CE - Sentencia 25000234200020210022102 de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., trece (13) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho Radicado: 25000-23-42-000-2021-00221-02 (2700-2024)1

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

Tema: Decisión: Prima Especial de Servicios - Ley 4 de 1992

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia del 30 de junio de 2023 , proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1 La demanda1

1.1.1 Pretensiones

El señor Adrián Danilo Ardila Torres, por intermedio de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), y solicitó dar aplicación a lo dispuesto en la sentencia del 29 de abril de 2014, dentro del radicado No.

11001032500020070008700, interno 1686 -07; sentencia de unificación SUJ -016CE-52-2019 del dos (2) de septiembre de dos mil diecinueve (2019); y sentencia del 15 de diciembre de 2020, radicación 73001233300020170056801 (5472 -2018); emanadas del Consejo de Estado; así como, se inaplique por inconstitucional las siguientes normas:

1SAMAI expediente digital – Gestión en otros despachos – índice 007Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

2 Decretos 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007 , 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 DE 2017, 343 de 2018, 996 de 2019, 300 de 2020 y demás concordantes o reformatorios del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación.

Sumado a lo anterior, pide también que se declare que tiene derecho a percibir la prima especial de servicios que trata la Ley 100 de 1992 y, en consecuencia, se ordene la nulidad de los siguientes actos administrativos:

Oficio No. 20205920001621 GSA 30860 del 11 de febrero de 2020, a través del cual se negó el derecho a percibir el reajuste salarial y prestacional del 30% con base en

Oficio No. 20205920001621 GSA 30860 del 11 de febrero de 2020, a través del cual se negó el derecho a percibir el reajuste salarial y prestacional del 30% con base en la prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992; la Resolución No. 2-0532 del 14 de abril de 2020, que resolvió el recurso de apelación confirmando lo decidido en el oficio antes citado.

A título de restablecimiento del derecho, pide se condene a la entidad a reconocer y pagar el total del 100% del salario más el 30% por prima especial de servicios señalada la Ley 4 de 1992 ; así como , el reajuste en las prestaciones sociales devengadas (bonificación por servicios prestados, prima de servicios, prima de vacaciones, vacaciones, prima de navidad, cesantías y sus intereses ), adicionando a la base salarial el 30% de la prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992, durante todo el tiempo en que ejerza como fiscal o en algún cargo de los enlistados en el artículo 14 de la citada ley.

Que se ordene el reconocimiento y pago de la incidencia sobre la base de cotización al sistema general de pensiones que conlleva las reliquidaciones, reajustes y pagos peticionados; además, que las sumas que resulten adeudadas sean pagadas debidamente indexadas, se dé cumplimiento al fallo en los términos establecidos en los artículos 187, 188, 189 y 192 del CPACA y se condene en costas a la demandada.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

3 1.1.2 Hechos

demandada.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

3 1.1.2 Hechos

Afirma el demandante que ha prestado sus servicios a la entidad demandada y en la actualidad se desempeña como fiscal; siendo beneficiario del régimen salarial y prestaciones previsto en los Decretos 53 de 1993, 108 de 1994, 49 de 1995, 108 de 1996, 52 de 1997, 50 de 1998, 38 de 1999, 2743 de 2000, 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 6 25 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018, 996 de 2019 y 300 de 2020.

Que la entidad demandada ha pagado su salario sin incluir el porcentaje que por prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992 le corresponde, el cual tampoco ha sido tenido en cuenta para liquidar sus prestaciones sociales, las cuales se han calculado solamente con base en su asignación básica más lo s gastos de representación, excluyendo también dicha prima del ingreso base de cotización (IBC) que ha sido usado para el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en pensión.

En virtud de tal desajuste salarial y prestacional, presentó reclamación

representación, excluyendo también dicha prima del ingreso base de cotización (IBC) que ha sido usado para el pago de sus aportes al sistema de seguridad social en pensión.

