CE - Sentencia 18001233100020100025801 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: MARÍA ELSA AMAYA GUTIÉRREZ Y OTROS

Demandado: NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y OTRO

Tema: Privación injusta de la libertad. Ley 600 de 2000. No se acreditó un daño antijurídico.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia del 15 de marzo de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Según se narra en la demanda , el 15 de septiembre de 20 05, uniformados del Ejército Nacional capturaron con fines de indagatoria a María Elsa Amaya Gutiérrez. El 20 de septiembre siguiente, la Fiscalía 3ª Especializada de la UNDHDIH impuso medida de aseguramiento a la procesada, consistente en detención preventiva, por ser presunta autora del delito de rebelión. Posteriormente, mediante Resolución del 31 de mayo del 2006, la Fiscalía 45 Especializada de la UNDHDIH precluyó la investigación penal seguida en contra de la sindicada por aplicación de la garantía de in dubio pro reo.

31 de mayo del 2006, la Fiscalía 45 Especializada de la UNDHDIH precluyó la investigación penal seguida en contra de la sindicada por aplicación de la garantía de in dubio pro reo.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación son patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto María Elsa Amaya Gutiérrez, puesto que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de rebelión.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

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II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 3 0 de mayo de 2008 1, María Elsa Amaya Gutiérrez, en nombre propio y en representación de su hijo menor Hermides Cuchimba Amaya ; y Yaqueline Cuchimba Amaya, Flor Albenis Cuchimba Amaya, Manuel Alberto Cuchimba Amaya y Luis Albenio Cuchimba Amaya, mediante apoderado judicial, pr esentaron demanda en contra de la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional (en adelante Ejército Nacional) y la Fiscalía General de la Nación por los perjuicios a ellos irrogados con ocasión de la privación injusta de la libertad de la que fue objeto María Elsa Amaya Gutiérrez.

Como pretensiones de la demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales , 200 SMLMV a María Elsa Amaya

María Elsa Amaya Gutiérrez.

Como pretensiones de la demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar, por perjuicios morales , 200 SMLMV a María Elsa Amaya Gutiérrez, y 1 00 SMLMV a Hermides Cuchimba Amaya, Yaqueline Cuchimba Amaya, Flor Albenis Cuchimba Amaya, Manuel Alberto Cuchimba Amaya y Luis Albenio Cuchimba Amaya; por daño a la vida de relación, 200 SMLMV a María Elsa Amaya Gutiérrez, y 100 SMLMV a los demás accionantes; y por lucro cesante, “los salarios o ingresos que dejó de percibir durante el período de detención física ” a María Elsa Amaya Gutiérrez.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 15 de septiembre de 2005, uniformados del Ejército Nacional capturaron con fines de indagatoria a María Elsa Amaya Gutiérrez.

Señala que el 20 de septiembre siguiente, la Fiscalía 3ª Especializada de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (en adelante UNDHDIH) impuso medida de aseguramiento a la procesada, consistente en detención preventiva, por ser presunta autora del delito rebelión , puesto que un exintegrante de las FARC la sindicó de pertenecer a dicho grupo subversivo y de realizar labores de inteligencia en el municipio de Florencia (Caquetá).

1 Fl. 4 a 10, C. 1.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

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1 Fl. 4 a 10, C. 1.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

3 Indica que el 28 de octubre de 2005 , la misma Fiscalía sustituy ó la detención preventiva decretada en contra de la señora Amaya Gutiérrez por detención domiciliaria.

Concluye que , mediante Resolución del 31 de mayo del 2006, la Fiscalía 45 Especializada de la UNDHDIH precluyó la investigación penal seguida en contra de la sindicada por in dubio pro reo.

Los demandantes consideran que el Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación son patrimonialmente responsables por la privación injusta de la libertad de la que fue objeto María Elsa Amaya Gutiérrez, pues to que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por no existir convicción o certeza, más allá de toda duda razonable, para endilgarle la comisión del delito de rebelión.

Textualmente manifiesta que “la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación son responsables administrativamente por los perjuicios materiales y morales y daño a la vida de relación, que se ocasionaron por la detención física que sufrió la señora María Elsa Amaya Gutiérrez, desde el 15 de septiembre de 2005, fecha en que fue capturada por miembros del Ejército Nacional y puesta, a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada, hasta el día 1º de junio de 2006, sindicada del delito de rebelión”.

2. Contestaciones

y puesta, a disposición de la Fiscalía Tercera Especializada, hasta el día 1º de junio de 2006, sindicada del delito de rebelión”.

2. Contestaciones

El 31 de enero de 20112-3 el Tribunal Administrativo del Caquetá admitió la demanda y ordenó su notificación a las entidades demandadas y al ministerio público.

