CE - Sentencia 25000233600020170104101 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 17 de julio de 2025

Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA - Responsabilidad extracontractual del Estado por privación injusta de la libertad (Ley 906 de 2004) – Falla en el servicio – Ilegalidad de medida de aseguramiento.

Síntesis del caso: los demandantes fueron detenidos, en cumplimiento de una orden de captura dictada en su contra , d ebido a su presun ta participación en las conductas de concusión, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Enseguida, se legalizó su captura, se formuló imputación y se le s impuso medida de aseguramiento de detención preventiva. El proceso penal finalizó con sentencia absolutoria.

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 21 de octubre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera , Subsección C, que negó las pretensiones de la demanda1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.

Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación; 1.5 Trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 8 de junio de 2017, Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis, con su grupo familiar2, presentaron demanda de reparación directa, en contra de

1 La Sala es competente para proferir esta providencia, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de una Sentencia dictada por un Tribunal Administrativo, que conoció en primera instancia en atención a la cuantía estimada en la demanda, de conformidad con lo previsto en el artículo 152 del CPACA. En este caso, de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, la pretensión mayor, por concepto de perjuicios materiales, ascendió a la suma de $5.000.000.000, correspondiente al daño emergente, monto que excedió los 500 SMLMV para la fecha de presentación de la demanda. Asimismo, debido a que la resolución de este asunto atañe al estudio pretensiones formulados con motivo de una privación injusta de la libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con

formulados con motivo de una privación injusta de la libertad, tema sobre el cual existe jurisprudencia consolidada y reiterada, esta Subsección se encuentra facultada para fallar sin sujeción al orden cronológico de turno, con fundamento en el artículo 16 de la Ley 1285 y el acta de 10 del 25 de abril de 2013 de la Sección Tercera de esta Corporación. 2 Melissa Paola Quintana Londoño y Raúl Quintana Londoño en su condición de hijos de las víctimas directas, Fabrizio Milano Londoño y Aldomario Milano Londoño como hijos de Mery Luz Londoño; Mery García de Londoño y Delfo Londoño Gómez como padres de Mery Luz Londoño; Liliany Tatis de Quintana como madre de Raúl Quintana Tatis; Oscar Enrique Londoño y Delfo de Jesús Londoño García como hermanos d e Mery Luz Londoño; y Liliany Quintana Tatis como hermana de Raúl Quintana Tatis.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 2 de 17

la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación , para que se les declarara responsables por la privación injusta de su libertad3.

2. En la demanda se planteó como pretensión declarativa la siguiente (se

trascribe):

“PRIMERA: declarar patrimonial y solidariamente a LA NACIÓN -RAMA JUDICIAL; FISCALÍA GENERAL DE LA NACÍÓN, responsable de todos los daños y perjuicios

trascribe):

“PRIMERA: declarar patrimonial y solidariamente a LA NACIÓN -RAMA JUDICIAL; FISCALÍA GENERAL DE LA NACÍÓN, responsable de todos los daños y perjuicios ocasionados a los actores, por la vinculación y privación injusta de la libertad que padecieron los señores MERY LUZ LONDOÑO GARCÍA y RAUL QUINTANA TATIS en el proceso penal adelantado en su contra, el cual culminó con sentencia absolutoria”.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes

perjuicios:

Perjuicio Beneficiarios Monto Perjuicios morales Para las víctimas directas, cada uno de sus hijos y padres 70 SMLMV Para cada uno de los hermanos de las víctimas directas 35 SMLMV “Daño a bienes constitucionales” Para las víctimas directas 100 SMLMV “Daño a la vida en relación” Para las víctimas directas 100 SMLMV Daño emergente Para las víctimas directas $5.000.000.000 Lucro cesante Para las víctimas directas $3.500.000.000

4. Como hechos que fundamenta ron las pretensiones, la parte

demandante expuso, en síntesis:

5. 1) El 21 de septiembre de 2010 , Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis fueron capturados en cumplimiento de las órdenes de captura dictadas por el Juzgado 59 penal m unicipal con función de control de garantías de Bogotá. 2)Al día siguiente , el Juzgado 18 penal municipal de

