CE - Sentencia 18001233300020150012902 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00129-02 (70653)

Actor: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL

Demandado: RUBÉN DARÍO MORALES NARVÁEZ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

Temas: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN - Demanda radicada en vigencia del CPACA / COMPETENCIA FUNCIONAL - Factor cuantía en procesos con vocación de doble instancia / RECURSO DE APELACIÓN - La sentencia de primera instancia se recurrió formalmente, pero dicha impugnación no se sustentó materialmente, en tanto no se planteó algún argumento tendiente a rebatir las conclusiones del a quo.

La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia del 10 de mayo de 2023, proferida por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

En virtud de la sentencia del 10 de noviembre de 2011, dictada por el Tribunal Administrativo del Caquetá, la parte actora pagó los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara; por tanto, demandó en repetición a sus ex agentes, por que con su actuar doloso y gravemente culposo dieron lugar a la

Administrativo del Caquetá, la parte actora pagó los perjuicios ocasionados por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara; por tanto, demandó en repetición a sus ex agentes, por que con su actuar doloso y gravemente culposo dieron lugar a la condena impuesta.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

En escrito del 13 de junio de 2014 1, la Nación - Ministerio de Defensa NacionalEjército Nacional, a través de apoderada judicial, presentó demanda de repetición contra los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigildo Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solórzano

1 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. pág. 94 y 95.2

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Demandado: RUBÉN DARÍO MORALES NARVÁEZ Y OTROS

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Jiménez, con el fin de que se les condene a reintegrar la suma de $1.016’419.651, la cual tuvo que pagar en cumplimiento de la sentencia del 10 de noviembre de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en el proceso de reparación directa 2006-00526-01.

Como fundamento fáctico de la demanda, se narró que, mediante fallo de l 30 de agosto de 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia condenó al Ejército Nacional a pagar los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor

agosto de 2010, el Juzgado Primero Administrativo de Florencia condenó al Ejército Nacional a pagar los perjuicios causados como consecuencia de la muerte del señor Héctor Vargas Guevara, el 22 de octubre de 2004, en el municipio de San Vicente del Caguán (Caquetá), « cuando miembros de la institución tuvieron un presunto enfrentamiento con las FARC», decisión que confirmó el Tribunal Administrativo del Caquetá, en proveído del 10 de noviembre de 2011.

Por tal hecho, la Procuraduría Disciplinaria Delegada para los Derechos Humanos adelantó investigación contra los accionados.

A través de Resolución 3218 de 2012, la aquí actora ordenó el pago a favor de los beneficiarios de la indemnización por la suma $1.016’419.653. Ante esa situación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la entidad estimó que debía repetir contra los agentes involucrados en los hechos que dieron origen a la condena.

A su juicio, hay lugar a aplicar la presunción de culpa grave prevista en el artículo 6.1 de la Ley 678 de 2001, esto es, violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, puesto que (i) no adoptaron las medidas necesarias para realizar el operativo militar; (ii) accionaron sus fusiles de dotación contra el señor Vargas Guevara, desconociendo las normas sobre el uso de armas y el mandato legal de proteger el derecho a la vida y a la dignidad de la víctima ; y (iii) efectuaron un montaje encaminado a justificar la baja de la víctima directa del daño como propia del combate y «lo hicieron pasar por subversivo», aunque se encontraba realizando

montaje encaminado a justificar la baja de la víctima directa del daño como propia del combate y «lo hicieron pasar por subversivo», aunque se encontraba realizando labores agrícolas en su predio cuando empezó el cruce de disparos.

Asimismo, aludió la causal del artículo 5.4 ibidem, que indica que existe dolo cuando al funcionario público lo han condenado penal o disciplinariamente por los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado; sin embargo, no refirió el supuesto fáctico qu e apoyaba su razonamiento.3

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2. Trámite de primera instancia

2.1. El 9 de octubre de 20142, el Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Florencia declaró la falta de competencia para conocer del asunto, en razón de la cuantía, de ahí que remitió el expediente al Tribunal Administrativo del Caquetá, autoridad judicial que, en auto del 6 de agosto de 2015 3, admitió la demanda y ordenó emplazar a los enjuiciados4. Luego, les designó curador ad litem5 para que ejerciera su representación judicial.

