CE - Sentencia 19001233300020250014001 de 2026
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 19001233300020250014001 de 2026
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- 2026
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia www.consejodeestado.gov.co 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD ELECTORAL Radicación: 19001-23-33-000-2025-00140-01
Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inz á
(Cauca), para el resto del periodo 2024-2027
Temas:
Inhabilidad del artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994 1. Ejercicio de autoridad administrativa desde una entidad del orden nacional y elemento territorial de la inhabilidadincidencia en el municipio-. Inaplicabilidad de la sentencia SU-207 de 202 2 al caso concreto – inexigibilidad de la ventaja electoral efectiva - Requisitos de la uni ficación jurisprudencial - falta de carga argumentativa - Principio pro electoratem - Legitimación en la causa por pasiva de las autoridades electorales.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sección es competente para resolver la apelación del demandante contra la sentencia del 23 de abril de 2026 2 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 503 y 152.7 literal a)4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
sentencia del 23 de abril de 2026 2 proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 503 y 152.7 literal a)4 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), en concordancia con el artículo 135 del Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de la Corporación.
1 Modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000 2 Índice 67 Samai del tribunal. 3 «ARTÍCULO 150. COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO EN SEGUNDA INSTANCIA Y CAMBIO DE RADICACIÓN . El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. […]». 4 «ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. […] 7. De los siguientes asuntos relativos a la nulidad electoral: a) De la nulidad del acto de elección o llamamiento a ocupar la curul, según el caso, de los diputados de las asambleas departamentales, de los concejales del Distrito Capital de Bogotá, de los alcaldes municipales y distritales […]». 5 Modificado por el artículo 1.° del Acuerdo 434 del 10 de diciembre de 2024 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
Plena del Consejo de Estado.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00140-01
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I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. El señor Jeisson Adrián Aponte Am ézquita solicitó la nulidad del acto de elección de Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde del municipio de Inzá
(Cauca) para el resto del período 2024-20276, al considerar configurada la causal de inhabilidad prevista en el numeral 4.° del artículo 37 de la Ley 617 de 2000, relacionada con el parentesco con funcionarios que hayan ejercido autoridad administrativa.
2. En concreto, sostuvo que el demandado no debió ser inscrito como candidato, ni elegido o designado alcalde, toda vez que mantiene un vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad con una funcionaria que, dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección, habría ejercido autoridad política y administrativa en el respectivo municipio.
3. Según la parte demandante, dicha circunstancia se configuró porque la señora Astrid Natalia Trujillo Campo, quien es hermana del demandado y, por tanto, su pariente en segundo grado de consanguinidad, se desempeñó desde diciembre de 2024 como directora general (Código 0015, Grado 23) de la
señora Astrid Natalia Trujillo Campo, quien es hermana del demandado y, por tanto, su pariente en segundo grado de consanguinidad, se desempeñó desde diciembre de 2024 como directora general (Código 0015, Grado 23) de la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del Río Páez y Zonas Aledañas - Nasa Kiwe (Corporación Nasa Kiwe), la cual ejerce sus actividades en los departamentos de Cauca y Huila, donde habría ejecutado y aprobado diversos proyectos y contratos, varios de los cuales se encontrarían vigentes a la fecha de presentación de la demanda.
4. Sobre el particular, advierte que, durante el año 2025, bajo la dirección de la señora Trujillo Campo, se celebraron los siguientes contratos:
a) Contrato de prestación de servicios núm. 035 del 26 de marzo de 2025, suscrito por la señora Sandra María Palechor, con un plazo de nueve meses, por valor de $40.316.666, cuyo objeto era: «El CONTRATISTA se compromete para con NASA KIWE a prestar servicios profesionales en el área de desarrollo productivo apoyando las actividades necesarias para la ejecución del proyecto de inversión implementación de acciones de intervención para la cobertura de las necesidades básicas de la población en los municipios de jurisdicción de la Corporación Nasa Kiwe, para la vigencia 2025, y la formulación de nuevas iniciativas de desarrollo productivo de conformidad con la necesidad de la entidad, documentos que forman parte integral del presente contrato».
b) Contrato de prestación de servicios núm. 043 del 26 de marzo de 2025, suscrito por el señor Óscar Andrés Ordóñez Alegría, vigente hasta
forman parte integral del presente contrato».
