CE - Sentencia 25000233600020180026401 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., diez (10) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA Radicación: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: AGLOBAL S.A.S. Y OTRO

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES

Tema: Defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. No se acreditaron los daños alegados frente a los bienes del proyecto forestal Pachamama embargados y secuestrados por la Superintendencia de Sociedades.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 22 de mayo de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordenó la intervención mediante toma de posesión de Link Global S.A. y de otras personas naturales por captación ilegal de dineros del público , así como el embargo y secuestro de todos los bienes y haberes de los intervenidos . Posteriormente, el 13 de febrero de 2014, la Superint endencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte voluntario presentado por la intervenida Link Global S.A., dentro del cual se propuso la venta del proyecto forestal Pachamama. Fue así como el 2 de septiembre de 201 4,

2014, la Superint endencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte voluntario presentado por la intervenida Link Global S.A., dentro del cual se propuso la venta del proyecto forestal Pachamama. Fue así como el 2 de septiembre de 201 4, Anglo Andino Group Colombia S.A.S. (hoy Aglobal S.A.S.) compró dicho proyecto forestal, bajo la condición de que con el producto de la venta se pagarían las acreencias a los afectados con la operación de recaudo ilegal de dineros de Link Global S.A. , luego de lo cual se levantaría el embargo del proyecto forestal con todos sus bienes y haberes.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

2 Posteriormente, el 25 de marzo de 201 5 la Superintendencia de Sociedades declaró incumplido el plan de desmonte voluntario e hizo efectivo el secuestro de todos los bienes y haberes de los intervenidos, incluidos los del proyecto forestal Pachamama, medida que se cumplió en diligencia del 8 de febrero de 2016.

La parte accionante considera que la Superintendencia de Sociedades es patrimonialmente responsable del deterioro de los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama embargados y secuestrados por esa entidad y por la pérdida del valor de los cultivos y demás inversiones realizadas en dicho proyecto forestal.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de abril de 2018 1, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa , presentaron

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 2 de abril de 2018 1, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. , mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa , presentaron demanda contra la Superintendencia de Sociedades , para que fuer a declarada patrimonialmente responsable por el defectuoso func ionamiento de la administración de justicia, debido a l secuestro de los bienes y haberes del proyecto forestal Pachamama en diligencia del 8 de febrero de 2016.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la parte demandada a pagar por daño emergente la suma de $228.112’000.000 y por lucro cesante la suma de $ 712’000.000, sin discriminar cuánto corresponde a cada una de las demandantes.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 22 de mayo de 2013, la Supe rintendencia de Sociedades ordenó la intervención mediante toma de posesión , entre otras perso nas naturales, de Link Global S.A. , así como el embargo y secuestro de todos los bienes y haberes de los intervenidos, por captación ilegal de dineros del público.

1 Fl. 2 a 19, 29 a 48 y 64 a 89 C.1.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

3 Manifiesta que el 14 de agosto de 2013 , Link Global S.A. y algunos de sus accionistas le propusieron a la Superintendencia de Sociedades un plan de desmonte voluntario de la empresa, mediante la venta del proyecto forestal

3 Manifiesta que el 14 de agosto de 2013 , Link Global S.A. y algunos de sus accionistas le propusieron a la Superintendencia de Sociedades un plan de desmonte voluntario de la empresa, mediante la venta del proyecto forestal Pachamama, para que con el pro ducto de dicha enajenación se pagaran las acreencias a 284 personas afectadas con las operacio nes de recaudo ilegal de dinero por parte de Link Global S.A.

Sostiene que el 13 de febrero de 2014, la Superintendencia de Sociedades aprobó el plan de desmonte voluntario de Link Global S.A., bajo la condición de que con el producto de la venta se pagar ían las acreencias a los afectados con la operación de recaudo ilegal de dineros en que incurrió esa compañía.

Argumenta que el 2 de septiembre de 2014, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. suscribieron contrato de compraventa global de activos por va lor de $18.000’000.000 con Pachamama Colombia S.A.S., Pachamama Forest Sucursal Colombia y Luis Carlos Crispín Velasco, accionistas de Link Global S.A. , sobre el proyecto forestal Pachamama con todos sus bienes muebles e inmuebles . Dicho contrato, además, tenía como beneficiarios de la venta a 284 personas afectadas por las operaciones de recaudo no autorizado de dinero por parte de Link Global S.A.

Indica que el 8 de septiembre de 2014, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. entregaron un título de fid ucia a cada uno de los beneficiarios del contrato de compraventa global de activos equivalente al valor de su acreencia.

Indica que el 8 de septiembre de 2014, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. entregaron un título de fid ucia a cada uno de los beneficiarios del contrato de compraventa global de activos equivalente al valor de su acreencia.