En virtud de tal desajuste salarial y prestacional, presentó reclamación administrativa ante la entidad demandada con miras a que le fuera reconocida y pagada la prima especial de servicios que trata la Ley 4 de 1992 y la reliquidación de las prestaciones sociales desde que ejerce el cargo de fiscal, la cual fue resuelta de forma negativa a través de los actos administrativos aquí demandados.

1.1.3 Normas violadas y concepto de violación

Se citaron como normas violadas las siguientes: Constitución Política, preámbulo y artículos 2, 4, 13, 25, 26, 29, 53, 83, 136, 150 numeral 19; Ley 4 de 1992 artículo 2 y 14; Ley 270 de 1996 artículo 152 numeral 7; CPACA artículo 3 numeral 1, 2 y 3, artículos 10 y 138; CST artículos 127, 128 y 143; Decretos 2729 de 2001, 685 de 2002, 3549 de 2003, 4180 de 2004, 943 de 2005, 396 de 2006, 625 de 2007, 665 de 2008, 730 de 2009, 1395 de 2010, 1047 de 2011, 875 de 2012, 1035 de 2013, 19 de 2014, 205 de 2014, 1087 de 2015, 219 de 2016, 989 de 2017, 343 de 2018 y

996 de 2019; Convención Interamericana de Derechos Humanos (Ley 16 de 1972);Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

4 Protocolo adicional a la convención americana de derechos humanos en lo que concierne a derechos económicos, sociales y cultur ales (Ley 319 de 1996) y los Convenios 95, 100, 111 y 151 de la OIT.

En el concepto de violación, la demandante señaló que los actos administrativos que negaron el reconocimiento de la prima especial de servicios y la reliquidación salarial vulneraron normas constitucionales, legales y reglamentarias. Alegó que se desconocieron principios como la dignidad humana, igualdad, legalidad y favorabilidad, al tratar la prima no como parte del salario y sino como un valor adicional, afectando injustificadamente su remuneración , violando con ello su derecho al salario justo y acorde con las funciones desempeñadas.

Señala que, en virtud de las normas nacionales y los convenios internaciones del trabajo, ratificados por Colombia, no se pueden menoscabar derechos laborales, en este caso, la omisión en el reconocimiento y pago de la prima especial como parte de salario y factor para liquidar las prestaciones sociales conlleva un detrimento y un retroceso sobre un derecho laboral que había sido previamente reconocido , vulnerando con ello el principio constitucional de progresividad.

Expone que, la prima especial de servicios le es cancelada como retribución a su trabajo; por tanto, debe ser considerada salario , hacerlo de otra manera, como se ha realizado por la demandada, genera lesión a su mínimo vital.

Expone que, la prima especial de servicios le es cancelada como retribución a su trabajo; por tanto, debe ser considerada salario , hacerlo de otra manera, como se ha realizado por la demandada, genera lesión a su mínimo vital.

Además, los actos acusados están viciados de nulidad por falsa motivación dado que se basaron en una interpretación errónea de la Ley 4 de 1992, aduciendo que la prima especial de servicios estaba ya incluida en la asignación básica, lo cual no se acompasa a la realidad por cuanto aquella ha sido pagada como un adicional sin que constituya factor salarial ni base para el cálculo de las prestaciones sociales; contrariando la prohibición de desmejorar salarios; hecho que también generó desviación de poder al aplicar la norma en contra de su finalidad.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

5 1.2 Contestación de la demanda2

El apoderado de la entidad demandada se opuso a las pretensiones de la demanda manifestando que la entidad ha pagado el salario y prestaciones del demandante , desde su vinculación en el año 2015 como fisca l, conforme a la normatividad que rige la materia; ante ello, manifestó que se opone a las pretensiones de la demanda al considerar que no se ajustan a las disposiciones de la sentencia de unificación SUJ – 023 – CE – S2 – 2020 de 15 de diciembre de 2020, en la que el Consejo de Estado abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación

Estado abordó el reconocimiento de la prima especial de servicios que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 a los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron el régimen salarial del Decreto 53 de 1993 o a quienes se hayan vinculado con posterioridad..