b) Contrato de prestación de servicios núm. 043 del 26 de marzo de 2025, suscrito por el señor Óscar Andrés Ordóñez Alegría, vigente hasta diciembre del mismo año, por valor de $47.200.000, del cual su objeto era «prestar servicios profesionales como ingeniero civil, en virtud de la
6 Índice 3 Samai del tribunal.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia www.consejodeestado.gov.co 3 prórroga del Convenio interadministrativo de Cooperación núm. 007 de 2021, suscrito, el 9 de julio de 2021, entre el Fondo Nacional de Vivienda y la Corporación Nacional para la Reconstrucción de la Cuenca del río Páez y zonas aledañas NASA WIKE (sic)».
B. Posición de la parte demandada e intervinientes
5. El demandado7, a través de apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, solicitó que fueran denegadas por los argumentos que se exponen a continuación.
6. En primer lugar, resaltó la n ecesidad de privilegiar el principio pro electoratem, en tanto, dentro del periodo constitucional «2025-2027», la elección del alcalde de Inzá ha sido sometida en dos oportunidades a control judicial, de
6. En primer lugar, resaltó la n ecesidad de privilegiar el principio pro electoratem, en tanto, dentro del periodo constitucional «2025-2027», la elección del alcalde de Inzá ha sido sometida en dos oportunidades a control judicial, de cara a la anulación del señor Gelmis Chate Rivera, como alcalde de dicho municipio y quien precedió al hoy demandado.
7. Luego, advirtió que la directora de la Corporación Nasa Kiwe no ejerció autoridad política en el municipio de Inzá, puesto que, desde un enfoque funcional, «no cuenta con competencias, relativas a la presentación de proyectos de ley, o a su sanción; al manejo de relaciones con otros poderes o Estados; ni tampoco con capacidades de direccionamiento del rumbo de la Nación».
8. Por otra parte, para desvirtuar la configuración de la inhabilidad por ejercicio de autoridad administrativa, señaló cuáles serían las funciones del cargo de la Dirección General de la Corporación Nasa Kiwe, las que estarían asociadas a «(…) poderes de mando [y] facultades decisorias », que, en su criterio, aun cuando caracterizan dicha autoridad, no habrían sido ejercidas en el municipio de Inzá, en el periodo inhabilitante, establecido por el artículo 95.4 de la Ley 136 de
1994.
9. Lo anterior, a su juicio, de conformidad con el precedente del Consejo de Estado, relativo a la elección del alcalde de Rivera, Huila, en el cual se sostuvo que, pese a que un funcionario tenga autoridad administrativa, la inhabilidad exige que exista una p robabilidad real de ejercerla en el territorio respectivo. Así, sostuvo que la directora general de la Corporación Nasa Kiwe «no ejerció su
que, pese a que un funcionario tenga autoridad administrativa, la inhabilidad exige que exista una p robabilidad real de ejercerla en el territorio respectivo. Así, sostuvo que la directora general de la Corporación Nasa Kiwe «no ejerció su competencia de ordenación del gasto y celebración de contratos, -ni tuvo una incidencia directa con ellaen Inzá», pues sus sedes se ubican en Bogotá D.C., Popayán (principal), el municipio de La Plata, Huila y en Páez , Cauca (como oficina de enlace).
10. En ese sentido, refirió que en el presente caso debe aplicarse la regla del fallo del 26 de junio de 20258, en el que se resolvió la demanda contra la elección del alcalde de Rivera, Huila (periodo constitucional 2024 -2027), que prescribe que, «cuando una entidad del orden nacional cumple sus servicios en el nivel
7 Índice 12 Samai del tribunal. 8 El actor aludió al radicado 41001-23-33-000-2023-00426-01Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia www.consejodeestado.gov.co 4 regional, las competencias de ordenación del gasto y celebración de contratos que se ejecutan desde ella, deben tenerse por cumplidas, principalmente, en los lugares en los que se ubican sus sedes».
www.consejodeestado.gov.co 4 regional, las competencias de ordenación del gasto y celebración de contratos que se ejecutan desde ella, deben tenerse por cumplidas, principalmente, en los lugares en los que se ubican sus sedes».
