entidad; (iii) condenó a la demandada a pagar a favor del actor la suma equivalente a 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes (S.M.L.M.V.), por concepto de perjuicio moral; y (iv) negó las demás pretensiones de la demanda, sin condena en costas, al considerar lo siguiente:

La primera instancia señaló que, tal como lo manifiesta el actor, no se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, pues, si bien estaba establecida la conducta unívoca de los concejales del municipio de Soledad en la aprobación del Acuerdo No. 199 de 2016, las circunstancias de tiempo, modo y lugar requerían un análisis individualizado por cada uno de los investigados. En ese sentido, se desconoció la intención particular de cada cabildante al momento de votar, y no se acreditó plenamente que el demandante hubiera desplegado la conducta imputada de manera voluntaria con el fin de desconocer sus deberes funcionales y, a su vez, transgredir el ordenamiento jurídico.

Indicó también que la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que la sanción de destitución o inhabilidad general, tratándose de cargos de elección popular, debe tener relación con hechos de corrupción o constituir un delito doloso, previa denuncia, circunstancias que no fueron acreditadas por la entidad demandada. Así las cosas, el actor logró desvirtuar el principio de legalidad que amparaba las decisiones acusadas, siendo procedente declarar su nulidad.

Finalmente, reconoció perjuicios morales a favor del actor por la existencia de un dolor causado al demandante, quien fue elegido como concejal del municipio de Soledad tras someterse a un proceso democrático y, en ejercicio de sus funciones, fue destituido e inhabilitado por un período de diez años. Dicha situación fue ampliamente difundida y aún permanece en los motores de búsqueda digital, razón por la cual se estableció el reconocimiento de una indemnización a su favor en cuantía de cuarenta (40) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1.5 Recursos de apelación.

La parte demandada, en la oportunidad procesal, interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, manifestando que, las decisiones disciplinarias cumple con cada uno de los requisitos previstos en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002, toda vez que, el pliego de cargos contiene 32 páginas y a cabalidad con lo dispuesto por la Ley, no siendo de recibo que, desde esa etapa se individualice cada una de las conductas, cuando se trataba de una misma situación fáctica, porque todos los concejales aprobaron en su integridad el proyecto de Acuerdo.

Que el material probatorio se tiene que, los concejales sancionados, tenían conocimiento de la normas vigentes y de sus actuaciones conforme lo dispuesto en el numeral 6 del artículo 32 de la Ley 136 de 1994 y faltaron a su deber de realizar un debate juicioso y detallado del contenido del proyecto de Acuerdo y de los alcances de este, por lo tanto, el órgano de control disciplinario si tenía elementos de juicio suficientes para endilgar responsabilidad, toda vez que, fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica y de la interpretación llevaron a la conclusión de que la falta disciplinaria si la cometió.

Además, la conducta del demandante se encuadra en la falta gravísima consagrada en la Ley 734 de 2002 y, por lo tanto, la sanción no podría ser otra que, la destitución e inhabilidad general de 10 años, pues, se demostró plenamente la comisión de la falta gravísima a título de dolo.

Explicó que, la Procuraduría tiene competencia para investigar y sancionar a los servidores de elección popular, por ello, considera que, el fallo de Gustavo Petro no tiene efectos erga omnes a la luz de la correcta interpretación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos conforme a lo dispuesto en la ley 734 de 2002.

Apelación adhesiva parte demandante, menciona que, con relación a los daños inmateriales, se ocasionó un daño a su buen nombre, por lo que, difícilmente podrá recuperar la imagen en las próximas elecciones, perjuicio que no fue valorado en la primera instancia, los cuales considera que ascienden a la suma de doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales y finalmente, solicita la condena en costas y en agencias en derecho.

1.6 Actuación segunda instancia[[4]](#footnote-5).

El recurso de apelación contra la sentencia, inicialmente fue enviado a la Sección Tercera de esta Corporación y repartido al Despacho del consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales, quien admitió los recursos principal y adhesivo con auto de 17 de febrero de 2023 y, posteriormente, encontrándose el expediente para dictar fallo, manifestó su impedimento para conocer el proceso.