Quintana Tatis fueron capturados en cumplimiento de las órdenes de captura dictadas por el Juzgado 59 penal m unicipal con función de control de garantías de Bogotá. 2)Al día siguiente , el Juzgado 18 penal municipal de Bogotá legalizó su captura, le s formuló imputación y le s impuso medida de aseguramiento de detención preventiva , por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito, concusión y concierto para delinquir, debido a las denuncias sobre actos de corrupción en la Empresa Territorial para la Salud (en adelante ETESA). 3) El 22 de octubre de 2010, se celebró la audiencia de formulación de acusación por las conductas investigadas y, entre el 11 de enero y 28 de marzo de 2011, se llevó a cabo la audiencia preparatoria. 4) El 9 de junio de 2011, el Juzgado 33 penal de conocimiento concedió la libertad provisional a los procesados por vencimiento de términos. 5) Y, el 12 de junio de 2015, el Juzgado 14 penal de Bogotá con funciones de conocimiento dictó sentencia absolutoria, sin que las partes interpusieran recursos en su contra.

1.2. Posición de la parte demandada

3 Folios 20 a 40 del cuaderno del Tribunal No. 1.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 3 de 17

6. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda4.

Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 3 de 17

6. La Fiscalía General de la Nación presentó contestación a la demanda4.

Aseguró haber actuado en cumplimiento de sus deberes legales y constitucionales, de acuerdo con los cuales a la entidad le correspondía solicitar se dictara la medida de aseguramiento, pero fue el juez de control de garantías quien decidió acerca de su pertinencia. De otro lado, propuso la s excepciones de “cumplimiento de un deber legal”, la falta de legitimación pasiva en la causa y el hecho de un tercero, este último fundado en que los señalamientos que hizo Alexander Gómez, investigado y condenado por los delitos de concusión, enriquecimiento ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir, sustentó la persecución penal por los comportamientos irregulares denunciados al interior de ETESA.

7. La Rama Judicial presentó contestación la demanda, en la que se opuso a las pretensiones allí formuladas 5. En su escrito indicó la necesidad de la aplicación de un régimen subjetivo de responsabilidad, de conformidad con la jurisprudencia constitucional y del Consejo de Estado. Alegó que el daño no resultaba antijurídico pues no se derivó de una actuación “arbitraria, injustificada e irrazonable”, y la medida de aseguramiento tuvo respaldo en los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida aportada por la Fiscalía al momento de formular la solicitud. Agregó que estos insumos no consiguieron ser introducidos como pruebas dentro del juicio oral

los elementos materiales probatorios e información legalmente obtenida aportada por la Fiscalía al momento de formular la solicitud. Agregó que estos insumos no consiguieron ser introducidos como pruebas dentro del juicio oral y, por ello, tampoco se logró probar la teoría del caso, de ahí su falta de legitimación pasiva en la causa. De otro lado, propuso la “ausencia de causa petendi” y hecho de un tercero como causal de exoneración de responsabilidad, puesto que la actividad de la Fiscalía y de los denunciante s –condenados por los delitos - fueron la causa del proceso penal. Finalmente, objetó la estimación de los perjuicios porque no estaban acreditados.

1.3. Sentencia de primera instancia

8. El 21 de octubre de 2020 , el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dictó Sentencia de primera instancia , que negó las pretensiones de la demanda6. Como argumentos de fondo, sostuvo que el daño alegado por Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis no tenía la condición de antijurídico porque la detención preventiva dictada en su contra cumplió con los requisitos de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad. Explicó que la medida de aseguramiento se adoptó conforme las exigencias legales pues se contaba con elementos materiales probatorios y evidencia física que permitían inferir razonablemente su participación en l a c onducta investigada y, asimismo, justificar su procedencia de acuerdo con los fines legales y constitucionales. Así, concluyó que los demandantes principales se encontraban en la obligación de soportar las consecuencias del ejercicio de la acción penal.

procedencia de acuerdo con los fines legales y constitucionales. Así, concluyó que los demandantes principales se encontraban en la obligación de soportar las consecuencias del ejercicio de la acción penal.