Precisa que, entre el año 2015 a 2020 no pagó la prima especial de servicios del actor como un agregado al salario; no obstante, desde el año 2021 se le está reconociendo tal carácter a aquella.

Finalmente, propuso como excepciones las que denominó: prescripción, carencia de objeto respecto a la liquidación de los demás factores salariales, inaplicabilidad como factor salarial diferente al ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, improcedencia de extralimitar el límite previsto en el artículo 4º de la ley 4ª de 1992.

1.3 Sentencia de primera instancia3

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Sala Transitoria, a través de la sentencia del 30 de junio de 2023, accedió parcialmente las pretensiones de la demanda, disponiendo estarse a lo resuelto en la Sentencia de Unificación SUJ-023 CE -S2-2020 de 15 de diciembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Sala de Conjueces, radicación 73001 -23-33 000-201700568-01 (5472-2018); así como, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y condenó a la entidad demandada al siguiente reajuste:

2 Expediente digital – SAMAI – Gestión de procesos – índice 15

00568-01 (5472-2018); así como, declaró la nulidad de los actos administrativos acusados y condenó a la entidad demandada al siguiente reajuste:

2 Expediente digital – SAMAI – Gestión de procesos – índice 15 3 Expediente digital – SAMAI – Gestión de procesos – índice 38Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

6

«CUARTO: CONDENAR a la Nación – Fiscalía General de la Nación a RECONOCER y PAGAR en favor del señor ADRIAN DANILO ARDILA TORRES retroactivamente la diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de:

● La diferencia existente entre lo recibido y lo que debió percibir por concepto de: ingresos mensuales correspondientes al 30% de la base del salario básico que no fue tenido en cuenta al momento de su liquidación, con la correspondiente afectación de las prestaciones sociales desde el 05 de febrero de 2017 y hasta tanto se pague efectivamente esta providencia. Sin perjuicio de la c orrecta aplicación del Decreto 272 de 2021 por parte de la entidad demandada.

● Sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional para cada anualidad, debiendo descontar lo pagado efectivamente por estos mismos conceptos, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. ● Las prestaciones sociale s liquidadas sobre el 100% del salario y la prima especial de servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992

servicios que corresponde a un 30% adicional desde el pago de esta sentencia y hasta tanto funja o haya fungido en alguno de los cargos enlistados en el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 frente a la Fiscalía General de la Nación.

QUINTO: CONDENAR a la Fiscalía General de la Nación a realizar los ajustes en los pagos de cotización a la seguridad social del demandante a que haya lugar derivadas de las ordenes aquí impartidas».

Sumado a ello, decretó la prescripción de los derechos laborales desde el 05 de febrero de 2014, salvo lo referente al pago de los aportes pensionales, comoquiera que estos son derechos irrenunciables e imprescriptibles, ordenó que se diera cumplimiento a la sentencia conforme lo dispuesto en los artículos 187, 192 y 195 del CPACA, sin condena en costas.

Lo anterior con fundamento en que:

Probado quedó que , el demandante estuvo vinculado a la entidad desde el 23 de septiembre de 2015 , habiendo ejercido fiscal delegado ante jueces penales municipales; infiriéndose de lo establecido en los actos acusados que la prima especial de servicios no fue correctamente liquidada, ante la interpretación errónea que realizó la entidad del artículo 14 de la Ley 4 de 1992.

