CE - Sentencia 25000234200020200011701 de 2025

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., dos (2) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicación: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

Demandado: Secretaría Distrital de Integración Social1

Temas: Relación laboral encubierta

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA __________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 11 de abril de 2024 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, mediante la cual accedió a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. Elizabeth Moya Soriano presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo, en orden a que se declarara la nulidad del Oficio FOR-BS-046 RAD: S2019078206 del 8 de agosto de 2019, mediante el cual la subdirectora de contratación de la Alcaldía Mayor de

se declarara la nulidad del Oficio FOR-BS-046 RAD: S2019078206 del 8 de agosto de 2019, mediante el cual la subdirectora de contratación de la Alcaldía Mayor de Bogotá le negó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral encubierta entre el 15 de julio de 2009 y el 24 de agosto de 2016, y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella.

1 En lo que sigue SDIS2

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, solicitó i) la declaratoria de la existencia de una relación laboral entre las partes por el periodo reclamado; ii) el pago de todas las acreencias laborales debidas tales como cesantías y sus intereses, vacaciones, primas de navidad, y de servicios; así como la dotación y, en general, todas las sumas correspondientes por prestaciones sociales que percibe un empleado de planta que prestara iguales servicios iii) la devolución de los aportes a la seguridad social, la retención ICA, la retención en la fuente, las estampillas pro adulto mayor y pro cultura ; iv) el pago de los aportes correspondientes a las entidades de seguridad social, para salud, pensiones, riesgos laborales y aportes parafiscales sobre la diferencia resultante en consideración a los ingresos que le correspondía según la asignación salarial que debió percibir de acuerdo con el cargo de instructor; v) la sanción moratoria de que trata la Ley 244 de 1995 por la mora en el pago de las cesantías desde los años 2009 a 2016 y hasta el pago efectivo de la prestación; vi) la indexación de las

trata la Ley 244 de 1995 por la mora en el pago de las cesantías desde los años 2009 a 2016 y hasta el pago efectivo de la prestación; vi) la indexación de las sumas de dinero reconocidas; vii) el cumplimiento de la sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del CPACA ; viii) la condena en costas a la entidad demandada; y ix) la condena «a la entidad extra y ultra petita».

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. Elizabeth Moya Soriano laboró para la Secretaría Distrital de Integración Social mediante contratos de prestación de servicios entre el 15 de julio de 2009 y el 24 de agosto de 2016, con el objeto de prestar servicios profesionales como fonoaudióloga en el marco de los lineamientos del proyecto 721 de atención integral a personas con discapacidad.

3.2. Desarrolló sus labores de forma personal, percibió una retribución por sus servicios y estuvo bajo subordinación pues le fue impuesto el horario laboral, la ejecución de las actividades en las instalaciones de la entidad, con los elementos de trabajo suministrados por esta, y sometida a los reglamentos, parámetros, directrices y funciones predeterminadas.

3.3. El 23 de julio de 2019 solicitó a la Secretaría Distrital de Integración Social e l reconocimiento de la relación laboral y el pago de las prestaciones sociales que se derivaban de ella . Tal solicitud fue negada mediante el Oficio FOR-BS-046 RAD: S2019078206 del 8 de agosto de 2019.3

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

derivaban de ella . Tal solicitud fue negada mediante el Oficio FOR-BS-046 RAD: S2019078206 del 8 de agosto de 2019.3

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano 1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 11, 13, 25, 29, 42, 46, 48, 53, 58 y 128 de la Constitución Política; 10 del Código Civil; 19 y 36 del Código Sustantivo del Trabajo; y 32 numeral 3 de la Ley 80 de 1993; y los decretos 1042 de 1978, 1750 de 2003 y 4171 de 2014.