4 Folios 117 a 122 del cuaderno del Tribunal No. 1. 5 Folios 174 a 183 del cuaderno del Tribunal No. 1. 6 Folios 267 a 281 del Cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 4 de 17

1.4. Recurso de apelación

9. Inconforme con la anterior decisión, la parte demandante presentó recurso de apelación 7. Al respecto, señaló que la presunción de inocencia que ampara a Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis no fue desvirtuada, por lo que la lesión a su derecho a la libertad individual fue antijurídica y no tenían la obligación de soportarla. Por ello, alegaron que el asunto debía analizarse bajo un régimen objetivo de responsabilidad en el que la reparación procede, incluso, ante la actuación legítima del Estado. De otro lado, señalaron que la medida de aseguramiento dictada en su contra y “que se extendió por más de 4 años” fue inapropiada e irracional, circunstancias que sugerían la configuración de un error judicial.

1.5. Trámite relevante

10. Mediante Auto de 17 de mayo de 20 23, la Sala requirió a la parte

que sugerían la configuración de un error judicial.

1.5. Trámite relevante

10. Mediante Auto de 17 de mayo de 20 23, la Sala requirió a la parte demandante para que solicitara o allegara lo s medios de prueba que considerara pertinentes para acreditar el perjuicio moral causado a las víctimas indirectas, tal como lo dicta la Sentencia de Unificación de 29 de noviembre de 20218, comoquiera que la presunción de la afectación moral de las víctimas era aplicable de acuerdo con la jurisprudencia vigente al momento de presentar la demanda 9. El 23 de agosto de 2023, fueron aportados dos informes psicológicos practicados a los demandantes y la historia clínica de Liliany Quintana de Tatis 10, documentos que ya obraban en el expediente. En todo caso, se surtió el traslado de lo allegado11.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. El daño; 2.3.

Análisis de la legalidad de la privación de la libertad ; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6 Costas

2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

11. La Sala decidirá el fondo del asunto porque están reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda 12. En esta providencia, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia. Declarará la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Mery Luz Londoño García y Raúl Quint ana

presentación de la demanda 12. En esta providencia, la Sala revocará la Sentencia de primera instancia. Declarará la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de Mery Luz Londoño García y Raúl Quint ana

7 Folios 287 a 292 del Cuaderno del Consejo de Estado. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia de 29 de noviembre de 2021, exp 46681. 9 Índice 30 de SAMAI 10 Índice 37 de SAMAI 11 Índice 39 de SAMAI 12 La providencia que finalizó el proceso penal quedó ejecutoriada el 12 de junio de 2015 y la demanda fue presentada el 8 de junio de 2017, por lo que se concluye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 164, literal i), del CPACA. Esto, incluso si se considera que el plazo se suspendió entre el 31 de enero y 7 de marzo de 2017 en virtud del trámite de conciliación prejudicial. Constancia de ejecutoria y de conciliación a folios 590 a 594 del cuaderno 19 y folio 48 del cuaderno 17.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 5 de 17

Tatis, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para su imposición, y liquidará los perjuicios materiales e inmateriales, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares.

Tatis, porque la medida de aseguramiento no cumplió con los requisitos legales exigidos para su imposición, y liquidará los perjuicios materiales e inmateriales, de conformidad con los criterios desarrollados por esta Subsección en casos similares.

12. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño consistente en la afectación del derecho a la libertad. Luego, analizará la legalidad de la privación de la libertad y expondrá las razones por las cuales, en este caso, no se cumplió con la normativa procesal penal vigente para ese momento. Posteriormente, dado que en este caso no se evidenció el hecho de la víctima como causal eximente de responsabilidad en casos de privación injusta de la libertad, imputará el daño a la Rama judicial. Finalmente, liquidará la indemnización de los perjuicios y condenará en costas.

