CE - Sentencia 25000234100020200050001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 25000-23-41-000-2020-00500-01 (71158) Demandante: Carlos Alberto Ante Ospina y otros Demandado: Superintendencia de la Economía Solidaria y otros Proceso: Medio de control de Reparación de Perjuicios causados a un grupo – Ley 1437 de 2011

CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE CADUCIDAD DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DE PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO EN EL MARCO DEL PROCESO DE CAPTACI ÓN ILEGAL DE DINEROS POR COINVERCOR – corresponde analizarse el daño alegado, la causa que se aduce como generadora y su conocimiento / SENTENCIA ANTICIPADA / su revocatoria impone continuar con el trámite procesal correspondiente.

Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, contra la sentencia anticipada de 7 de febrero de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C, que decidió:

“PRIMERO.- Declarar probada la CADUCIDAD del medio de control, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, declarar la TERMINACIÓN DEL

decidió:

“PRIMERO.- Declarar probada la CADUCIDAD del medio de control, de conformidad con lo expuesto en precedencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, declarar la TERMINACIÓN DEL PROCESO y el archivo de las diligencias.

“TERCERO.- SIN condena en costas a la parte vencida en juicio”.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La presente controversia gira en torno a la responsabilidad patrimonial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el departamento de Córdoba, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Montería, porRadicación: 25000234100020200050001 (71158)

Demandante: Carlos Alberto Ante Ospina y otros Demandado: Superintendencia de Economía Solidaria y otros Asunto: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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los perjuicios causados al grupo actor, en su condición de clientes del mercado de libranza, con ocasión del incumplimiento de las obligaciones contractuales por parte de la originadora de títulos valores – pagarés, Corporación de Inversiones de Córdoba-Coinvercor-. La responsabilidad que se atribuye en la demanda, radica en que, ante la supuesta la falta de seguimiento y control de Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL, las accionadas permitieron la inclusión de Coinvercor en ese documento, sin cumplir con las exigencias legales para ese cometido, cuestión que llevó a que esa empresa realizara actividades de libranzas bajo un velo inicial de leg itimidad, el cual, a la postre, fue desvirtuado en el proceso de intervención del que fue objeto la mencionada Corporación por parte

para ese cometido, cuestión que llevó a que esa empresa realizara actividades de libranzas bajo un velo inicial de leg itimidad, el cual, a la postre, fue desvirtuado en el proceso de intervención del que fue objeto la mencionada Corporación por parte de la Superintendencia de Sociedades.

II. ANTECEDENTES La demanda

El 1 de julio de 2020 , los señores Carlos Alberto Ante Ospina , Marta Patricia Tarazona Bravo, Gabriel Talero Fandiño, Henry Alberto Vivas Mayorga, Sonia Esperanza Báez Báez, Ada Janeth Castillo Ariza, Ana Mercedes Barreto Gómez, Marta Nasly Castillo Ariza, Carlos Andrés Ante Tarazona, Clara Graciela Barreto, Marlen Gaitán Palacios, Marta Leonor Margarita Cuellar Garzón, Nelly Giraldo Giraldo, Rafael González Giraldo, Teresa de Jesús Barreto Gómez y Jorge Iván Velásquez Tangarife presentaron demanda, en ejercicio de l medio de control de reparación de perjuicios causa dos a un grupo contra la Superintendencia de Industria y Comercio , el departamento de Córdoba, la Superintendencia de Economía Solidaria y la Cámara de Comercio de Montería, para que se hicieran las siguientes declaraciones:

Primera petición: Declarar la existencia del daño a un grupo uniforme y plural de más de veinte (20) personas, por las acciones y omisiones de las demandadas, quienes en ejercicio de funciones administrativas causaron un daño antijurídico por conceder, mantener y permitir la continuac ión de las operaciones de libranza de La CORPORACIÓN DE INVERSIONES DE CÓRDOBA - COINVERCOR, identificada con el NIT 900.297.634.

daño antijurídico por conceder, mantener y permitir la continuac ión de las operaciones de libranza de La CORPORACIÓN DE INVERSIONES DE CÓRDOBA - COINVERCOR, identificada con el NIT 900.297.634.