2.2. El 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo audiencia inicial, oportunidad en la cual se agotaron las etapas señaladas en el artículo 180 del CPACA6.

ejerciera su representación judicial.

2.2. El 28 de noviembre de 2017 se llevó a cabo audiencia inicial, oportunidad en la cual se agotaron las etapas señaladas en el artículo 180 del CPACA6.

2.3. El 8 de febrero de 2018, los señores Jiménez Hernández y Solórzano Jiménez pidieron la nulidad de todo lo actuado, dado que no se notificó en debida forma el auto admisorio de la demanda. Explicaron que el emplazamiento no era procedente, porque ellos se hallaban en servicio activo para el momento en que se presentó el escrito inicial y, por tanto, la información personal y laboral que era necesaria para notificarlos personalmente o por aviso, reposaba en la base de datos del Ejército Nacional.

La solicitud se acogió el 27 de febrero de 2018 7 y, en esa medida , se dejaron sin efectos todas las actuaciones surtidas en el proceso desde el auto admisorio de la demanda frente a las mencionadas personas y se entendió surtida la notificación por conducta concluyente.

2.4. Los señores Jiménez Hernández, Solórzano Jiménez y Castillo Moreno 8 contestaron la demanda y, en cuanto a los hechos, precisaron que la autoridad disciplinaria los absolvió de responsabilidad, a lo que se sumaba que no actuaron con dolo o culpa grave, por el contrario, las pruebas obrantes al plenario daban cuenta de que desarrollaron la misión con estricto apego a sus deberes y en amparo de una orden de operaciones de registro y control del área emitida por la autoridad competente.

2 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. Pág. 122 a 124.

de una orden de operaciones de registro y control del área emitida por la autoridad competente.

2 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. Pág. 122 a 124. 3 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. Pág. 155 a 158. 4 Debido a que la parte actora manifestó bajo juramento no conocer el domicilio de los demandados. 5 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. Pág. 178 a 180. 6 Documento: ED-16-14 Cuaderno Principal 2.pdf (pdf). Pág. 50 a 54. 7 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. pág. 66 a 73. 8 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. pág. 80 a 97.4

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Como argumentos de defensa, propusieron las siguientes excepciones:

• «Caducidad del medio de control de repetición», dado que, si bien la demanda se presentó dentro del término de los dos años establecido en la ley, el auto que la admitió se notificó un año después.

• «Ausencia de dolo o culpa grave de los demandados », comoquiera que el comandante del Batallón de Contraguerrillas 073 emitió la orden de operaciones táctica el 16 de septiembre de 2004, cuya misión era adelantar operaciones de destrucción ofensivas, con el fin de neutralizar las acciones criminales adelantadas

comandante del Batallón de Contraguerrillas 073 emitió la orden de operaciones táctica el 16 de septiembre de 2004, cuya misión era adelantar operaciones de destrucción ofensivas, con el fin de neutralizar las acciones criminales adelantadas por insurgentes de las FARC, quienes se encontraban delinquiendo en el sector de San Juan de Lozada del municipio de San Vicente del Caguán. El 22 de octubre de 2004, la compañía «Diamante» tuvo como objetivo registrar el sector conocido como «El Rubí» desde el punto de partida conocido como « Caño Gringo» y, a las 11:30 a.m., se presentó un combate de encuentro con subversivos y cuando se hizo el registro, al finalizar, se encontró un campamento para 25 insurgentes donde se halló el cadáver de uno y abundante material de guerra e intendencia.

Adicionalmente, sostuvieron que, según el dictamen balístico, se le incautaron 54 cartuchos al señor Héctor Vargas, así como un fusil AK-47 que arrojó positivo para residuos de disparo, lo que permite corroborar que sí fue disparado con anterioridad; igualmente, de acuerdo con el protocolo de necropsia, el cadáver presentaba un impacto sin anillo de contusión ni residuos de pólvora, lo que desvirtuaba que el disparo se hubiera producido a corta distancia. Aunado a esto, no se pudo establecer el origen ni el autor del impacto que acabó con la vida de la víctima, para establecer si provino de un militar o un insurgente de las FARC.

