CE - Sentencia 20001233300020250026301 de 2025

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Once (11) de julio de dos mil veinticinco (2025).

Radicado: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: JAMILTON CÉSAR BLANCO TETE

Accionado: DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DEL CESAR Y

OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: Acción de tutela – Improcedencia por incumplimiento del requisito de subsidiariedad – Existencia de mecanismos judiciales ordinarios – La solicitud del accionante debe ser presentada ante el juez de control de garantías, autoridad competente dentro del proceso penal, quien además puede conceder recursos de reposición y apelación.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve el recurso de impugnación promovido por Jamilton César Blanco Tete contra la Sentencia del 5 de junio de 2025, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la acción de tutela, por falta de legitimación en la causa por activa, de conformidad con lo consagrado en el artículo 86 de la Constitución política, el artículo 32 del decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo 080 de 2019.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. Jamilton César Blanco Tete presentó denuncia ante la Fiscalía de Valledupar por la presunta comisión del delito de hurto del vehículo Mazda 323 HB, identificado

080 de 2019.

ANTECEDENTES

Hechos relevantes

1. Jamilton César Blanco Tete presentó denuncia ante la Fiscalía de Valledupar por la presunta comisión del delito de hurto del vehículo Mazda 323 HB, identificado con placa ITO 036. Con base en dicha noticia criminal, la Fiscalía 20 Local de Valledupar -Fiscalía 20inició una investigación previa, registrada bajo la noticia criminal No. 20001600123120251064800.

2. En el marco de la investigación penal, la Fiscalía 20 aprehendió el vehículo Mazda 323 HB. En consecuencia, la señora María Isabel Rada Rodríguez presentó solicitud ante dicha autoridad para que se le entregará el automotor, ya que, alegó ser su legítima propietaria.

3. Mediante decisión proferida el 31 de marzo de 2025, el ente investigador ordenó la devolución del vehículo a favor de María Isabel Rada Rodríguez. No obstante, posteriormente, la Fiscalía 20 revocó dicha orden, tras recibir la misma solicitud por parte de Jesús Adrián Contreras, quien también se presentó como propietario del automotor y allegó el contrato de compraventa para sustentar suRadicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

2

pretensión. Ante la existencia de dos personas que se atribuían la titularidad de este bien, surgió una controversia jurídica sobre su legítimo dominio, motivo por el cual la institución decidió abstenerse de realizar la audiencia de entrega del vehículo.

pretensión. Ante la existencia de dos personas que se atribuían la titularidad de este bien, surgió una controversia jurídica sobre su legítimo dominio, motivo por el cual la institución decidió abstenerse de realizar la audiencia de entrega del vehículo.

4. La Fiscalía 20 programó diligencias de entrega del vehículo para los días 30 de abril y 19 de mayo de 2025 . Sin embargo, estas actuaciones no se materializaron, debido a la disputa relacionada con la titularidad del bien.

5. Ante esta situación, María Isabel Rada Rodríguez promovió acción de tutela.

Mediante sentencia del 28 de abril de 2025, el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar declaró improcedente la solicitud de amparo, al considerar que no se cumplía con el requisito de subsidiariedad, dado que la accionante podía acudir directamente ante la Fiscalía 20 para reiterar la solicitud de entrega del ve hículo Mazda 323 HB.

6. Además, el 2 de mayo de 2025, el actor presentó un derecho de petición ante la Procuraduría Regional del César por medio del cual solicitó la apertura de una vigilancia administrativa preferente sobre la investigación penal, en partic ular respecto de la entrega del vehículo en poder de la Fiscalía 20. Sin embargo, indicó que no le han dado respuesta a su solicitud.

Fundamentos de la demanda de tutela

7. El 22 de junio de 2025, Jamilton César Blanco Tete, quién actúa a nombre propio, interpuso demanda de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalía del Cesar y la Procuraduría 177 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Valledupar. El accionante sostuvo que la presente acción de tutela resulta

propio, interpuso demanda de tutela contra la Dirección Seccional de Fiscalía del Cesar y la Procuraduría 177 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Valledupar. El accionante sostuvo que la presente acción de tutela resulta procedente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en los artículos 1, 2 y 5 del Decreto 2591 de 1991, en la medida en que se dirige contra autoridad que, mediante su omisión, habrían vulnerado los derechos fundamentales de María Isabel Rada Rodríguez y de su apoderado. En desarrollo de su argumentación, expuso los siguientes hechos como soporte de la presunta transgresión de sus derechos fundamentales:

8. (i) señaló que, aunque el Fiscal Álvaro Milián Ovalle ordenó el 31 de marzo de 2025 la entrega del vehículo Mazda 323 HB a favor de María Isabel Rada Rodríguez, posteriormente revocó dicha orden sin sustento jurídico claro y dispuso el traslado del automotor al parqueadero de la Fiscalía; (ii) indicó que las diligencias programadas para la entrega del vehículo, previstas para los días 30 de abril y 19 de mayo de 2025, no se llevaron a cabo por causa de la inasistencia injustificada del Fiscal a cargo, lo que, a su juicio, configuró una omisión que generó un perjuicio irremediable para la víctima; y (iii) manifestó que la Procuraduría 177 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Valledupar incurrió en omisión al no asumir ni dar respuesta a la solicitud de vigilancia administrativa preferente elevada mediante derecho de petición, lo que vulnera así esta garantía.

el Ministerio Público en Asuntos Penales de Valledupar incurrió en omisión al no asumir ni dar respuesta a la solicitud de vigilancia administrativa preferente elevada mediante derecho de petición, lo que vulnera así esta garantía.

9. Adicionalmente, afirmó que no existe otro medio judicial eficaz e inmediato para la protección de sus derechos, de ahí que la acció n resulta procedente como mecanismo subsidiario.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

3

10. Finalmente, la Sala advierte que Jamilton César Blanco Tete citó jurisprudencia de la Corte Constitucional sin argumentar de qué manera resultarían aplicables al caso concreto.

Pretensiones

11. Conforme a lo dispuesto en el escrito de tutela, el actor formuló las siguientes pretensiones (se transcribe con posibles errores):

“Que se tutelen los derechos fundamentales invocados, y se declare su vulneración por parte de las autoridades accionadas. 1) Que se ordene a la Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar la inmediata designación de un fiscal destacado para garantizar la realización efectiva de la audiencia de entrega de elementos. 2) Que se ordene a la Procuraduría Judicial II Penal emitir respuesta de fondo e inmediata al derecho de petición radicado bajo el número E-2025-212507. En la que se solicita la vigilancia administrativa. 3) Que se oficie al Juzgado 12 Penal Municipal de Valledupar para que reprograme la diligencia en mención, una vez cumplidas las

bajo el número E-2025-212507. En la que se solicita la vigilancia administrativa. 3) Que se oficie al Juzgado 12 Penal Municipal de Valledupar para que reprograme la diligencia en mención, una vez cumplidas las órdenes anteriores. 4) Que se vincule a esta acción constitucional al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE VALLEDUPAR a fin de que rinda informe escrito, detallado, motivado y sustentado jurídicamente acerca de los fundamentos fácticos y j urídicos que lo llevaron a declarar improcedente la acción de tutela radicada bajo el número 20001-3109-006-202500068-00, promovida por la señora MARÍA ISABEL RADA RODRÍGUEZ contra la Fiscalía 20 Local de Valledupar.

1. SOLICITAR QUE INFORME EL JUZGADO PR IMERO ADMINISTRATIVO lo siguiente: a) ¿Cuál fue el análisis fáctico y probatorio realizado por ese despacho para concluir que no existía un perjuicio irremediable, pese a la inasistencia reiterada del fiscal a dos audiencias judiciales de entrega de un bien mueble de propiedad de la accionante? ¿Cuál fue la justificación de ese despacho la supuesta existencia de otro medio judicial eficaz e idóneo, cuando está probado que el fiscal ÁLVARO MILIAN OVALLE IGNORÓ una orden propia de su despacho del 31 de marzo de 2025, obstaculizó dos diligencias judiciales y trasladó el vehículo al parqueadero de la Fiscalía, con lo cual prolongó de forma indefinida la afectación al derecho fundamental a la propiedad y al debido proceso?

Que informe: ¿Qué valoración hace ese juzgado del oficio

diligencias judiciales y trasladó el vehículo al parqueadero de la Fiscalía, con lo cual prolongó de forma indefinida la afectación al derecho fundamental a la propiedad y al debido proceso?

Que informe: ¿Qué valoración hace ese juzgado del oficio fechado el 28 de abril de 2025 firmado por el fiscal, en el cual se comprometía a asistir a la audiencia del 30 de abril, y luego incumplió deliberadamente dicha comparecencia?