11. Asimismo, consideró que, desde un enfoque práctico y presupuestal, resultaba poco probable que durante el periodo inhabilitante se hubieran comprometido recursos o celebrado contratos con incidencia en Inzá, pues, en efecto, el presupuesto de la entidad, c orrespondiente a la vigencia 2025, fue aprobado el 19 de febrero de ese año . Por ende, estimó que existió un lapso reducido para adelantar las actuaciones necesarias relativas a la estructuración, trámite y ejecución de proyectos contractuales en un municipio en el que, además, la entidad carece de presencia directa.
12. Ahora, frente a los contratos de prestación de servicios 035 y 043 de 2025, advirtió que, si bien, en sus expedientes administrativos se alude a Inzá, lo cierto es que dicha referencia no significa que el lugar de ejecución sea dicho municipio, en tanto, según su criterio, v arias pruebas aporta das con esta contestación9 permiten refutar el planteamiento del accionante.
13. En esa misma línea, el demandado señaló que los informes presentados por los contratistas, correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2025, no demuestran que los contratos a los que se alude se hayan cumplido materialmente en Inzá, pues las menciones que hace la contratista Sandra María Palechor Caicedo, a dicho municipio , no pueden traducirse en una incidencia directa en aquel, por corresponder, principalmente, a actividades efectuadas en el marco de revisiones documentales.
materialmente en Inzá, pues las menciones que hace la contratista Sandra María Palechor Caicedo, a dicho municipio , no pueden traducirse en una incidencia directa en aquel, por corresponder, principalmente, a actividades efectuadas en el marco de revisiones documentales.
14. Por su parte, en relación con la visita técnica reportada por el señor Óscar Andrés Ordóñez Alegría , a partir de la cual el actor predica una expresión de ejecución material del contrato 043 del 4 de abril de 2025 , en Inzá, sostuvo que tales « acciones sustanciales de intervención » obedecieron a « actividades de revisión de registros internos y reuniones entre dependencias de la Corporación, que no implicaron incidencia material en el Municipio de Inzá, durante el periodo inhabilitante».
15. Lo anterior, sumado a la aclaración requerida a los contratistas, desde las cuales, en su criterio, se estableció que el contrato 035 de 2025 se circunscribió a la ejecución en los municipios de Páez y La Plata y que las referencias a Inzá correspondieron a i) revisiones documentales de vigencias pasadas (2020-2024); ii) asuntos ajenos atendidos por el SENA o iii) yerros de digitación, sin despliegue material alguno en ese municipio del Cauca.
9 Entre otros, certificados en lo que se señala i) que los contratos no tuvieron como lugar de ejecución el municipio de Inzá, sino la ciudad de Popayán; ii) que las actividades relacionadas con el fortalecimiento de prácticas agroindustriales no se desarrollaron en jurisdicción de Inzá y iii) que la directora general no ha celebrado contratos de mejoramiento o construcción de vivienda en
el fortalecimiento de prácticas agroindustriales no se desarrollaron en jurisdicción de Inzá y iii) que la directora general no ha celebrado contratos de mejoramiento o construcción de vivienda en dicho municipio en el marco del convenio interadministrativo No. 007 de 2021.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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16. A su vez, frente al contrato 043 de 2025, sostuvo que, en su aclaración, el contratista señaló que «su presencia en Inzá, se efectuó en el marco de una visita técnica organizada por la interventoría del contrato de obra 134 de 2024, como líder del seguimie nto; y no, como consecuencia, del cumplimiento de las obligaciones del contrato 043 de 2025».
17. Por ende, el demandado refirió que no es cierto que el ingeniero Óscar Andrés Ordóñez Alegría haya sido contratado para efectuar el seguimiento técnico del contrato de obra 134 de 2024, ya que esa obligación contractual pertenece a la interventoría de Sandra Tenorio. En consecuencia, advirtió que «la participación del contratista Ordóñez Alegría se produjo bajo su liberalidad; y no sobre la base de las obligaciones contractuales del contrato 043 de 2025, que no lo habilitaban a hacer visitas técnicas en Inzá, en relación con un contrato de obra
participación del contratista Ordóñez Alegría se produjo bajo su liberalidad; y no sobre la base de las obligaciones contractuales del contrato 043 de 2025, que no lo habilitaban a hacer visitas técnicas en Inzá, en relación con un contrato de obra para el que existía –y existe– una interventoría independiente».
