CE - Sentencia 25000233700020190053901 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

MAGISTRADA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de octubre de dos mil veinticinco (2025) Referencia Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación 25000-23-37-000-2019-00539-01(28436) Demandante THE BOSTON CONSULTING GROUP S.A.S Demandada DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN Temas Corrección provocada artículo 713 del Estatuto Tributario. Principio de correspondencia en vía administrativa. Costas y agencias en derecho. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA La S ección decide los recursos de apelación interpuesto s por las partes demandante y demandada contra la sentencia del 28 de septiembre de 2023 , proferida p or el T ribunal Administrativo de Cundinamarca , Sección Cuarta , Subsección A, que resolvió lo siguiente: PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD PARCIAL de la Liquidación Oficial de Revisión nro. 31241201800026, del 22 de marzo de 2018, que modificó la declaración del IVA del 1.º bimestre de 2014; y la Resolución nro. 002262, del 28 de marzo de 2019, que resolvió el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto liquidatorio, confirmándolo.

SEGUNDO: DECLARAR la firmeza de la declaración de corrección del impuesto sobre las ventas del del 1.º bimestre de 2014 nro . 3001067241156, presentada por la accionante con ocasión al recurso de reconsideración.

SEGUNDO: DECLARAR la firmeza de la declaración de corrección del impuesto sobre las ventas del del 1.º bimestre de 2014 nro . 3001067241156, presentada por la accionante con ocasión al recurso de reconsideración.

TERCERO: NO CONDENAR en costas en esta instancia, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

ANTECEDENTES DE LA ACTUACIÓN ADMINISTRATIVA El 13 de marzo de 2014 , la sociedad THE BOSTON CONSULTING GROUP SAS (en adelante BCG) presentó la declaración de impuesto sobre las ventas (IVA) correspondiente al periodo 1 del año gravable 20141, liquidando un saldo a favor. El 4 de febrero de 2015, BCG solicitó corrección de la anterior declaración del impuesto sobre las ventas. El 6 de julio de 2015 , la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) profirió la liquidación oficial de corrección 3224120150006412, aumentando el saldo a favor total, como consecuencia de haber incluido un saldo a favor de períodos anteriores sin solicitud de devolución y retenciones que le habían practicado a la demandante. La DIAN emitió requerimiento especial 3, en el cual propuso adicionar ingresos gravados a la tarifa general; reclasificó ingresos por operaciones no gravadas a gravadas en relación con servicios supuestamente prestados en el exterior, reliquidó el impuesto generado a la tarifa general, desconoció impuestos descontables a la

1 Folio 11, Tomo 1, Caa. 2 Folio 24, Tomo 1, Caa. 3 Folio 323, Tomo 2, CaaRadicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

2

2 Folio 24, Tomo 1, Caa. 3 Folio 323, Tomo 2, CaaRadicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tarifa general y al 5%, rechazó IVA retenido en operaciones con el régimen simplificado e impuso sanción por inexactitud. El 4 de octubre de 2017, BCG presentó respuesta al requerimiento4, allanándose a las glosas excepto la r elativa a la reclasificación de ingresos no gravados a gravados, y presentó una declaración de corrección . La DIAN profirió la liquidación oficial de revisión 312412018000026 del 22 de marzo de 20185, en donde tuvo como no presentada la corrección anterior, por cuanto no fue suscrita por el representante legal y confirmó las glosas. La demandante interpuso recurso de reconsideración 6, en donde mencionaba allanarse en los términos del artículo 713 del Estatuto Tributario y adjuntando una serie de documentos para el efecto. Este fue resuelto por la resolución 002262 del 28 de marzo de 2019 7, que confirmó el acto recurrido y no acepto el allanamiento. ANTECEDENTES DEL PROCESO Demanda En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones8:

A. A título de Nulidad:

contemplado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la actora formuló las siguientes pretensiones8:

A. A título de Nulidad:

1. Que se declare la nulidad total de la Liquidación Oficial de Revisión No. 312412018000026 proferida el 22 de marzo de 2018, a través de la cual se modificó la declaración del Impuesto sobre las Ventas del primer bimestre del año gravable 2014.

2. Que se declare la nulidad de la Resolución No. 002262 del 28 de marzo de 2019, proferida por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la Dirección de Gestión Jurídica de la U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, a través del cual se decidió el recurso de reconsideración interpuesto contra la liquidación Oficial de Revisión.