Que informe al tribunal de tutela ¿Qué consideró ese juzgado si su decisión responde al principio de razonabilidad y proporcionalidad, al declarar improcedente la acción sin siquiera requerir a la Fiscalía el cumplimiento de su propia decisión previa?Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

4

Que informe ¿Si ese despacho valoró los antecedentes procesales relacionados con la entrega del vehícul o, las peticiones presentadas por la accionante, la información sobre terceros no legitimados para reclamarlo y el grave riesgo de pérdida o deterioro del bien por la dilación administrativa injustificada?”1.

Trámite en primera instancia

12. Mediante Auto del 22 de mayo de 20252, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la presente acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar a las partes del proceso, así como vincular al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y reconocer a Jamilton César Blanco Tete como parte actora del presente proceso.

Intervenciones

del proceso, así como vincular al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar y reconocer a Jamilton César Blanco Tete como parte actora del presente proceso.

Intervenciones

13. La Fiscalía 20 delegada ante los Jueces Penales Municipales de Valledupar3 solicitó no amparar los derechos fundamentales invocados por la parte actora. Señaló que, si bien en su momento ordenó la entrega del vehículo Mazda 323 HB a María Isabel Rada Rodríguez, se abstuvo de realizar dicha entrega tras recibir nueva información relevante para la investigación. En particular, explicó que el Subintendente John Alejandro Núñez Alcendra, adscrito a la Subestación de Policía del corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz -Cesar, le comunicó que un ciudadano de sexo masculino se había presentado en esa unidad policial para formular una petición relacionada con el vehículo Mazda 323 HB, identificado con la placa ITO 036. A su vez, un ciudadano distinto a María Isabel Rada Rodríguez acudió personalmente a las instalaciones de la Fiscalía 20 de Valledupar para radicar una solicitud relacionada con la entrega del mismo automotor. No obstante, dicha petición no fue tramitada por no haber sido presentada a través del canal oficial de correspondencia ubicado en la Dirección Seccional de Fiscalía, desde donde debía ser remitida a esta delegada.

14. Ante esta situación, la Fiscalía 20 ordenó suspender provisionalmente la entrega del vehículo con el fin de analizar la nueva solicitud recibida y garantizar los derechos del ciudadano que se identificó como posible poseedor del bien. En consecuencia, dispuso el traslado del automotor al parqueadero de la Fiscalía, como medida preventiva para continuar las labores investigativas necesarias y esclarecer

derechos del ciudadano que se identificó como posible poseedor del bien. En consecuencia, dispuso el traslado del automotor al parqueadero de la Fiscalía, como medida preventiva para continuar las labores investigativas necesarias y esclarecer plenamente los hechos objeto de indagación.

15. Precisó además que esta negativa de entrega fue previamente objeto de control constitucional a través de una acción de tutela, la cual fue conocida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Valledupar.

Mediante providencia correspondiente, dicho despacho declaró la improcedencia de la solicitud de amparo.

1 Índice electrónico 03 de SAMAI. 3Demandayanexo_ef994da9c9674a90aeb2(.pdf) NroActua 3. 2 Índice electrónico 05 de SAMAI. 4Autoadmiteya_00020250026300Admite(.pdf) NroActua 5. 3 Índice electrónico 013 de SAMAI. 20Recepciondeme_RESPUESTAATUTELApdf(.pdf) NroActua 13.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

5

16. Posteriormente, el 12 de mayo de 2025, la Fiscalía 20 de Valledupar recibió un correo electrónico suscrito por el ciudadano Jesús Adrián Contreras, en el que solicitó la entrega del vehículo Mazda 323 HB, con placa ITO 036, pretensión distinta a la presentada por María Isabel Rada Rodríguez.

17. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía 20 concluyó que su actuación no

solicitó la entrega del vehículo Mazda 323 HB, con placa ITO 036, pretensión distinta a la presentada por María Isabel Rada Rodríguez.

17. Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía 20 concluyó que su actuación no fue negligente ni arbitraria, y que no se configuró un perjuicio irremediable en contra del accionante ni de la señora María Isabel Rada Rodríguez. Afirmó que la suspensión de la entrega y la inasistencia a las audiencias obedeció a la necesidad de adelantar actividades investigativas adicionales, entre ellas, la práctica de entrevistas a Jesús Adrián Contreras Ascanio y Euclides Aponte González 4. Estas actuaciones, en criterio de la autoridad investigadora, resultan incluso favorables para la víctima y para quien reclama la propiedad del automotor, en la medida en que buscan establecer con claridad los hechos y las circunstancias de la controversia.