18. Además, advirtió que el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 «prohíbe, por regla general, la concurrencia entre interventoría y supervisión de la entidad respecto de un mismo contrato de obra».
19. Por último, sostuvo que, aun cuando se admitiera que el contrato de prestación de servicios 043 de 2025 se suscribió para ejercer la supervisión del contrato de obra 134 de 2024 en Inzá, lo cierto es que, a su juicio, tampoco puede ser tenido en cuenta como ejercicio de autoridad administrativa, pues ello contraría la jurisprudencia del Consejo de Estado , en particular, la sentencia del 8 de agosto de 2024, al interior del radicado 54001-23-33-000-2023-00261-01.
20. La RNEC10, a través de apoderado judicial, advirtió que la entidad ejerció sus funciones de conformidad con los artículos 30, 31, 32 y 33 de la Ley 1475 de 2011, en relación con la verificación de los requisitos formales de inscripción de los candidatos, dentro de la cual no se observó irregularidad alguna frente a la inscripción de la candidatura del demandado.
21. A su vez, solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se proceda con su desvinculación.
inscripción de la candidatura del demandado.
21. A su vez, solicitó que se declare probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y, en consecuencia, se proceda con su desvinculación.
22. El CNE11, mediante apoderado judicial, pidió que se declarara su falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto señaló que no existe relación sustancial con el acto electoral demandado, pues no participó en su creación ni fue llamado a pronunciarse sobre la inscripción del candidato. Por tanto, consideró que no puede atribuírsele obligación alguna de responder frente a las pretensiones, al ser inexistente el vínculo jurídico que fundamentaría su responsabilidad en el proceso.
10 Índice 11 Samai del tribunal. 11 Índice 9 Samai del tribunal.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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23. Asimismo, señaló que «el actor no solicitó la revocatoria de la inscripción de la candidatura cuestionada», razón por la que no tuvo oportunidad de conocer ni de intervenir en el asunto, lo que impide atribuirle participación directa o indirecta en la formación del acto electoral controvertido.
C. Sentencia recurrida12
24. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 23 de abril de
indirecta en la formación del acto electoral controvertido.
C. Sentencia recurrida12
24. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del 23 de abril de 202613, resolvió negar las pretensiones de la demanda, con fundamento en las consideraciones que se exponen a continuación.
25. En primer lugar, encontró acreditados los elementos subjetivo, temporal y objetivo respecto de la configuración de la inhabilidad establecida en el artículo 95 de la Ley 136 de 1994, en tanto advirtió que se encuentra plenamente demostrado que: i) existe vínculo de consanguinidad en segundo grado, entre los señores Astrid Natalia Trujillo Campo y Delio Hernán Trujillo Campo y ii) la señora Trujillo Campo fue nombrada , mediante Decreto 1560 del 24 de diciembre de 2024, como directora general (Código 0015, Grado 23) de la Corporación Nasa Kiwe, y tomó posesión del cargo el 27 de diciembre del mismo año, esto es, dentro de los doce meses anteriores a la elección del demandado, como alcalde del municipio de Inzá, ocurrida el 6 de julio de 2025.
26. A su vez, en relación con el elemento objetivo, relativo al ejercicio de autoridad administrativa, señal ó que el manual de funciones de la directora general de la Corporación Nasa Kiwe permitía inferir «que dicho cargo comporta, en principio, potestades de dirección, representación legal, ordenación del gasto, celebración de contratos, administración de personal y control disciplinario, lo cual encuadra dentro de los criterios orgánico y funcional desarro llados por la jurisprudencia».
27. No obstante, sostuvo que, de acuerdo con la postura del Consejo de
encuadra dentro de los criterios orgánico y funcional desarro llados por la jurisprudencia».
