CE - Sentencia 25000234200020180169001 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA

SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024)

Demandante: Mayra Alejandra Mora López

Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura,

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Tema: nivelación salarial cargo abogado asesor grado 23 de tribunales superiores de distrito judicial y tribunales administrativos. Subtema 1: fijación del régimen salarial y prestacional en la Nación, Rama Judicial. Subtema 2: sentencia de unificación del 2 de noviembre de 2023. Subtema 3: inaplicación por inconstitucionalidad del Acuerdo PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 18 de octubre de 2023, por la Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mayra Alejandra Mora López prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Solicitó el reconocimiento y

I. SÍNTESIS DEL CASO

Mayra Alejandra Mora López prestó sus servicios como «abogado asesor grado 23» en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca. Solicitó el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales entre el mencionado cargo, y el de «abogado asesor» sin grado. En el presente proceso, pretende la nulidad de los actos administrativos que le negaron lo pedido. A su turno, el Tribunal consideró que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para modificar las condiciones que el Gobierno nacional le asignó al cargo de abogado asesor, lo que implicó una desigualdad en los ingresos percibidos por los servidores judiciales que ocupan cargos equivalentes.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. La señora Mayra Alejandra Mora López, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda1 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del

1 C. Principal, folios 49 a 61.Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

2 derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

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2 derecho2 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos jurídicos que a continuación se señalan.

2.1.1. Pretensiones

(i) Declarar la nulidad de la Resolución núm. DESAJ BOJR018-1406 del 25 de enero de 2018 y del acto ficto negativo derivado de la falta de respuesta frente al recurso de apelación interpuesto contra esta. Actos administrativos mediante los cuales se le negó lo pedido.

(ii) Como consecuencia de lo anterior, solicitó inaplicar por inconstitucional e ilegal el aparte «grado 23» contenido en el numeral 1 del artículo 16 y en el literal a) del artículo 17 de l Acuerdo núm. PSAA15 -10402 del 29 de octubre de 2015 . Además, pidió condenar a las demandadas a lo siguiente:

TERCERO: […] reconocer y pagar a mi poderdante el salario y demás emolumentos de acuerdo con la asignación que para el empleo de abogado asesor determinó el Gobierno nacional en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014, reajustado anualmente de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 2017 y Decreto 337 de 2018 y los demás que se profieran hasta la sentencia correspondiente.

CUARTO: […] reconocer y pagar a mi poderdante los valores dejados de percibir por concepto de la diferencia existente entre el salario que devengó desde el 01 de diciembre de 2015 hasta la fecha, frente al salario establecido para los abogados asesores según el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de del 7 de febrero de 2014,

concepto de la diferencia existente entre el salario que devengó desde el 01 de diciembre de 2015 hasta la fecha, frente al salario establecido para los abogados asesores según el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de del 7 de febrero de 2014, modificado por el Decreto 1257 de 2015 y por el Decreto 245 de 2016, así como por el Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, respecto a los años 2016 y 2017 y Decreto 337 de 2018 y los demás que se profieran.

QUINTO: […] reconocer y pagar las prestaciones sociales y demás emolumentos devengados desde el año 2015 hasta la fecha, con base en la asignación salarial establecida para los abogados asesores citada en el numeral 2 del artículo 4 Decreto 194 del 7 de febrero de 2014 modificado por el Decreto 1257 de 2015 y por el Decreto 245 de 2016, así como por el Decreto 1013 de 9 de junio de 2017, Decreto 337 de 2018 respecto a los años 2015, 2016, 2017, 2018 y en los demás que se profieran.

(iii) También solicitó que el reconocimiento se ajustara conforme a la indexación según lo dispuesto en los artículos 187 y 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), al tomar como base la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) certificada mensualmente por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

3. La señora Mayra Alejandra Mora López fue nombrada en el cargo de «abogado

2.1.2. Hechos

2. La Sala sintetiza los principales hechos de la demanda, así:

3. La señora Mayra Alejandra Mora López fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23» en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca.