Expone que, contrario a lo manifestado por la llamada a juic io, los parámetros definidos por el Consejo de Estado en las sentencias del 15 de diciembre de 2020 y el 02 de septiembre de 2019 si le son aplicables al demandante, providencias donde se estableció el tratamiento que se le debe dar a la prima especial de servicios.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

y el 02 de septiembre de 2019 si le son aplicables al demandante, providencias donde se estableció el tratamiento que se le debe dar a la prima especial de servicios.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

7 Señaló que, no se acreditó que, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 272 de 2021, desde el año 2021 ya se hubiera incluido la prima especial de servicios como factor salarial; ante ello, se le indica a la accionada que podrá limitar el pago de la orden judicial si dio cumplimiento a dicha norma. Así mismo, dispuso que había operado el fenómeno de la prescripción sobre los derechos causados con anterioridad al 5 de febrero de 2017 , teniendo en cuenta que la reclamación administrativa se había presentado el 5 de febrero de 2020.

1.4 Recurso de apelación4

La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia, manifestando que, el fallo no se encuentra motivado ni se indicó cuales pruebas le sirvieron de fundamento; además, no resolvió el problema jurídico planteado, no fue claro en su orden de reconocer y pagar diferencias en prestaciones sociales, dado que no precisó a cuál de aquellas hacía referencia.

Alega que , probado quedó que , la Fiscalía General de la Nación ha pagado las prestaciones sociales del demandante teniendo como base salarial el 100% de dicha asignación y los gastos de representación, sin que adeude concepto salarial alguno. Así mismo, señala que el no pago de la prima especial de servicios como

prestaciones sociales del demandante teniendo como base salarial el 100% de dicha asignación y los gastos de representación, sin que adeude concepto salarial alguno. Así mismo, señala que el no pago de la prima especial de servicios como parte del salario desde el año 2003 tiene como origen que desde ese año los decretos salariales no la contemplaron.

Considera que, la sentencia debió dar cumplimiento a lo dispuesto por el Consejo de Estado – Conjueces en sentencia del 15 de diciembre de 2020; por tanto, precisar que la prima especial de servicios constituye factor salarial solo para determinar el ingreso base de liquidación de la pensión de jubilación, lo cual no se hizo.

Por lo anterior, pidió que se revoque la sentencia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda.

4 Expediente digital – SAMAI – Gestión de procesos – índiceRadicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

8 1.5 Trámite del recurso de la Ley 2080 de 2021

Con auto de 1° de noviembre de 20245, este Despacho admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

A pesar de lo anterior, la parte actora allegó memorial 6 pronunciándose sobre el recurso incoado manifestando que la prima especial de servicios aquí reclamada

periodo para que las partes alegaran de conclusión.

A pesar de lo anterior, la parte actora allegó memorial 6 pronunciándose sobre el recurso incoado manifestando que la prima especial de servicios aquí reclamada solo le fue reconocida desde el 1° de enero de 2021, sin pago de retroactivo alguno. Insiste en que en los años anteriores aquella prestación no le fue pagada ni tenida en cuenta para liquidar prestaciones sociales o pago a la seguridad social , afectando con ello sus derechos laborales; por tanto, solicita se confirme el fallo recurrido.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA. De igual forma, según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)7, el juez de segunda instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el recurso de apelación.

2.2 Problema jurídico

Teniendo en cuenta los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la Sala

5 Expediente digital SAMAI – índice 4 6 Expediente digital SAMAI – índice 9 7 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.

resolverá sin limitaciones. En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias. El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. En el trámite de la apelación no se podrán promover inc identes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la audiencia.»Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

9 deberá determinar si le asiste el derecho al demandante que se ordene a su favor:

1. el reconocimiento y pago de la diferencia salarial del 30% de su asignación básica por concepto de prima de servicios que trata el artículo 14 de la Ley 4 de 1992 , causada desde su vinculación a la entidad demandada en el cargo de fiscal delegado ante los jueces penales municipales. ii) la reliquidación de sus prestaciones sociales teniendo en cuenta el 100% de su asignación básica, más el 30% de la prima especiales de servicios antes indicada, por el mismo periodo de tiempo.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos: 2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2. Hechos probados; y 2.3. Caso concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.– Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

concreto.