27. No obstante, sostuvo que, de acuerdo con la postura del Consejo de Estado, -sin citar alguna sentencia en particular - el análisis frente a dichas funciones «no puede agotarse en una aproximación meramente formal u orgánica, sino que exige verificar el ejercicio real, concreto y material de dicha autoridad, con efectos verificables en la circunscripción territorial relevante ». En tanto, la acreditación del elemento espacial exige que la autoridad haya sido
12 Mediante auto de 8 de agosto de 2025, el tribunal admitió la demanda y negó la medida cautelar solicitada. A su vez, el 20 de octubre de 2025, se llevó a cabo audiencia inicial, en la que se señaló que las excepciones se resolverían en la sentencia; se decretaron, oficiaron y negaron pruebas y se fijó el litigio en los siguientes términos: Esta Corporación debe determinar si el acto electoral demandado E-26 de 6 de julio de 2005, en el cual se declaró como Alcalde del municipio de Inza – Cauca al señor DELIO HERNAN TRUJILLO CAMPO para el periodo 2025 -2027, con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social “MAIS”, está viciado de nulidad en razón de encontrarse incurso en la causal de nulidad electoral establecida en el artículo 95 de la ley 136 de 1994, por haber incurrido en la causal de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o n o se encuentra viciado de nulidad. De igual forma, se resolverán los medios exceptivos de fondo que no se resolvieron previamente
haber incurrido en la causal de régimen de inhabilidades e incompatibilidades, o n o se encuentra viciado de nulidad. De igual forma, se resolverán los medios exceptivos de fondo que no se resolvieron previamente y formulados oportunamente en los escritos de contestación de la demanda y todos aquellos que hayan sido presentado por los demandados y vinculados». 13 Índice 67 Samai del tribunal.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
Radicado: 19001-23-33-000-2025-00140-01
Calle 12 No. 7-65. Tel: (57) 601-350-6700. Bogotá, D.C., Colombia www.consejodeestado.gov.co 7 ejercida en el municipio de Inzá, a partir de la materialización efectiva de decisiones con incidencia en dicho territorio y no desde una perspectiva abstracta de competencia institucional.
28. Así, concluyó que , aun cuando en el expediente obra el certificado del secretario general de la Corporación Nasa Kiwe, «en el que se indica que la entidad puede desarrollar su misionalidad en municipios como Inzá, así como la referencia contenida en los estudios previos del convenio interadministrativo No. 007 de 2021, en los que se incluye dicho municipio como potencial ám bito de ejecución, tales elementos no resultan suficientes, por sí solos, para acreditar el ejercicio material de autoridad en esa jurisdicción».
29. Lo anterior, pues consideró que la inclusión de Inzá, como posible lugar de ejecución de proyectos o zona de influencia de la entidad, constituye una
ejercicio material de autoridad en esa jurisdicción».
29. Lo anterior, pues consideró que la inclusión de Inzá, como posible lugar de ejecución de proyectos o zona de influencia de la entidad, constituye una habilitación competencial que no acredita el ejercicio efectivo de autoridad administrativa por parte de l a directora general en aquel municipio durante el periodo inhabilitante. En dicho sentido, refirió que, aunque en los contratos 035 y 043, y en sus informes de ejecución, se mencionan actividades relacionadas con ese territorio, lo cierto es no evidenció que aquellas se hubieran materializado mediante decisiones adoptadas directamente por la funcionaria con efectos concretos en esa jurisdicción.
30. Por el contrario, sostuvo que los certificados expedidos por el asesor de proyectos productivos de la Corporación Nasa Kiwe señalan que tales contratos tuvieron como lugar de ejecución la ciudad de Popayán, conforme con los registros de SECOP II, y que las actividades de fortalecimiento de prácticas agroindustriales no se desarrollaron en Inzá, ni que la directora general hubi ese celebrado contratos de mejoramiento o construcción de vivienda con este municipio.
31. En consecuencia , concluye que , «conforme al criterio jurisprudencial vigente, no resulta admisible inferir el ejercicio de autoridad administrativa a partir de referencias genéricas, potenciales o indirectas, sino que se requiere la demostración de actuaciones concretas, verificables y c on incidencia real en la circunscripción electoral».
D. Recurso de apelación
32. Inconforme con lo expuesto, el demanda nte presentó recurso de apelación14 en el que solicitó la revocatoria del fallo y, en su lugar, la nulidad del
circunscripción electoral».