Actualmente, está vinculada en la Nación, Rama Judicial en el citado cargo.

2 El 31 de julio de 2018, según el sello de recibido que obra en el C. Principal, folio 49.Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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4. Radicó reclamación administrativa ante la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá (Cundinamarca) el 29 de septiembre de 2017, en la que solicitó la inaplicación por inconstitucional e ilegal del «aparte Grado 23 » contenido en el numeral 1 del artículo 16 y en el literal a) del artículo 17 del Acuerdo núm. PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 . También pidió el reconocimiento y pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir en el citado cargo, frente al de «abogado asesor», debidamente indexadas.

5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante la

pago de las diferencias salariales y prestacionales dejadas de percibir en el citado cargo, frente al de «abogado asesor», debidamente indexadas.

5. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, mediante la Resolución núm. DESAJBOJR018-1406 del 25 de enero de 2018, le negó lo pedido.

Esta decisión se le notificó el 12 de febrero siguiente y presentó recurso de apelación el 16 del mismo mes y año.

6. Transcurrieron más de dos meses contados a partir de la interposición del recurso de apelación contra la Resolución núm. DESAJBOJR018 -1406, sin que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá lo hubiera resuelto.

2.1.3. Normas violadas y concepto de violación

7. En la demanda se invocan las siguientes normas: Constitución Política, literal e) del numeral 19 del artículo 150, Ley 4ª de 1992, artículo 1 literal b), Decreto 194 de 2014, artículo 4, numeral 2, Decreto 1257 de 2015, Decreto 245 de 2016, Decreto 1013 de 2017 y Decreto 337 de 2018.

8. En el concepto de violación, la parte actora manifestó que los actos administrativos demandados se encuentran viciados de nulidad al haberse expedido con infracción de la norma en que debi eron fundarse, falsa motivación y falta de competencia, por las

siguientes razones:

9. De acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, que

siguientes razones:

9. De acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República expidió la Ley 4ª de 1992, que dispuso, en su artículo 1, literal b), que el Gobierno nacional fijará el régimen salarial y prestacional de los empleados de la Nación, Rama Judicial. De ahí que este expidió los decretos que fijan los salarios de la entidad , pero la Nación, Consejo Superior de la Judicatura infringió este hecho y emitió los acuerdos que crearon el cargo de «abogado asesor en una escala salarial correspondiente al grado 23», lo que hace que el salario difiera del establecido en el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014.

10. Así las cosas, como los actos se sustentaron en los acuerdos que profirió la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura , se infringió el literal e) del numeral 19 del artículo 150 de la Constitución Política, el artículo 1, literal b) de la Ley 4ª de 1992, el numeral 2 del artículo 4 del Decreto 194 de 2014, el Decreto 1257 de 2015, el Decreto 245 de 2016 y los decretos 1013 de 2017 y 337 de 2018.

11. Por su parte, expresó que los actos administrativos se motivaron en los acuerdos expedidos por la Nación, Consejo Superior de la Judicatura que pasaron por alto la existencia del cargo de «abogado asesor» en la Nación, Rama Judicial y su remuneración prevista en los distintos decretos salariales anuales . En consecuencia, están falsamente motivados dado que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura

existencia del cargo de «abogado asesor» en la Nación, Rama Judicial y su remuneración prevista en los distintos decretos salariales anuales . En consecuencia, están falsamente motivados dado que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura creó el cargo de «abogado asesor grado 23», sin distinción con el de «abogado asesor», lo que trae unas implicaciones en materia de la escala salarial.Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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12. Finalmente, manifestó que la Sala Administrativa de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura carece de competencia para modificar el régimen salarial de los abogados asesores y colocarles la clasificación del «grado 23», porque esta está reservada para el Gobierno nacional , quien ya le había fijado una remuneración al mismo empleo. En punto a esto, se refirió a dos casos en los que el Consejo de Estado declaró la nulidad de apartes de los acuerdos emitidos por la Sala Administrativa de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura 3. Por estos motivos, se presentó una evidente transgresión de la normativ a, de manera que debían concederse las pretensiones de la demanda de conformidad con los presupuestos fácticos y jurídicos planteados.