2.2. El daño

13. Está probado que Raúl Quintana Tatis fue privado de su libertad en un centro de reclusión desde el 21 de septiembre de 2010 13 hasta el 10 de junio de 201114, y Mery Luz Londoño G arcía permaneció detenida desde el 21 de septiembre de 2010 en centro de reclusión, y, al menos, desde el 11 de enero de 2011 hasta el 10 de junio de ese año en su residencia 15. Es decir, Raúl Quintana Tatis estuvo detenido durante 8 meses y 21 días, mientras que Mery Luz Londoño García estuvo detenida durante 3 meses y 21 días en centro de reclusión, y 5 meses en su residencia.

Quintana Tatis estuvo detenido durante 8 meses y 21 días, mientras que Mery Luz Londoño García estuvo detenida durante 3 meses y 21 días en centro de reclusión, y 5 meses en su residencia.

14. También está probado que, el 12 de junio de 2015 , el Juzgado 14 penal del circuito de Bogotá con funciones de conocimiento dictó la prescripción de la investigación seguida por el delito de concierto para delinquir, y la absolución de Mery Luz Londoño y de Raúl Quintana Tatis en relación con los delitos de concusión y de enriquecimiento ilícito16.

2.3. Análisis de la ilegalidad de la privación de la libertad

15. En este caso, por la fecha de los hechos denunciados, la investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 906 de 2004. Según esta normativa, la captura deberá ser ordenada por un juez de control de garantías17. Lo anterior, al margen de las captur as ordenadas excepcionalmente por la Fiscalía General de la Nación o en situación de flagrancia. En este último caso, el capturado será puesto a disposición, de

13 De acuerdo con el audio de la audiencia preliminar de legalización de captura de 22 de septiembre de 2010. Audio en CD a folios 17 a 19 de la carpeta de audiencias orales C2. 14 Boleta de libertad No. 293. Folios 81 y 82 del cuaderno 16 15 No se cuenta con la decisión que sustituyó la medida de aseguramiento impuesta, sin embargo, en las solicitudes de audiencia formuladas por la fiscalía se dejó constancia que Mery Luz Londoño contaba con detención domiciliaria.

15 No se cuenta con la decisión que sustituyó la medida de aseguramiento impuesta, sin embargo, en las solicitudes de audiencia formuladas por la fiscalía se dejó constancia que Mery Luz Londoño contaba con detención domiciliaria. Así lo confirman, además, las citaciones que se enviaron para el adelantamiento de las audiencias posteriores. Folios 158, 159, 239, 296, 300 del cuaderno 5. Boleta de libertad No. 294. Folios 81 y 82 del cuaderno 16 16 Folio 11 a 34 del cuaderno 17 17 Artículo 297 de la Ley 906 de 2004.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 6 de 17

manera inmediata o en el término de la distancia, ante la fiscalía 18. Una vez materializada la captura, el aprehendido será presentado ante un juez de control de garantías en el plazo máximo de 36 horas, para que se realice la respectiva audiencia de legalización.

16. Adicionalmente, si la Fiscalía tiene elementos materiales probatorios, evidencia fís ica o información legalmente obtenida que permita inferir, de manera razonable, que una persona es el autor o partícipe de un delito, le comunicará su calidad de imputado, en audiencia ante el juez de control de garantías19. Por último, la fiscalía podrá s olicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y su necesidad, con

garantías19. Por último, la fiscalía podrá s olicitar la imposición de medida de aseguramiento, para lo cual deberá indicar la inferencia razonable de autoría o participación del imputado en la conducta investigada y su necesidad, con el fin de evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de l a justicia, la protección de la comunidad y de las víctimas, así como el adecuado trámite del proceso penal. Si se trata de una medida de detención preventiva en establecimiento carcelario, procederá respecto de los delitos de competencia de la justicia especializada o para aquellos que tengan una pena mínima prevista por la ley que sea o exceda de 4 años20.