• «Hecho exclusivo de un tercero», ya que el combate fue iniciado por miembros de las FARC, quienes, al percatarse del acercamiento de la tropa militar, atacaron en

establecer si provino de un militar o un insurgente de las FARC.

• «Hecho exclusivo de un tercero», ya que el combate fue iniciado por miembros de las FARC, quienes, al percatarse del acercamiento de la tropa militar, atacaron en su contra con el máximo poder de fuego.

• «Ausencia de la prueba del pago», bajo el entendido de que no existe prueba que conduzca a la certeza del pago de la sentencia; luego, es imposible determinar la ocurrencia de un detrimento patrimonial para el Estado.5

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2.5. El 20 de noviembre de 2019 9, el a quo declaró la nulidad por indebida notificación del auto admisorio de la demanda respecto de los señores Leovigildo Castillo Moreno y Fabio Nelson Toro Garzón, por considerar que «las actuaciones tendientes a notificar dicho acto estuvieron mal encausadas » y, pese a que se les designó un curador ad litem, tal irregularidad vulneró las garantías de contradicción y defensa, porque «se les cercenó la posibilidad de contratar una defensa técnica de confianza». Por tal motivo, dejó sin efectos «las actuaciones surtidas desde el auto admisorio de la demanda» vinculadas con ellos. El primero, le confirió poder a un abogado, mientras que al segundo se le designó curadora ad litem10.

2.6. La curadora ad litem del señor Fabio Nelson Toro Garzón adujo que se atenía

un abogado, mientras que al segundo se le designó curadora ad litem10.

2.6. La curadora ad litem del señor Fabio Nelson Toro Garzón adujo que se atenía a las resultas del proceso y añadió que no existían medios de convicción para concluir que este disparó y causó el daño por el que fue condenado el Ejército Nacional. A la par, puso de presente que la sustentación de su actuar se edificó sobre los motivos expuestos en las sentencias de reparación directa, lo que era equivocado, pero, en todo caso, n o existía constancia efectiva de su participación en los hechos.

2.7. El 8 de septiembre de 202011 se declaró no probada la excepción de caducidad del medio de control de repetición propuesta por la parte demandada, determinación que confirmó esta Corporación12.

2.8. El 13 de diciembre de 202113, el a quo se abstuvo de realizar audiencia inicial, fijó el lit igio14, negó las pruebas documentales solicitadas por los extremos de la controversia e incorporó las piezas procesales adjuntas por las partes15.

2.9. El 2 de mayo de 202216 se corrió traslado a las partes para que radicaran escrito de alegaciones finales y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

9 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf. pág. 189 a 194. 10 Fol. 378 - 380 archivo 006. 11 031ED_27AUTOQUECONFIRMAPD.pdf. 12 Archivo 31. 13 038ED_34TRAMITESENTANTICIP.pdf. 14 En los siguientes términos: «corresponde a esta Corporación establecer si debe declararse

11 031ED_27AUTOQUECONFIRMAPD.pdf. 12 Archivo 31. 13 038ED_34TRAMITESENTANTICIP.pdf. 14 En los siguientes términos: «corresponde a esta Corporación establecer si debe declararse patrimonialmente responsables a Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigilio Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solorzano Jiménez por la condena impuesta en cuantía de 1.016.419.653 Guevara por el Juzgado Primero Administrativo de Florencia en la decisión del 30 de agosto de 2010 que fue confirmada por este Tribunal en la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2011, por la muerte del señor Héctor Vargas Guevara». 15 Obrantes en los archivos 1, 2 y 6 a 11 del expediente digital. 16 049ED_45CORRETRASLADOALEGA.pdf.6

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2.10. La entidad demandante replicó tal cual lo dicho en el escrito inicial17.

2.11. La curadora ad litem del señor Rubén Darío Morales Narváez destacó que no se aportó prueba del pago y tampoco se probó el dolo o la culpa grave, toda vez que en «la demanda se pretendió estructurar bajo la causal de haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado»; sin embargo, no se

que en «la demanda se pretendió estructurar bajo la causal de haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad patrimonial del Estado»; sin embargo, no se demostró la existencia de una condena en tal sentido18.