Advierte que, en la misma fecha, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. recibieron materialmente los bienes muebles , inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama.

Manifiesta que el 25 de marzo de 2015, la Superintendencia de Sociedades declaró incumplido el plan de desmonte voluntar io y ordenó nuevamente el embargo y secuestro de todos los bienes y haberes de propiedad de lo s intervenidos, entre ellos los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama , medidas que prevalecerían sobre las que se hubieren decretado antes.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

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Señala que, en diligencia del 8 de febrero de 2016, la Superintendencia de Sociedades efectuó el secuestro de los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama , entre ellos, de los predios identificados con las matrículas i nmobiliarias Nos. 234-19430, 234 -11941, 234 -12554 y 234 -11056, ubicados en la vereda Murujui d el municipio de Puerto Gaitán, Meta, los cuales figuraban dentro del objeto del contrato de compraventa global , suscrito el 2 de septiembre de 2014.

Asevera que en dicha diligencia no se le permitió hacer oposición, pese a que

figuraban dentro del objeto del contrato de compraventa global , suscrito el 2 de septiembre de 2014.

Asevera que en dicha diligencia no se le permitió hacer oposición, pese a que manifestó su condición de poseedora de los bienes secuestrados.

La parte actora asegura que, en el período comprendido entre el 8 de septiembre de 2014 y el 8 de febrero de 2016, Aglobal S .A.S. y Anglo Andino Group N.A. sembraron árboles, realizaron el mantenimiento de cultivos e i nversiones en el sostenimiento de los bienes muebles e inmuebles del proyecto forestal Pachamama; sin embargo, después de la diligencia de secuestro se perdió el valor de los cultivos y estos se deterioraron debido a la presencia de animales e insectos, la falta de fumigación, de medidas preventivas contra incendios y de corte de ramas necesarias para la productividad del cultivo maderable, lo cual le correspondía al secuestre. Igualmente, perdió las demás inversiones realizadas en el proyecto forestal Pachamama.

La parte demandante s ostiene que, el 29 de febrero de 2006, Aglobal S.A.S. y Anglo Andino Group N.A. promovió incidente de levantamiento de medidas cautelares como poseedora de los bienes muebles sembrados en los predios identificados con las matrí culas inmobiliarias Nos. 234 -19430, 234 -11941, 23412554 y 234-11056, pero la Superintendencia de Sociedades rechazó de plano la solicitud.

La parte accionante c onsidera que la Superintendencia de Sociedades es patrimonialmente responsable del deterioro d e los bienes muebles, inmuebles y

solicitud.

La parte accionante c onsidera que la Superintendencia de Sociedades es patrimonialmente responsable del deterioro d e los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama embargados y secuestrados por esa entidad y por la pérdida del valor de los cultivos y demás inversiones realizadas en dicho proyecto forestal.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

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2. Contestación

Mediante autos de 19 de julio de 2018 2 y 26 de febrero de 2019 3, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió la demanda y la reforma 4 que de ella se hizo e igualmente ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2.1. La Superintendencia de Socieda des5 argumentó que los bienes del proyecto forestal Pachamama constituían la garantía del pago efectivo de acreencias a los afectados por la captación ilegal de dinero que realizó Link Global S.A., de modo que hasta que no se pagara a los afectados, no res ultaba procedente el levantamiento de la s medidas de embargo y secuestro. Propuso las excepciones denominadas “ inexistencia de responsabilidad ” pues actuó de conf ormidad con sus funciones legales e “inexistencia de daño”, dado que la demandante no probó en qué consistió su afectación.

3. Audiencia inicial

El 15 de noviembre de 2019 6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

3. Audiencia inicial

El 15 de noviembre de 2019 6, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca celebró la audiencia inicial en la que realizó el saneamiento del proceso, decretó pruebas y fijó el objeto del litigio.

Frente a este último punto, esto es, el objeto del litigio, señaló que se circunscribía a determinar “el presunto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia acaecido en el procedimiento de intervención y liquidación judicial adelantado por la Superintendencia de Sociedades contra la sociedad Link Global S.A., en atención al decreto de una medida cautelar de secuestro en contra de los bienes del proyecto forestal Pachamama de propiedad de la sociedad Aglobal S.A.S”.

2 Fl 50 y 51, C 1. 3 Fl. 132 y 133, C.1. 4 Su contenido se encuentra incorporado en el acápite “1 Demanda” de esta providencia. 5 Fl. 91 a 105 y 138 a 156, C. 1. 6 Fl. 184 a 188, C.1.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

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4. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 1 de octubre de 20207 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

4.1. La parte demandante 8 y la Superintendencia de Sociedades 9 reiteraron los argumentos expues tos en la demanda y en la contestación a esta , respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

argumentos expues tos en la demanda y en la contestación a esta , respectivamente. El Ministerio Público guardó silencio.

5. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 2 6 de noviembre de 202010 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las pretensiones de la demanda, al considerar que la parte demandante no demostró que las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades fueran constitutivas de defectuoso funciona miento de la administración de justicia, toda vez que los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama formaban parte del plan de desmonte voluntario de Link Global S.A. y constituían una garantía para el pago de los acreedores de esa sociedad intervenida, de modo que, solo una vez que dichas acreencias fueran pagadas, es cuando la entidad procedería al levantamiento de las medidas cautelares de embargo y secuestro, lo cual no ocurrió, pues el referido plan de desmonte fue incumplido , de ahí que la entidad demandada cumplió con sus funciones.

El a quo no hizo referencia a los daños alegados por la parte actora, como tampoco a la falla en que habría incurrido la Superintendencia de Sociedades durante la diligencia de secuestro de los bienes muebles, inmuebles y derechos del proyecto forestal Pachamama, como tampoco a la fa lla en que habría incurrido el secuestre, como se expresó en la demanda.

7 Actuación 01, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 8 Actuación 10, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 9 índice 30, link expediente híbrido, Samai.

7 Actuación 01, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 8 Actuación 10, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 9 índice 30, link expediente híbrido, Samai. 10 Actuación 17, índice 30, link expediente híbrido, Samai.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

7 En la parte resolutiva condenó en costas y agencias en derecho a la parte demandante.

6. El recurso de apelación

El 16 de diciembre de 20 2011, la demandante interpuso el recurso de apelación que fue concedido el 9 de febrero de 202112 y admitido el 15 de julio de 202113.

6.1. Las demandantes 14 alegaron haber celebrado un contrato de compraventa global de activos como adquiriente s de buena fe, el cual había sido avalado por la demandada. Insistieron en que, para el momento del embargo y secuestro de los bienes muebles e inmuebles del proyecto forestal Pachamama, estos ya eran de su propiedad, pese a eso, la accionada le negó su derecho de contradicción y oposición a tales medidas como tercero de buena fe. Adicionalmente, sostuvo que existieron graves fallas del secuestre en la administración de los bienes muebles e inmuebles del proyecto forestal Pachamama, lo cual llevó a su deterioro.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 13 de agosto de 2021 15 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 13 de agosto de 2021 15 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

7.1. La pa rte actora 16 y la Superintendencia de Sociedades 17 reiteraron lo expuesto en el recurso de apela ción y en la contestación de la demanda, respectivamente.

7.2. El Ministerio Público 18 presentó concepto en el que consideró que debía confirmarse la sentencia de primera instancia , pues la adquisición por parte de la sociedad actora de los bienes del proyecto forestal Pachamama no eliminaba la

11 Actuación 26, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 12 Actuación 06, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 13 Fl. 252, C.1. 14 Actuación 26, índice 30, link expediente híbrido, Samai. 15 Fl. 254, C.1. 16 Índice 16 Samai. 17 Índice 15 Samai. 18 Índice 19 Samai.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

8 condición de que estos constituían la garantía de pago a los acreedores de Link Global S.A. y, al no efectuarse dicho pag o, no podía n levantarse las medidas de embargo y secuestro.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 , proferida por el

embargo y secuestro.

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del 26 de noviembre de 2020 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca , de conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 del C ódigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo19, pues la cuantía, dada por la pretensión mayor de la demanda 20, supera la exigida de 500 SMLMV, para que un proceso adelantado en ejercicio del medio de control de reparación directa, tenga vocación de doble instancia ante esta Corporación21.

2. Medio de control procedente

La pretensión de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispo ne el artículo 140 22 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

19 “Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribu nales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación […]”. 20 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determ inará por el valor de la pretensión mayor […]”.

20 El artículo 157 del CPACA dispone que “[…] Para los efectos aquí contemplados, cuando en la demanda se acumulen varias pretensiones, la cuantía se determ inará por el valor de la pretensión mayor […]”. 21 La pretensión mayor de la demanda se estima en la suma de $228.112’000.000, lo cual es superior a 500 SMLMV del año en que ésta se presentó (2018). 22 “Artículo 140. Reparación directa. En los términos del a rtículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre ot ras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo unaRadicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

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En este caso el medio de control procedente es el de reparación directa, porque se reclama la reparación de un daño derivado del ejercicio de las funciones jurisdiccionales establecidas por el Decreto 1023 de 2012, vigente para la época de los hechos23, en cabeza de la Superintendencia de Sociedades.