Segunda petición: Como consecuencia de la declaración anterior, LA

NACIÓN -SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA - GOBERNACIÓN DE CÓ RDOBA – SUPERINTENTENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, repare al grupo con la suma de $1.853.149.361 por concepto de LUCRO CESANTE, o la cifra que se encuentre probada en el curso del proceso.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

Demandante: Carlos Alberto Ante Ospina y otros Demandado: Superintendencia de Economía Solidaria y otros Asunto: Reparación de perjuicios causados a un grupo

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Tercera petición: Como consecuencia de la declaración anterior, LA NACIÓN

• SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA - GOBERNACIÓN DE CÓDOBA – SUPERINTENTENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, repare al grupo con la suma de $83.000.000.oo por concepto de DAÑO EMERGENTE, o la cifra que se encuentre probada en el curso del proceso.

Cuarta petición: Como consecuencia de la declaración anterior, LA NACIÓN

• SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA - GOBERNACIÓN DE CÓDOBA – SUPERINTENTENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, repare a cada uno de

• SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA - GOBERNACIÓN DE CÓDOBA – SUPERINTENTENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, repare a cada uno de los miembros del grupo con CUATROCIENTOS (400) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV) por concepto de DAÑOS

INMATERIALES.

Hechos

Los sucesos relevantes expuestos como base del litigo se concretan a continuación:

Se indicó en la demanda que , mediante acta 001 del 5 de marzo de 2009 , se creó la Cooperativa de Inversiones Córdoba, documento inscrito el 24 de julio de ese año en la Cámara de Comercio de Montería.

Refirió el extremo activo que , a través de acta 06 de 21 de abril de 2014 , la Cooperativa de Inversiones Córdoba se transformó en la Co rporación de Inversiones Córdoba - Coinvercor, transformación que fue aut orizada por la Superintendencia de Economía Solidaria en oficio del 8 de febrero de 2015 e inscrita en el Registro de Entidades sin Ánimo de Lucro de la Cámara de Comercio de Montería el 20 de febrero siguiente.

Explicó que, a partir del cambio de naturaleza jurídica de Coinvercor, a la luz de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012 y el artículo 143 de la Ley 1753 de 2015, dicha persona jurídica ya no podría estar inscrita en el Registro Único Nac ional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL ni podía hacer operaciones de libranza.

Ley 1753 de 2015, dicha persona jurídica ya no podría estar inscrita en el Registro Único Nac ional de Entidades Operadoras de Libranza RUNEOL ni podía hacer operaciones de libranza.

Adujo la parte actora que , pese a lo anterior, ni la Superintendencia de Economía Solidaria, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Cámara de Comercio de Montería ni la Gobernación de Córdoba se aseguraron de que la Corporación de Inversiones Córdoba fuera eliminada del Registro Único Nacional de EntidadesRadicación: 25000234100020200050001 (71158)

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Operadoras de Libranza, cuestión que constituyó una omisión de sus deberes de inspección, vigilancia, control y depuración de ese registro.

Señalaron que la Superintendencia de Sociedades, en auto 400-003234 del 01 de marzo de 2018 ordenó “la intervención mediante toma de posesión, de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de la Corporación de Invers iones de Córdoba en Liquidación”, proceso en cuyo desarrollo se tuvo conocimiento de l os hechos relativos a las falencias en el trámite de registro , con ocasión de la c omunicación suscrita por la Superintendencia de Industria y Comercio del 2 de mayo de 2018, en el que inform ó las gestiones que se adelantaron para depurar el RUNEOL de manera tardía.

Afirmaron los demandantes que l a Corporación de inversiones de Córdoba –

el que inform ó las gestiones que se adelantaron para depurar el RUNEOL de manera tardía.

Afirmaron los demandantes que l a Corporación de inversiones de Córdoba – COINVERCOR incumplió sus obligaciones derivadas de la cartera instrumentada en pagarés -libranza que vendió con fundamento en la habilitación que tenía por cuenta del registro del RUNEOL, hecho que causó un daño al grupo actor en calidad de usuarios del mercado de libranza al que acudieron a través de la sociedad intermediaria ABC FOR WINNERS S.A.S. Así se precisó en el libelo introductorio:

ABC FOR WINNERS SAS compró cartera a COINVERCOR hasta mediados de 2016.

22. ABC FOR WINNERS SAS dejó de recibir como rembolso de capital con ocasión de la compra de cartera a COINVERCOR la suma de $2.152.751.540, que se reclama aquí como daño emergente y lucro cesante Por los incumplimientos de la CORPORACIÓN DE INVERSIONES DE CÓRDOBA - COINVERCOR, identificada con el NIT 900.297.634 ABC FOR WINNERS SAS no pudo honrar sus compromisos con sus clientes de manera que se hizo imposible continuar con su actividad.