5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos2:

5.1. El acto administrativo demandado desconoció la supremacía constitucional y configuró un «abuso de la competencia discrecional » de la administración , toda vez que la Constitución garantiza el trabajo como derecho fundamental y obliga al Estado a protegerl o. Por consiguiente, l a negativa de reconocer las prestaciones sociales y aportes dejados de percibir entre los años 2009 y 2016 vulner ó sus derechos adquiridos, los cuales son inalienables, irrenunciables e imprescriptibles , así como los convenios internacionales ratificados por Colombia y que propenden por su amparo.

5.2. La administración omitió la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, comoquiera que: i) se le exigió la prestación personal del servicio;

por su amparo.

5.2. La administración omitió la aplicación del principio de primacía de la realidad sobre las formas, comoquiera que: i) se le exigió la prestación personal del servicio; ii) percibió una retribución mensual por su labor ; iii) fue sometida a «reglamentos, funciones predeterminadas dentro de la entidad susceptibles de ser desarrolladas por trabajadores de contrato laboral directo, parámetros predeterminados para su función, directrices de comportamiento laboral y personal (…) un horario, en este caso la asignación de turnos, tenía asignadas las instalaciones de la entidad, sin poder ejercer la actividad fuera de estas; le fueron asignados elementos de trabajo »; además, el servicio fue continuo y permanente y para la ejecución de los contratos no dispuso de dirección propia.

5.3. Se presentaron diferentes indicios de subordinación, tales como dedicación exclusiva de tiempo completo, asignación de cargo , de funciones y actividades, de puesto de trabajo y recursos físicos y tecnológicos, labores supervisadas, trato similar al de los empleados de planta, cumplimiento de reglamentos y pago de seguridad social.

5.4. Se desconoció que para el ejercicio de funciones de carácter permanente se deben crear los empleos correspondientes , puesto que la contratación por prestación de servicios es una modalidad excepcional diseñada para at ender labores ocasionales3.

2 Folios 1 a 15 del cuaderno principal. 3 Consejo de Estado, Sentencia con radicado: 23001-23-33-000-2014-00260-01(0088-15) CESUJ2-005-164

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

SUJ2-005-164

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

5.5. Se pretendió ocultar una relación laboral con la suscripción de contratos en los que se pactaron labores propias de la misión institucional, bajo subordinación y no en desarrollo del principio de coordinación propio de las relaciones contractuales.

5.6. Suscribió con la Secretaría reiterados contratos de prestación de servicios con los que la entidad pretendió encubrir la relación laboral que existió, lo que a su vez desvirtuó la presunción constitucional de buena fe (art ículo 83 C.P.) y evidenció el actuar contrario a la Constitución, la ley y la jurisprudencia de la administración.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Secretaría Distrital de Integración Social se opuso a la prosperidad de las

pretensiones con fundamento en lo siguiente4:

6.1. La relación contractual entre las partes estuvo regulada por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la cual autorizó a las entidades públicas para celebrar contratos de prestación de servicios con el objeto de realizar actividades permanentes, relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, y que no pudieron realizarse con el personal de planta.

6.2. No se configuraron los elementos para declarar la existencia de la relación laboral, pues si bien se acreditó la prestación de un servicio y unos honorarios como contraprestación, no se demostró que las labores ejercidas hayan sido subordinadas, toda vez que estas fueron desarrolladas por Elizabeth Moya Soriano con plena autonomía e independencia. En efecto, exigió una supervisión de los

contraprestación, no se demostró que las labores ejercidas hayan sido subordinadas, toda vez que estas fueron desarrolladas por Elizabeth Moya Soriano con plena autonomía e independencia. En efecto, exigió una supervisión de los contratos para constatar el cumplimiento de las obligaciones contractuales lo que no implicó una subordinación.

6.3. No todos los objetos contractuales fueron iguales.

6.4. La entidad actuó de buena fe en el cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas, sin que adeudara valores a la demandante por la prestación de sus servicios.

6.5. El Consejo de Estado han sostenido que entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación en sus actividades, de manera que el segundo se somete a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, lo cual incluye el cumplimiento de un horario, o el hecho de recibir una serie de instrucciones de sus superiores, o tener que reportar informes sobre

4 CD visible a folio 65 del cuaderno principal.5

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano sus resultados, pero ello no significa necesariamente la configuración del elemento de subordinación.

