CE - Sentencia 11001031500020250695900

Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de enero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia

Tema: Tutela contra providencia judicial , medio de control de reparación directa, requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderada judicial, por María Luceidy Carmona contra la sentencia del 3 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia , por la supuesta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad, la dignidad humana y el acceso a la administración de justicia, con fundamento en las siguientes:

Pretensiones

«PRIMERA: TUTELAR los derechos fundamentales AL DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, toda vez que, la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del TRIBUNAL

IGUALDAD, A LA DIGNIDAD HUMANA Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, toda vez que, la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, mediante sentencia No. 85 del 03 de julio de 2025, confirmó la sentencia No. 108 del 24 de mayo de 2023, proferida por el JUZGADO TREINTA (30) ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN, incurriendo en un defecto fáctico por una indebida y arbitraria valoración probatoria, llegando a violar directamente derechos fundamentales de los demandantes y al desconocimiento del precedente judicial, afectando los derechos de los demandantes en el proceso de reparación directa.

SEGUNDA: QUE SE DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 85 del 03 de julio de 2025, proferida por la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE

ANTIOQUIA.

TERCERA: ORDENAR a la SALA PRIMERA DE DECISIÓN del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, que en el término que se le determine, profiera una nueva sentencia teniendo en cuenta las pruebas aportadas y el precedente judicial aplicable.»

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los señores Heilbar Marcial Fuertes Carmona, María Luceidy Carmona, Heilbar Alejandro Fuertes González, Wilfer Camilo Fuertes Carmona, este último en nombre propio y en representación de sus dos hijos menores de edad, promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Unidad de Servicios

propio y en representación de sus dos hijos menores de edad, promovieron demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios USPEC, con el fin de que se les declarara administrativamente respo nsables por los perjuicios causados con ocasión a la privación de la libertad del señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona, desde el 11 deRadicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co septiembre de 2015 hasta el 13 de febrero de 2017, en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín “Bellavista”.

Como consecuencia de lo anterior, solicit ó que, se les indemnizara por los perjuicios sufridos a título de daño moral y afectación de sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta que durante el tiempo que estuvo privado de la libertad tuvo varios padecimientos y vulneraciones de derechos fundamentales , derivadas de las condiciones de hacinamiento, concretamente alegó que:

«(…) carecía de espacio adecuado donde pudiera instalarse, no le fueron suministrados elementos de aseo, así como tampoco ningún elemento para dormir, por lo que, como pudo, se acomodó en uno de los pasillos de la cárcel en el cual debía dormir por horas, turnándose con otros internos.

Agregó que las duchas y los baños de la cárcel carecían de puertas, por lo que para su

pudo, se acomodó en uno de los pasillos de la cárcel en el cual debía dormir por horas, turnándose con otros internos.

Agregó que las duchas y los baños de la cárcel carecían de puertas, por lo que para su utilización no contaba con la intimidad necesaria para realizar sus necesidades fisiológicas. Expuso además que el personal de guardia realizaba operativos de requisa en el patio en busca de elementos prohibidos, producto de los cuales sus objetos personales eran esparcidos por todo el patio, y que, en las condiciones antes descritas, le era imposible sostener relaciones sexuales, pues careció de un sitio adecuado para tener intimidad con su pareja.

Indicó que fueron pocos los elementos suministrados y que fue sometido a largos periodos de ayuno a consecuencia de los horarios en que eran proveídos los mismos, como quiera que el desayuno se reparte a las 5:45 a.m., el almuerzo a las 9:00 a.m. y la cena a las 2:00 p.m. Que la cárcel BELLAVISTA carece de espacios adecuados para aislar a las personas que padecen enfermedades contagiosas, y la sección de sanidad no esta lo sufrientemente dotada para prestar los servicios de salud a todas las personas que componen la población carcelaria.

Informó también que el demandante no contó durante su reclusión con una adecuada prestación de servicios médicos, odontológicos, y recreativos, así como tampoco con el suministro de los médicos que requirió durante su reclusión.»

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 24 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que, con ocasión

suministro de los médicos que requirió durante su reclusión.»

El Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, mediante sentencia del 24 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda. Para el efecto, indicó que, con ocasión a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario, se podía inferir la existencia de un daño antijurídico al demandante , sin embargo, la parte demandante no demostró los perjuicios morales alegados, pues no probó de manera sumaria cómo se vio afectado su alojamiento, su alimentación, su salud, la falta de atención médica y condiciones de sanidad.

La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, al considerar que en primera instancia no se efectuó una valoración adecuada de los hechos y pruebas aportadas, con las cuales se acreditaba las condiciones de reclusión que debió soportar el demandante. Que, a partir de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional, el daño antijurídico invocado se convierte en un hecho notorio, por lo que, amerita la flexibilización de la carga probatoria y en ese entendido, son suficientes los informes provenientes de los órganos de control para acreditar los daños , en relación con la vulneración de los derechos de la población carcelaria. Aunado a ello, señaló que, tales condiciones derivan en el perjuicio moral alegado, asimilable a la tortura respecto del cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que su causación se presume.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia de 3 de julio de 2025 ,

tortura respecto del cual la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido clara en señalar que su causación se presume.

El Tribunal Administrativo de Antioquia , en sentencia de 3 de julio de 2025 , confirmó la decisión de primera instancia , al considerar que pese a los alegatos del demandante y estar probada la declaratoria del estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario , no se logró acreditar el daño antijurídico, pues noRadicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co se aportaron pruebas que dieran cuenta de la situación que aseguran tuvo que soportar el señor Fuerte Carmona.

2. Argumentos de la acción de tutela

La actora sostuvo que la autoridad judicial demandada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria, pues asegura que aportó pruebas conducentes, pertinentes y útiles, sobre las condiciones particulares de reclusión del señor Heilbar Marcial.

Indicó que la crisis de derechos humanos en el centro penitenciario de Bellavista no fue una invención de los demandantes o de la Corte Constitucional, sino se trat ó de una situación plenamente demostrada que conllevó a la declaratoria del estado de cosas inconstitucional. Que, en consecuencia, ante las cir cunstancias ampliamente acreditadas, haciendo parte de tal crisis y sometido a las consecuencias del hacinamiento, lo lógico es concluir que el señor Heilbar Marcial no podía ser la

cosas inconstitucional. Que, en consecuencia, ante las cir cunstancias ampliamente acreditadas, haciendo parte de tal crisis y sometido a las consecuencias del hacinamiento, lo lógico es concluir que el señor Heilbar Marcial no podía ser la excepción a ese tratamiento.

Aseguró que, de la contestación y las pruebas aportadas por el INPEC, se pudo determinar que: (i) estuvo recluido en Bellavista entre los años 2015 y 2017 ; (ii) no se le asignó celda; (iii) estuvo recluido en el patio 2, en un hacinamiento superior al 160%; (iv) por las largas horas de ayuno y falta de entrega periódica de dotación tuvo que acudir a compras en el expendio; (v) no recibió dotación de ninguna clase en 2015, ni en 2017 ; (vi) no contaba con lugar para visita íntima ; (vii) que la visita de familiares y amigos las recibía en un patio hacinado; (viii) tuvo que escoger entre estudio y educación, cuando se le brindó uno, no se le brindó el otro; (ix) no se le brindó recreación; (x) durante su reclusión no se probó ampliación de capacidad instalada en el patio 2 y tampoco en Bellavista.

Que resultaba ilógico exigir a los demandantes demostrar que hacía parte de la crisis penitenciaria, cuando estaba plenamente acreditado que la generalidad de reclusos fue sometidos a tratos inhumanos y degradantes en el EMPSC Bellavista, situación advertida por la Corte Constitucional y los órganos de control.

Señaló que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta diversas decisiones del

fue sometidos a tratos inhumanos y degradantes en el EMPSC Bellavista, situación advertida por la Corte Constitucional y los órganos de control.

Señaló que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta diversas decisiones del Consejo de Estado 1, avaladas por la Corte Constitucional 2 que fueron su stentadas, además, en pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales se declaró la responsabilidad del Estado por los perjuicios causados a personas sometidas a condiciones inhumanas durante su reclusión.