El proceso pasó entonces al Despacho del consejero de Estado Jaime Enrique Rodríguez, quien advirtió que se trataba de un asunto de carácter laboral, motivo por el cual, mediante providencia del 15 de noviembre de 2023, remitió el expediente a la Sección Segunda.

Con auto del 30 de mayo de 2025, el despacho sustanciador avocó conocimiento del presente asunto

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)[[5]](#footnote-6), en esta instancia se emitirá pronunciamiento sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Cuestión previa.

2.2.1. Sanción disciplinaria contra servidor de elección popular.

2.2 Cuestión previa.

2.2.1. Sanción disciplinaria contra servidor de elección popular.

Es preciso señalar que, el artículo 23 de la Convención Americana consagra los derechos políticos[[6]](#footnote-7), y los Estados Parte se comprometen a garantizar y proteger conforme a los demás términos de la Convención, la jurisprudencia de la CIDH ha precisado, entre muchos otros aspectos, que, los ciudadanos, no sólo deben gozar de derechos, sino también de «oportunidades»; que ello implica la obligación de garantizar con medidas positivas que toda persona que formalmente sea titular de derechos políticos tenga la oportunidad real para ejercerlos, por cuanto estos derechos y su ejercicio propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político; que el Estado debe propiciar las condiciones y mecanismos para que dichos derechos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad y no discriminación[[7]](#footnote-8).

Sin embargo, la Corte IDH reconoce que los derechos políticos no son absolutos, que su ejercicio puede estar sujeto a regulaciones o restricciones, pero la facultad de regular o restringirlos no es discrecional, sino que está limitada por el derecho internacional, el cual requiere el cumplimiento de determinadas exigencias que, de no ser respetadas, transforman la restricción en ilegítima y contraria a la Convención Americana.

Al respecto la Corte IDH ha dicho que el párrafo 2 del artículo 23 de la Convención establece que la ley puede reglamentar el ejercicio y las oportunidades a los derechos reconocidos en el párrafo 1 de dicho artículo, «exclusivamente» en razón de la «edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal»[[8]](#footnote-9). También que, como lo establece el artículo 29[[9]](#footnote-10) de la Convención, ninguna norma de la Convención puede ser interpretada en sentido de limitar los derechos en mayor medida que la prevista en ella.

En cuanto a las condiciones en que las restricciones a los derechos políticos podrían ser válidas conforme al artículo 23-2, en la sentencia del 8 de julio de 2020 la Corte refirió que en la sentencia del 1º de septiembre de 2011 en el caso López Mendoza Vs. Venezuela, esa mismo Tribunal señaló:

«107. El artículo 23.2 de la Convención determina cuáles son las causales que permiten restringir los derechos reconocidos en el artículo 23.1, así como, en su caso, los requisitos que deben cumplirse para que proceda tal restricción. En el presente caso, que se refiere a una restricción impuesta por vía de sanción, debería tratarse de una “condena, por juez competente, en proceso penal”. Ninguno de esos requisitos se ha cumplido, pues el órgano que impuso dichas sanciones no era un “juez competente”, no hubo “condena” y las sanciones no se aplicaron como resultado de un “proceso penal”, en el que tendrían que haberse respetado las garantías judiciales consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana.»