18. Finalmente, la Fiscalía 20 informó que fue notificada para asistir a la audiencia de entrega de elementos programada para el 6 de junio del presente año ante el Juzgado 12 de Control de Garantías de Valledupar. En tal sentido, manifestó su disposición para comparecer a la diligencia y exponer los argumentos correspondientes.

19. La Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar 5 solicitó declarar improcedente la presente acción de amparo constitucional, al considerar que no satisface el requisito de subsidiariedad. A su juicio, el accionante cuenta con un mecanismo judicial idóneo para solicitar la entrega del vehículo, por lo que la tutela no debe convertirse en una vía paralela o sustitutiva de los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

mecanismo judicial idóneo para solicitar la entrega del vehículo, por lo que la tutela no debe convertirse en una vía paralela o sustitutiva de los mecanismos ordinarios previstos en el ordenamiento jurídico.

20. Precisó que la controversia relacionada con la entrega del vehículo Mazda 323 HB, de placas ITO 036, debe resolverse media nte la audiencia ante el juez de control de garantías, instancia que permite el ejercicio pleno del derecho de defensa y contradicción, en los términos del debido proceso.

21. Asimismo, señaló que la Fiscalía 20 le informó que dicha audiencia fue programada para el 6 de junio del presente año, ante el Juzgado 12 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Valledupar. Agregó que, en el marco de la investigación penal correspondiente, se encuentra vigente una orden de policía judicial que contempla la práctica de una diligencia orientada a esclarecer los hechos materia de indagación y avanzar en el proceso investigativo.

22. Con fundamento en lo anterior, concluyó que no vulneró ningún derecho fundamental del accionante y solicitó su desvinculación del proceso, por considerar la falta de legitimación en la causa por pasiva.

4 Quienes en el contrato de compraventa del vehículo Mazda 323 HB con placa ITO 036 aparecían como comprador y vendedor, respectivamente. 5 Índice electrónico 014 de SAMAI. 23Recepciondeme_CONTESTACIONACCIONDE(.pdf) NroActua 14.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

6

23. La Procuraduría 177 Judicial II para el Ministerio Público en Asuntos Penales de Valledupar 6 informó que había remitido el 12 de mayo de 2025, mediante oficio No. 2020280017700 – 2025-00023, la solicitud realizada por el accionante a la doctora Dina Margarita Zabaleta Molina, en su calidad de personera Municipal de Valledupar. Realizó dicha remis ión con fundamento en que es la autoridad competente, conforme con el inciso segundo del artículo 109 del Código de Procedimiento penal 7. De este modo, la Procuraduría 177 afirmó que no había vulnerado el derecho de petición invocado por el accionante, to da vez que cumplió con su deber legal de remitir la solicitud a la autoridad competente para su resolución.

24. El Juzgado Primero Administrativo de Valledupar 8 afirmó que había tramitado la tutela radicada bajo el No. 20001 -33-33-001-2025-00088-00, promovida por María Isabel Rada Rodríguez por presunta vulneración del debido proceso. Además, mediante Sentencia del 28 de abril de 2025, ese despacho declaró improce dente dicha demanda, ya que no satisfizo el requisito de subsidiariedad. Además, indicó que los hechos posteriores escapan a su competencia y que la providencia no fue impugnada, pese a haberse notificado al correo registrado por la accionante.

Sentencia de primera instancia9

25. Mediante Sentencia del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del

competencia y que la providencia no fue impugnada, pese a haberse notificado al correo registrado por la accionante.

Sentencia de primera instancia9

25. Mediante Sentencia del 5 de junio de 2025, el Tribunal Administrativo del Cesar declaró improcedente la presente acción por falta de legitimación en la causa por activa. En efecto, manifestó que el accionante interpuso la acción de tutela con base en una autorización suscrita por la persona que figura como titular del derecho invocado, sin que conste poder, mandato judicial ni justificación alguna que habilite la actuación por agencia oficiosa. Conforme al artículo 10 del Decreto 2591 de 1991, el despacho judicial afirmó que esta figura procede únicamente cuando el titular no esté en condiciones de ejercer directamente su defensa, situación que no fue acreditada ni mencionada en la solicitud.

26. En consecuencia, afirmó que del material probatorio no se desprende que la titular del derecho haya promovido directamente la acción ni que se encontrara impedida para hacerlo por sí misma.