Contestación de la demanda

Superintendencia de Economía Solidaria

Como razones de la defensa sostuvo que, mediante Resolución 327 de 11 de diciembre de 2014, expedida por la Secretaría del Interior y Participación Ciudadana de la gobernación de Córdoba, se autorizó la transformación de cooperativa a corporación, a COINVERCOR.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

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cooperativa a corporación, a COINVERCOR.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

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En ese sentido, advirtió que, desde esa fecha , esa Superintendencia perdió toda competencia de inspección, vigilancia y control sobre esta persona jurídica , correspondiéndole en adelante a la gobernación de Córdoba por ser , desde entonces, una entidad sin ánimo de lucro. Con fundamento en lo dicho, excepcionó la falta de legitimación en la causa por pasiva.

Adicionalmente formuló la excepci ón de caducidad, bajo el argumento de que el último hecho relacionado con la Superint endencia de Economía Solidaria fue e n 2014, cuando perdió competencia para ejercer actividades de vigilancia y control sobre la cooperativa posteriormente transformada. También formuló los medios exceptivos de inepta demanda e inexistencia del daño.

Superintendencia de Industria y Comercio

En su escrito de contestación sostuvo que actuó conforme las facultades que le han sido asignadas. Al respecto , alegó que adelantó la investigación correspondiente, según el ordenamiento y encontró administrativamente responsable a la Cámara de Comercio de Montería, por mantener inscrita en el Registro Único Nacion al de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo - RUNEOLa la Corporación de Inversiones de Córdoba. -COINVECORdesde el 10 de septiembre de 2015 hasta el 21 de noviembre de 2017, aun cuando, por su naturaleza jurídica

Corporación de Inversiones de Córdoba. -COINVECORdesde el 10 de septiembre de 2015 hasta el 21 de noviembre de 2017, aun cuando, por su naturaleza jurídica no podía ostentar la calidad de entidad operadora de libranzas, circunstancia que debió ser revisada por el ente cameral en el momento en el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasladó el registro e incluso en las subsiguientes renovaciones.

Esgrimió que l a Superintendencia de Industria y Comercio en despliegue de las facultades de inspección, vigilancia y control de que trata el Decreto 4886 de 2011, sí ejecutó las labores necesarias para la depuración del registro RUNEOL y, a su vez, al conocer del caso en concr eto, inició la investigación administrativa con apego a la Ley 1437 de 2011, para posteriormente imponer la sanción correspondiente a la Cámara de Comercio de Montería, por encontrar transgredidas las disposiciones consagradas en el Decreto 1840 de 2015 y la Ley 1527 de 2012.

Seguidamente se refirió a las facultades de la entidad en materia de Cámaras de Comercio, a la n aturaleza Jurídica de las Cámaras de Comercio, a laRadicación: 25000234100020200050001 (71158)

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contextualización del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo - RUNEOL-, al cabo de lo cual propuso las

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contextualización del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza o Descuento Directo - RUNEOL-, al cabo de lo cual propuso las excepciones de: inexistencia de los elementos constitutivos de la responsabilidad respecto del proceder de la SI C; inexistencia de una actuación irregular de la SIC generadora de un daño antijurídico; inexistencia de nexo causal entre el supuesto daño y el actuar de la SIC ; Aún si se hubieren presentados daños antijurídicos los mismos no serían imputables a la SIC; falta de legitimación en la causa por pasiva; caducidad de la acción; ineptitud de la demanda.

Sentencia de primera instancia

En providencia del 16 de mayo de 2023, el tribunal de origen, en consideración a las excepciones presentadas, estimó procedente dar aplicación a lo consagrado en el artículo 278 del Código General del Proceso, en el sentido de dictar sentencia anticipada, para lo cual ordenó, previamente, correr traslado por cinco días para alegar de conclusión.

Vencido el término concedido, el 7 de febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección C profirió sentencia anticipada en la que declaró la caducidad del medio de control impetrado.