2.12. Los señores Arnobis Segundo Jiménez Hernández, Marco Solórzano Jiménez y Leovigildo Castillo Moreno 19 solicitaron que se negaran las pretensiones de la demanda, habida cuenta de que no se acreditó el pago de la obligación exigida y la calidad de agentes estatales, para la época de los hechos, así como era claro que el fallo de reparación directa no los si ndicó de vulnerar el derecho internacional humanitario o los derechos humanos y menos de ser los causantes de la muerte del señor Héctor Vargas Guevara.

Por último, enfatizaron en que, aunque en los procesos disciplinarios y penales que se adelantaron por esos hechos se estableció que, en efecto, existió un combate, lo cierto era que se reconoció que el personal militar «actuó de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario y en ejercicio del derecho a la Legítima Defensa, motivo por el cual en el sub-lite no se configura dolo y/o culpa».

3. Sentencia de primera instancia

En sentencia del 10 de mayo de 2023, la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda20.

De entrada, adujo que se encontraban probados los requisitos objetivos del medio de control de repetición porque (i) como consecuencia de una condena judicial, se ordenó al Ejército Nacional indemnizar los perjuicios derivados de la muerte del

De entrada, adujo que se encontraban probados los requisitos objetivos del medio de control de repetición porque (i) como consecuencia de una condena judicial, se ordenó al Ejército Nacional indemnizar los perjuicios derivados de la muerte del señor Héctor Vargas Guevara; (ii) la entidad pagó a los afectados la suma de $1.016’419.651; y (iii) los señores Rubén Darío Narváez, Arnobis Segundo Jiménez Hernández, Leovigildo Castillo Moreno, Marco Antonio Solorzano Jiménez y Nelson

17 Archivo 47 18 Archivo 46. 19 052ED_48ALEGATOSDEMANDADO.pdf. 20 056ED_52SENTENCIAPRIMERAP.pdf.7

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Fabio Toro Garzón se desempeñaron, en su orden, como suboficiales y soldados profesionales de la entidad actora, para la época de los hechos.

En relación con el elemento subjetivo, advirtió que en la demanda se aludió a las presunciones de dolo y culpa grave establecidas en la Ley 678 de 2001, pero no se demostró el hecho base para aplicar alguna de las causales alegadas.

Lo anterior, por cuanto, pese a que se endilgó a los demandados un actuar doloso, en razón de que fueron sancionados penal o disciplinariamente por los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial

Lo anterior, por cuanto, pese a que se endilgó a los demandados un actuar doloso, en razón de que fueron sancionados penal o disciplinariamente por los mismos hechos que sirvieron de fundamento para declarar la responsabilidad patrimonial del Estado, esa s ituación no se presentó en este caso, porque el 29 de agosto de 2016, la Procuraduría Disciplinaria Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos los absolvió de los cargos imputados.

Ahora, en cuanto a la culpa grave por la causal relativa a la violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, advirtió que la entidad estatal no acreditó los hechos en los que se fundamentó, esto es, que los uniformados: (i) no tomaron las medidas necesarias en la realización del operativo; (ii) fueron los causantes de la muerte del señor Héctor Vargas Guevara, al hacer uso de sus armas de dotación oficial, violando todos los reglamentos; y (iii) efectuaron un montaje encaminado a justificar la baja del occiso como propia del combate y hacerlo pasar por subversivo.

Para fundamentar su decisión, en resumen, valoró las declaraciones que entregó el hijo de la víctima directa ante distintas autoridades y el testimonio de la esposa de aquel, para lo cual coligió que lo dicho era contradictorio sobre la forma en la que murió el señor Vargas Guevara y demostraba que no hubo violencia en la requisa que hicieron a su vivienda. También destacó que las declaraciones de dos militares daban cuenta de que los uniformados se hallaban en un operativo para neutralizar a las FARC y, en desarrollo de este, el grupo al margen de la ley inició el ataque

que hicieron a su vivienda. También destacó que las declaraciones de dos militares daban cuenta de que los uniformados se hallaban en un operativo para neutralizar a las FARC y, en desarrollo de este, el grupo al margen de la ley inició el ataque armado, lo que, a su vez, encontraba apoyo en el informe del 28 de octubre de 2004.