2.2. Contestación de la demanda

evidente transgresión de la normativ a, de manera que debían concederse las pretensiones de la demanda de conformidad con los presupuestos fácticos y jurídicos planteados.

2.2. Contestación de la demanda

13. La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se opuso a las declaraciones y condenas y solicitó declarar probadas las excepciones planteadas, con el fin de que se le absolviera de todas las pretensiones de la demanda. Precisó que la demandante se vinculó a partir del 1 de diciembre de 2015 y que desempeñó en el cargo de «Asesor Grado 23» en la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca hasta el 8 de febrero de 2017, porque después pasó al Juzgado Primero Penal de Adolescentes con Función de Conocimiento de Funza, como se extrae del certificado expedido por la coordinadora de talento humano de la Dirección Seccional de Bogotá.

14. Precisó que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura es autónoma para crear, modificar o suprimir cargos de conformidad con las necesidades de la administración de justicia, motivo por el cual la «demandante ocupó un cargo fijado en la ley, y no puede pretender un beneficio personal en contra de los intereses públicos». En igual sentido, manifestó que los actos demandados se expidieron en cumplimiento de las funciones que son propias de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, ya que el cargo de «abogado asesor grado 23 » era el adecuado para descongestionar los tribunales administrativos y superiores, cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que requiere el perfil, sin que ello implicara una

cargo de «abogado asesor grado 23 » era el adecuado para descongestionar los tribunales administrativos y superiores, cuya remuneración es proporcional al grado de funciones y responsabilidades que requiere el perfil, sin que ello implicara una asimilación al cargo de «abogado asesor» innominado de la Ley 4ª de 1992, que tiene un régimen salarial diferente.

15. En estos términos, consideró que no había lugar a la inaplicación por inconstitucionalidad reclamada por la demandante, toda vez que el Acuerdo núm.

PSAA15-10402 del 29 de octubre de 2015 se expidió acorde con el ordenamiento jurídico, en ejercicio de la facultad administrativa de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura. Además, porque, la creación del cargo de «Abogado Asesor Grado 23» es anterior al Decreto 194 de 2014, lo que impide relacionarlo.

16. Igualmente, expresó que no se configuró la falta de competencia dado que el objetivo de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura era continuar con la descongestión que le precedió al Decreto 194 de 2014, de ahí que no era procedente la nivelación salarial en aplicación de los artículo s 13 y 53 de la Constitución Política que admiten un trato diferenciado. Finalmente, propuso las excepciones de: i) falta de causa para demandar; ii) legalidad de los actos administrativos; y iii) la innominada4.

3 (i) Consejo de Estado, sentencia 3365-2003 del 21 de febrero de 2008; y (ii) Consejo de Estado, sentencia 25582007 del 27 de marzo de 2009. 4 C. Principal, folios 74 a 77.Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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2.3. Sentencia de primera instancia

17. La Subsección F de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de octubre de 2023, inaplicó por inconstitucionalidad la expresión «Grado 23 » del cargo de «abogado asesor » contenida en los artículos 16 y 17 del Acuerdo núm. PSAA15-1042 de 2015. Además, declaró configurado el silencio administrativo negativo frente al recurso de apelación interpuesto contra la Resolución núm. DESAJBOJRO18 -1406 del 25 de enero de 2018, anuló los actos administrativos demandados, le ordenó a la entidad demandada reconocer y pagar a favor de la demandante las diferencias salariales y prestacionales causadas durante el período en que se desempeñó como «abogada asesora grado 23» negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas.