6 Índice electrónico 012 de SAMAI.13Recepciondeme_CONTESTACIONTUTELApd(.pdf) NroActua 12. 7 “Teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 99 del Decreto 1421 de 1993, en los mismos eventos del inciso anterior los personeros distritales y mun icipales actuarán como agentes del Ministerio Público en el proceso penal y ejercerán sus competencias en los juzgados penales y promiscuos del circuito y municipales y ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que en cualquier momento la Procuraduría General de la Nación los asuma y en consecuencia los desplace”.

promiscuos del circuito y municipales y ante sus fiscales delegados, sin perjuicio de que en cualquier momento la Procuraduría General de la Nación los asuma y en consecuencia los desplace”. 8 Índice electrónico 011 de SAMAI. 8Recepciondeme_AcuseReciboContestac(.pdf) NroActua 11. 9 Índice electrónico 017 de SAMAI. 25Sentenciadepr_20250026300PROYECTOF(.pdf) NroActua 17.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

7

Impugnación10

27. Mediante escrito de impugnación, el accionante solicitó revocar la sentencia de primera instancia, conceder el amparo y ordenar la designación de un ente investigador distinto al Fiscal 20 Local de Valledupar. También pidió requerir a la Procuraduría Judicial II Penal para que responda el derecho de petición radicado bajo el No. E -2025-212507 y vincular al Juzgado Primero Administrativo de Valledupar para que informe sobre la decisión de improcedencia adoptada en el expediente No. 20001-3109-006-2025-00068-00.

28. Sostuvo que el juez de primera instancia de tutela erró al negar la acción de tutela con fundamento en que carecía de legitimación en la causa por activa, pues formuló la acción de amparo en defensa de sus derechos como denunciante dentro de la notici a criminal No. 20001600123120251064800. Además, consideró que el

tutela con fundamento en que carecía de legitimación en la causa por activa, pues formuló la acción de amparo en defensa de sus derechos como denunciante dentro de la notici a criminal No. 20001600123120251064800. Además, consideró que el fallo omitió valorar el perjuicio irremediable y la ineficacia del medio judicial ordinario.

CONSIDERACIONES

Competencia

29. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con lo estipulado en el acuerdo 080 de

2019.

Problemas jurídicos y metodología de la decisión

30. En primer lugar, la Sala debe determinar si la acción de tutela cumple con los requisitos de procedibilidad establecidos por la jurisprudencia con stitucional. En este sentido, corresponde analizar si el peticionario cuenta con legitimación en la causa por activa para cuestionar una presunta omisión de la Fiscalía 20 en una investigación penal relacionada con el posible hurto del vehículo identificad o con placa ITO 036, en la cual actuó como denunciante, a pesar de que no era propietario de dicho automotor. Además, deberá establecerse si la acción de tutela es procedente para controvertir la presunta renuencia del ente acusador frente a la investigación y a la entrega del vehículo mencionado.

31. En caso de superar este estudio preliminar, en segundo lugar, la Subsección deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿vulneró la Fiscalía 20 el

investigación y a la entrega del vehículo mencionado.

31. En caso de superar este estudio preliminar, en segundo lugar, la Subsección deberá resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿vulneró la Fiscalía 20 el derecho fundamental al debido proceso del accionante al no asistir a las audiencias programadas para la entrega del vehículo, y, en consecuencia, no designar oportunamente un nuevo fiscal en el caso que continúe con la investigación?; y (ii) ¿menoscabó la Procuraduría 177 Judicial II para el Ministerio Públ ico en Asuntos Penales de Valledupar el derecho fundamental de petición del tutelante, al no emitir

10 Índice electrónico 021 de SAMAI. 29Recepciondeme_IMPUGNACIONDEJAMILTO(.pdf) NroActua 21.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

8

un pronunciamiento de fondo sobre la solicitud de vigilancia administrativa preferente formulada en el marco de la investigación penal referida?

32. Para abord ar el estudio de los problemas jurídicos planteados, la Sala desarrollará el siguiente esquema: (i) reiterará la jurisprudencia relativa al principio de subsidiariedad como exigencia de procedibilidad de la acción de tutela; (ii) examinará la aplicación de l principio de subsidiariedad en casos en los que el proceso judicial se encuentra en curso; (iii) recordará las reglas jurisprudenciales del derecho de petición; y (iv) realizará el análisis del caso concreto.