B. A título de Restablecimiento del Derecho:

1. Se reconozca la firmeza de la declaración del Impuesto sobre las Ventas del primer bimestre del año gravable 2014, presentada por BCG el 13 de marzo de 2014, bajo el número de formulario 3001600072954 y número interno 91000222668229.

2. Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Actos Administrativos demandados, se condene en costas y agencias en derecho a la parte demandada, de acuerdo con los valores en los que debió incurrir BCG para defenderse de los actos administrativos de determinación contrarios a la ley, tomando como fundamento de la condena, con los valores consignados en las ofertas de servicios presentadas por Ernst and Young S.A.S. (EY Colombia) e EY Centro América (Anexo F). Lo anterior, de

administrativos de determinación contrarios a la ley, tomando como fundamento de la condena, con los valores consignados en las ofertas de servicios presentadas por Ernst and Young S.A.S. (EY Colombia) e EY Centro América (Anexo F). Lo anterior, de conformidad con los artículos 361, 364, 365 y 366 del Código General del Proceso y en concordancia con los numerales 3.1., 3.1.2., y 3.1.3., del Acuerdo 1887 de 2003. A los an teriores efectos, la parte actora invocó como normas violadas los artículos 15, 29 , 209, 228 de la Constitución Política; 420, 713 del E statuto Tributario, y 20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el artículo 10 del Decreto 1321 de 2011) , bajo los siguientes conceptos de violación.

4 Folio 332, Tomo 2, Caa. 5 Fls 378, Tomo 2, Caa. 6 Fl 402, Tomo 3, Caa. 7 Fl 505, Tomo 3, Caa 8 SAMAI Tribunal. Índice 9. «57RECIBEMEMORIAL_ONEDRIVE1532024ZIP(.zip) NroActua 9». Caa 4Radicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Afirmó que, al negársele la posibilidad de presentar un allanamiento , la Administración está violando los principios de celeridad, economía procesal y prevalencia de sustancia sobre la forma . Aceptó que con la respuesta al

www.consejodeestado.gov.co Afirmó que, al negársele la posibilidad de presentar un allanamiento , la Administración está violando los principios de celeridad, economía procesal y prevalencia de sustancia sobre la forma . Aceptó que con la respuesta al requerimiento especial presentó declaración de corrección de IVA del periodo 1 del 2014, firmada por una persona diferente de quienes figuraban como representantes legales, y que, como entonces esa corrección no fue reconocida en la liquidación oficial de revisión, con ocasión del recurso de reconsideración, presentó una nueva corrección, junto con el pago adicional, con el propósito de subsanar la ausencia de firma del representante legal y explicando las razones de la presentación extemporánea. Señaló, que no obstante las explicaciones, la DIAN falló el recurso confirmando la liquidación oficial de revisión, argumentando que los soportes fueron allegados por fuera del término de dos meses previsto en el artículo 713 del Estatuto Tributario. Indicó que no resulta razonable interpretar el artículo 713 del Estatuto Tributario en el sentido de que este fije un límite temporal para que los contribuyentes acept en las glosas, cuando en realidad este solo regula la oportunidad para acceder a la reducción del 50% de la sanción por inexactitud y señaló que los contribuyentes pueden aceptar las glosas de la Administración en cualquier momento, eso sí, sin los beneficios de reducción de la sanción prevista en esa norma. Sostuvo que negar la valoración de los pagos apo rtados implic a desconocer el principio de economía procesal, definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1998 como la obligación de procurar pronta y cumplida justicia con el

Sostuvo que negar la valoración de los pagos apo rtados implic a desconocer el principio de economía procesal, definido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-037 de 1998 como la obligación de procurar pronta y cumplida justicia con el menor desgaste posible. Precisó además que la conducta de la Administración vulnera el derecho de rectificación reconocido en el artículo 15 de la Constitución, conforme a la jurisprudencia constitucional 9, que faculta a los administrados a corregir información errónea contenida en archivos públicos. Argumentó que esta prerrogativa la habilitaba para corregir su declaración cuando la Administración ejerció las facultades de fiscalización, imponiéndole a est a el deber de tener en cuenta los soportes allegados.10 Sostuvo que hay una violación al debido proceso, en cuanto la DIAN utilizó argumentos para resolver el recurso de reconsideración que contradicen lo afirmado previamente en el proceso administrativo. Explicó que, en el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión, la Administración fundamentó la glosa relativa a la reclasificación de los ingresos no gravados a gravados , por concepto de servicios prestados a sociedades domiciliadas en República Dominicana , en el parágrafo 3 del artículo 420 del E statuto Tributario, insistiendo en que la territorialidad de los servicios se determinaba con base en el domicilio del prestador, en este caso Colombia. Sin embargo, en la resolución de reconsideració n la Administración modificó esa posición, indicando que para clasificar los ingresos como no gravados resultaba indispensable probar que los servicios fueron efectivamente prestados fuera del país , y aseveró que las facturas y soportes allegados no acreditaban que la prestación se diera en el exterior.