3. Trámite previo

El 7 de noviembre de 2025, el despacho de la ponente admitió la acción de tutela y ordenó notificar a los magistrados integrantes de la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, en calidad de demandados, y al Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, a la Nación-Ministerio de Justicia y del Derecho, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, a los señores Heilbar Marcial Fuertes Carmona, Heilbar Alejandro Fuertes González y Wilfer Camilo Fuertes Carmona, en calidad de terceros con interés.

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 20 de noviembre de 2020, exp. nro. 18001-23-33-000-2013-00216-01(AG), C.P. Dr. Alberto Montaña Plata; y, sentencia de 16 de junio de 2025, exp. nro. 05001-2333-000-2018-00988-01 (70584), C.P. Dra. María Adriana Marín. 2 Al respecto citó apartes de las sentencias T-578 de 2005, T-077 de 2013 y SU-068 de 2023.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

4. La respuesta del demandado

El Tribunal Administrativo de Antioquia guardó silencio.

5. Intervenciones de los terceros vinculados

El Juzgado Séptimo Administrativo de Medellín remitió el link de acceso al expediente de reparación directa 05001-33-33-030-2019-00130-00/01, sin pronunciarse sobre los hechos que dieron origen a la acción de tutela.

El Ministerio de Justicia y del Derecho solicitó que se desestimaran las pretensiones de la acción de tutela, pues el hecho de que no se accediera al medio de control de reparación directa, por si solo no constituye una transgresión de los derechos fundamentales de la parte actora.

Adujo que la decisión acusada tuvo en cuenta los argumentos expuestos por las partes, las pruebas aportadas al proceso y los antecedentes jurisprudenciales, por lo que se trató de una decisión ajustada a derecho. Aseveró, además, que el Consejo de Estado en una oportunidad anterior al conocer un asunto con supuestos similares, esto es, una acci ón de tutela en la cual se cuestionaba la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de reparación directa, por

de Estado en una oportunidad anterior al conocer un asunto con supuestos similares, esto es, una acci ón de tutela en la cual se cuestionaba la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia dentro del medio de control de reparación directa, por hacinamiento de la cárcel Bellavista, negó las pretensiones del recurso de amparo3.

Aunado a ello, refirió que no se trata de una decisión aislada, sino que , en casos análogos, los Juzgados Administrativos de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia han negado las pretensiones de las demandas de reparación directa , sin que los argumentos puedan dictarse de falsos o vulneradores de derechos , para el efecto relacionó el radicado de cuarenta y dos (42) procesos, que fueron resueltos por las referidas autoridades judiciales.

Entonces, concluyó que los argumentos de la parte actora están orientados a constituir una instancia adicional del proceso de reparación directa , con el fin de que se haga un nuevo análisis probatorio y se profiera una decisión favorable a sus intereses.

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) allegó memorial refiriéndose a la acción de tutela 76001-2204-000-2025-01646-00, que se tramita ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali , sin hacer referencia al recurso de amparo de la referencia.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPECpidió que se le desvinculara del trámite de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior teniendo en cuenta que , en el presente caso se está cuestionado la sentencia proferida en el medio de control de reparación directa y dentro de sus

desvinculara del trámite de la acción de tutela por carecer de legitimación en la causa por pasiva.

Lo anterior teniendo en cuenta que , en el presente caso se está cuestionado la sentencia proferida en el medio de control de reparación directa y dentro de sus funciones no se encuentran las de revisión o revocar decisiones judiciales. Además, afirmó que no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la actora.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda

3 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de julio de 2023, exp. nro. 11001-03-15-000-2023-03269-00 (AC), C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cua ndo quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa

quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 4 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 5 y específicas 6 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora aduce que el Tribunal Administrativo de Antioquia vulneró los derechos fundamentales invocados , por incurrir en defecto fáctico, al negar las pretensiones del medio de control de reparación directa referentes a la indemnización por los daños causados durante la privación de la libertad de Heilbar Marcial Fuertes Carmona, desde el 11 de septiembre de 2015 hasta el 13 de febrero de 2017, en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín

la libertad de Heilbar Marcial Fuertes Carmona, desde el 11 de septiembre de 2015 hasta el 13 de febrero de 2017, en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín “Bellavista”, consecuencia del hacinamiento y condiciones precarias que conllevaron a la declaratoria del Estado de Cosas Inconstitucional del Sistema Penitenciario y Carcelario.