D. Recurso de apelación
32. Inconforme con lo expuesto, el demanda nte presentó recurso de apelación14 en el que solicitó la revocatoria del fallo y, en su lugar, la nulidad del acto demandado, con fundamento, únicamente, en la configuración del elemento territorial, conforme el siguiente orden de temas:
14 Índice 173 Samai del tribunal.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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1. Violación directa de la ley por indebida interpretación del elemento territorial de la inhabilidad
33. Sobre el particular, señaló que la sentencia recurrida interpretó de manera inadecuada el elemento territorial, previsto en el numeral 4 del artículo 95 de la Ley 136 de 1994, al considerar que su acreditación exige demostrar la expedición formal de actos administrativos o la ejecución material de actuaciones dentro del municipio de Inzá. Además, refirió, sin enunciar pronunciamiento alguno, que tal entendimiento se aparta del criterio jurisprudencial del Consejo de Estado, según el cual, el ejercicio de autoridad administrativa debe examinarse desde una perspectiva material, funcional y finalística, en consideración a la incidencia efectiva que las actuaciones del servidor público puedan tener en la re spectiva circunscripción electoral.
el cual, el ejercicio de autoridad administrativa debe examinarse desde una perspectiva material, funcional y finalística, en consideración a la incidencia efectiva que las actuaciones del servidor público puedan tener en la re spectiva circunscripción electoral.
34. Por ende, sostuvo que el análisis no puede limitarse a establecer la sede de la entidad o el lugar en el que formalmente se expidieron determinadas decisiones, pues lo relevante es determinar si, en ejercicio de sus funciones, el servidor tuvo una capacida d real de intervención en el territorio, mediante actuaciones de dirección, asignación de recursos, focalización de beneficiarios o ejecución de programas con efectos verificables en la comunidad.
2. Error de hecho por indebida apreciación integral del acervo probatorio
35. Al respecto, el recurrente sostuvo que el tribunal, al otorgar prevalencia a las certificaciones relacionadas con la sede administrativa de «ejecución contractual», fragmentó, minimizó y descontextualizó elementos de convicción que acreditan de manera objetiva la materialización de actuaciones administrativas en el municipio de Inzá. Desde esta perspectiva, afirmó que la primera instancia ignoró «que el ejercicio de autoridad administrativa no se agota en el lugar formal de suscripción o administración documental de los contratos».
36. Asimismo, insistió en que el expediente evidencia múltiples actuaciones que no constituyen hechos aislados o accesorios, sino manifestaciones materiales del ejercicio de competencias administrativas con proyección directa sobre la circunscripción electoral. En dicho sentido enunció las siguientes: • focalización de beneficiarios en el municipio; • ejecución de actividades de intervención comunitaria; • visitas técnicas y actividades de campo; • georreferenciación de proyectos; • articulación institucional con actores locales;
- focalización de beneficiarios en el municipio; • ejecución de actividades de intervención comunitaria; • visitas técnicas y actividades de campo; • georreferenciación de proyectos; • articulación institucional con actores locales; • desarrollo de convocatorias dirigidas a población residente en Inzá; • implementación territorial de programas y proyectos.Demandante: Jeisson Adrián Aponte Amézquita Demandado: Delio Hernán Trujillo Campo como alcalde de Inzá (Cauca), para el periodo 2025-2027
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3. Desconocimiento del criterio funcional del ejercicio de autoridad administrativa
37. Sobre este aspecto, refirió , sin señalar algún pronunciamiento sobre el particular, que «la jurisprudencia ha sido consistente en señalar que la autoridad administrativa no se circunscribe a la expedición de actos coercitivos o sancionatorios, sino que comprende todas aquellas funciones que implican dirección, coordinación, toma de decisiones y ejecución de políticas públicas con capacidad de incidir en la comunidad».
38. Así, considera que se encuentra acreditado que la directora general de la Corporación Nasa Kiwe ostenta competencias con un claro contenido decisorio, las cuales, por su naturaleza, constituyen el ejercicio de autoridad administrativa en sentido funcional.
4. Violación del principio de eficacia del régimen de inhabilidades
39. En ese escenario, sostuvo que «la tesis acogida en la sentencia apelada
las cuales, por su naturaleza, constituyen el ejercicio de autoridad administrativa en sentido funcional.
4. Violación del principio de eficacia del régimen de inhabilidades
39. En ese escenario, sostuvo que «la tesis acogida en la sentencia apelada conduce a una aplicación ineficaz de la norma, en la medida en que exige condiciones probatorias que, en la práctica, hacen imposible acreditar la inhabilidad cuando esta se manifiesta a través de mecanismos indirec tos o funcionales de intervención administrativa».
5. Aplicación indebida del principio pro electoratem
40. Frente a este reparo, concluyó que la aplicación de dicho principio no solo resulta improcedente, sino que
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