En concreto, ordenó lo siguiente a título de restablecimiento del derecho:

causadas durante el período en que se desempeñó como «abogada asesora grado 23» negó las demás pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en costas. En concreto, ordenó lo siguiente a título de restablecimiento del derecho: […] CUARTO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNASE a la Direcci ón Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca a reconocer y pagar a la se ñora Mayra Alejandra Mora L ópez las diferencias salariales y prestacionales causadas para el periodo en que se desempeñó en el cargo de “abogado asesor grado 23” del Tribunal Superior de Cundinamarca, para lo cual deber á tener en cuenta lo devengado por un abogado asesor de la planta de personal de la Rama Judicial. […] Las sumas que resulten en favor de la parte actora se ajustar án en su valor, dando aplicación a la siguiente fórmula: […]

18. El Tribunal encontró demostrado que la demandante se vinculó como «abogado asesor grado 23» de la Sala 005 Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca para el período comprendido entre el 1 de diciembre de 2015 y el 8 de febrero de 2017.

19. Aclaró que este era el único interregno ejercido en el cargo, porque a pesar de lo referido en la demanda se registran vinculaciones posteriores , con la misma denominación, pero en el Juzgado 001 Penal de Adolescentes con Función de Conocimiento del Circuito de Funza. De ahí que no están relacionadas con el acuerdo cuya inaplicación se pretende, ni frente a estas se agotó en debida forma la actuación administrativa, a partir de la norma que dispuso su creación. En consecuencia, la

Conocimiento del Circuito de Funza. De ahí que no están relacionadas con el acuerdo cuya inaplicación se pretende, ni frente a estas se agotó en debida forma la actuación administrativa, a partir de la norma que dispuso su creación. En consecuencia, la actora fue nombrada en el cargo de «abogado asesor grado 23 » en virtud de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 del Acuerdo núm. PSAA15-1042 de 2015.

20. Bajo este entendido, la remuneración del cargo de «abogado asesor grado 23 » corresponde con la dispuesta en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014 , que previó un límite para su aplicación frente a cargos que no se hubieran denominado previamente.

En este caso puntual, destacó, la administración estaba habilitada para acudir a esta nomenclatura, lo que no era posible respecto de los cargos ya existentes en la entidad, esto es, que estuvieran nominados con uno de los grados allí creados. En igual sentido, sustentó que el artículo 4 del Decreto ibidem fijó la remuneración mensual del empleo de abogado asesor.

21. Así las cosas, el Tribunal concluyó que la creación del cargo de «abogado asesor grado 23 », mediante el Acuerdo núm. PSAA15 -1042 de 2015, generó diferencias frente a la remuneración del cargo de abogado asesor de la entidad . De ahí que al efectuar una comparación entre el salario percibido por la señora Mayra Alejandra

Mora López, y la asignación salarial fijada en el Decreto 245 de 2016 que dispuso unRadicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

6 aumento del 7,77% respecto del Decreto 194 de 2014, se evidencia el cambio en las condiciones salariales y prestacionales respecto de cargos equivalentes. En este orden, aunque la demandante aceptó las condiciones impuestas a través del Acuerdo núm. PSAA15-1042 de 2015, lo cierto es que esta situación no subsana que la entidad demandada incurrió en una extralimitación de las funciones al asignar un grado adicional a un cargo existente.

22. De ahí que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura carecía de competencia para modificar las condiciones que el Gobierno nacional le asignó al cargo de abogado asesor, lo que implicó una desigualdad en los ingresos percibidos por los servidores judiciales que ocupan cargos equivalentes. Por este motivo, el Tribunal inaplicó por inconstitucional la expresión «grado 23» contenida en los artículos 16 y 17 del Acuerdo núm. PSAA15-1042 de 2015, y ordenó la reliquidación de los derechos salariales de la parte demandante en las mismas condiciones que un abogado asesor de la Nación,

Rama Judicial.

núm. PSAA15-1042 de 2015, y ordenó la reliquidación de los derechos salariales de la parte demandante en las mismas condiciones que un abogado asesor de la Nación, Rama Judicial.