2 Fl. 121 y 122, C. 1. 3 Se advierte que la demanda fue inicialmente admitida el 10 de julio de 2008 por el Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Florencia (Fl. 17 y 18, C. 1.). Sin embargo, el 6 de noviembre de 2008, el Juzgado referido remitió por competencia al Tribunal Adm inistrativo del Caquetá (Fl. 46 a 47, C. 1.). Luego, el 6 de febrero de 2009, el Tribunal ordenó devolver el proceso al Juzgado de origen (Fl. 52, C. 1.). Por ello, el 16 de febrero de 2009, el Juzgado 2º Administrativo del Circuito de Florencia avocó nuevamente el conocimiento del presente asunto. No obstante, el 3 de noviembre de 2009, el Tribunal Administrativo revocó la decisión que ordenó la devolución, razón por la cual el 14 de mayo de 2010, el Juzgado remitió nuevamente por competencia al Tribunal Administrativo del Caquetá (Fl. 110, C. 1.). Finalmente, el 29 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo del Caquetá avocó el conocimiento de las diligencias y decretó la nulidad de todo lo actuado (Fl. 118 y 119, C. 1.).Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

el conocimiento de las diligencias y decretó la nulidad de todo lo actuado (Fl. 118 y 119, C. 1.).Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

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2.1. El Ejército Nacional4 argumentó que el daño alegado por los accionantes devino de actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, pues dicha entidad fue quien adelantó la investigación penal en contra de la señora Amaya Gutiérrez e impuso medida de aseguramiento en su contra . Por ello, form uló como excepción la que denominó “falta de legitimación por pasiva”.

2.2. La Fiscalía General de la Nación 5 manifestó que no ocasionó un daño antijurídico a los demandantes, porque sus actuaciones se adelantaron en cumplimiento de los postulados constitucionales y legales que le habían sido conferidos y, además, porque existían pruebas directas que daban cuenta de la presunta participación de María Elsa Amaya Gutiérrez en el delito por el cual había sido investigada. Como excepciones formuló las de “hecho de un tercero ”, “culpa exclusiva de la víctima” e “inexistencia de daño antijurídico”.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 16 de diciembre de 20146, se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante 7 y el Ejército Nacional 8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente.

3.2. La Fiscalía General de la Nación y el ministerio público guardaron silencio.

3.1. La parte demandante 7 y el Ejército Nacional 8 reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y en la contestación de ésta, respectivamente.

3.2. La Fiscalía General de la Nación y el ministerio público guardaron silencio.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 15 de marzo de 20189, el Tribunal Administrativo del Caquetá accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, al constatar que

4 Fl. 127 a 144, C. 1. 5 Fl. 155 a 164, C. 1. 6 Fl. 357, C. 1. 7 Fl. 371 a 377, C. 2. 8 Fl. 359 a 370, C. 2. 9 Fl. 432 a 456, C. Ppal.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

5 la privación de la libertad de María Elsa Amaya Gutiérrez fue injusta, toda vez que se precluyó la investigación penal seguida en su contra por in dubio pro reo, lo cual, en su concepto, constituía uno de los supuestos para declarar objetivamente la responsabilidad patrimonial del Estado. De otro lado, declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el Ejército Nacional.

Al efecto, sostuvo que: “[…] En la actualidad, la jurisprudencia del Consejo de Estado sostiene que se puede establecer la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad de un ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o preclusión de la investigación u opera por equivalencia la aplicación del in dubio pro reo, pese a que en la detención se hayan cumplido todas

por la privación de la libertad de un ciudadano cuando el proceso penal termina con sentencia absolutoria o preclusión de la investigación u opera por equivalencia la aplicación del in dubio pro reo, pese a que en la detención se hayan cumplido todas las exigencias legales […]. Ello quiere decir que se ha hecho tránsito a un régimen objetivo, en donde el elemento determinante de la responsabili dad está en la detención preventiva, y a partir de ella se debe acreditar si se produjo o no un daño antijurídico, sobre el cual habrá que establecer si es imputable a la administración de justicia […] Es claro para el Tribunal que en el sub examine sí est amos frente a una privación injusta de la libertad de la que fuera víctima la señora María Elsa Amaya Gutiérrez, desde el 16 de septiembre de 2005 y hasta el 1 de junio de 2006 […] se tiene que el daño en este caso se encuentra establecido, puesto que la señora María Elsa Amaya Gutiérrez, estuvo privada de la libertad y luego es absuelta. Por lo anterior, y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que los accionantes no están en la obligación de soportar el daño que el Estado les irrogó y que este debe calificarse como antijur ídico. Al respecto, debe tenerse en cuenta que en casos como este, no corresponde a la parte actora acreditar nada más allá de los conocidos elementos que configuran la responsabilidad: actuación del Estado, daño antijuridico e imputación, extremos que se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Fiscalía General de la Nación, la que determin ó que María Elsa Amaya Gutiérrez estuviese privada de su libertad, p ara posteriormente precluirse la