como no gravados resultaba indispensable probar que los servicios fueron efectivamente prestados fuera del país , y aseveró que las facturas y soportes allegados no acreditaban que la prestación se diera en el exterior. Expresó que esa alteración cercenó su derecho al debido proceso y de defensa, pues modificó el objeto de la prueba y se le impuso la carga de desvirtuar un supuesto que nunca había sido propuesto en las etapas anteriores del proceso

9 SU-082 de 1995 10 La demandante también invocó la Circular 175 de 2001, mediante la cual la propia Administración ordenó a sus funcionarios privilegiar lo sustancial sobre lo meramente formal en los trámites, recordando que los derechos de los contribuyentes no pueden desconocerse por disposiciones de carácter estrictamente formal.Radicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co administrativo11. Resaltó que bajo el argumento inicial no resultaba relevante acreditar si los servicios fueron prestados en República Dominicana, y que por eso la Administración estimó como única prueba pertinente aquella que probaba el domicilio de BCG, para luego , indicar que había ausencia de prueba del lugar de prestación de los servicios. Argumentó que hay nulidad por falsa motivación. Dijo que la DIAN reconoció que, ni los servicios prestados “desde” el exterior ni los prestados “en” el exterior están gravados con IVA en Colombia12, y aceptó que la presunción del parágrafo 3º del artículo 420 Estatuto Tributario, según la cual los servicios se entienden prestados

los servicios prestados “desde” el exterior ni los prestados “en” el exterior están gravados con IVA en Colombia12, y aceptó que la presunción del parágrafo 3º del artículo 420 Estatuto Tributario, según la cual los servicios se entienden prestados en la sede del prestador, aplica únicamente a servicios desarrollados en el territorio nacional y no puede extenderse a los ejecutados por fuera del país. Afirmó que esa posición ha sido explicada en varios conceptos, los cuales de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el art. 10 del Decreto 1321 de 2011), constituyen interpretación oficial obligatoria para los funcionarios de la Administración.13 Resaltó que la territorialidad de los servicios para efectos del IVA no depende del domicilio del prestador, como equivocadamente lo sostuvo la Administración en los actos iniciales, sino de la verificación de l lugar dónde se prestan materialmente los servicios y de quién es el beneficiario de estos. Mencionó que durante el proceso administrativo presentó pruebas suficientes que acreditaban que los servicios se prestaron en República Dominicana , haciendo un recuento de estas 14. Señaló que, a pesar de esa suficiencia, adicionaba en esta etapa nuevo material probatorio15, e indicó que este debe ser valorado por el juez, ya que, aunque esas pruebas no hicieron parte del expediente administrativo, son conducentes, pertinentes y útiles para acreditar que los servicios fueron ejecutados en República Dominicana16. Adicionó la claridad sobre la ejecución de los servicios en el exterior fue tal, que la sociedad no consideró necesario modificar su RUT para incluir la con dición de exportador de servicios exigida en el artículo 2 del Decreto 2223 de 2013.

Adicionó la claridad sobre la ejecución de los servicios en el exterior fue tal, que la sociedad no consideró necesario modificar su RUT para incluir la con dición de exportador de servicios exigida en el artículo 2 del Decreto 2223 de 2013. Adujo que se presentó una desviación de atribuciones por parte del funcionario que emitió la resolución que resolvió el recurso. Señaló que se configuró la causal autónoma de nulidad prevista en el artículo 137 del C ódigo de Procedimiento

11 Citó la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección Cuarta, Rad. 17075, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 10 de marzo de 2011), según la cual la administración no puede introducir nuevos argumentos que alteren el thema probandum, porque ello desconoce las garantías de contradicción y defensa. 12 Conforme lo indicó expresamente en la resolución de reconsideración al analizar el literal c) del artículo 420 del Estatuto Tributario. 13 La demandante resaltó que estas conclusiones son consistentes con la doctrina de la propia Administración, que en el Concepto 00001 del 19 de junio de 2003 y en pronunciamientos posteriores, como el Concepto 078425 de 25 de octubre de 2005 y el Oficio 062831 de 1 de julio de 2008, señaló que el impuesto sobre las ventas solo recae sobre la prestación de servicios en el territorio nacional, de manera que cuando estos se realizan en el exterior no se configura hecho generador. Estos conceptos, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el art. 10 del Decreto 1321 de 2011), constituyen interpretación oficial obligatoria para los funcionarios de la DIAN.