Teniendo como precedente la sentencia del 1º de septiembre de 2011 del caso López Mendoza Vs. Venezuela, la Corte asumió una interpretación literal del artículo 23.2 de la CADH para afirmar que es claro en el sentido que no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción de inhabilitación o destitución para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido, ya que solo puede serlo por sentencia de juez competente en proceso penal:

«96. La Corte reitera que el artículo 23.2 de la Convención Americana es claro en el sentido de que dicho instrumento no permite que órgano administrativo alguno pueda aplicar una sanción que implique una restricción (por ejemplo, imponer una pena de inhabilitación o destitución) a una persona por su inconducta social (en el ejercicio de la función pública o fuera de ella) para el ejercicio de los derechos políticos a elegir y ser elegido: sólo puede serlo por acto jurisdiccional (sentencia) del juez competente en el correspondiente proceso penal. El Tribunal considera que la interpretación literal de este precepto permite arribar a esta conclusión, pues tanto la destitución como la inhabilitación son restricciones a los derechos políticos, no sólo de aquellos funcionarios públicos elegidos popularmente, sino también de sus electores.»

Además de la interpretación literal la CIDH acudió a la interpretación teleológica para sustentar su posición, al relacionar el alcance dado al artículo 23.2 con el objeto y fin de la Convención en punto a la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos y a la consolidación y protección de un ordenamiento democrático:

«97. Esta interpretación literal resulta corroborada si se acude al objeto y fin de la Convención para comprender los alcances del artículo 23.2 del mismo instrumento. La Corte ha afirmado que el objeto y fin de la Convención es “la protección de los derechos fundamentales de los seres humanos”126, así como la consolidación y protección de un ordenamiento democrático127[l]os derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática”. El artículo 23.2 de la Convención corrobora esa finalidad, pues autoriza la posibilidad de establecer regulaciones que permitan la existencia de condiciones para el goce y ejercicio de los derechos políticos. De igual forma lo hace la Declaración Americana en su artículo XXVIII, en el sentido de que reconoce la posibilidad de establecer restricciones al ejercicio de los derechos políticos cuando estos son “necesarios en una sociedad democrática.

“98. La interpretación teleológica permite resaltar que, en las restricciones a los derechos reconocidos por la Convención, debe existir un estricto respeto de las debidas garantías convencionales. La Corte considera que el artículo 23.2 de la Convención, al establecer un listado de posibles causales para la limitación o reglamentación de los derechos políticos, tiene como objeto determinar criterios claros y regímenes específicos bajo los cuales dichos derechos pueden ser limitados. Lo anterior busca que la limitación de los derechos políticos no quede al arbitrio o voluntad del gobernante de turno, con el fin de proteger que la oposición política pueda ejercer su posición sin restricciones indebidas. De esta forma, el Tribunal considera que las sanciones de destitución e inhabilitación de funcionarios públicos democráticamente electos por parte de una autoridad administrativa disciplinaria, en tanto restricciones a los derechos políticos no contempladas dentro de aquellas permitidas por la Convención Americana, son incompatibles no solo con la literalidad del artículo 23.2 de la Convención, sino también con el objeto y fin del mismo instrumento.» (negrillas propias)

En esa dirección, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, con sentencia de 15 de noviembre de 2017, en el caso Gustavo Francisco Petro Urrego Vs. Procuraduría General de la Nación, estableció que «bajo la interpretación preferente de los artículos 277.6 de la Constitución Política y 44.1 del CDU, que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para afectar o limitar los derechos políticos de Gustavo Francisco Petro Urrego para elegir y ser elegido a la luz del ordenamiento jurídico interno, como tampoco frente al Derecho Convencional[[10]](#footnote-11)».

Posteriormente, esta Subsección mediante sentencia de 29 de junio de 2023[[11]](#footnote-12), reiteró que, «el control de convencionalidad entre el artículo 44.1 de la Ley 734 de 2002 y el artículo 23.2 de la Convención Americana, permite hallar una incompatibilidad y llegar a la conclusión sobre la falta de competencia de la PGN para imponer una sanción que restringiera los derechos políticos del actor», en esa misma línea, la Sección Segunda de esta Corporación resolvió diversos casos de destitución e inhabilidad de los servidores públicos de elección popular con la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos.