2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial.– Prima Especial de Servicios prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992: prerrogativas y generalidades

Conforme lo prevé el artículo 150 (numeral 19, letra e) de la Constitución Política, corresponde al Congr eso de la República hacer las leyes y, por medio de ellas, dictar las normas generales, y señalar los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno Nacional para «[f]ijar el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública».

Los mencionados parámetros fueron compendiados en la Ley 4ª de 1992, cuyo artículo 14 creó la prima especial de servicios como un emolumento «[…] no inferior al 30% ni superior al 60% del salario básico, sin carácter salarial», para los Magistrados de todo orden de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y Contencioso Administrativo, Agentes del Ministerio Público delegados ante la Rama Judicial y para los Jueces de la República, incluidos los Mag istrados y Fiscales del Tribunal Superior Militar, Auditores de Guerra y Jueces de Instrucción Penal Militar, excepto los que opten por la escala de salarios de la Fiscalía General de la Nación, con efectos a partir del primero 1° de enero de 1993.

Vale recordar que, en ese momento las condiciones salariales y prestacionales deRadicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

10 los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba n dispersas en

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

10 los servidores de la Fiscalía General de la Nación se encontraba n dispersas en distintas normas, como los Decretos 2699 de 1991, y 1730 y 1077 de 1992; sin embargo, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 53 de 7 de enero de 1993, que instauró un nuevo régimen para quienes se vincularan a partir de su entrada en vigor o se acogieran voluntariamente a este.

Posteriormente, el artículo 1° de la Ley 332 de 1996 extendió la prima especial de servicios a «[…] los fiscales de la Fiscalía General de la Nación» , mientras que la Ley 476 de 1998 aclaró que la excepción que trata el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, «[…] no se refiere a los Fiscales de la Fiscalía General de la Nación que se acogieron a la escala salarial establecida en el Decreto 53 de 1993, ni a quienes se vincularen con posterioridad a dicho decreto», por lo que estos servidores tienen derecho a recibir la aludida prima, que tiene carácter salarial para efectos de la determinación del salario base de liquidación de la pensión de jubilación.

La naturaleza y liquidación de esa asignación han sido materia de estudio por esta Corporación en varias ocasiones. Así, en sentencia de 3 de marzo de 2005 8, la Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones

Sección Segunda declaró la nulidad del artículo 6 del Decreto 53 de 1993, al estimar que «[…] no le era dable al Gobierno Nacional, invocando como sustento las disposiciones contenidas en [la Ley 4ª de 1992], otorgar, por medio de la norma enjuiciada, el carácter de prima especial de servicios al 30% del salario básico mensual fijado […] para los servidores de la Fiscalía […]».

Posteriormente, la «Sala Plena de Conjueces» profirió sentencia SUJ-023-CE-S2 de 15 de diciembre de 2020 9, en la cual estableció los parámetros que consideró adecuados frente al cómputo de la comentada prima especial de servicios y su reconocimiento a los fiscales a quienes se aplica el Decreto 53 de 1993. En esa oportunidad, esa Colegiatura sentó las siguientes reglas:

1. La prima especial de servi cios es un incremento del salario básico y/o asignación mensual de los servidores públicos beneficiarios de esta. En consecuencia, los beneficiarios tienen derecho, en los términos de esta sentencia, al reconocimiento y pago de las diferencias que por concepto de la prima resulten a su favor.

2. La prima especial constituye factor salarial sólo para determinar el ingreso base de

8 Consejo de Estado, Sección Segunda; sentencia de 3 de marzo de 2005; expediente 11001-03-25-000-1997-1702101(17021); consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. 9 Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de

01(17021); consejera ponente: Ana Margarita Olaya Forero. 9 Consejo de Estado; Sección Segunda, «Sala Plena de Conjueces»; sentencia SUJ-023-CE-S2-2020 de 15 de diciembre de 2020; expediente 73001-23-33-000-2017-00568-01(5472-18); conjuez ponente: Jorge Iván Rincón Córdoba.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

11 liquidación de la pensión de jubilación.