generador. Estos conceptos, de acuerdo con el artículo 20 del Decreto 4048 de 2008 (modificado por el art. 10 del Decreto 1321 de 2011), constituyen interpretación oficial obligatoria para los funcionarios de la DIAN. 14 Las facturas, donde se evidencia el domicilio de los contratantes; un certificado proferido por su representante legal, el cual explica que los servicios fueron ejecutados en dicho país, y da cuenta de las personas que los prestaron y su desplazamiento al exterior; la factura de venta No. 10-507109, expedida por Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S; la factura de venta No. 10-512575 expedida por Expreso Viajes y Turismo Expreso S.A.S.; el reporte de reembolso de gastos del funcionario Jean -Werner T’Serciaes; la factura de venta No. A010010010200103674 expedida por Occifitur Dominicana S.A. 15 El Acuerdo de Prestación de Servicios de Consultoría de Estrategia de Negocios; el Addendum al Acuerdo de Prestación de Servicios de Consultoría de Estrategia de Negocios; los certificados expedidos por las compañías Administradora de Riesgos de Salud Universal S.A., Suplidora Propartes S.A., Asistencia Universal S.A. y Seguros Universal S.A. respecto de la ejecución de los servicios en el año 2014; los certificados expedidos por las mismas compañías que acreditan la prestación de servicios en los años 2013, 2014 y 2015; Certificados de retención expedidos por las compañías extranjeras sobre los pagos efectuados a la demandante. 16 Recordó que el Consejo de Estado ha precisado que en sede judicial es posible complementar o mejorar la labor probatoria realizada en vía administrativa, pues el proceso contencioso garantiza libertad probatoria a las partes (artículos

sobre los pagos efectuados a la demandante. 16 Recordó que el Consejo de Estado ha precisado que en sede judicial es posible complementar o mejorar la labor probatoria realizada en vía administrativa, pues el proceso contencioso garantiza libertad probatoria a las partes (artículos 137 numeral 5º y 144 numeral 4º del Código Contencioso Administrativo).Radicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Administrativo y de lo Contencioso Administrativo , pues si bien el acto se expidió por funcionario competente, lo hizo con fines diferentes al perseguido en las normas. Esto, por cuanto la Administración pretendió gravar, con fundamento en el parágrafo 3º del artículo 420 del Estatuto Tributario, servicios prestados fuera del territorio nacional, cuando la norma en mención únicamente se refiere a servicios realizados en Colombia y, en ciertos supuestos, a servicios prestados desde el exterior para destinatarios ubicados en el país, lo que no ocurre en el caso bajo examen. Señaló que la interpretación dada por la DIAN resulta fiscalista y desnaturaliza el alcance del IVA, llegando incluso a gravar servicios sujetos a potestad impositiva de otro Estado y generando doble imposición 17, lo cual contradice el propósito del legislador de establecer un límite a la facultad fiscalizadora de la DIAN. De otra parte, sostuvo que no pr ocedía la sanción por inexactitud , pues no se configuró el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del E statuto Tributario. Explicó que los valores declarados reflejaban su realidad contable y fiscal, sin que

De otra parte, sostuvo que no pr ocedía la sanción por inexactitud , pues no se configuró el hecho sancionable previsto en el artículo 647 del E statuto Tributario. Explicó que los valores declarados reflejaban su realidad contable y fiscal, sin que se hubieran incluido datos falsos, desfigurados o inexistentes, de manera que no se cumplían los presupuestos de omisión o alteración de ingresos exigidos por la norma. Añadió que el caso existe a una diferencia de crit erios respecto de la territorialidad del IVA, lo cual excluye la imposición de la sanción18, y para sustentar su postura, la demandante incluyó un cuadro comparativo. Solicitó condena r en costas y en agencias en derecho a la demandada con fundamento en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del C ódigo General del Proceso, argumentando que, de declararse la ilegalidad de los actos demandados, debe reconocerse el reembolso de los gastos en que incurrió para su defensa, como honorarios de abogados y peritos, así como otros costos acreditados con documentos anexos Oposición de la demanda La DIAN se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente19: Adujo que la primera declaración de corrección presentada por la actora, en la que aceptó las glosas, no fue suscrita por el representante legal y, además, los pagos fueron extemporáneos, lo que hacía improcedente considerarla válida 20. Señaló , que, dada la expresa y profusa regulación sobre la oportunidad de corregir las declaraciones tributarias, no es posible en el presente caso aplicar simplemente la