3. Vigencia del medio de control

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en oportunidad alguna por las partes, así como tampoco la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo, resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto el ejercicio oportuno de la acción es un presupuesto procesal que, por ende, debe examinarse de oficio24.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de ev itar la parálisis del tráfico jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la

expresa instrucción de la misma. En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”. 23 “Por el cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Sociedades y se dictan otras disposiciones”, artículo 7. Funciones Generales de la Superintendencia de Sociedades. La Superintendencia de Sociedad es tendrá las funciones establecidas en el Decreto 410 de 1971, el Decreto 1746 de 1991, la Ley 222 de 1995, la Ley 363 de 1997, la Ley 446 de 1998, el Decreto 1517 de 1998, el Decreto 1818 de 1998, la Ley 550 de 1999, la Ley 603 de 2000, el Decreto 2080

de 2000, la Ley 640 de 2001, el Decreto 1844 de 2003, la Ley 1116 de 2006, la Ley 1173 de 2007, la Ley 1258 de 2008, el Decreto 4334 de 2008, la Ley 1314 de 2009, Ley 1429 de 2010, la Ley 1445 de 2011, la Ley 1450 de 2011, el Decreto 19 de 2012 y aquellas q ue modifiquen o adicionen las anteriores, así como las demás que le señalen las normas vigentes y las que le delegue el Presidente de la República. […] 35. Ejercer las funciones jurisdiccionales que le han sido asignadas por la ley;[…]”. 24 Se advierte que el juez tiene la facultad para declarar de oficio o a petición de parte la caducidad de la acción, pues es una figura concebida para salvaguardar los intereses colectivos y generales. Precisamente, esta Corporació n ha manifestado lo siguiente: “es necesari o entender que la caducidad es una figura prevista como un mecanismo de protección de los intereses colectivos y generales, y, por tal razón, es de orden público, lo que necesariamente lleva a que tenga un carácter de irrenunciabilidad, como se mencionó previamente, e inclusive dota al juez de la facultad para declararla de oficio. […] Por consiguiente, el efecto extintivo de la caducidad, actúa al verificarse el plazo, “per se, ope legis, en forma ineluctable y po r disposición o mandato normativo expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de

expreso, de ius cogens e imperativo, al margen de la autonomía, decisión o querer del titular”. Y como se mencionó anteriormente, el juzgador puede y debe declarar de oficio o a solicitud de parte, la caducidad de la acció n, pero en todo caso, su efecto se produce por mandato legal, sin requerir declaración alguna”. Consejo de Estado. Sentencia del 16 de diciembre de 2020. Rad.: 51252.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

10 protección del interés general 25, estableció uno s plazos para poder ejercer oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la con solidación de las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal, controlar la libert ad del ejercicio del derecho de acción 26, ofrecer estabilidad del derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad, solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso in strumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y garantía a la vez, se constituye en un valioso in strumento que busca la salvaguarda y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y mediante su reconocimiento judi cial obligatorio cuando el operador la halle configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten

25 Corte Constitucional. Sentencia C -394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídic o procesal a través de la cual, el legislad or, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general. Como claramente se explicó en la sente ncia C -832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia, esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”. 26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la

26 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871 -05 “...el derecho al acceso a la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el legislador (…). El término de caducidad tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para solidificar el concepto de derechos adquiridos.”.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

11 alguna situación; sin embargo, en el an verso, la caducidad se entiende también como una limitación de carácter irrenunciable al ejerc icio del derecho de acción, resultando como una sanción ipso iure 27 que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún reconocimiento o protección de la justicia 28, cuya consecuencia, por demandar más allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad potestativa de accionar.

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de

El artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, señala que la acción de reparación directa deberá presentarse dentro del término de dos (2) años, contados a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha post erior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia.

Tratándose de la declaración de responsabilidad del Estado por el d efectuoso funcionamiento de la administración de la justicia, la Sección Tercera de esta Corporación ha indicado que el término de caducidad se cuenta a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho u omisión, debiendo tener en cuenta el conocimiento de dicho daño por la parte demandante.

En el presente asunto, la parte accionante solicit a declarar patrimonialmente responsable a la Superintendencia de Sociedades por los daños derivados de l hecho de que en la diligencia de secuestro de los bienes muebles, inmuebles y

27 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de en ero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejerce n en un término específico. Las partes tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es

hacerlo en tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto procesal llamado a interponer determinada acción judicial”. 28 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos pl azos constituyen entonces, una garantía par a la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por ende, la actitud negligente de quien estuvo l egitimado en la causa no puede ser objeto de protección, pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.Radicado: 250002336000201800264 01 (67207)

Demandante: Aglobal S.A.S. y otros

12 derechos del proyecto forestal Pachamama no se le permitió la contradicción d e dicha medid