Como apoyo de su decisión, precisó que el debate se centraba en las fallas derivadas de la omisión en la inspección, control y vigilancia del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza – RUNEOL, acorde con las competencias asignadas a cada entidad accionada y que permitieron a la

derivadas de la omisión en la inspección, control y vigilancia del Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza – RUNEOL, acorde con las competencias asignadas a cada entidad accionada y que permitieron a la CORPORACIÓN DE INVERSIONES DE CÓRDOBA – COINVERCOR conceder, mantener y permitir la continuación de las operaciones de libranza, sin encontrarse habilitada para tal efecto, esto último en virtud de lo dispuesto en el literal c) del artículo 2 de la Ley 1527 de 2012.

Con base en lo anterior, indicó que el daño alegado se identificaba con la imposibilidad de recaudo de las obligaciones a favor del grupo actor, contraídas en virtud de la compra de cartera amparada mediante pagarés – libranzas realizada a COINVERCOR, esto en la medida en que dicha entidad fue objeto de intervención con toma de posesión por parte de la Superintendencia de Sociedades ante una posible captación masiva de dinero.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

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En esa línea, advirtió que para determinar el momento en que comenzó a correr el término de caducidad en este caso, resultaba necesario definir la ocasión en que los integrantes del grupo accionante tuvieron grado de certeza respecto de la imposibilidad de obtener el pago de sus acreencias. Para ese propósito, estimó que el daño no se materializó con la toma de posesión de la Corporación por parte de la Superintendencia de Sociedades, sino que fue anterior a tal decisión administrativa.

imposibilidad de obtener el pago de sus acreencias. Para ese propósito, estimó que el daño no se materializó con la toma de posesión de la Corporación por parte de la Superintendencia de Sociedades, sino que fue anterior a tal decisión administrativa.

Concluyó que el daño alegado se causó el 30 de junio de 2016, fecha correspondiente al cese de la actividad ilegal de captación masiva de dineros, y momento en el cual se incumplieron las obligaciones de la compra de cartera amparada mediante libranzas a cargo de la CORPORACIÓN DE INVERSIONES DE CÓRDOBA – COINVERCOR, razón por la que el término de caducidad del medio de control feneció el 30 de junio de 2018, pese a lo cual la demanda solo se presentó hasta el 1 de julio de 2020, cuando ya había operado el fenómeno de la caducidad del medio de control.

Agregó el a quo que, sin perjuicio de lo expuesto, en el acápite de determinación de la cuantía de los perjuicios reclamados, se presentó una relación con las liquidaciones del menoscabo causado a 31 de diciembre de 2017, circunstancia que de suyo implicaba que el daño se configuró mucho antes de la toma de posesión de la entidad por parte de la Superintendencia de Sociedades alegada en la demanda como parámetro del cómputo de caducidad.

Al tiemp o, infirió que el daño alegado fue conocido por el grupo actor desde el momento mismo de su causación, es decir, con la suspensión de los reembolsos de capital que venían siendo pagados a los integrantes del grupo en virtud de la compra de cartera amparada en pagaré-libranza, fundado en que:

momento mismo de su causación, es decir, con la suspensión de los reembolsos de capital que venían siendo pagados a los integrantes del grupo en virtud de la compra de cartera amparada en pagaré-libranza, fundado en que:

“i) según se indica en los hechos de la demanda, las operaciones de compra de cartera se extendieron por parte de los demandantes hasta mediados del año 2016, ii) periodo que coincide con el momento a partir del cual se generó el incumplimiento de los pagos a cargo de COINVERCOR, y, iii) si se considera que tal incumplimiento, según indican los accionantes, además derivó en las graves afectaciones patrimoniales que impidieron continuar con las actividades comerciales de los integrantes del grupo actor. Todo lo anterior sin que en forma alguna se haya alegado o evidenciado por la Sala alguna situación que hubiese impedido materialmente el ejercicio del derecho de acción en la oportunidadRadicación: 25000234100020200050001 (71158)

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legalmente dispuesta, esto tal y como ha sido referido por la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado”.

Por último, advirtió que, si en gracia de discusión se aceptara que el daño alegado no se configuró con el incumplimiento de las obligaciones contractuales originadas en la compra de cartera antes referida, sino que se materializó con la imposibilidad de la referida Corporación para continuar con el desarrollo habitual de sus operaciones, tampoco resultaría de recibo el argumento planteado por el grupo actor

en la compra de cartera antes referida, sino que se materializó con la imposibilidad de la referida Corporación para continuar con el desarrollo habitual de sus operaciones, tampoco resultaría de recibo el argumento planteado por el grupo actor tendiente a j ustificar el ejercicio oportuno del medio de control con la toma de posesión ordenada la Superintendencia de Sociedades mediante Auto 400-003234 del 1 de marzo de 2018, habida cuenta que , previamente la referida Superintendencia, en Resolución 300-007228 de 28 de diciembre de 2017, ya había ordenado el cese de las operaciones desplegadas por Coinvercor, evento en el que el término de caducidad se habría extendido hasta el 28 de diciembre de 2019.