17. De entrada, la Sala advierte que el Juzgado 18 penal de Bogotá con funciones de control de garantías justificó la necesidad de la medida de aseguramiento para garantizar la comparecencia de los imputados al proceso, evitar la obstrucción de justicia y el peligro que representaban para la comunidad. Para el efecto, enfatizó en la posición económica, social y el reconocimiento de los procesados en la comunidad, pues debido a la participación política, especialmente de Mery Luz Londoño, “su cercanía con la comunidad, (…) la trayectoria en el desempeño de los cargos públicos de la imputada y la activa participación de su cónyuge en dicha trayectoria” revelaba “la posibilidad o facilidades de los imputados de abandonar el país o permaneces ocultos ”. La procesada, además, fungió como superiora jerárquica de “las personas que se han encontrado de alguna u otra manera involucradas en estos hechos”, lo que podría incidir en el suministro y recaudo de información por ellos proporcionada o que esta fuera “fraccionada”.

jerárquica de “las personas que se han encontrado de alguna u otra manera involucradas en estos hechos”, lo que podría incidir en el suministro y recaudo de información por ellos proporcionada o que esta fuera “fraccionada”.

18. Respecto de la gravedad de las conductas y el peligro para la comunidad, resaltó que la conformación de una organización que obraba de manera coordinada para atentar contra los bienes jurídicos de la seguridad pública y la administración pública, mediante la defraudación del sistema que garantizaba el ingreso de recursos al sistema de salud, implicó una obstrucción al cumplimiento de la función social del Estado. Agregó que este tipo de comportamientos, posiblemente, tuvieron “ injerencia” en la liquidación de

ETESA.

18 Artículo 302 de la Ley 906 de 2004. 19 Artículos 286 y 287 de la Ley 906 de 2004. 20 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, la fiscalía deberá señalar “la persona, el delito, los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y su urgencia (…) Escuchados los argumentos del fiscal, el ministerio público, la víctima o su apoderado y la defensa, el juez emitirá su decisión”.Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 7 de 17

19. Del audio de la audiencia preliminar y reservada en la que se solicitó la orden de captura en contra de Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis

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19. Del audio de la audiencia preliminar y reservada en la que se solicitó la orden de captura en contra de Mery Luz Londoño García y Raúl Quintana Tatis se constató que , luego de labores investigativas consistentes en interceptaciones telefónicas, búsqueda selectiva en bases de datos, vigilancia y seguimientos a cosas y personas se obtuvieron elementos materiales probatorios que involucraron a los demandantes, junto con once sujetos más, en las conductas de concierto para delinq uir, enriquecimiento ilícito y concusión, entre otros delitos. De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, la investigación inició con fundamento en la comunicación de 27 de agosto de 2007, emitida por el director del Programa Presidencial de lucha contra la Corrupción, en la cual advirtió “ quejas de la ciudadanía por actos de corrupción contra la Vicepresidencia Comercial de la Empresa Territorial para la Salud y algunos delegados donde se ponen de presente la existencia de tarifas de cobros ilegales”.

20. Para la época en que sucedieron los hechos, la empresa industrial y comercial del Estado de orden nacional, ETESA, tenía a su cargo la explotación como arbitrio rentístico de los juegos de suerte y azar catalogados como novedosos, es decir, distintos de las loterías tradicionales o de billetes o de las apuestas permanentes 21. Mery Luz Londoño fue presidenta de esta entidad desde el 9 de noviembre de 2006 hasta el 28 de abril de 2009, y dentro de sus facultades se encontraba el nombramiento de los delegados encargados de ejercer la fiscalización de los concesionarios o destinatarios de

entidad desde el 9 de noviembre de 2006 hasta el 28 de abril de 2009, y dentro de sus facultades se encontraba el nombramiento de los delegados encargados de ejercer la fiscalización de los concesionarios o destinatarios de autorizaciones para operar juegos de suerte y azar, así como la imposición de sanciones por infracciones de los derechos de explotación concedidos.