23. Seguidamente, el Tribunal descartó que se hubiera configurado la prescripción, ya que la demandante estuvo vinculada del 30 de noviembre de 2015 al 8 de febrero de 2017 y , posteriormente, radicó la reclamación administrativa el 29 de septiembre siguiente. Adicionalmente, la demanda se presentó el 31 de julio de 2018. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas en primera instancia ante la falta de comprobación, así como la ausencia de actos dilatorios o temerarios desplegados por las partes en el curso del proceso5.

2.4. Recurso de apelación

24. El apoderado de la entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia que accedió a las pretensiones de la demanda.

25. Indicó que la providencia desconoce las facultades de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura , parte de que se modificó el régimen salarial y lo equiparó con un cargo distinto que no existe en la planta de personal. Adicionalmente, pasó por alto las condiciones requeridas para inaplicar una norma por inconstitucionalidad, al haberle dado alcance a un pronunciamiento jurisprudencial empleado en un caso distinto.

26. Puntualmente, afirmó que la regla fijada en la sentencia de unificación del Consejo de Estado se refiere a los empleos de «abogado asesor grado 23» únicamente de los tribunales administrativos, por lo que no es aplicable al asunto objeto de estudio porque

de Estado se refiere a los empleos de «abogado asesor grado 23» únicamente de los tribunales administrativos, por lo que no es aplicable al asunto objeto de estudio porque la demandante desempeñó su cargo en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá. De ahí que se trata solamente de un antecedente respecto del cual pueden apartarse los magistrados, como lo hizo el ponente del fallo de primera instancia al salvar el voto.

27. Adicionalmente, refirió que en la providencia se desconocieron las competencias de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura y se le otorgó relevancia a unos cargos definidos en el decreto del Gobierno, quien carece de la facultad para crearlos .

Además, se confundieron los cargos de abogado asesor y «abogado asesor grado 23», y se le dio mayor relevancia a un cargo definido en un decreto expedido por el Gobierno, que, a la acreditación por parte de la demandante de un acuerdo en cuanto

5 C. Principal, folios 118 a 126. Samai, exp. 25000-23-42-000-2018-01690-00, índice 30.Radicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

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7 a la creación del abogado asesor nominado por la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene la competencia para ello, como ocurre con el «abogado asesor

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7 a la creación del abogado asesor nominado por la Nación, Consejo Superior de la Judicatura, quien tiene la competencia para ello, como ocurre con el «abogado asesor grado 23».

28. En línea con lo anterior, la Nación, Consejo Superior de la Judicatura tiene la facultad de crear cargos y de fijar los requisitos para su acceso según lo dispone la Constitución Política, el cual deberá corresponder a un nivel jerárquico y a un grado .

Por esta razón, la demandante desempeñó un cargo fijado en la norma y no puede pretender un beneficio personal en contravía de los intereses públicos, lo que genera un detrimento patrimonial.

29. La entidad demandada también precisó que lo concluido en primera instancia difiere de lo afirmado por el apoderado, toda vez que este sostiene que la Nación, Consejo Superior de la Judicatura fijó unos emolumentos para soportar una inconstitucionalidad carente de sustento. De la misma manera, el apoderado erró al considerar que la creación de un cargo equivale a fijar un régimen salarial y prestacional, porque se trata de dos supuestos totalmente distintos. Así las cosas, si esto se aceptara, la potestad de creación de cargos y de fijación de requisitos sería inaplicable.

30. Además, el cargo de «abogado asesor grado 23» se creó, desde el inicio, distinto al de abogado nominado que no correspondió al Gobierno. De este modo, la Nación, Consejo Superior de la Judicatura no se abrogó la competencia de establecer el régimen salarial de los empleados de la Nación, Rama Judicial, pues la misma se

al de abogado nominado que no correspondió al Gobierno. De este modo, la Nación, Consejo Superior de la Judicatura no se abrogó la competencia de establecer el régimen salarial de los empleados de la Nación, Rama Judicial, pues la misma se encuentra fijada por el Gobierno nacional, ya que el cargo de abogado «asesor grado 23» se rige en cuanto a su remuneración por lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014.