3. A partir de la entrada en vigor de la Ley 476 de 1998 los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la entidad con posterioridad, tienen derecho a la prima especial de servicios como un incremento del salario básico y/o asignación básica, sin que en ningún caso supere el porcentaje máximo fijado por el Gobierno Nacional, atendiendo el cargo correspondiente.

4. Los empleados públicos de la Fiscalía que se acogieron al régimen salarial consagrado en el Decreto 53 de 1993 o se hayan vinculado a la ent idad con posterioridad tienen derecho desde 1998 a la reliquidación de las prestaciones sociales sobre el 100 % de su salario básico y/o asignación básica, es decir, con la inclusión del 30% que había sido excluido a título de prima especial.

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás,

5. Para la contabilización de la prescripción del derecho a reclamar la prima especial de servicios, se tendrá en cuenta en cada caso la fecha de presentación de la reclamación administrativa y a partir de allí se reconocerá hasta tres años atrás, nunca más atrás, de conformidad con el Decreto 3135 de 1998 y 1848 de 1969.

Finalmente, con fallo de 21 de septiembre de 2022 10, la Sala de Conjueces se pronunció sobre la legalidad del Decreto 53 de 1993 y los decretos anuales expedidos por el Gobierno Nacional modificatori os del régimen salarial y prestacional de la Fiscalía General de la Nación entre 1994 y 2017, en punto a desentrañar la naturaleza y forma de liquidación de la prima creada por el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992.

En esa oportunidad, la Corporación expuso que «[…] el 30% del salario básico mensual de los servidores de la Fiscalía no puede ser considerado como prima especial de servicios», pues «[…] no puede ser imputada como parte del salario, sino sumada, agregada, adicionada a éste», y, al declarar la nulidad de las normas acusadas, precisó que «[…] del hecho de desaparecer del mundo jurídico esos decretos, no se sigue que la prima especial de servicios allí contenida haya también desaparecido. Esta prima sigue vigente, pero en los t érminos establecidos de esa sentencia», y reiteró que «[…] la prima de servicios no puede ser inferior al 30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial q ue ha construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la

30% del salario básico mensual y que además ella es una adición a éste».

Por lo tanto, de la evolución normativa regular y la línea jurisprudencial q ue ha construido esta Corporación sobre la prima especial prevista en el artículo 14 de la Ley 4ª de 1992, es posible colegir sus condiciones de autonomía y distinción, no solo frente a la asignación básica prevista para los fiscales en sus diferentes órdenes, sino respecto de los demás factores salariales y prestacionales que integran el respectivo régimen de asignaciones.

10 Consejo de Estado; Sección Segunda; sentencia de 21 de septiembre de 2022; expediente 11001032500020180110100; conjuez ponente: Néstor Raúl Correa Henao.Radicación: 2700-2024

Demandante: Adrián Danilo Ardila Torres

Demandado: Nación - Fiscalía General de la Nación

12

2.2 Hechos probados. A continuación, procede la Sala a analizar las peculiaridades del caso objeto de juzgamiento frente al marco normativo que gobierna la materia. En ese sentido, en atención al material probatorio traído al plenario y de conformidad con los hechos constatado s por esta Corporación, se destaca:

a) El señor Adrián Danilo Ardila Torres se vinculó a la Fiscalía General de la Nación desde el 23 de septiembre de 2015 11, ejerciendo el cargo fiscal delegado ante jueces municipales. A quien se le aplica salarialmente las disposiciones del Decreto 53 de 199312.

b) Acreditado está que durante su vinculación con la entidad demandada el actor ha devengado las siguientes partidas13:

Años 2015 a 2020: sueldo, gastos de representación bonificación judicial, prima

Decreto 53 de 199312.

b) Acreditado está que durante su vinculación con la entidad demandada el actor ha devengado las siguientes partidas13:

Años 2015 a 2020: sueldo, gastos de representación bonificación judicial, prima de servi