6.6. La mencionada corporación ha reiterado que la sanción moratoria por cesantías solo procede cuando estas ya han sido reconocidas. En los casos en que primero debe declararse judicialmente la existencia de la relación laboral y, con ello, el derecho a las cesantías no es posible reclamar dicha sanción mientras esté en litigio el reconocimiento del auxilio.

6.7. De acceder al reconocimiento de la relación laboral, los derechos reclamados

derecho a las cesantías no es posible reclamar dicha sanción mientras esté en litigio el reconocimiento del auxilio.

6.7. De acceder al reconocimiento de la relación laboral, los derechos reclamados prescribieron por cuanto se excedió el término de 3 años posteriores a la finalización de cada contrato y la reclamación administrativa.

7. Propuso las siguientes excepciones: i) legalidad del contrato de prestación de servicios; ii) inexistencia del contrato realidad; iii) inexistencia de las obligaciones reclamadas; iv) cobro de lo no debido; v) prescripción; vi) no configuración del derecho al pago de ninguna suma de dinero ni indemnización; vii) enriquecimiento sin causa; viii) compensación; y ix) genérica.

1.3. La sentencia apelada

8. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A, en sentencia proferida el 11 de abril de 2024 declaró la nulidad del Oficio FOR-BS-046

RAD: S2019078206 del 8 de agosto de 2019, la existencia de la relación laboral en el periodo comprendido entre el 15 de julio de 2009 y el 24 de agosto de 2016 , y a

título de restablecimiento del derecho dispuso:

«Tercero: A título de indemnización se ordena a la Secretaría de Integración Social reconocer y pagar a la señora Elizabeth Moya Soriano identificada con la cedula de ciudadanía número 52.080.549 una indemnización equivalente a las prestaciones sociales de orden legal percibidas en un cargo de igual categoría de la planta de personal de la entidad pero, teniendo como ingreso base de liquidación el valor de los honorarios pactados en los contratos, durante el período de la relación laboral desde el 15 de julio

sociales de orden legal percibidas en un cargo de igual categoría de la planta de personal de la entidad pero, teniendo como ingreso base de liquidación el valor de los honorarios pactados en los contratos, durante el período de la relación laboral desde el 15 de julio de 2009 al 24 de agosto de 2016 , excluyendo los periodos de interrupción. Para dar cumplimiento la entidad deberá, al momento de liquidar la condena impuesta en este fallo, determinar las prestaciones sociales de orden legal (cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicios y vacaciones) que serán objeto de liquidación a favor del demandante, más no podrá reconocerle aquellas prestaciones sociales extralegales.

Cuarto: A título de indemnización se ordena a la Secretaría de Integración Social, girar a favor de las entidades de previsión a las que estaba afiliada la señora Elizabeth Moya Soriano identificada con la cedula de ciudadanía número 52.080.549, el valor correspondiente a las sumas faltantes por concepto de aportes en pensión, únicamente en el porcentaje que como empleador debió realizar, por el periodo en que se demostró la existencia del vínculo laboral, esto es 15 de julio de 2009 al 24 de agosto de 2016 ,6

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano excluyendo los periodos de interrupción.

Quinto: Las sumas a reconocer y pagar por parte de la accionada, deberán ser reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la fórmula allí señalada.

Sexto: negar las demás pretensiones de la demanda» (sic).

reajustadas y actualizadas en la forma indicada en la parte motiva, aplicando para tal fin la fórmula allí señalada.

Sexto: negar las demás pretensiones de la demanda» (sic).

9. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos5:

9.1. Se acreditaron los elementos de la relación laboral, ya que la demandante percibió un pago mensual por la prestación de sus servicios y ejecutó las actividades de forma personal.