A continuación, resaltó que las versiones libres de ocho soldados concordaban en que el cuerpo del señor Vargas Guevara fue encontrado en el campamento del grupo guerrillero, las cuales ratificó el mayor a cargo, sin que pudiera advertirse que ellos atentaron contra su vida.8

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De otra parte, determinó que no existían elementos de juicio para sostener que los enjuiciados hicieron pasar al occiso como subversivo; asunto distinto era que él no portaba documentos y, por ende, fue identificado solo hasta que su hijo lo reconoció.

Concluyó que, pese a que en el fallo condenatorio de reparación directa se indicó que las declaraciones rendidas por los demandados eran contradictorias, ello no era suficiente para superar la culpa grave, puesto que nada se dijo sobre el particular.

4. Recurso de apelación

La entidad actora apeló la anterior decisión y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia21.

Al respecto, se advierte que la recurrente radicó el mismo escrito de alegatos de

4. Recurso de apelación

La entidad actora apeló la anterior decisión y solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia21.

Al respecto, se advierte que la recurrente radicó el mismo escrito de alegatos de conclusión de primera instancia -sin agregar aspectos nuevos -, el cual, a su vez, corresponde al escrito inicial y contiene la reproducción de los hechos frente al cumplimiento de los requisitos objetivos del medio de control incoado y se citan los artículos 90 y 209 del Constitución Política, 142 del CPACA, 5.4 y 6.1 de la Ley 678 de 2001.

Acto seguido, se transcribieron las razones que tuvo en cuenta el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial para promover la presente demanda, que corresponden a los argumentos que se consignaron en el escrito inicial sobre la culpa grave de los accionados.

5. Trámite en segunda instancia

5.1. El 29 de febrero de 202422, esta Corporación admitió el recurso de apelación y, como no se decretaron pruebas, el asunto ingresó para dictar sentencia.

5.2. El Ministerio Público23 solicitó mantener la providencia recurrida, toda vez que «la parte actora no acreditó los supuestos en los que fundamentó su presunción de violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho».

21 058ED_54APELACIONEJERCITO.pdf. 22 ÍNDICE 0004 SAMAI. 23 069Memorial_CHM_Concepto 039-2024.pdf9

Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00129-02 (70653)

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23 069Memorial_CHM_Concepto 039-2024.pdf9

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

La Ley 1437 de 2011, en sus artículos 149, 152 y 155, (i) reguló de manera expresa la competencia funcional del medio de control de repetición; (ii) derogó el criterio de conexidad que preveía el artículo 7 de la Ley 678 de 2001; y (iii) reiteró el factor subjetivo, es decir, el que atiende a la calidad del demandado -en relación con los procesos de única instancia ante el Consejo de Estadoe introdujo el factor objetivo debido a la cuantía para los asuntos de doble instancia. Así, la competencia de este proceso se efectuará con base en la Ley 1437 de 2011, pues se inició en su vigencia.

El artículo 150 ibidem, modificado por el artículo 615 de la Ley 1564 de 2012, establece que el Consejo de Estado es competente para conocer, en segunda instancia, entre otros, « de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos».

A su vez, el numeral 11 del artículo 152 de la Ley 1437 de 2011 dispone que los tribunales administrativos conocerán, en primera instancia, de las demandas de «repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales,

tribunales administrativos conocerán, en primera instancia, de las demandas de «repetición que el Estado ejerza contra los servidores o ex servidores públicos y personas privadas que cumplan funciones públicas, incluidos los agentes judiciales, cuando la cuantía exceda de 500 SMLMV y cuya competencia no estuviere asignada al Consejo de Estado en única instancia».

En este caso, la pretensión del medio de control de repetición superó la cuantía señalada en la mencionada norma 24, de manera que la Sala es competente para examinar el recurso de apelación interpuesto contra el fallo de primera instancia.

2. Oportunidad

La condena objeto del sub lite se profirió en un proceso tramitado bajo el Decreto 01 de 1984, de ahí que el Ejército Nacional debía cumplirla en los términos de los artículos 176 y 177 de ese cuerpo normativo, según lo ordenado en la parte

24 La pretensión ascendió a la suma de $1.016’419.651, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda -2016-, esto es, $344’727.500.10

Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00129-02 (70653)

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resolutiva de la sentencia del 10 de noviembre de 2011, expedida por el Tribunal Administrativo del Caquetá.