21. Para la fiscalía, a partir de las entrevistas practicadas a uno de los procesados que se allanó al cargo de concusión, el delegado para los departamentos de Santander, Cesar y Norte de Santander pagaba una cuota mensual a la presidenta de ET ESA, por intermedio de su cónyuge Raúl Quintana, producto del dinero recaudado a los operadores de máquinas ilegales a cambio de que se garantizara su contratación y permanencia en la entidad. Los d elegados serían “ cuotas po líticas” de Mery Luz Londoño a quienes les exigían el pago de $20.000.000 mensuales que serían entregados directamente y de $2.000.000 como abono mensual por la compra de un apartamento en el proyecto portal de Santa Mónica, de cuya construcción se encarga ba una empresa constituida en sociedad por los aquí demandantes. Además, el mismo entrevistado aseguró que participó en la entrega de dineros a Raúl Quintana Tatis, pero que en principio desconoció la razón de dichos pagos, pues su vinculación a la entidad se dio a través de su suegro, anterior delegado, quien le manifestó, tiempo después de su nombramiento, la existencia de dichos acuerdos económicos.

22. No obstante, al momento de resolver acerca de la imposición de la

suegro, anterior delegado, quien le manifestó, tiempo después de su nombramiento, la existencia de dichos acuerdos económicos.

22. No obstante, al momento de resolver acerca de la imposición de la medida de aseguramiento, el juez se limitó a referir los elementos materiales

21 Artículo 38 de Ley 643 de 2001Radicación: 25000-23-36-000-2017-01041-01 (66.854)) Actor: Mery Londoño García y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y otro Referencia: Acción de reparación directa Decisión: Revoca Sentencia que negó pretensiones __________________________________________________________________________________ 8 de 17

probatorios citados por la Fiscalía sin que a partir de ellos se elaborara la construcción de la inferencia probable de responsabilidad que exige la norma22. Como tampoco se identificó, de manera particular y para cada conducta investigada, cuáles de dichos elementos probatorios estructuraban la configuración de cada tipo penal.

23. En este punto vale aclarar, que la decisión absolutoria se adoptó ante la ausencia de pruebas que permiti eran establecer la efectiva participación de los acusados en los hechos, lo cual se derivó de la falta de “ dinámica investigativa por parte de la fiscalía y hubo carencia de los deberes contemplados en el artículo 250 de la CPN permitiendo que no se demostraran los elementos del tipo penal”. Ninguna de las pruebas recaudadas permitió colegir que la “acusada hubiera constreñido o inducido a algún funcionario a la entrega de dineros por permitir la actividad ilícita enrostrada e n la

acusación”. Sostuvo la decisión:

“la fiscalía debió en el desarrollo de su plan metodológico primero

la entrega de dineros por permitir la actividad ilícita enrostrada e n la acusación”. Sostuvo la decisión:

“la fiscalía debió en el desarrollo de su plan metodológico primero acudir a aquellos operadores ilegales, averiguar cómo ejercieron la actividad ilícita, luego indagar el método o la forma en la que se les permitía cancelar dineros para ejercer de manera ilegal la actividad de las máquinas, obtener conocimiento claro y expreso de quien les hacía la exigencia económica y a quien se les entregaba el dinero, luego acudir a los delgados con el fin de que ellos i nformaran como Mery Luz y Raúl los presionaban o constreñían para conseguir el dinero y finalmente hacer un verdadero estudio contable de toda la actividad financiera de los acusados de donde se llegara a la conclusión que sus ingresos no les permitían lle gar a los cargos o aportes económicos que poseían”

24. En este sentido, cuestionó que se dejar an de practicar pruebas para determinar el origen del dinero que se halló en las cuentas bancarias de los procesados, y de la sociedad constituida por ellos para des arrollar proyectos urbanísticos, así como de sus propiedades, esto con el objeto de descartar un

incremento patrimonial injustificado:

“Por lo expuesto esa actividad que se encuentra inmersa en el tipo penal no se probó en el juicio oral, como tampoco se evidenció que en las arcas de las cuentas bancarias de los señalados se hubieran consignado periódicamente la suma de 186 millones de pesos que fue el objeto del ilícito que sustentó la fiscalía, por lo que dicha afirmación resultó ser mero supuesto que q uedó sin confirmar por la

consignado periódicamente la suma de 186 millones de pesos que fue el objeto del ilícito que sustentó la fiscalía, por lo que dicha afirmación resultó ser mero supuesto que q uedó sin confirmar p