Recurso de apelación

La parte demandante formuló recurso de apelación contra la sentencia, con el fin de que se revocara.

En sustento de la impugnación, manifestó que no podía entenderse que la mora en el pago de un flujo mensual -30 de junio de 2016fuese per se un hecho dañoso atribuible al Estado, pues tal circunstancia solo suponía un posible incumplimiento de un contrato entre personas de derecho privado, situación jurídica que no necesariamente evidencia ba notablemente la participación de las entidades demandadas como las causantes del daño por acción o por omisión. Así, precisó que, hasta el 30 de junio de 2016, el grupo afectado carecía de conocimientos del por qué se había producido la cesación del flujo de dineros.

Afirmó que el daño no se predicaba respecto de la actuación del particular, sino respecto de la acción o la omisión de las entidades del Estado, razón por la cual no

por qué se había producido la cesación del flujo de dineros.

Afirmó que el daño no se predicaba respecto de la actuación del particular, sino respecto de la acción o la omisión de las entidades del Estado, razón por la cual no podía considerarse que la fecha a tener en cuenta para el término de caducidad era el hecho de un tercero que no hace parte del presente medio de control, pues en este caso existieron omisiones que se prolongaron en el tiempo causando un daño a los miembros del grupo.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

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Esgrimió que el término debía ser contado desde el 16 de mayo de 2018, fecha en la cual , gracias al oficio 2018 -01-220256 del 2 de mayo de 2018 suscrito por l a Superintendencia de Industria y Comercio dirigido al expediente de intervención de la Corporación de Inversiones de Córdoba -Coinvercor, se conoc ió que mediaron falencias en el trámite en el Registro Único de Entidades Operadoras de Libranzas – RUNEOL de esa corporación para la operación de compra y venta de cartera amparada mediante pagarés.

Precisó que las entidades públicas encargadas de ejercer las funciones de Inspección, Vigilancia y Control no se percataron de la presencia de anomalías en el RUNEOL, generando en el grupo demandante confianza legítima respecto de los negocios jurídicos que se pudieran efectuar por la corporación , al permanecer inscrita en ese documento público.

el RUNEOL, generando en el grupo demandante confianza legítima respecto de los negocios jurídicos que se pudieran efectuar por la corporación , al permanecer inscrita en ese documento público.

Replicó que, si se contara el plazo desde el 2 de mayo de 2018, los dos años se habrían cumplido el 2 de mayo de 2020; no obstante, para este momento el cómputo estaba suspendido con ocasión al Decreto 564 de 20 20, en concordancia con los pronunciamientos del Consejo Superior de la Judicatura que suspendió los términos judiciales a partir del 16 de marzo de 2020, por motivos de salubridad pública y fuerza mayor con ocasión de la pandemia d e COVID-19 y hasta el 1º de julio de 2020.

Siguiendo esa argumentación indicó que:

“Así las cosas, de la fecha de suspensión de los términos judiciales (16 de marzo de 2020) al 2 de mayo de 2020 (fecha del radicado 2018 -01-220256), transcurrió un mes y 18 días que deben ser tenidos en cuenta para determinar el término de caducidad y que así las cosas, le permitía a este profesional en representación del grupo demandante presentar la demanda, incluso, hasta el 18 de agosto de esa anualidad para presentar la demanda, sin embarg o, avizorando alguna situación referente al conteo del término de caducidad, se procedió con la radicación de la demanda no el día 7 de julio como lo manifiesta la Sala, sino el día 1 de julio, es decir, el primer día hábil de reanudación de los términos judiciales”.

Trámite de segunda instancia

la Sala, sino el día 1 de julio, es decir, el primer día hábil de reanudación de los términos judiciales”.