se encuentran suficientemente acreditados en el expediente, pues fue una decisión de la Fiscalía General de la Nación, la que determin ó que María Elsa Amaya Gutiérrez estuviese privada de su libertad, p ara posteriormente precluirse la investigación por in dubio pro reo […]. Así pues, forzoso resulta concluir que el daño causado por la privación injusta de la libertad de María Elsa Amaya Gutiérrez, es jurídicamente imputable a la Fiscalía General de la Nación, razón por la cual se declarara la responsabilidad patrimonial del Estado en este asunto […]”.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

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En la parte resolutiva, el a quo condenó a la Fiscalía General de la Nación a pagar, por perjuicios morales, 50 SMLMV a todos los accionantes; y por lucro cesante, la suma de $8.453.802,64 a María Elsa Amaya Gutiérrez.

5. Grado jurisdiccional de consulta

En vista de que la parte accionante desistió del recurso formulado y el de la Fiscalía General de la Nación fue declarado desierto por el a quo, debido a la inasistencia de su apoderado judicial a la audiencia de conciliación, mediante auto del 16 de marzo de 2022 10, el T ribunal Administrativo del Caquetá ordenó remitir las diligencias al Consejo de Estado para adelantar el grado jurisdiccional de consulta, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.11, pues la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá a la Fiscalía General de la Nación, excedió la suma de 300

dispuesto en el artículo 184 del C.C.A.11, pues la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá a la Fiscalía General de la Nación, excedió la suma de 300 SMMLV. En este sentido, mediante auto del 29 de abril de 202212, esta Corporación admitió el grado jurisdiccional de consulta contra la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 17 de junio de 202213 se corrió traslado a las partes y al ministerio público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante14 y la Fiscalía General de la Nación 15 reiteraron los argumentos expuestos en el trámite de primera instancia.

10 Fl. 559 y 560, C. Ppal. 11 Artículo 184. “Consulta. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados por curador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apeladas.” 12 Fl. 566, C. Ppal. 13 Fl. 567, C. Ppal. 14 Índice 20, Samai. 15 Índice 10, Samai.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

7 6.2. El ministerio público16 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, argumentando que en el presente asunto no resultaba aplicable la responsabilidad objetiva toda vez que la investigación penal seguida en contra de María Elsa Amaya

7 6.2. El ministerio público16 solicitó revocar la sentencia de primera instancia, argumentando que en el presente asunto no resultaba aplicable la responsabilidad objetiva toda vez que la investigación penal seguida en contra de María Elsa Amaya Gutiérrez se precluyó por in dubio pro reo . En ese sentid o, sostuvo que “ la demandante no dio cumplimiento a su deber procesal de demostrar lo injusto de tal privación de la libertad, pues como se vio, estuvo acorde a los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad”.

6.3. El Ejército Nacional guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para conocer del grado jurisdiccional de consulta respecto de la sentencia proferida el 15 de marzo de 2018 por el Tribunal Administrativo del Caquetá, de conformidad con lo establecido en el artículo 184 del Código Contencioso Administrativo17.

2. Acción procedente

La reparación directa es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo d ispone el artículo 86 18 del Código Contencioso Administrativo.

16 Índice 14, Samai. Concepto rendido por Luis Ramiro Escandón Hernández, Procurador Delegado con funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa. 17 “Artículo 140. “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios

con funciones Mixtas 6 para la Conciliación Administrativa. 17 “Artículo 140. “Artículo 184. Las sentencias que impongan condena en concreto, dictadas en primera instancia a cargo de cualquier entidad pública que exceda de trescientos (300) salarios mínimos mensuales legales o que hayan sido proferidas en contra de quienes hubieren estado representados procurador ad litem, deberán consultarse con el superior cuando no fueren apelada (…)” 18 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadasRadicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

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En este caso la acción proced ente es la de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de justicia y al Ejército Nacional.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio19.

