CE - Sentencia 11001031500020250035500 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., trece (13) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 11001-03-15-000-2025-00355-001

Accionantes : Giner Alexander Rodas Álvarez, María Camila Rodas

Arteaga, Inés Mariana Álvarez, María Consuelo Álvarez Gaviria, Karina Andrea Rodas Álvarez, Sofía Osorio Rodas y Juliana Caro Rodas Accionados : Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, y Juzgado 20 Administrativo de l Circuito Judicial de Medellín Vinculados : Nación-Rama Judicial, Fiscalía General de la Nació n y Rama Judicial Derechos : Debido proceso, acceso a la administración de justicia y reparación integral Tema : Tutela contra providencia judicial /privación injusta de la libertad

Decisión : Niega

La Sala procede a dictar Sentencia de primera instancia dentro de la acción de tutela presentada por los señores Giner Alexander Rodas Álvarez, María Camila Rodas Arteaga, Inés Mariana Álvarez, María Consuelo Álvarez Gaviria, Karina Andrea Rodas Álvarez, Sofía Osorio Rodas y Juliana Caro Rodas en contra del Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

I. ANTECEDENTES

1.1. Contexto fáctico

De manera preliminar, esta Sala enunciará los argumentos expuestos por la parte actora frente a la providencia judicial objeto de censura, luego revisará lo relativo a

1 Expediente digital disponible en SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, resolverá lo pertinente en torno a las pretensiones de este mecanismo constitucional.

1.2. La demanda de tutela

Giner Alexander Rodas Álvarez, María Camila Rodas Arteaga, Inés Mariana Álvarez, María Consuelo Álvarez Gaviria, Karina Andrea Rodas Álvarez, Sofía Osorio Rodas y Juliana Caro Rodas, a través de apoderada judicial, interpusieron el presente recurso de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, así como , de los principios de prevalencia del derecho sustancial, presunción de inocencia y libertad, los cuales estiman vulnerados por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Por consiguiente, solicitaron que, se deje sin efectos la sentencia del 24 de julio de

Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, y el Juzgado 20 Administrativo del Circuito Judicial de Medellín.

Por consiguiente, solicitaron que, se deje sin efectos la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , Sala Primera de Decisión, en el proceso de reparación directa con radicado 05001-33-33-020-201600549-01, que confirmó el fallo del 28 de mayo de 2020, en el que, el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda; y en su lugar que, se ordene al Tribunal emitir una nueva decisión en la que , se realice una valoración coherente con la realidad procesal y los principios de la sana crítica, y se tenga en cuenta la copia íntegra del proceso penal seguido en contra de Giner Alexander Rodas Álvarez.

1.3. Hechos2

Que, el 7 de febrero de 2013, el Juzgado 22 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías libró orden de captura en contra de Giner Alexander Rodas Álvarez como consecuencia de la muerte del joven Roberth Stiven Barrera Paniagua ocurrida por heridas causadas con arma de fuego.

2 Aplicativo SAMAI, índice 00002.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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Que, el 13 de marzo de 2013, el Juzgado 28 Penal Municipal con Funciones de

Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

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Que, el 13 de marzo de 2013, el Juzgado 28 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías legalizó la captura, realizó la imputación de cargo s e impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Que, el 25 de agosto de 2014, el Juzgado 19 Penal del Circuito Judicial de Medellín, dio lectura al fallo absolutorio.

Que, el 19 de octubre de 2016, una vez agotado el requisito de procedibilidad, el señor Giner Alexander Rodas Álvarez, junto con su núcleo familiar, presentaron demanda de reparación directa en contra de la Nación -Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que , se les declarara administrativa y extracontractualmente responsab les por los perjuicios causados como consecuencia de la privación de la libertad y la vinculación al proceso penal del cual resultó absuelto.

Que, mediante sentencia del 28 de mayo de 2020, el Juzgado 20 Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Medellín negó las pretensiones de la demanda al considerar que , el daño sufrido no era antijurídico porque la medida de aseguramiento fue legal dado que la Fiscalía cumplió con los requisitos establecidos en la ley para la imposición de la medida. Ello, porque se contaba con el reconocimiento y señalamiento de un testigo directo de los hechos que, para ese momento se dijo que se trataba del único testigo, y de, un informe de inteligencia que indicaba que Giner Alexander , al parecer , hacía parte de una band a

el reconocimiento y señalamiento de un testigo directo de los hechos que, para ese momento se dijo que se trataba del único testigo, y de, un informe de inteligencia que indicaba que Giner Alexander , al parecer , hacía parte de una band a delincuencial, y tenía un antecedente por extorsión agravada.