No obstante, esa línea jurisprudencial definida por esta Corporación como órgano de cierre la de Jurisdicción Contenciosa Administrativo, tuvo un cambio a partir de la sentencia de unificación SU381 de 2024 de la Corte Constitucional[[12]](#footnote-13) que en sede revisión estudió la acción de tutela presentada por la Procuraduría General de la Nación en contra de la sentencia de 29 de junio de 2023, proferida por esta Subsección, en el caso del ex senador Eduardo Carlos Merlano Morales, en el cual realizó un análisis de la lectura constitucional sobre la competencia de la autoridad disciplinaria en el marco del bloque de constitucionalidad:

“130. Ahora bien, para analizar los cargos por la presunta violación de los artículos 8 y 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Sala Plena reiteró que el artículo 23.2 de la CADH no implica que la Constitución o el Legislador no puedan establecer restricciones y sanciones sin connotación penal que limiten el ejercicio de funciones públicas; ni tampoco se opone, por ejemplo, al otorgamiento de funciones jurisdiccionales al Congreso para acusar, juzgar y sancionar al presidente, o a la competencia que se concede a los jueces fuera de la especialidad penal para conocer de acciones de pérdida de investidura o nulidad electoral.

131. Así , tras el análisis de lo dicho en la sentencia de la CorteIDH en el caso Petro Urrego vs. Colombiay a lo sostenido como regla en la Sentencia C-146 de 2021, estimó que era necesario precisar esta última, a partir de una interpretación del artículo 23.2 de la CADH que fuera armónica y dialógica, considerando que, en el marco del bloque de constitucionalidad, “la restricción o limitación temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales expuestas previamente”[[13]](#footnote-14). Esta reserva, continuó, opera exclusivamente respecto de sanciones relacionadas con la suspensión, destitución e inhabilidad de funciones de quienes, como servidores públicos de elección popular, están “en ejercicio de sus funciones”, y se justifica por la “protección que la Constitución y la CADH en el marco del bloque de constitucionalidad, le otorgan al principio democrático y alderecho a la representación política efectiva”[[14]](#footnote-15).

132. Al amparo de esta interpretación, la Sala Plena indicó que “la comprensión del artículo 23.2 de la CADH debe estar acorde con los límites que fija la propia Constitución. Esta afirmación se sustenta, por un lado, en la manera en que el Constituyente definió en el artículo 93 los puntos de encuentro entre el derecho nacional y el derecho internacional de los derechos humanos basado en la colaboración y la complementariedad, la interconexión, la coordinación, la convergencia, la interdependencia, la interacción, la cooperación y el mutuo aprendizaje”. Bajo este presupuesto, continuó, la lectura del referido artículo en el caso Petro Urrego vs. Colombiano derivó en una contradicción directa o irresoluble con la Constitución, por lo cual, “la imposición de la sanción puede ser ajustada y reinterpretada por la Corte, sin que ello suponga un menoscabo de la fuerza normativa de la carta o del bloque de constitucionalidad”[[15]](#footnote-16).

133. Para satisfacer esto último, en especial la fuerza normativa de la Constitución que reconoce a la Procuraduría General de la Nación en el artículo 277.6 la vigilancia superior de la conducta de quienes desempeñan función pública, la Sala afirmó que el segundo cargo, fundado en la presunta lesión de los artículos 93 de la Constitución y 23.2 de la CADH, debe llevar a una constitucionalidad condicionada que responda a la necesidad de armonizar los dos sistemas normativos. Precisó, entonces, que se mantendría la competencia de la Procuraduría para intervenir, en ejercicio de su función, en la investigación y sanción de los servidores públicos de elección popular porque, una conclusión contraria, implicaría desconocer la estructura orgánica de la Constitución y generar un vacío regulatorio que dificultaría la efectividad de los principios que orientan la función pública, como sería la necesidad de combatir la corrupción. Aunado a ello, una solución fundada en el principio de armonización también reconocía que la misma Ley 2094 de 2021 creó una institucionalidad dirigida a garantizar la reserva judicial para la imposición definitiva de este tipo de sanciones, de quienes están en ejercicio del ca