Trámite de segunda instancia

El 7 de junio de 2024, el Despacho sustanciador del proceso admitió la impugnación. Se dispuso que, una vez ejecutoriada esa decisión, sin que ninguna de las partes solicitara la práctica de pruebas, por Secretaría, se corriera traslado a las partesRadicación: 25000234100020200050001 (71158)

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demandadas, por el término de cinco días, para que se pronunci aran sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en atención al artículo 12 de la Ley 2213 de 2021. En lo que respecta a la intervención del Ministerio Público se previno que se daría aplicación a lo establecido en el artículo 247.6 CPACA, al ser norma especial sobre este aspecto en los procesos de conocimiento ante esta jurisdicción.

En el término concedido, se guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES

1. En atención a que se trata de un medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo, radicado el 1 de julio de 2020, al presente asunto le resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998 —norma especial que lo rige— y el CPACA, ya vigente para la fecha de radicación de la demanda, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y pacífica de

aplicables las disposiciones contenidas en la Ley 472 de 1998 —norma especial que lo rige— y el CPACA, ya vigente para la fecha de radicación de la demanda, teniendo en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada y pacífica de esta Corporación, dicho Código modificó la Ley 472 en lo atinente a las normas que disciplinaban la pretensión, caducidad y competencia1.

2. Asimismo, la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en providencia del 6 de agosto de 20202, señaló que, aun cuando el artículo 68 de la Ley 472 de 1998 disponía la aplicación del CPC —hoy CGP— en lo no regulado, lo cierto era que el CPACA contenía normas que resultaban directamente aplicables a algunos aspectos referentes a estos medios de control3.

1 Entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto del 10 de febrero de 2016. Exp. 2015-00934; auto de 31 de enero de 2013, exp: 63001-23-33-000-201200034-01(AG); auto de 18 de mayo de 2017, exp: 2016-00131; 18 de julio de 2017, exp: 2013-00583 y sentencia del 2 de julio de 2021, exp: 25000-23-41-000-2018-00153-01(AG). 2 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera. Auto del 6 de agosto de 2020. Exp: 64.778. 3 Posteriormente, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp: 69376, la Sala Plena de la Sección

del 6 de agosto de 2020. Exp: 64.778. 3 Posteriormente, en sentencia del 14 de noviembre de 2024, exp: 69376, la Sala Plena de la Sección Tercera unificó su jurisprudencia respecto de las normas procesales aplicables a estas acciones, en demandas presentadas después de la entrada en vigencia de la Ley 2213 de 2022. La aplicación de la regla jurisprudencial, por virtud de la misma decisión, rige para las sentencias proferidas luego de notificada la sentencia de unificación y en aquellos procesos en los que se haya notificado la sentencia y concedido la apelación. Dado que la demanda fue presentada antes de la vigencia de la Ley 2213 de 2022 y la sentencia de primera instancia fue proferida antes de la notificación de la sentencia de unificación, esta regla jurisprudencial no resulta aplicable.Radicación: 25000234100020200050001 (71158)

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I.- Presupuestos procesales

1. Jurisdicción y competencia

3. A esta jurisdicción le corresponde el estudio del caso, en tanto que, de conformidad con los artículos 50 de la Ley 472 de 1998 y 150 y 152.16 del CPACA, se trata de un asunto que se suscitó con ocasión del ejercicio del medio de control para la reparación de los perjuicios causados a un grupo, que se atribuye n a las omisiones de entidades públicas , naturaleza de la que participan la Superintendencia de Industria y Comercio 4, Superintendencia de Economía Solidaria5 y el departamento de Córdoba.

omisiones de entidades públicas , naturaleza de la que participan la Superintendencia de Industria y Comercio 4, Superintendencia de Economía Solidaria5 y el departamento de Córdoba.

4. En cuanto a la vinculación de la Cámara de Comercio de Montería, organismo gremial de derecho privado, es necesario realizar las siguientes puntualizaciones:

5. En virtud del fuero de atracción, edificado sobre e l factor de conexión de la competencia, la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de controversias en las que se demande a personas naturales o jurídicas, cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que acuden a esta en razón a que fueron demandados de forma concurrente con una entidad pública. En estos eventos, la jurisdicción conoce, en el mismo proceso, de la controversia que involucra a la entidad pública y al particular.

Es importante aclarar que e l fuero de atracción, aunque implica la modificación de la jurisdicción, no afecta el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones formuladas en contra de los particulares. De manera que, al margen de que el proceso se tramite ant e el juez administrativo, la conducta de los sujetos de derecho privado será evaluada desde el ángulo de la norma