Que, a través de sentencia del 24 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, confirmó la providencia con igual argumentación a la señalada en primera instancia.

Alegan los accionantes que, las decisiones de los juzgadores incurrieron en defecto fáctico en su dimensión negativa, por indebida valoración del acervo probatorio contenido en el proceso penal, en atención a lo siguiente:Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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Que, en dicho proceso se demostró que no era cierto que, el testigo que señaló al señor Giner Alexander fuera el único, señalamiento que, fue el que sirvió para que la fiscalía solicitara la medida de aseguramiento y la judicatura la concediera, ya que, en este punto, la de fensa que tuvo fue acuciosa, pues acudió a investigar en la sala de grabaciones del 123 para saber si la comunidad había reportado el lamentable hecho; encontrando, en efecto, que dos personas habían llamado. De manera que, fue la defensa la que ubicó esto s testigos, los entrevistó y los llevó a juicio y no la Fiscalía, toda vez que, la policía judicial no hizo nada para ubicarlos y entrevistarlos.

manera que, fue la defensa la que ubicó esto s testigos, los entrevistó y los llevó a juicio y no la Fiscalía, toda vez que, la policía judicial no hizo nada para ubicarlos y entrevistarlos.

Que en el proceso penal quedó demostrado que , el señor Giner Alexander no se encontraba en el lugar de los hechos para la fecha y hora en que ocurrió el homicidio. Que, desde el mes de julio de 2013 la defensa otorgó a la fiscalía un video que ubicaba al señor Giner Alexander muy lejos del lugar, pero, no realizó un adecuado análisis de él, pues, se lo entregó a un funcionario de la policía judicial que tuvo que reconocer en juicio que no analizó la totalidad del video, y que por eso había concluido que, no aparecía allí el señor Giner Alexander.

Que, también se probó que, el testimonio del menor —que señalaba al señor Giner Alexander— fue manipulado, ya que, como lo explicó la jueza penal en la sentencia absolutoria, ello se debió muy probablemente a que , el menor tuvo plantación de memoria, pues le e nseñaron una fotografía de la cara del imputado en la que únicamente se ve que tiene lunares en la cara, y que, a demás, que la afirmación «se quitó el pasamontañas que llevaba puesto para que los hombres vieran su rostro y no se fueran a confundir» no ofrecía credibilidad alguna, porque no explicó por qué llevaba pasamontañas ni por qué alguien se fuera a confundir.

Que, se desconoció que , los informes SAC o de inteligencia no constituyen pruebas, ni siquiera indicios de la relación de una persona con una conducta delictiva, por cuanto estos, solo pueden ser usados por la Fiscalía para direccionar

Que, se desconoció que , los informes SAC o de inteligencia no constituyen pruebas, ni siquiera indicios de la relación de una persona con una conducta delictiva, por cuanto estos, solo pueden ser usados por la Fiscalía para direccionar sus investigaciones o para recolectar elementos probatorios; además que, el mismo indicaba que, al parecer existía una banda criminal con 11 o 12 integra ntes, es decir, que servía para direccionar una investigación por concierto para delinquir, no para una por homicidio.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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De igual forma, alegan que las providencias cuestionadas vulneran directamente la Constitución, al considerar que , l a línea jurisprudencial que ha desarrollado el Consejo de Estado y la Corte Constitucional sobre el tema es equiparar una privación injusta de la libertad, con una privación ilegal de la libertad. Es decir que, si al momento de la imposición de la medida se tiene el soporte exigido por la ley, el ciudadano estaba en la obligación de soportarla, consideración que , a su juicio, vulnera derechos como la libertad personal, la presunción de inocencia, el debido proceso y la necesidad de la prueba.

Que, no es cierto, co mo lo señal aron l os jueces administrativos, que la Fiscalía actuó conforme a la ley, teniendo en cuenta que, lo que mostró la prueba es que su actuar estuvo por fuera de los parámetros que constitucional y legalmente se le han señalado para el desarrollo de la actividad investigativa; y así lo recalcó el juez en

actuó conforme a la ley, teniendo en cuenta que, lo que mostró la prueba es que su actuar estuvo por fuera de los parámetros que constitucional y legalmente se le han señalado para el desarrollo de la actividad investigativa; y así lo recalcó el juez en sede del proceso penal que absolvió al señor Giner Alexander manteniendo incólume su inocencia.