fueron extemporáneos, lo que hacía improcedente considerarla válida 20. Señaló , que, dada la expresa y profusa regulación sobre la oportunidad de corregir las declaraciones tributarias, no es posible en el presente caso aplicar simplemente la prevalencia de los sustancial sobre lo formal21. Precisó, con base en los artículos 420, 421, 476 y 481 del ET, que no existen hechos “no gravados” con IVA, sino situaciones que escapan a los límites territoriales del

17 Citó la Sentencia C-551 de 2015. 18 En apoyo de lo anterior, citó la sentencia 19369 del Consejo de Estado, C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, 19 de septiembre de 2016. 19 SAMAI Tribunal. Índice 8.«6_RECIBEMEMORIALES_01RADICACIÓNCONTEST(.PDF) NroActua 8» e Índice 19. «12_RECIBEMEMORIALES_CONTESTACION_REFORMA(.ZIP) NroActua 19» 20 Explicó que el Estatuto Tributario regula de manera estricta el contenido y requisitos de las declaraciones, exigiendo la firma del obligado, del revisor fiscal y, en casos de saldo a favor, de contador público, conforme al artículo 602 ibidem. DIjo que los artículos 555, 556, 571 y 572 establecen que los deberes formales corresponden a los representantes legales de las personas jurídicas, mientras que el artículo 580 dispone que las declaraciones no firmadas por quien deba cumplir el deber formal de declarar se tienen por no presentadas. A su vez, el artículo 588 regula las correcciones voluntarias y el 590 las provocadas, advirtiendo que todas deben cumplir íntegramente los requisitos de ley para tener validez.

el deber formal de declarar se tienen por no presentadas. A su vez, el artículo 588 regula las correcciones voluntarias y el 590 las provocadas, advirtiendo que todas deben cumplir íntegramente los requisitos de ley para tener validez. 21 Agregó que no se configuraba vulneración alguna de normas constitucionales, pues ni el artículo 209, relativo a la función administrativa, podía invocarse para justificar la omisión en el cumplimiento de requisitos formales y sustanciales. Recordó que el debido proceso previsto en el artículo 29 superior exige la observancia de las formas propias de cada procedimiento y que las normas procesales, al ser de orden público, son de obligatorio cumplimiento según el artículo 13 del CGP.Radicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co tributo, y que como excepción a dicha territorialidad el parágrafo 3º del artículo 420 establece que se «grava en el territorio nacional los servicios, que se consideran prestados en la sede del prestador del servicio y los servicios ejecutados desde el exterior a favor de usuarios o destinatarios ubicados en el territorio nacional que incluye los servicios de consultoría». Indicó que se le trasladó a la demandante la carga de probar que los servicios de consultoría no fueron prestados en el territorio nacional y que, por ende, no fueron gravados22. Recordó que el Consejo de Estado ha señalado que no cualquier irregularidad apareja la nulidad de una decisión administrativa, pues esta solo procede cuando se trata de defectos sustanciales que afectan el núcleo del derecho de defensa 23 e

Recordó que el Consejo de Estado ha señalado que no cualquier irregularidad apareja la nulidad de una decisión administrativa, pues esta solo procede cuando se trata de defectos sustanciales que afectan el núcleo del derecho de defensa 23 e indicó que el hilo argumentativo de los actos , tanto fáctico como jurídico, fue uniforme en torno a la glosa planteada, consistente en la reclasificación de ingresos brutos por operaciones no gravadas, y que, con base en el marco normativo aplicable, el análisis del elemento territorial del hecho gen erador del IVA y los soportes solicitados a BCG se llegó al convencimiento de que el servicio de consultoría fue prestado en el territorio nacional y, por lo tanto, debía ser gravado con IVA. Así, señaló que los cambios en la motivación del acto obedeciero n a mejores argumentos derivados del debate jurídico y probatorio surtido en sede administrativa. Resaltó que las pruebas aportadas por la demandante no acreditan la ejecución de los servicios de consultoría en el exterior y por ende no son idóneas. Se refirió a que se allegó un contrato en el que se preveía la participación de entre tres y diez consultores, con un mínimo de 200 horas para los seniors, 1920 horas p ara los juniors y la intervención específica de tres consultores internacionales con 640, 40 y 8 horas respectivamente, lo que implicaba una dedicación considerable a lo largo de quince semanas. Sin embargo, los documentos acompañados no demuestran la materialización de estas exigencias. Se opuso a las declaraciones extrajuicio por su falta de imparcialidad y por ser postconstituidas, estimándolas impertinentes para acreditar la ejecución del servicio en el exterior. Igualmente indicó que las certificaciones de las compañías contratantes