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiem po, el legislador, apuntando a la

Con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiem po, el legislador, apuntando a la protección del interés general, estableció unos plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial 20. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así c omo la consolidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.” 19 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 23 de junio de 2011, Exp. 21093: “[…] respecto a la oportunidad para pronunciarse respecto a este fenómeno jurídico ha de decirse, en primer lugar, que, por tratarse de un presupuesto procesal de la acción, ha de examinarse de manera oficiosa al momento de admitirse la demanda por manera que, conforme prescribe el artículo 143, inc. 3 del Código Contencioso Administrativo, habrá de rechazarla el juez cuando verifique que ha ocurrido,, o bien podrá ser propuesta por el demandado mediante el recurso de reposición propuesto contra el auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como ex cepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se

auto admisorio de la demanda, o en la contestación de la misma, formulada como ex cepción de fondoartículo 144 ordinal 3 - e incluso declararla de oficio el Juez en la sentencia definitiva si se encuentra probada, conforme a los mandatos del artículo 164 del C.C.A.” 20 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunt a a la protección de un interés general.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

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El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción 21, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la m edida en que su ocurrencia impide

garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la m edida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimi ento judicial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 22 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia23, cuya consecuencia, por demandar más

21 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluta, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.

necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos. 22 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efecti vo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 23 Corte Constitucional. Sentencia C -574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho feneceRadicado: 18001233100020100025801 (68330)

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10 allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo señala que l a acción de reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

Asimismo, l a Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que cuando el daño alegado proviene de la privación injusta de la libertad de una persona, el término de caducidad empieza a contabilizarse a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia que precluye la investigación, de la sentencia absolutoria o desde el momento en que quede en libertad el procesado, lo último que ocurra, puesto que a partir de ese momento se ha ce evidente el carácter injusto de la limitación del derecho a la libertad24.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo, teniendo en cuenta: i) que el proveído del 31 de mayo del 2006, mediante el cual se precluyó la investigación penal adelantada en contra de María Elsa Amaya Gutiérrez, quedó ejecutoriado el 24 de agosto de 200 6, según da cuenta copia auténtica de la constancia de ejecutoría25; y ii) que la demanda se presentó el 30 de mayo de 200826.

inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen entonces, una Garantías para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por

entonces, una Garantías para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”. 24 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 14 de febrero de 2002, Rad.: 13.622; Sentencia del 19 de julio de 2017, Rad.: 49.898; Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 48.130; Sentencia del 10 de noviembre de 2017, Rad.: 49.206; Sentencia del 23 de noviembre de 2017, Rad.: 54.716. 25 Fl. 119, C. 8. 26 Fl. 4 a 10, C. 1.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

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4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis27.

4.1. María Elsa Amaya Gutiérrez (víctima), Hermides Cuchimba Amaya (hijo), Yaqueline Cuchimba Amaya (hija), Flor Albenis Cuchimba Amaya (hija), Manuel Alberto Cuchimba Amaya (hijo) y Luis Albenio Cuchimba Amaya (hijo), están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso

Alberto Cuchimba Amaya (hijo) y Luis Albenio Cuchimba Amaya (hijo), están legitimados en la causa por activa, ya que la primera fue el sujeto pasivo del proceso penal que se tramitó con el número de radicado 167328 y los demás hacen parte de su núcleo familiar, según dan cuenta copias auténticas de sus correspondientes registros civiles de nacimiento29.

4.2. La Nación está legitimada en la causa por pasiva y se encuentra debidamente representada por el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional y la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con los criterios señalados por la jurisprudencia de esta Sección 30, puesto que uniformados de la primera capturaron a María Elsa Amaya Gutiérrez, y la segunda le impuso medida de aseguramiento , y posteriormente precluyó la investigación que se adelantó en su contra por el delito de rebelión.

5. Problemas jurídicos

Corresponde a la Sala determinar: i) si la actuación de la Fiscalía General de la Nación en punto de la captura con fines de indagatoria de la sindicada cumplió con los presupuestos legales o si con la misma se causó un daño antijurídico que el Estado tiene el deber de reparar; ii) si la medida de aseguramiento cumplió con los presupuestos legales que se exigían para su imposición, o si con esta se generó un

27 Consejo de Estado, sentencia de 26 de septiembre de 2012, Exp. 24677. “La legitimación en la causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.”

causa constituye un presupuesto procesal para obtener decisión de fondo. En otros términos, la ausencia de este requisito enerva la posibilidad de que el juez se pronuncie frente a las súplicas del libelo petitorio.” 28 C. 4 a 8. 29 Fl. 11 a 15, C. 1. 30 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C. Auto del 25 de septiembre de 2013, Rad.: 20420.Radicado: 18001233100020100025801 (68330)

Demandante: María Elsa Amaya Gutiérrez y otros

12 daño antijurídico que el Estado deba resarcir y; iii) si el Estado cumplió el término procesal para calificar el mérito del sumario , o si se prolongó injustificadamente la detención d