Que, otro de los argumentos que tuvo la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento fue que el procesado tenía antecedentes por extorsión agravada; sin embargo, la existencia de antecedentes judiciales solo se tienen en cuenta al tasar una pena, es decir, en el momento que, una persona fue vencida en un juicio oral y público; y si bien, la ley permite en el marco de la política criminal vigente que los antecedentes judiciales sean valorados para decidir sobre la imposición de una medida de aseguramiento, ello no implica que no vulnere gravemente los pilares del sistema penal.

II. TRÁMITE PROCESAL

Mediante auto del 7 de febrero de 2025 ,3 se admitió la acción de tutela instaurada por Giner Alexander Rodas Álva rez, María Camila Rodas Arteaga, Inés Mariana Álvarez, María Consuelo Álvarez Gaviria, Karina Andrea Rodas Álvarez, Sofía Osorio Rodas y Juliana Caro Rodas y se ordenó notificar al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión , al Juzgado Veinte Administrativo de l

3 Aplicativo SAMAI, índice 00010.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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Circuito Judicial de Medellín, a la Nación-Rama Judicial y a la Fiscalía General de la Nación.

2.1. Contestaciones de la acción

2.1.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Despacho 0124 indicó que, en el caso no se acreditaron los requisitos exigidos para la procedencia de la acción constitucional, como la subsidiariedad, inmediatez y relevancia constitucional.

Señaló que , no existió vulneraci ón de garantías fundamentales, puesto que la decisión objet o de censura se adoptó conforme a derecho según se podía corroborar de los fundamentos fácticos y jurídicos allí planteados.

2.1.2. El Juzgado Veinte Administrativo del Circuito Judicial de Medellín 5 solicitó su desvinculación al considerar que, no ha vulnerado ningún derecho fundamental. Dijo que , el despacho negó las pretensiones de la demanda al encontrar que la medida de detención preventiva —en establecimiento carcelario— era procedente, por cuanto el punible se cometió contra un menor de edad y porque, la conducta está enlistada en el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, situación que se enmarca en la excepción al juzgamiento en libertad y que convalidaba la legitimidad de la medida.

2.1.3. La Fiscalía General de la Nación 6 solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva , al no tener facultades ni competencia s para pronunciarse en el particular, puesto que, la decisión judicial cuestionada no se emitió por el ente

2.1.3. La Fiscalía General de la Nación 6 solicitó declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva , al no tener facultades ni competencia s para pronunciarse en el particular, puesto que, la decisión judicial cuestionada no se emitió por el ente instructor. Asimismo, pidió declarar improce dente la acción por cuanto la providencia cuestionada no vulneró los derechos fundamentales.

2.1.4. El Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Medellín7 solicitó negar las pretensiones de la acción, en atención que , las decisiones enjuiciadas se dictaron bajo la postura

4 Aplicativo SAMAI, índice 00014. 5 Aplicativo SAMAI, índice 00015. 6 Aplicativo SAMAI, índice 00016. 7 Aplicativo SAMAI, índice 00017.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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jurisprudencial prevista en las sentencias C -037 de 1996 y SU -072 de 2018 de la Corte Constitucional , y con las pruebas e indicios que se encontraron en el momento de la diligencia de captura y de la medida de aseguramiento, esto es, la existencia de la Banda los pirusos, los antecedentes judiciales del señor Genir Alexander Rodas Álvarez, que daban cuenta de una sentencia condenatoria por el delito de extorsión agravada, y el reconocimiento fotográfico del testigo directo del homicidio del joven Roberth Estivan Barrera.

Alexander Rodas Álvarez, que daban cuenta de una sentencia condenatoria por el delito de extorsión agravada, y el reconocimiento fotográfico del testigo directo del homicidio del joven Roberth Estivan Barrera.

Explicó que, el juez con funciones de Control de Garantías —que actuó durante el proceso penal— cumplió las funciones que le asigna la Ley 906 de 2004, y que las audiencias por él dirigidas fueron preliminares, es decir, que trabaja con elementos probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que no constituye plena prueba y que, por ende, no es suficiente para discutir la responsabilidad penal, la cual correspondió al juez de conocimiento, quien al valorar el acervo comprobó que éste no desvirtuaba la presunción de inocencia.