Principio de Subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de

proceso judicial se encuentra en curso; (iii) recordará las reglas jurisprudenciales del derecho de petición; y (iv) realizará el análisis del caso concreto.

Principio de Subsidiariedad como requisito de procedibilidad de la acción de Tutela

33. La jurisprudencia constitucional ha manifestado, que la acción de tutela es un mecanismo excepcional para proteger derechos fundamentales. Su finalidad es brindar una respuesta inmediata y eficaz cuando dichos derec hos resultan vulnerados o amenazados. Sin embargo, esta herramienta sólo puede utilizarse en situaciones específicas, toda vez que no reemplaza los procesos judiciales ordinarios11.

34. En efecto, la tutela tiene un carácter subsidiario y residual, lo que significa que sólo procede cuando no existe otro medio judicial de defensa, o cuando a pesar de existir, estos no son lo suficientemente eficaces para evitar un perjuicio irremediable. Así lo establece el artículo 86 de la Constitución, al indicar que este mecanismo de amparo constitucional sólo es procedente si no hay otro mecanismo judicial disponible, o si se usa como una medida temporal para prevenir un daño irreparable.

35. Por esta raz ón, la tutela no puede utilizarse como una vía adicional o complementaria de los procesos ya previstos por la ley. Tampoco está diseñada para reabrir debates ya resueltos por otras jurisdicciones, ni para evadir los recursos o etapas propias de los proceso s ordinarios. En otras palabras, la acción de tutela no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces competentes12.

no sustituye los mecanismos judiciales establecidos, ni puede convertirse en una herramienta para reabrir discusiones que ya fueron decididas por los jueces competentes12.

La subsidiariedad tratándose de procesos judiciales en curso

36. La Corte Constitucional ha precisado que la acción de tutela no puede emplearse como un mecanismo alterno o concurrente para resolver controversias jurídicas que deben ventilarse dentro del proceso ordinario, mientras este aún se encuentra en curso. Solo en caso de un perjuicio irremediable procede una intervención excepcional del juez constitucional. Incluso una vez finalizado el proceso, resulta necesario interponer y agotar los recursos previstos por el ordenamiento jurídico antes de acudir a esta vía excepcional13.

11 Sentencias SU-712 de 2013 y T-022 de 2017. 12 Sentencias SU-037 de 2009, T-565 de 2009 y T-520 de 2010. 13 Sentencia T-335 de 2018.Radicación número: 20001-23-33-000-2025-00263-01

Accionante: Jamilton César Blanco Tete Accionado: Dirección Seccional de Fiscalías del Cesar y Otro Referencia: Acción de tutela (Segunda instancia)

9

37. En ese sentido, la Corte ha identificado tres situaciones específicas que hacen improcedente la acción de tutela14. En particular, cuando: “i) el asunto está en trámite; ii) el actor no ha agotado los medios d e defensa judicial ordinarios y extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear

extraordinarios para oponerse al proceso judicial; y, iii) la persona recurre al recurso de amparo constitucional para revivir etapas procesales en donde dejó de emplear los recursos previstos en el ordenamiento jurídico” 15. En este contexto, la Subsección estima que es posible acudir a las reglas generales que han empleado las diversas salas de la Corte Constitucional a la hora de estudiar las tutelas dirigidas a cuestionar decisiones en el marco de procesos que no han concl uido y se encuentran en curso 16. En esas situaciones y en la que actualmente se revisa, las decisiones penales no están ejecutoriadas o los trámites no han concluido.

38. Por ejemplo, en la Sentencia SU -388 de 2021 17, esta Corporación reiteró y precisó esas reglas generales y exceptivas de procedencia de tutela en contra de decisiones expedidas en el marco de un proceso penal. Sobre el particular, aclaró que la acreditación del principio de subsidiariedad puede revisarse en los escenarios en que el proceso cul minó o se encuentra en curso. En la segunda hipótesis, la intervención del juez de tutela es más excepcional, dado que la acción de amparo constitucional no puede ser empleada como un mecanismo paralelo al proceso ordinario. De ahí que esa herramienta procesal es procedente cuando los derechos fundamentales no pueden ser amparados por los medios de defensa judiciales ordinarios, éstos carecen de idoneidad para ese fin o son insuficientes para evitar la configuración de un perjuicio irremediable.

39. En definitiva, cuando el ordenamiento jurídico ofrece mecanismos adecuados de defensa, y el proceso judicial se encuentra activo o ha culminado sin que la parte

la configuración de un perjuicio irremediable.

39. En definiti