9.2. De las pruebas documentales y testimoniales se determinó que desarrolló las actividades bajo subordinación , comoquiera que debía cumplir con las labores encomendadas con disponibilidad en una jornada diaria en el Centro Crecer , bajo la dirección y control de la coordinadora, a quien debían presentar los permisos para ausentarse del lugar de trabajo, rendir informes de la gestión, entre otros. Además, la tarea que desarrollaba constituía «una actividad ordinaria, primaria del giro cotidiano de las actividades propias de la institución y no están revestidas de un carácter transitorio u ocasional y que sólo pueden desempeñarse en el marco de los horarios fijados por la institución, pues al contratista no le era dado programar por sí misma su horario de trabajo, máxime cuando las actividades que ejecutaba en el Centro Crecer eran relacionadas en la atención de niños con discapacidad que llegaban y salían de la Institución en un horario prestablecido» (sic).

9.3. No operó la prescripción porque el último contrato suscrito entre las partes concluyó el 24 de agosto de 2016 por lo que la demandante tenía hasta el 24 de agosto de 2019 para presentar la demanda , lo que ocurrió el 23 de junio de 2019, es decir, en término.

concluyó el 24 de agosto de 2016 por lo que la demandante tenía hasta el 24 de agosto de 2019 para presentar la demanda , lo que ocurrió el 23 de junio de 2019, es decir, en término.

9.4. No era procedente devolver a la parte demandante lo que debió pagar por cotizaciones al sistema de riesgos profesionales, así como los beneficios que otorgan las Cajas de Compensación como son el subsidio familiar, retención en la fuente, el valor de las pólizas pagadas puesto que el reconocimiento de la relación laboral y las medidas de restablecimiento a que hubiere lugar no le otorga la calidad de empleada pública y a su vez los beneficios propios de estos.

9.5. Tampoco era procedente la devolución de aportes parafiscales que la demandante debió asumir en virtud de los contratos suscritos, toda vez que son factores de índole parafiscal, de carácter no reembolsable en virtud del principio de solidaridad, tales como los aportes efectuados al Sistema de Seguridad Social.

5 Folios 92 a 100 del cuaderno principal.7

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

9.6. No se configuraron los presupuestos previstos en la Ley 70 de 1988 para que se hiciera acreedora de la dotación y calzado, en tanto, su remuneración no fue inferior a 2 smlmv. Tampoco se configuran los señalados en la Ley 244 de 1995 para que proceda el pago de la sanción moratoria, puesto que la sentencia dictada tiene naturaleza declarativa y sus efectos rigen a partir de su ejecutoria.

proceda el pago de la sanción moratoria, puesto que la sentencia dictada tiene naturaleza declarativa y sus efectos rigen a partir de su ejecutoria.

9.7. No procede la condena costas al no hallarse probadas conductas dilatorias , fraudulentas o de mala fe respecto de la parte vencida.

1.4. El recurso de apelación

10. La Secretaría Distrital de Integración Social interpuso recurso de apelación en el

cual manifestó lo siguiente6:

10.1. La providencia apelada concluyó que entre la demandante y la SDIS se configuró una relación laboral encubierta , n o obstante, el análisis probatorio demostró que las labores ejecutadas se realizaron con plena autonomía técnica y administrativa, en virtud de contratos de prestación de servicios celebrados para proyectos específicos y temporales, vinculados al plan de desarrollo y a la disponibilidad presupuestal de cada vigencia.

10.2. La exigencia de informes y la asistencia a reuniones obedecieron únicamente a la necesidad de coordinación para la adecuada ejecución de los proyectos, lo cual constituyó un deber contractual de supervisión propio de la contratación estatal, más no una manifestación de subordinación.

10.3. La demandante percibió honorarios conforme con los contratos suscritos y ejecutó sus funciones con independencia.

10.4. Si bien, existió una contratación sucesiva, esto ocurrió «en el marco de desarrollos de proyectos de inversión adelantados por la entidad diferentes entre sí, los cuales tienen una periodicidad determinada y no persisten en el tiempo, pues sus metas y objetivos cambian de acuerdo a las necesidades de la población, por lo que no es lo mismo atender

de proyectos de inversión adelantados por la entidad diferentes entre sí, los cuales tienen una periodicidad determinada y no persisten en el tiempo, pues sus metas y objetivos cambian de acuerdo a las necesidades de la población, por lo que no es lo mismo atender una problemática social generada en el 2013, que aquella que se presente para el 2020 o inclusive hoy en día» (sic).