Se opuso a las declaraciones extrajuicio por su falta de imparcialidad y por ser postconstituidas, estimándolas impertinentes para acreditar la ejecución del servicio en el exterior. Igualmente indicó que las certificaciones de las compañías contratantes deben valorarse como documentos privados de terceros conforme el artículo 264 del Código General del Proceso . Respecto de las retenciones de impuestos practicadas en el exterior sobre los pagos a la demandante, afirmó que conforme al literal f) del artículo 254 del E statuto Tributario, el único documento idóneo para probar el pago del impuesto en el exterior es el certificado fiscal expedido por la autoridad tributaria extranjera. Indicó que procede la sanción por inexactitud dado que la demandante incluyó datos inexactos en su declaración, toda vez que declaró operaciones gravadas como no gravadas. Agregó que, según la jurisprudencia del Consejo de Estado no se exige probar la existencia de maniobras fraudulentas para imponer la sanción , y que no opera la diferencia de criterios cuando el contribuyente desc onoce el derecho aplicable, como en el caso sub examine. Argumentó que no procedía la condena en costas solicitada por la demandante al tratarse de un litigio de interés público vinculado a la función tributaria (art. 188 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) y, solicitó que se examine su actuación en sede administrativa y judicial —por su corrección y ausencia de temeridad— para determinar si procede o no la condena.

22 Citó la sentencia 08001-23-33-000-2012-00113-01, del 14 julio 2016, CP Martha Teresa Briceño de Valencia.

corrección y ausencia de temeridad— para determinar si procede o no la condena.

22 Citó la sentencia 08001-23-33-000-2012-00113-01, del 14 julio 2016, CP Martha Teresa Briceño de Valencia. 23 Citó la sentencia del 21 julio 2011, expediente 16356, CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicado: 25000233700020190053901(28436)

Demandante: The Boston Consulting Group S.A.S

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co En todo caso, pidió que se reconozcan costas a favor de la DIAN con fundamento en los artículos 188 señalado y 361, 365 y 366 del Código General del Proceso, con gastos a acreditarse y agencias en derecho según las tarifas del Consejo Superior de la Judicatura. Sentencia apelada El Tribunal declaró la nulidad parcial de la liquidación oficial de revisión 312412018000026 del 22 de marzo de 2018 y de la resolución 002262 del 28 de marzo de 2019 con fundamento en lo siguiente24. Explicó que la demandante intentó acceder al beneficio de la reducción de la sanción del artículo 709 del E statuto Tributario, para lo cual corrigió la declaración con ocasión a la respuesta al requerimiento especial , pero que la Administración negó la procedencia de ese beneficio porque la declaración de corrección fue presentada por un sujeto que carecía de facultad para representar a la demandante. Por tal razón , la demandante intentó posteriormente acceder al beneficio de reducción de la sanción del artículo 713 del mismo estatuto , presentando con el

presentada por un sujeto que carecía de facultad para representar a la demandante. Por tal razón , la demandante intentó posteriormente acceder al beneficio de reducción de la sanción del artículo 713 del mismo estatuto , presentando con el recurso de reconsideración una nueva corrección de la declaración con un recibo oficial de pago. Estos documentos fueron allegados por la demandante con ocasión al recurso de reconsideración, y, nuevamente, con la demanda Consideró que la DIAN omitió valorar estos últimos documentos, y, tras apreciarlos en la sede contenciosa, concluyó que la demandante se allanó a las glosas en los términos del acto preparatorio y el acto liquidatario, por lo cual cumplió con los presupuestos del artículo 713 del Estatuto Tributario. Respecto del cargo de violación al debido proceso y el derecho de defensa, bajo el argumento de que la Administración modificó el tema a ser probado (entre el requerimiento especial y en la liquidación oficial de revisión y la resolución que resolvió el recurso de reconside