De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo

Administrativo del Caquetá.

De este modo, la entidad tenía 18 meses para efectuar el pago correspondiente, contados a partir del día siguiente de la ejecutoria de la providencia mencionada, lo cual ocurrió el 2 de diciembre de 201125, por ende, el plazo para cumplir la obligación se extendió hasta el 3 de junio de 2013.

Ahora bien, para efectos de contar la caducidad, cabe decir que a la controversia le resultan aplicables las normas contenidas en la Ley 1437 de 2011, toda vez que el plazo para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr con posterioridad al 2 de julio de 2012, norma que prevé:

Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser presentada:

(…).

2. En los siguientes, so pena de que opere la caducidad:

l) Cuando se pretenda repetir para recuperar lo pagado como consecuencia de una condena, conciliación u otra forma de terminación de un conflicto, el término será de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la fecha del pago, o, a más tardar desde el vencimiento del plazo con que cuenta la administración para el pago de condenas de conformidad con lo previsto en este Código.

De lo expuesto, se colige que lo que resulta determinante para contar el término de caducidad es la fecha efectiva del pago de la condena o el vencimiento del plazo dispuesto para tal fin -18 meses, como ya se vio-, lo que ocurra primero26.

En el caso examinado, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 13 de junio de 2012, según la certificación que obra a folio 58 del c.127, esto es, dentro

En el caso examinado, el pago de la condena por la que se repite se realizó el 13 de junio de 2012, según la certificación que obra a folio 58 del c.127, esto es, dentro del plazo de 18 meses referido, razón por la cual, en este caso, el término para acudir ante esta jurisdicción empezó a correr el 14 de junio de 2012 y se extendió hasta el 14 de junio de 201428 y como la demanda se presentó el 13 de ese mismo mes y año, se advierte oportuna.

25 La sentencia fue notificada a través de edicto desfijado el 28 de noviembre de 2011, por manera que, de conformidad con lo previsto en el artículo 331 del CPC, quedó ejecutoriada el 2 de diciembre de esa anualidad. 26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto de 5 de abril de 2017, expediente 58.762, M.P. Hernán Andrade Rincón. 27 005ED_01CUADERNOPRINCIPAL1.pdf.Pág. 67. 28 Se extiende la caducidad hasta el día 16 de junio, debido a que 14 de junio fue un día no hábil.11

Radicación número: 18001-23-33-000-2015-00129-02 (70653)

Actor: NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL

Demandado: RUBÉN DARÍO MORALES NARVÁEZ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

3. Legitimación

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional está legitimado en la causa

Demandado: RUBÉN DARÍO MORALES NARVÁEZ Y OTROS

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE REPETICIÓN

3. Legitimación

La Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional está legitimado en la causa por activa, en los términos del artículo 8 de la Ley 678 de 2001, por ser la persona jurídica de derecho público 29 directamente perjudicada con el pago de la condena impuesta por el Tribunal Administrativo del Caquetá, en sede de reparación directa.

De otra parte, la Sala advierte que los señores Rubén Darío Morales Narváez, Fabio Nelson Toro Garzón, Leovigildo Castillo Moreno, Arnobis Jiménez Hernández y Marco Solórzano Jiménez se encuentran legitimados en la causa por pasiva, toda vez que en la dema nda se le imputó el daño objeto de la controversia, por cuanto se dijo que con su actuar dolo y gravemente culposo dieron lugar al pago por el que se repite; no obstante, en vista de que está por determinarse el sentido de la sentencia, el referido aspecto se debe estudiar al analizar de fondo el asunto.

2. Alcance del recurso de apelación

La Sala reitera 30 que el recurso de apelación, mecanismo de control de las decisiones judiciales, no se dirige, sin límite alguno, a reprochar cualquier tipo de actuación e inconformidad generada en el curso del proceso, como tampoco puede estar orientado a repetir lo dich o en la demanda o en el trámite acontecido en primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.

primera instancia, sino que busca garantizar el principio de la doble instancia que, como regla general, está disponible para controvertir las decisiones judiciales que se reputan contrarias al ordenamiento jurídico.

En ese sentido, resulta imprescindible que el impugnante determine mediante los cargos planteados cuáles asuntos deben ser resueltos ante el superior jer