La Sala anticipa que declarara improcedente la acción de tutela de la referencia porque no cumple con el requisito general de relevancia constitucional, toda vez que las pretensiones de la parte actora están orientados a constituir una tercera instancia del proceso de reparación directa en el que se profirió la sentencia cuestionada.

De manera previa se hará referencia a la falta de legitimación por pasiva invocada por

4 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y

5 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sid o posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 6 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC.

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

En relación con la solicitud de declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva planteada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios –USPEC, se aclara que dicha entidad estaba vinculada al presente trámite constitucional en calidad de terceros con interés, dado que fue demandada en el proceso de reparación directa en el cual se emitió la sentencia cuestionada, lo que justifica su vinculación. Por lo tanto, se negarán la solicitud.

(i) La relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tut ela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

acción de tut ela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 20147, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» 8. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso

decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el

7 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 8 Ibidem.Radicado: 11001-03-15-000-2025-06959-00

Demandante: María Luceidy Carmona

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en

procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes. (se destaca)

(ii) Sobre la falta de relevancia constitucional en el caso concreto

La señora María Luceidy Carmona interpuso la presente acción de tutela, con el fin de que se deje sin efecto la sentencia de 3 de julio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión de primera instancia de negar las pretensiones de la demanda de reparación directa , donde buscaba que se indemnizara por los perjuicios que sufrió el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona, durante la privación de la libertad, desde el 11 de septiembre de 2015 hasta el 13 de febrero de 2017, en la cárcel del Distrito Judicial de Medellín “Bellavista”.

A juicio, de la parte actora , la autoridad judicial incurrió en defecto fáctico, porque existió indebida valoración de las pruebas aportadas al proceso, con las cuales se acreditaban los tratos inhumanos y degradantes a los que fue sometido el señor Fuerte Carmona cuando estaba recluido en el EMPSC Bellavista, al igual que la generalidad de los reclusos, al punto que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucional del sistema penitenciario y carcelario.

Indicó, además, que no se tuvieron en cuenta pruebas relevantes como los informes de los medios de control, la respuesta a las peticiones que dio el INPEC con los cuales se acreditaba:

Indicó, además, que no se tuvieron en cuenta pruebas relevantes como los informes de los medios de control, la respuesta a las peticiones que dio el INPEC con los cuales se acreditaba:

«1. Estuvo recluido en Bellavista entre los años 2015 y 2017.

2. No se le asignó celda.

3. Estuvo recluido en el patio 2, en un hacinamiento superior al 160%

4. Por las largas horas de ayuno y falta de entrega periódica de dotación tuvo que acudir a compras en el expendio.

5. No recibió dotación de ninguna clase en 2015, ni en 2017.

6. No contaba con lugar para visita íntima.

7. Que la visita de familiares y amigos las recibía en un patio hacinado.

8. Tuvo que escoger entre estudio y educación, cuando se le brindó uno, no se le brindó el otro.

9. No se le brindó recreación.

10. Durante su reclusión no se probó ampliación de capacidad instalada en el patio 2 y tampoco en

Bellavista.»

Al respecto se debe indicar que, el Juzgado Treinta Administrativo de Medellín, en sentencia de 24 de mayo de 2023, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que pese a que est án acreditadas las condiciones de hacinamiento, en el caso concreto no se aportaron o solicitaron pruebas que dieran cuenta de los daños específicos e individuales que sufrió el señor Heilbar Marcial Fuertes Carmona, durante el tiempo en que estuvo recluido en el EMPSC Bellavista. Aseveró que si bien, estaba probado que el establecimiento penitenciario tenía una sobrepoblación del

durante el tiempo en que estuvo recluido en el EMPSC Bellavista. Aseveró que si bien, estaba probado que el establecimiento penitenciario tenía una sobrepoblación del 500%, para la fecha en que purgaba la pena el demandante, «(…) no aportó pruebas que indicaran, por lo menos de manera sumaria, de qué manera se vio afectado su alojamiento, su alimentación, su salud, la falta de atención médica y condiciones de