10.5. De la valoración de las pruebas testimoniales no se acreditó «la supuesta desnaturalización del contrato de prestación de servicios », toda vez que dieron cuenta de hechos circunscritos en tiempos inferiores al lapso reclamado en la demanda. En consecuencia, la accionante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

6 Folios 107 a 112 del cuaderno principal.8

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano para demostrar la existencia del elemento esencial de subordinación, entendido como la recepción de órdenes permanentes, la sujeción continua a superiores jerárquicos y la ausencia de autonomía en la ejecución de sus labores.

10.6. La administración se encontraba facultada para celebrar contratos de prestación de servicios con personas naturales, en aquellos eventos en que el objeto contractual no pudiera ser ejecutado por el personal de planta o cuando la actividad exigiera conocimientos especializados, tal y como sucedió.

1.5. Pronunciamiento en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas se corrió traslado para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto fue necesario el decreto de pruebas se corrió traslado para alegar7.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado rindió concepto en el que solicitó revocar la sentencia de primera instancia, con fundamento en que8:

12.1. No se logró demostrar la existencia de una relación laboral, debido a que la actora debió utilizar los medios de prueba establecidos en la ley, y no solo basarse en premisas fundamentadas en presunciones las cuales carecen de imparcialidad al presentar testigos que pueden tener un interés directo en el proceso. Por lo tanto, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía.

12.2. La declaración de Heidys Patricia Pacheco Gómez no resultó conducente, pertinente, ni útil para probar fehacientemente el elemento de subordinación, ya que se limitó a describir de manera general las labores que desarrolló la demandante sin especificar si estas coincidían con las de otro empleado de planta, «ni si sus acciones influían en decisiones capaces de alterar el giro ordinario del Centro Crecer», adscrito a la SDIS.

12.3. Por su parte, el testimonio de Sonia Jaqueline Rojas Pinilla no aportó elementos suficientes para probar la subordinación, y su imparcialidad pudo estar comprometida, por cuanto presentó una demanda por hechos similares al discutido. Además, no ofreció detalles específicos de modo, tiempo y lugar que permitan establecer con certeza una relación de dependencia.

7 Según consta en el auto del 30 de agosto de 2024, visible a índice 4 de Samai. 8 Índice 8 de Samai.9

establecer con certeza una relación de dependencia.

7 Según consta en el auto del 30 de agosto de 2024, visible a índice 4 de Samai. 8 Índice 8 de Samai.9

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano 12.4. En consecuencia, no se logró establecer si a partir de los servicios prestados que desarrollaron de forma directa el objeto contractual, hubo o no continua dirección de las actividades que debía ejecutar la demandante como fonoaudióloga; qué servicios debía prestar, en qu é horarios o turnos ; y que las funciones fueran iguales a las que tenían que cumplir otros empleados de planta.

12.5. Lo anterior, en atención a que «i) Las pruebas recaudadas no ofrecen criterios suficientes para obtener un grado de certeza respecto a la materialización del elemento de subordinación; por el contrario, evidencian que la demandante actuó con plena autonomía en la prestación de sus servicio s, dado que sus labores estaban dirigidas u nicamente al cumplimiento de las obligaciones para las cuales fue contratada, ii) las actividades desarrolladas no constituí an labores misionales de la entidad, iii) no fue demostrado en debida forma si fueron impartidas ordenes, amonestaciones o llamados de atención, iv) no hubo una comparación entre las labores contratadas y cumplidas por la demandante frente al Manual Especifico de Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social como para establecer si hubo un cumplimiento de funciones del cargo de auxiliar ad ministrativo de planta o qué clase de cargo» (sic).