2.1.5. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) 8 solicitó que, se declare improcedente la acción, por cuanto los accionantes no han agotado la vía del recurso extraordinario de revisión o, en su defecto, se nieguen las pretensiones de la tutela, dado que, la resolución tomada se ajustó a derecho y fue revisada por un órgano judicial de mayor jerarquía revestido de poder para confirmar, modificar o revocar las decisiones.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta corporación es competente para resolver la presente acción de tutela en virtud de las reglas de reparto contenidas en los Decretos 1382 de 2000, 1983 de 2017 y 333 de 2021.

3.2. Cuestión previa

8 Aplicativo SAMAI, índice 00020.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

333 de 2021.

3.2. Cuestión previa

8 Aplicativo SAMAI, índice 00020.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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La Sala solo analizará, los defectos alegados contra la decisión de segunda instancia, teniendo en cuenta que esta fue la que decidió definitivamente el asunto.

3.3. Problema jurídico

Se contrae a determinar si la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad para controvertir la sentencia del 24 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en el proceso de re paración directa con radicado 05001-33-33-020-2016-00549-01 y, en caso afirmativo, analizar si con la referida providencia se vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, así como, los principios de prevalencia del derecho sustancial, presunción de inocencia y libertad invocados por los accionantes, ante la presunta configuración de los defectos fáctico y violación directa de la Constitución.

3.4. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales,

los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que, se trate de impedir un daño irremediable, en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

El debate jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales tiene génesis en la sentencia C -543 de 1992 de la Corte Constitucional que declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de hecho.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando

La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que, esta se configura cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del proceso establecido.

Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de unificación proferidas por la Sala Plena de la C orte Constitucional, entre las cuales están las sentencias SU -1184 de 2001 y SU -159 de 2002. Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, destacó el carácter excepcional de la acción de tutela cuando se vulneran o amenazan derechos fundamentales.

Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan

excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos judiciales ordinarios.

Tales presupuestos son: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que, se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv)Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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que cuando se trate de una irregularidad procesal debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que e l actor identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la corporación.

quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial siempre que esto hubiese sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la corporación.

Igualmente, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar su excepcionalidad contra decisiones judiciales, la cual solamente si tiene indudable relevancia constitucional resulta procedente.

Al respecto, la Corte indica que, los defectos o vicios que debe presentar la decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo adoptar una dec isión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones;

esto lo condujo adoptar una dec isión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

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Por otra parte, se destaca qu e, en un principio, la Sala Plena de lo Contenciosoadministrativo del Consejo de Estado sostuvo que, la acción de tutela resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales 9; sin embargo, m ediante sentencia del 31 de julio de 2012 10 rectificó su posición en el sentido de disponer que la acción constitucional es procedente contra providencias cuando vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro deter mine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.11

3.5. Caso concreto

jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos.11

3.5. Caso concreto

En torno de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la Sala encuentra: (i) que el asunto planteado comporta relevancia constitucional, en razón a que recae sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la reparación integral de los accionantes; (ii) que , contra la decisión objeto de censura no procede recurso alguno, dado que obedece a una sentencia de segunda instancia que se encuentra en firme; (iii) que se establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de las aludidas garantías superiores; (iv) que se satisface el requisito de inmediatez, toda vez que la providencia enjuiciada cobró ejecutoría el 1° de agosto de 2024,12 y la solicitud de amparo se presentó el 23 de enero del 2025,13 es decir, dentro del término prudencial de seis meses; y (v) el fallo acusado no se profirió dentro de una acción de tutela.

9 Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso -administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2) 31 de enero de 1992, AC – 016,

C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P. Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 200403194-01, C. P. Ligia López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta. 10 Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González. 11 Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias : 1) 28 de agosto de 2008, exp. 200800779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp.

2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp. 2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011 -01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp. 2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 12 La sentencia cuestionada fue notificada por correo electrónico el 25 de julio de 2024, y conforme al numeral 2 del artículo 205 (numeral 2) del CPACA, se entiende notificada a los dos (2) días siguientes, esto es, el 29 de julio siguiente. 13 Aplicativo SAMAI, índice 00001.Radicación: 11001-03-15-000-2025-00355-00

Accionante: Giner Alexander Rodas Álvarez y otros Accionado: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

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Así las cosas, la Sala encuentra que, la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad y, en tal sentido, procederá a examinar el fondo del

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Así las cosas, la Sala encuentra que, la presente acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad y, en tal sentido, procederá a examinar el fondo del asunto, bajo las causales específicas de procedencia invocadas, esto es, defecto fáctico y violación directa de la Constitución.

Sobre el particular , se precisa que , se incurre en defecto fáctico cuando el juez ap