31. Entonces, el cargo de «abogado asesor grado 23» de ninguna manera puede ser homologado al de «abogado asesor» nominado, cuya remuneración se encontraba prevista en el numeral 2 del artículo 4 de la misma norma, la cual se actualiza, igualmente, de forma anual, por el Gobierno nacional.

32. En este contexto, la Sala Administrativa de la Nación, Consejo Superior de la Judicatura tenía la competencia para crear cargos en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales, lo que implica establecer su denominación y nivel. En consecuencia, no tiene razón la parte demandante al pretender darle el carácter de innominado a los cargos de abogado asesor creados, porque esto desconoce las funciones y la responsabilidad que se le quiso dar al grado 23 – específico–, cuya asignación salarial es la fijada por el Gobierno nacional para este tipo de empleos , como consta en el artículo 6 del Decreto 194 de 2014, por lo que el Acuerdo núm.

PSAA15-10402 goza de presunción de legalidad, sin que a la fecha se haya determinado nulidad alguna de los apartes atacados.

33. Mencionó que el referido acuerdo creó el cargo de «abogado asesor grado 23»,

PSAA15-10402 goza de presunción de legalidad, sin que a la fecha se haya determinado nulidad alguna de los apartes atacados.

33. Mencionó que el referido acuerdo creó el cargo de «abogado asesor grado 23», en el que la autoridad competente no dispuso la creación de este empleo como «NOMINADO», es decir, sin escala de grado, al que se le aplica la tabla de remuneración propia para los cargos nominados de tribunales judiciales y que para el caso serían las remuneraciones para «abogado asesor» que se establecen en cada uno de los decretos que fijan el régimen salarial y prestacional de los empleados de laRadicación: 25000-23-42-000-2018-01690-01 (3808-2024) Demandante: Mayra Alejandra Mora López Demandados: Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de

Administración Judicial

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8 Rama Judicial ( decretos 2012, 1024 de 2013, 194 de 2014, 1269 de 2015, 245 de 2016 y 1003 de 2017, entre otros).

34. En consecuencia, la facultad de creación de cargos en la Nación, Rama Judicial no está en cabeza del Gobierno mediante la expedición de decretos salariales anuales, como lo entendió la sentencia apelada, sino que es la propia Rama quien crea los cargos de acuerdo con la experiencia, las responsabilidades y los estudios , y prevé

no está en cabeza del Gobierno mediante la expedición de decretos salariales anuales, como lo entendió la sentencia apelada, sino que es la propia Rama quien crea los cargos de acuerdo con la experiencia, las responsabilidades y los estudios , y prevé que la remuneración será la establecida por el Gobierno nacional. Este es el caso del empleo «grado 23», frente al cual no existe vacío legal, al existir una remuneración en los decretos salariales.

35. Por último, destacó que el magistrado Luis Alfredo Zamora Acosta salvó voto frente a la sentencia de primera instancia, fundamento a partir del cual consideró que el fallo debía ser revocado íntegramente para, en su lugar, negar todas las pretensiones de la demanda6.

2.5. Trámite procesal en segunda instancia

36. Mediante auto del 9 de abril de 2025 7, se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada. Al no existir solicitud probatoria, se prescindió del período para correr traslado a las partes, en aplicación del numeral 5 del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, el expediente ingresó al despacho para proferir fallo el 7 de mayo de 20258.

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

37. El presente asunto es competencia de esta corporación de conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

38. La Sala observa que, una vez el expediente se repartió a la Sección Segunda de

de Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión preliminar

38. La Sala observa que, una vez el expediente se repartió a la Sección Segunda de esta corporación, el apoderado 9 de la demandante allegó memorial a través del cual solicitó «EXTENDER LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA QUE DECLARÓ LA NULIDAD DE LA FRASE “GRADO 23”, en el asunto de la referencia, así como la Nulidad del Acuerdo PCSJA22-11968 de 2022