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

para establecer si hubo un cumplimiento de funciones del cargo de auxiliar ad ministrativo de planta o qué clase de cargo» (sic).

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. Se circunscribe a establecer ¿si entre Elizabeth Moya Soriano y la Secretaría Distrital de Integra ción Social se configuró una relación laboral? y si, en consecuencia, ¿aquella tiene derecho al reconocimiento y pago de las prestaciones sociales derivadas de esa relación laboral?

2.2. Marco normativo

2.2.1. Sobre la existencia de las relaciones laborales encubiertas

14. El numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 permite la celebración de contratos de prestación de servicios con las entidades del sector público así:

«Artículo 32. De los contratos estatales. Son contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refiere el presente estatuto, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la v oluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen a continuación:

(…) 3º. Contrato de Prestación de Servicios.

Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la10

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024) Demandante: Elizabeth Moya Soriano entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Demandante: Elizabeth Moya Soriano entidad. Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente indispensable».

15. Por su parte, el Decreto 2209 de 19989 precisó que «(l)os contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, sólo se podrán celebrar cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán».

16. De esta forma, en cuanto tiene que ver con la contratación de personas naturales, la norma exige que solo se celebrarán con el propósito de suplir actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad, o para desarrollar labores especializadas que no puede asumir el personal de planta. De allí que la consecuencia jurídica lógica radica en que no se generará una relación laboral y con ello tampoco se producirá ningún tipo de prestación social.

17. La Corte Constitucional, en la sentencia C -147 de 1997, al estudiar la constitucionalidad de las expresiones «no puedan realizarse con personal de planta o» y «en ningún caso (...) generan relación laboral ni prestaciones sociales», contenidas en el citado numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993 , estableció que el ejercicio de tal potestad es ajustado a la Carta Política, siempre y cuando la administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia

administración no la utilice para ocultar la existencia de una relación laboral personal subordinada y dependiente.

18. De tal forma, se hace necesario remitirse al artículo 53 de la Constitución Política que dispone, frente a los principios mínimos fundamentales en materia laboral, entre otros, el de la primacía de la realidad sobre las formalidades. Esto

señala la norma:

«Articulo 53. El Congreso expedirá el estatuto del trabajo. La ley correspondiente tendrá en cuenta por lo menos los siguientes principios mínimos fundamentales:

Igualdad de oportunidades para los trabajadores; remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo; estabilidad en el empleo; irrenunciabilidad a los beneficios mínimos establecidos en normas laborales; facultades para tran sigir y conciliar sobre derechos inciertos y discutibles; situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho; primacía de la realidad sobre formalidades establecidas por los sujetos de las relaciones laborales; garantía a la seguridad social, la capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario; protección especial a la mujer, a la maternidad y al trabajador menor de edad.

9 «Por el cual se modifican parcialmente los Decretos 1737 y 1738 del 21 de agosto de 1998 ».11

Radicado: 25000-23-42-000-2020-00117-01 (4045-2024)

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

Demandante: Elizabeth Moya Soriano

El estado garantiza el derecho al pago oportuno y al reajuste periódico de las pensiones legales.

Los convenios internacionales del trabajo debidamente ratificados, hacen parte de la legislación interna.

La ley, los contratos, los acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores». [Se resalta].

19. Así, cuando la norma constitucional alude a los convenios internacionales debidamente ratificados, impone remitirse a su vez, a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)10 que previó una garantía al derecho a la igualdad a través del principio de «salario igual por un trabajo de igual valor».

En igual sentido el artículo 2 del Convenio 111 de esa organización 11, desarrolló el principio anterior al establecer que «todo miembro para el cual este Convenio se halle en vigor se obliga a formular y llevar a cabo una política nacional que promueva los métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales, la igualdad de oportunidades y de trato en materia de e mpleo y ocupación, con objeto de eliminar cualquier discriminación a este respecto».

20. Ahora bien, el «(p)rotocolo de San Salvador: Adicional a la Convención